Resumen: Durante los últimos 5 años de Gobierno del Presidente Rafael Correa hemos experimentado un verdadero cambio de estructura con visión radical para lograr una sociedad civil empoderada y verdaderamente democrática.






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La Sociedad Civil ecuatoriana: 15 años de movilizaciones sociales y cambio estructural


Ing. Fernando Verdesoto Russo – A01520012

EGAP – Escuela de Graduados en Administración Pública

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - CEM
Palabras clave: sociedad civil, democracia, Estado, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, revolución ciudadana, Ecuador.
Resumen:
Durante los últimos 5 años de Gobierno del Presidente Rafael Correa hemos experimentado un verdadero cambio de estructura con visión radical para lograr una sociedad civil empoderada y verdaderamente democrática. Sin embargo, existe mucha tarea pendiente para cambiar la percepción individualista de muchos líderes, por una perspectiva más pluralista y nacionalista donde se fortalezca y se empodere al “cuarto poder”, el poder ciudadano. Durante este extenuante recorrido por los últimos años de vida republicana, vamos a plasmar – con total transparencia – hechos concluyentes que reflejan un arquetipo de sociedad civil, que inició con una identidad compartida (especialmente la cultura y diversidad de nuestros pueblos); y luego sufrió una fragmentación ética (subyugada por el mundo de la vida política) que desmembró y debilitó muchos movimientos sociales y otros actores de la SCO. Más allá de identificar la situación pasada y presente de la sociedad civil, hemos plasmado sus debilidades y oportunidades; siendo la oportunidad más palpable, consagrar una profunda articulación de todos los actores que conforman a la SCO ecuatoriana para trabajar de la mano con el Estado y el mercado en la construcción de un nuevo País con rostro ciudadano. No obstante, es imperativo que ese marco de trabajo sea un escenario cargado de valores éticos que sean identificables a la identidad nacional para fortalecer el tejido social de nuestros pueblos. El Ecuador no puede permitir más atropellos de las oligarquías en contra de la voluntad popular expresada en las urnas; claramente lo vemos reflejado en el caso de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez; donde la animadversión social ante el sistema democrático era justamente un descontento, no por la democracia representativa, sino por la verdadera democracia que debe ser sinónimo de bienestar y “buen vivir”. Hemos comprobado que un Estado frágil, existe por consecuencia, una sociedad debilitada y fraccionada; y por ende, la oportunidad perfecta para que ciertas instituciones como las ONG’s intervengan en nombre de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de nuestros ciudadanos, con el riesgo inminente de despolitizar a la ciudadanía y deslegitimar al Estado soberano. El auge de las ONG en el Ecuador no es un triunfo para la sociedad civil, por el contrario, es una derrota de la Nación y de la sociedad per sé.

I. Introducción.-
El mundo actual está cambiando rápidamente y avanza con pasos acelerados hacia una nueva estructura Global. El paradigma sobre el “nuevo orden mundial” cada vez toma mayor relevancia y lejos de convertirse en una teoría se va convirtiendo en una realidad empírica; donde encontramos mercados que están siendo castigados por la misma “mano invisible” del capitalismo de Smith, Estados despertando de una “larga y triste noche neoliberal” buscando una cura rápida para la “cruda” realidad que sus sociedades urgentemente demandan y finalmente una sociedad civil abatida entre el mundo de la política y el de la economía, luchando por retomar su espacio en “el mundo de la vida”, tratando con fuerza (con ayuda de la tecnología) de abrir espacios de opinión pública para ser escuchada e identificada como el soberano y principal defensor de la democracia. Latinoamérica no es ajena a esta corriente de cambios, especialmente países sudamericanos con gobiernos progresistas como: Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, entre otros, cuyos pueblos están experimentando cambios históricos, donde los sistemas caducos del capitalismo perverso están siendo remplazados por estructuras sólidas con base en una nueva ética orientada hacia el “buen vivir”.
El presente artículo realiza un análisis crítico sobre la participación de la sociedad civil ecuatoriana en los últimos 15 años de vida republicana y democrática en el País. La misión principal será identificar el rol que ha jugado el “tercer sector” en los cambios estructurales que se experimentaron desde el año 1997 con el golpe de estado al presidente Abdalá Bucaram; hasta el presente año 2012 y los intentos desestabilizadores de algunos sectores sociales, que en nombre de la “acción colectiva”, la “libertad” y la “democracia” tratan de revivir prácticas –qué como veremos más adelante– forman parte de un recetario conspirador para deslegitimar gobernantes empoderando a la sociedad civil y regresarle el poder a las élites oligárquicas que siempre han gobernado con su mano invisible, especuladora y antidemocrática. El principal problema que pretendemos resolver será identificar el verdadero grado de empoderamiento que tiene la sociedad civil ecuatoriana en la vida pública; además, examinar los aciertos y/o desaciertos de la política en materia social del gobierno del presidente Rafael Correa y su intento de establecer un nuevo marco institucional donde la sociedad civil juegue un papel más importante en la vida democrática del Estado.
Como parte de nuestro análisis vamos a valorar el papel de actores civiles como las ONG y el llamado efecto “oenegesismo” que ha tomado fuerza en el Ecuador y en Sudamérica para influir en la soberanía de la política nacional en nombre del “colectivo ciudadano”, el “desarrollo”, la “paz” y un sin número de “buenas causas” que solo sirven de telón para un escenario de intervención y manipulación hegemónica. Conjuntamente, pretendemos identificar el papel que juegan actores como los medios de comunicación, muchas veces auto-proclamados como regidores de la democracia, libertarios de los derechos ciudadanos e inclusive apoderados la opinión pública (cuando realmente son solo dueños de la “opinión publicada”). Finalmente, intentaremos develar los verdaderos objetivos que esconden ciertos “dirigentes” que lideran movimientos, redes y grupos sociales; utilizando a sus seguidores y exponiéndolos con mentiras, y en muchos casos (especialmente en el caso de ciertos movimientos indígenas) extorsionándolos y obligándolos a movilizarse contra su voluntad, con la más vil práctica “huasipunguista” de intimidación mediante multas al uso del agua o la tierra. Contradicciones banales, pues muchos de estos dirigentes predican de palabra “la libertad” cuando en realidad solo buscan sumar intereses propios y cuotas políticas.
II. La sociedad civil ecuatoriana: 15 años de marchas, movilizaciones y cambio estructural.-
En este primer capítulo vamos a centrarnos en analizar los últimos 15 años de vida política e institucional del Estado ecuatoriano. Nuestro principal enfoque de estudio serán los actores que conforman a la sociedad civil y su verdadero grado de participación en la construcción de un régimen más democrático con visión ciudadana. Nuestra ruta histórica estará marcada por claros ejemplos que evidencian, en primera instancia, una aparente acción colectiva sólida, capaz de movilizarse con el fin de exigir y demandar un cambio de gobierno (tratando de mantener el mismo régimen “democrático”). El Ecuador, como muchos países latinoamericanos, guarda un pasado de constantes luchas sociopolíticas por alcanzar la estabilidad y el progreso. No obstante, la gran mayoría de nuestros gobernantes traicionaron los intereses ciudadanos, soslayando la política de la ciudadanía, y dejando el control soberano en manos del mercado y de la economía. A finales del Siglo XX, el Consenso de Washington deliberadamente emprendió una acelerada transición ideológica en la Región, cuya misión principal era promulgar un sistema económico ferviente al capital: “el nuevo liberalismo económico”, donde aparentemente se potenciaba al “individuo”, se reducía la participación política del Estado y se desregulaban los mercados en nombre de la libertad y la frágil promesa de la tan anhelada “inversión extranjera”. Las consecuencias para nuestro País fueron nefastas: la pobreza aumentó desmesuradamente, la brecha entre ricos y pobres se acrecentó, los recursos naturales de la nación fueron premeditadamente puestos al servicio del mercado internacional, las políticas asistencialistas y sociales quedaron en el olvido, las políticas en educación se redujeron a una relación “clientelista” entre el Estado y los sindicatos, la deuda externa se incrementó irresponsablemente, entre tantas otras consecuencias y gracias al “bobo aperturismo”, el Ecuador perdió la soberanía en política monetaria, al entrar al sistema de la “dolarización” remplazando nuestro sucre por dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Aparentemente el Ecuador habría retornado a la democracia en el año 1979; sin embargo, ¿basados en los resultados socioeconómicos reflejados hasta principios del Siglo XXI, podríamos afirmar que realmente vivíamos en un Estado democrático, o será que pasamos de una rígida dictadura a una simple “democracia participativa” impuesta por el “stablishment” internacional? Según Claudio Gallardo (2004, p. 12) los ciudadanos tienden a juzgar a la democracia por su efectividad frente a la resolución de sus problemas inmediatos (bienestar) y del País, es decir, una identificación ciudadana entre el orden democrático y el funcionamiento de las instituciones, el desempeño de los gobiernos de turno y de sus mandatarios; en particular la ciudadanía así posicionada, se adhiere a sus mandatarios más que al sistema, al resultado de la gestión más que al marco que la posibilita, todo este intrincado laberinto de actitudes y percepciones deviene en una crisis de la institucionalidad y de la democracia. Si el “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”1 quedó en manos de oligarquías que defendían los intereses de las élites y aplastaban los sueños de una sociedad digna de una patria soberana, ¿gozábamos de una verdadera democracia participativa, representativa y ciudadana? Estamos seguros que los hechos son contundentes y evidencian un paulatino debilitamiento de la institucionalidad democrática en el País; por consiguiente, una sociedad civil muy alejada del “mundo de la vida” de Habermas, subyugada a la cohesión del poder político (y un sistema corrompido por la burocracia), esclavizada a la “partidocracia” de un régimen electoral sesgado, y con una opinión pública – anti Gramsciana – atrapada por el poder hegemónico y fáctico de los medios de comunicación y los intereses oligárquicos del sector económico-financiero.
Sin embargo, en el Ecuador de los años 60 ya había indicios de un intento por consolidar movimientos sociales (en especial aquellos movimientos indígenas que actuaban en representación de un pueblo olvidado por la legislatura2), organizaciones no gubernamentales, grupos de interés y grupos de presión que intentaban ganarse un espacio en la esfera pública para reclamar por sus derechos tanto civiles como políticos (y actualmente aquellos derechos sociales y económicos). Lamentablemente, ningún pronunciamiento de la sociedad civil logró frenar aquel “tsunami” neoliberal cargado de doctrinas capitalistas que hundieron al País. Posteriormente en los años 90, ya encontramos a una sociedad civil más organizada, madura y consciente de la crisis institucional que vivía el Ecuador. Una crisis que evidenciaba un contexto político y económico muy conflictivo, con una economía estancada, con una profunda degradación del Estado de Derecho, con un aumento insostenible de la corrupción y finalmente con un triste desencanto de amplios sectores de la población con respecto a las instituciones democráticas. En el año 1996, la sociedad civil ecuatoriana ya tenía un “rostro” multicolor acompañado de una gran variedad de actores y organizaciones sociales. Según Bustamante, Durán, y Andreetti (2006, p. 28) en el último informe de CIVICUS3 sobre el “Índice de la Sociedad Civil en el Ecuador”, se considera que la sociedad civil ecuatoriana está auto-clasificada en: movimientos sociales y ciudadanos, organizaciones dedicadas a una sola causa, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, gremios, asociaciones de voluntariado y filantrópicas, observatorios, veedurías y organizaciones sociales de base. No obstante, para efectos de este estudio nos vamos a limitar a nombrar aquellos movimientos, organizaciones y grupos que han protagonizado grandes movilizaciones en defensa de los derechos ciudadanos, particularmente aquellos movimientos basados en la etnicidad y/o en las identidades regionales, locales o seccionales orientados a buscar la descentralización de los recursos estatales y de las decisiones gubernamentales. Uno de los movimientos sociales más antiguos y representativos del País y de la región interandina es la ECUARUNARI (Confederación Kichwa del Ecuador), conformada a su vez por una gran variedad de actores como por ejemplo la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), el FULCI (Frente Único de Lucha Campesina e Indígena), la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios), entre muchos otros grupos de presión como sindicatos, por ejemplo el CTE (la Confederación Ecuatoriana de Obreros), otros movimientos como el MUARC (Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias Católicas), quienes emprendieron una fuerte lucha por los derechos indígenas, por recuperar sus tierras y en especial para expedir la Ley de Reforma Agraria de 1973. Su principal estrategia siempre ha sido la organización y la acción colectiva aglutinando y orientando políticamente a los miembros de las naciones originarias y oprimidas desde la conquista europea en el Siglo XVI.
Tal como mencionamos al inicio, nuestro estudio se enfoca en los últimos 15 años de vida republicana, este recorrido histórico inicia con el derrocamiento del Ab. Abdalá Bucaram, pasando por el Ab. Jamil Mahuad y el ex Coronel Lucio Gutiérrez, hasta la reconstrucción y recuperación del “Estado soberano”, proceso emprendido por el actual Presidente Constitucional de la República, el Ec. Rafael Correa Delgado, quien instituye un marco ideológico amparado en el “Socialismo del Siglo XXI” de Dieterich. En los últimos años, la lucha de los sectores sociales contra la política neoliberal y pro-imperialista provocó la caída de tres presidentes y la ruptura del orden constitucional. Sin embargo como veremos más adelante, la acción colectiva no logró tener como correlato un cambio general y profundo de las estructuras del Estado; desafortunadamente, estas acciones más bien fueron “capitalizadas” por los grupos de poder económico y político en favor de sus intereses de clase. Cuando la dominación de clase está en riesgo, se impone en esos grupos la unidad de sus distintas facciones (Solís 2006).
El Bucaramato”
Al ritmo de “Los Iracundos”4 y al calor del clamor popular, iniciamos una etapa obscura, bizarra y escandalosa, protagonizada por el gobierno del líder populista del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz, quien fuera posesionado el 10 de agosto de 1996. Desde sus inicios en Carondelet5, se percibía un ambiente de inestabilidad política e institucional, pues este corto período estuvo caracterizado por escándalos, demagogia social, corrupción y un total manejo irresponsable del poder ejecutivo que terminaría con la aplicación de severas medidas económicas – de corte neoliberal – hundiendo a los sectores sociales más vulnerables y en especial a la clase media ecuatoriana. El “paquetazo” de 1997 incluía: la elevación de los impuestos a los combustibles y a los denominados consumos especiales, la supresión de subsidios (gas, teléfonos y electricidad), el congelamiento/reducción del salario mínimo y la elevación de las tarifas de transporte (Báez 2005). La paciencia de los ciudadanos había llegado al límite; estudiantes, campesinos, trabajadores e indígenas se levantaron, en voz de protesta por todo el país, para exigir la destitución del mandatario. Este momento histórico y ciudadano (replicado en ocasiones posteriores) se puede enmarcar en lo que McAdam (et al. 2001, p. 5) denomina “política de contención”, la cual se caracteriza por una sucesión de acciones colectivas, episódicas y públicas, entre los que presentan los reclamos y los objetivos de estos reclamos, cuando el gobierno es al menos uno de los reclamos, objeto de reclamo o una parte en el reclamo. Era evidente la coyuntura que existía entre los ciudadanos, organizaciones sociales e indígenas, grupos de presión, organizaciones de base y movimientos de toda índole. Este momento era la plataforma precisa para que la sociedad civil despierte y se movilice en la acción colectiva, el escenario político brindaba todas las condiciones necesarias para emprender procesos de movilización social que garantizaran un aparente éxito, que se traduzca en un verdadero cambio institucional. Paralelamente, varios actores civiles deciden formar el “Frente Patriótico de Defensa del Pueblo” conformado por grupos de presión tradicionales como: el Frente Popular, la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), la FESE (Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador), el FUT (Federación Unitaria de Trabajadores); grupos de interés como: las organizaciones feministas, jubilados y de protección al medio ambiente; y orquestados por experimentados movimientos indígenas como la ECUARUNARI y la CONAIE, entre otras confederaciones de corte étnico y plurinacional. Juntos y sumidos en el paradigma de la movilización de identidades, convocan a una huelga nacional "por la dignidad, la honestidad y contra el neoliberalismo" a cumplirse el 5 de febrero de 1997. La estrategia estaba trazada y la movilización ya contaba con la representatividad de millones de ciudadanos volcados en las calles, haciendo alusión a toda clase de simbolismos que iban a caracterizar su protesta con un claro reflejo contra-hegemónico plasmado en la opinión pública. Según René Báez (2005) en los días previos al paro cívico, las organizaciones populares y sociales pusieron a prueba viejas y nuevas tácticas transgresivas como por ejemplo: desfiles de encapuchados, conciertos de cacerolas, quema de muñecos, plebiscitos no oficiales al estilo zapatista, ocupación de templos, misas-protesta, colectas para comprar la renuncia del mandatario, entierros simulados, entre otras. El Ecuador vivía una fiesta cívica y pacífica, a la cual se adherían más miembros de la población (niños, adultos y ancianos), gremios empresariales e inclusive los partidos políticos de oposición de aquella época: el PSC (Partidos Social Cristiano), el MPD (Movimiento Popular Democrático), la UDC (Unión Democrática Cristiana), la DP (Democracia Popular), la ID (Izquierda Democrática) y el FRA (Frente Radical Alfarista). La movilización habría cumplido su primer objetivo: poner en la agenda política nacional y en la opinión pública internacional sus demandas en beneficio de la transformación hacia un auténtico Estado de Derecho. La moción contenía un preciso mandato antineoliberal, democrático y nacionalista: 1) derogatoria de las medidas económicas, 2) archivo del proyecto de convertibilidad, 3) redefinición del manejo de la deuda externa, 4) universalización del sistema de seguridad social, 5) redefinición del proceso de privatizaciones, 6) eliminación del Ministerio Étnico Cultural, 7) restitución de los trabajadores públicos ilegalmente cancelados, 8) enjuiciamiento a Bucaram y sus adláteres, 9) convocatoria a una Asamblea Constituyente, 10) reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, 11) paz digna y definitiva con el Perú, entre otras (El Comercio, 14 de febrero de 1997 citado en Báez 2005). Finalmente, el 7 de febrero de 1997, el Poder Legislativo – legitimado en la acción colectiva de los ciudadanos y amparado en el contundente apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas – decide “declarar vacante” la Presidencia de la Republica, aduciendo la “incapacidad mental” del mandatario. Este momento histórico, refleja la clase política oportunista, su antimoral, su juego sucio y la frialdad jurídica con la que repetidamente violaron la Constitución. En total atropello a la ciudadanía, el Congreso (con la mayoría oligárquica) decide nombrar a un presidente interino, el Ab. Fabián Alarcón (líder del FRA), quien posteriormente traicionaría la moción ciudadana para continuar con el frívolo dogmatismo neoliberal que seguiría arrastrando cuesta-abajo al País por un sombrío sendero de incertidumbre. ¿Cuáles fueron los resultados concretos de aquella magnífica movilización de la sociedad civil?, ¿dónde quedó el respeto hacia la voluntad popular?, ¿será que la sociedad civil solo sirvió como un recurso para catapultar y legitimar la voluntad de unas cuántas élites? Uno de los logros (por así decirlo) de la sociedad civil, podría ser la convocatoria a un referéndum popular para instaurar una Asamblea Nacional con la misión de cambiar la Carta Magna en favor de la ciudadanía. No obstante, dicha Constitución “disfrazada de pluralidad” solo escondía un entrampado recetario de doctrinas neoliberales que consolidarían el proceso de destrucción de la soberanía nacional. Según Gallardo (2004, p. 15) los posibles logros democráticos acreditados a la movilización social, no fueron mínimamente suficientes para que la ciudadanía encuentre en el Estado y sus instituciones la participación y representatividad que legítimamente exigía, pues en el Ecuador continúo prevaleciendo un marco de inestabilidad política, permanentes e irresolutos conflictos de poder y debilidad económica que atentaron contra la legitimidad y la estabilidad política y del sistema democrático, especialmente en el contraste de la distribución de la riqueza y de sus beneficios.
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