La quincuagésima quinta legislatura del estado de querétaro, en ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 17 fracción II de la constitución política del estado de querétaro y 81 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de querétaro, Y






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LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN,

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, a los habitantes

del mismo, sabed que:
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

C O N S I D E R A N D O

1. Que la elaboración de normas jurídicas es un ejercicio que debe asumirse con gran sentido de

responsabilidad social, por las implicaciones que tiene en los distintos órdenes de la convivencia cotidiana,

dentro de una determinada organización humana.

2. Que en la creación y adecuación de leyes intervienen factores de diversa índole, siempre bajo una evolución y dinámica constante, que debe atender a las condiciones sociales, culturales y políticas del momento, entre otras.

3. Que la Legislatura del Estado, como parte integrante del Constituyente Permanente local, dentro de ese dinamismo y actualización de la norma jurídica, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, aprobóreplantear el contenido de la ley fundamental que es su Constitución y en un ejercicio de responsabilidad y análisis legislativo, se da a la tarea de generar un nuevo marco legal secundario que resulte adecuado y

aplicable a las condiciones que la sociedad reclama.

4. Que el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro”, misma que al constituir parte del derecho positivo, debe ajustarse a las condiciones modernas de la sociedad

queretana, para seguir garantizando su eficacia.

5. Que en la administración pública, constituida por varias dependencias, se encuentra la Secretaría de la Contraloría, encargada de planear, organizar, proponer y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia,

control y evaluación de las entidades gubernamentales del Estado.

6. Que para dar cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política del Estado de Querétaro en lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, es necesario contar con un marco jurídico claro y adecuado, que además refuerce la eficiencia de los organismos públicos.

7. Que el Estado reconoce la importancia de la conducta adecuada de los servidores públicos, quienes deben estar plenamente conscientes de la magnitud de la responsabilidad que contraen en el ejercicio de su

función.

8. Que en la responsabilidad de los servidores públicos, se advierte la existencia cuatro aspectos: a) La

responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos, por la comisión de actos u omisiones

que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; b) La

responsabilidad penal para los servidores públicos que cometan algún delito; c) La responsabilidad

administrativa para los que falten a la legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia en la función

pública; y d) La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños

patrimoniales.

9. Que la historia testifica la lucha contra la corrupción y la exigencia por un gobierno transparente,

traduciéndose ahora en la responsabilidad de la función pública. De manera genérica, la corrupción es una alteración o vicio de cualquier naturaleza; en términos políticos y sociales, la corrupción cuestiona las bases mismas del Estado democrático y de derecho, modifica los fines de la democracia y rebasa los límites de la ley, afecta todo proyecto de Estado destinado a beneficiar a la colectividad, desviando el producto del desarrollo hacia las manos de unos cuantos.

26 de junio de 2009 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 6419

10. Que en este contexto, compete al Poder Legislativo elaborar leyes que intenten prever la mayoría de circunstancias en las que puedan presentar actos de corrupción, así como modificar los instrumentos legales donde, por omisiones o imprecisiones, se llegaran a presentar ese tipo de circunstancias. "La existencia de lagunas legales, una mala tipificación de las conductas que pueden dar origen a responsabilidades, la presencia de inconsistencias o de contradicciones en los ordenamientos legales, pueden favorecer el desarrollo de la corrupción".

11. Que en el Título Primero de esta Ley, denominado "De los sujetos y obligaciones del servidor público", se hace referencia a las autoridades competentes para su aplicación, así como quiénes son los sujetos de la misma.

12. Que en el Título Segundo se refiere el procedimiento que debe seguirse ante la Legislatura del

Estado, en materia de juicio político y declaración de procedencia, conformándose de cuatro capítulos, el primero “De los sujetos, causas del juicio político y sanciones”, el segundo “Del procedimiento en el juicio político”, el tercero “De la declaración de procedencia por responsabilidad penal” y el cuarto “Disposiciones comunes para los Capítulos Segundo y Tercero del Título Segundo”.

13. Que el Título Tercero "De las responsabilidades administrativas”, consta de dos capítulos, el primero de ellos se refiere a los sujetos y obligaciones del servidor público y el segundo al fincamiento de las responsabilidades administrativas resarcitorias.

14. Que en el Título Cuarto, con un Capítulo Único, se hace referencia al registro patrimonial de los

servidores públicos. En el Capítulo Único del Título Quinto "De la indemnización por reparación de daños ocasionados por los servidores públicos", en concordancia con las disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro y de la Constitución Política del Estado de Querétaro, se reconoce la responsabilidad solidaria del Estado en la reparación de los daños causados a particulares por los servidores públicos.

15. Que en el Capítulo Primero del Título Sexto "De las sanciones", se establecen los supuestos sobre los cuales se impondrán las sanciones por responsabilidad administrativa. Se podrá sancionar de manera más estricta a los servidores que cometan faltas graves en forma dolosa o culposa, respecto de aquellos que las cometan por simple negligencia, sin la intención de causar daños a la administración pública o a la sociedad. En un Capítulo Segundo “Del recurso de revocación”, se establece el derecho del servidor público a impugnar la resolución por la cual se le imponga una sanción administrativa, resolución que podrá ser impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro. Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, expide la siguiente:
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Título Primero

Del objeto, sujetos de responsabilidad

y de las autoridades competentes

Capítulo Único

Disposiciones generales

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y observancia general. Tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto

de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia de:

I. Responsabilidad administrativa de los sujetos, en el servicio público estatal y municipal;

II. Obligaciones en el servicio público;

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III. Responsabilidades administrativas y sanciones de naturaleza disciplinaria y resarcitoria, que

conozcan las autoridades competentes establecidas en la presente Ley, así como las que se deban

resolver mediante juicio político;

IV. Los procedimientos y autoridades competentes para aplicar las sanciones;

V. Procedimientos y autoridades competentes para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de

los servidores públicos que gozan del fuero; y

VI. Registro patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 2. Es sujeto de esta Ley, toda persona que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo

o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal,

en organismos constitucionales autónomos y en los poderes Legislativo y Judicial del Estado, con

independencia del acto que les dio origen. Para el caso de las personas que ya no trabajen en alguna de las

instituciones mencionadas, la autoridad tendrá la obligación de observar la figura de la prescripción que

contemple la Ley en la aplicación de la sanción.

También son sujetos de este ordenamiento legal, aquellas personas que manejen o administren recursos

estatales, municipales, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con los municipios y

aquellos que en los términos de esta Ley, se beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos,

mantenimientos y construcción de obras públicas, y prestación de servicios relacionados con éstas, que deriven

de actos o contratos que se realicen con cargo a dichos recursos.

Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar esta Ley, son:

I. La Legislatura del Estado, con el auxilio de sus órganos y dependencias;

II. La Secretaría de la Contraloría del Estado;

III. Las demás dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en el ámbito de atribuciones que les

otorgue este ordenamiento;

IV. Los ayuntamientos de los municipios del Estado y dependencias o unidades administrativas que,

mediante ley o reglamento, actúen como órgano interno de control, independientemente de su

denominación;

V. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el órgano interno de control que para tal efecto haya

sido creado;

VI. Los organismos constitucionales autónomos y el órgano interno de control que para tal efecto haya

sido creado; y

VII. Los demás órganos que determinen las leyes.

Artículo 4. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a las que se refiere esta Ley y las

responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán

autónomamente según su naturaleza y en la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por

sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnarlas a quien deba conocer de éstas; no podrán imponerse

dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaría, a la Secretaría de la Contraloría del

Estado.

Para los mismos efectos, se entiende como superiores jerárquicos:

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I. En el Poder Ejecutivo del Estado, al Gobernador del Estado; al titular de las dependencias y en las

entidades paraestatales al director, coordinador, vocal ejecutivo o cualquier otro nombre que ostente

el titular de las mismas, quienes aplicarán aquellas sanciones cuya imposición les atribuya esta Ley;

II. En los Poderes Legislativo o Judicial, a la Mesa Directiva y al Pleno del Tribunal Superior de Justicia,

respectivamente, los que aplicarán las sanciones que correspondan derivadas de las irregularidades

que conozcan los órganos internos de control, siempre que sus respectivas leyes orgánicas no

dispongan otra cosa;

III. En las administraciones municipales, al Ayuntamiento, quien determinará las sanciones cuya

imposición se le atribuya para ejecución o aplicación por el órgano interno de control o, en su caso,

por el Presidente Municipal;

IV. En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al Presidente del mismo;

V. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al Magistrado propietario de la Sala

Unitaria;

VI. En el Instituto Electoral de Querétaro, al Consejo General;

VII. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Consejo; y

VIII. En la Comisión Estatal de Información Gubernamental, al Comisionado Ejecutivo.

Los superiores jerárquicos enunciados en las fracciones IV a VIII, serán los facultados para la imposición

de las sanciones, cuando sus respectivas leyes orgánicas no dispongan otra cosa.

Tratándose de la imposición de sanciones por parte del Poder Legislativo, resultado de la revisión y

fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, se hará conforme al procedimiento señalado

en la ley de la materia.

Título Segundo

Del procedimiento ante la Legislatura del Estado en materia

de juicio político y declaración de procedencia

Capítulo Primero

De los sujetos, causas del juicio político y sanciones

Artículo 6. Podrán ser sujetos de juicio político, los servidores públicos que menciona el artículo 38 de la

Constitución Política del Estado de Querétaro.

El Gobernador del Estado, durante el ejercicio de su cargo solo será responsable por delitos graves del

orden común y por delitos contra la Soberanía del Estado.

Una vez que la resolución a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, sea comunicada a la Legislatura del Estado, de ser procedente, se iniciará el procedimiento

de juicio político en contra del servidor público de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Capítulo Segundo

del Título Segundo de esta Ley.

Artículo 7. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que

se refiere el artículo anterior, redunde en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado o de su

buen despacho.

Artículo 8. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. El ataque a las instituciones democráticas;

Pág. 6422 PERIÓDICO OFICIAL 26 de junio de 2009

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del Estado, así como la

organización política y administrativa de los municipios;

III. Las violaciones graves a las garantías individuales y sociales;

IV. El ataque a la libertad de sufragio;

V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución Política del Estado de Querétaro o a las leyes que de ella

emanen, cuando cause graves perjuicios al Estado, a uno o varios municipios del mismo o motive

algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración

pública del Estado, de los municipios, o de los organismos descentralizados y empresas de

participación estatal, así como las violaciones, igualmente graves, a las leyes que determinen el

manejo de los recursos económicos.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

La Legislatura del Estado valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este

artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a la que alude

esta Ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.
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