Artículo publicado en la Revista Lex, difusión y análisis, num. 132, junio de 2006, pp. 54 a 70






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(Artículo publicado en la Revista Lex, difusión y análisis, num. 132, junio de 2006, pp. 54 a 70)
LA SUPREMA CORTE INVESTIGA VIOLACIÓN

GRAVE DE GARANTÍAS INDIVIDUALES

Dra. Eréndira Salgado Ledesma

Catedrática de la División de Estudios de Posgrado en Derecho, UNAM.

Investigador Nacional Nivel 1 CONACYT

Introducción

Una atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incorporada por el Constituyente de 1917, pocas veces ejercida —nunca de ellas de oficio—, nuevamente reclama su intervención a fin de que averigüe hechos que podrían constituir violación grave de garantías individuales según opinión de miembros del Poder Legislativo federal. Más aún, la Corte está obligada a investigar tan sólo porque lo solicita un poder, afirmó el Senador Pablo Gómez Álvarez, apoyado en su interpretación integral del texto constitucional.

Seis ministros estimaron procedente realizar la investigación en el caso que involucra a la reportera Lydia Cacho —en lo subsiguiente: el caso Puebla—. Los restantes consideran que no se dan los supuestos previstos en el numeral 97 de la carta magna que la justifiquen. Dos criterios irreconciliables, tal y como ocurre con frecuencia con las cuestiones jurídicas, aunque en éste, como en muchos otros casos, prevaleció la decisión de la mayoría. En apariencia, ambos se sustentan con argumentos sólidos:

  • Debe ejercerse dicha atribución debido a que se satisface su procedencia constitucional.

  • No debe realizarse investigación alguna, por no darse los supuestos que la justifiquen.

Nuevamente se está ante una zona de penumbra del derecho patrio —con palabras del destacado jurista Diego Valadés—, a cuyo esclarecimiento debemos contribuir quienes tenemos interés en abordar tópicos vinculados con el ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial, jurisdiccionales y no-jurisdiccionales. En particular aquellas de uso excepcional. Ésta es una de ellas.

Antecedentes Legislativos

La facultad de investigación atribuida a la Suprema Corte en los casos de violación grave de garantías individuales o del voto público, en apariencia, carecía de antecedentes cuando fue incorporada en la carta fundamental vigente. Así lo afirman algunos estudiosos. Dentro de ellos, el constitucionalista y ministro de la Suprema Corte, Felipe Tena Ramírez.

El artículo que la contiene ha sufrido ocho modificaciones. Desde su redacción original previó diversas hipótesis en las cuales podría ejercitarse: cuando la Corte lo estimara conveniente o porque se lo pidiere el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado: únicos sujetos legitimados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Art. 97…

Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Supernumerarios que auxilien las labores de los tribunales y juzgados donde hubiera recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará alguno o algunos de sus miembros, o a algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal…1

Al amparo de este texto, desde 1952, el alto tribunal sostuvo un criterio interpretativo que sustentaba su competencia constitucional para realizar la investigación, no con base en un criterio de oportunidad que él mismo calificara, sino cuando se lo solicitara alguno de los poderes legitimados, al estimarse que la Constitución le atribuía una competencia. Por tanto, no era potestativo ejercerla o no: debía practicarla en cualquiera de las hipótesis siguientes: a) a solicitud del Ejecutivo federal; b) cuando lo pidiera alguna de las cámaras, c) cuando lo solicitara el gobernador de algún estado.

Este criterio fue sustentado cuantas veces acudieron los particulares a solicitarle su intervención, sin que en ninguna de las ocasiones lo estimara procedente, por carecer aquellos de titularidad para excitarla a fin de que ordenara la práctica de una investigación. La Corte sostuvo que debía obrar en consecuencia siempre que alguno de los otros poderes de la Unión, Legislativo y Ejecutivo, le solicitase realizar la investigación, sea que fuera por violación de garantías individuales o por violación del voto público. Por ello, desde la Quinta Época del Poder Judicial, fue respetuosa de la génesis del precepto.2

La decisión del Constituyente no dejaba lugar a dudas, la ratio iure del numeral se encuentra subsumida en las atribuciones de un Poder Legislativo representante del pueblo, el poder soberano (el mandante), según lo dispuesto por el artículo 39 constitucional, el cual podía auxiliarse del Judicial en vía de colaboración a fin de ejercer los controles necesarios sobre el Ejecutivo (el mandatario) para el debido cumplimiento que el mandato popular le había conferido para su beneficio; no de este último (el gobernante), sino de aquél (el pueblo).

Carranza fue muy explícito en su intervención ante los diputados en la sesión inaugural del Congreso Constituyente, celebrada el 1 de diciembre de 1916, en el “Teatro Iturbide” de la ciudad de Querétaro:

El Poder Legislativo tiene, incuestionablemente, el derecho y el deber de inspeccionar la marcha de todos los actos del Gobierno, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando todas las medidas que juzgue convenientes para normar la actuación de aquél; pero cuando la investigación no debe ser meramente informativa para juzgar de la necesidad de improcedencia de una medida legislativa, sino que afecta a un carácter meramente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo Poder Ejecutivo para excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno o alguno de sus miembros, o a un magistrado de circuito, o a un juez de distrito, o a una comisión nombrada por ella para abrir la averiguación correspondiente, únicamente para esclarecer el hecho que se desea conocer; cosa que indiscutiblemente no podrían hacer los miembros del Congreso, los que de ordinario tenían que conformarse con los informes que quisieran rendirles las autoridades inferiores”.3

Por tanto, desde un punto de vista funcional, no existía confusión alguna sobre los términos de ejercicio de la atribución. La Suprema Corte debía realizar la investigación siempre, y en todos los casos, que lo solicitara cualquiera de los sujetos legitimados, siendo irrelevante su criterio sobre la oportunidad o no de practicarla. Ése sólo se expresaría como resultado de la investigación: existía o no violación de garantías.

El artículo 97, en su párrafo tercero original, incorporaba dos oraciones vinculadas entre sí, unidas por un punto y coma. La primera, refería la discrecionalidad de la Suprema Corte —al utilizar el vocablo podrá— para nombrar personal supernumerario de auxilio para abatir el rezago, uno de los grandes problemas de la labor judicial a lo largo del siglo XX. Incuestionablemente que la facultad resultaba potestativa, porque si se abatía el rezago o éste no se diera más, resultaría ocioso designar dicho personal. Luego, ella misma determinaba los términos y condiciones de su ejercicio. El segundo enunciado, ubicado después de un punto y coma, le posibilitaba designar algunos funcionarios judiciales a fin de realizar investigaciones de dos tipos: 1. Por violación de garantías individuales. 2. Por violación del voto público. 3. Por delitos del orden federal. Dichas investigaciones podían producirse en dos circunstancias diversas: cuando la propia Corte lo determinara de forma facultativa (discrecional), o cuando se lo solicitara cualquiera de los poderes legitimados.

Existe cierta discrepancia sobre la utilización del punto y coma. Su uso es factible que produzca confusiones.4 Suele utilizarse cuando el material que se está manejando —gramaticalmente—, es muy complejo. En ocasiones, ello impide determinar con precisión el sentido de la redacción. Se utiliza cuando se desea la unión de dos proposiciones que comparten el mismo sujeto (éste es uno de los supuestos). Las dos oraciones que incorpora el párrafo tercero original del artículo 97 lo comparten. En ambos casos el sujeto es la Corte: la Corte designa al personal supernumerario. La Corte abre la investigación correspondiente.

Sin embargo, la segunda oración introduce otros sujetos: los poderes legitimados para acudir a la Corte, también en ejercicio de una facultad potestativa, a solicitar auxilio en vía de colaboración para cumplir con su atribución genérica: velar por los intereses del poder soberano.

Otro uso del punto y coma sirve para separar oraciones que comparten el mismo verbo, cuando se ha suprimido después de la primera mención (elipsis). El verbo de la oración principal debe sobreentenderse en las demás en que se omitió. En el párrafo tercero del artículo, los dos enunciados tienen como sujeto a la Corte y ambos comparten un verbo potestativo: “podrá”, el cual no se repite en cada caso. Seguramente por cuestiones de estilo.

  • La Corte podrá designar personal.

  • La Corte podrá designar alguno de sus miembros para que investigue.

  • Los poderes Legislativo y Ejecutivo podrán pedir la intervención de la Corte.

De este análisis gramatical se deduce que la Corte fue dotada de dos tipos de potestades discrecionales: designar personal supernumerario para desahogar el rezago y también para realizar investigaciones cuando, a su juicio, estimare que se violaron garantías individuales o el voto público. Pero tales facultades no resultan incompatibles con las conferidas a los poderes Legislativo y Ejecutivo, a los que también se legitima para que puedan solicitar la investigación cuando la Corte no la ejerce de manera oficiosa. Y es en este supuesto cuando debe abandonarse el método gramatical de interpretación y apoyarse en otros más idóneos (histórico, teleológico, funcional, sistemático) para buscar hasta encontrar el propósito primigenio del Constituyente: evitar la inmovilidad de alguna de las potestades públicas en perjuicio de los gobernados y hacer efectivo el sistema de responsabilidades. A tal fin, la carta magna facultó tanto a la Corte para ejercer dicha facultad de forma discrecional, como a las Cámaras y al Poder Ejecutivo para exhortar a aquélla para realizar la averiguación correspondiente, al no tratarse de una atribución de índole jurisdiccional, de aquellas en las que la Corte ejerce su competencia originaria y natural.

Nueva orientación jurisprudencial

Sin embargo, con motivo de la solicitud que el presidente Zedillo dirigió a la Corte en torno a los lamentables sucesos de Aguas Blancas, del 19 de marzo de 1996, el tribunal pleno examinó si invariablemente debería iniciar el procedimiento de investigación, tan sólo por recibir solicitud de parte legitimada. O sí, por el contrario, le competía analizar discrecionalmente si en el caso concreto se reunían los requisitos previstos por el numeral citado para actuar en tal sentido.

Para realizar tal ejercicio, se valió del método gramatical, como se advierte de la tesis de jurisprudencia XLIX/1996 aprobada por el Pleno el 19 de marzo de 1996.

Este tribunal pleno abandona el criterio que había establecido al resolver, con fecha veintidós de abril de mil novecientos cincuenta y dos, la petición 86/52, formulada por Joel Leyva y Socios, atento a que el artículo 97 constitucional vigente en esa época, establecía el imperativo de normar algún Ministro, Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, para realizar la investigación de un hecho que pudiera constituir violación grave de garantías individuales cuando así lo solicitar el Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algunos de los Estados; sin embargo, con posterioridad, se incorporó en la redacción el dispositivo constitucional la locución “podrá”, que gramaticalmente entraña la facultad de hacer una cosa, de lo que debe concluirse que conforme al texto constitucional en vigor, el procedimiento indagatorio de que se trata, es discrecional para la Suprema Corte aun cuando exista petición de parte legítima; sin que esto implique que la resolución en que se ordene o niegue la investigación, sea arbitraria, pues la decisión de ejercer o no la facultad conferida constitucionalmente, debe ser razonada en todos los casos.5

Esta tesis sostiene que con posterioridad, se incorporó en la redacción el dispositivo constitucional la locución “podrá, que gramaticalmente entraña la facultad de hacer una cosa. Por ende, el procedimiento indagatorio resulta un ejercicio discrecional para la Suprema Corte, aun y cuando exista petición de parte legítima.6

Sin embargo, lo cierto es que tal locución obraba en el texto del artículo desde su redacción original, sin modificación alguna a lo largo del siglo XX, sin que la Corte, en apariencia, lo hubiese advertido.

1917

Art. 97. (Párrafo tercero)
Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito […]; y nombrará a alguno o algunos de sus miembros o a algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal…


1988

Art. 97. (Párrafo segundo)
La Suprema Corte podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez o magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales cuando así los juzgue conveniente o lo pidiere o lo pidiera el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. (Nota: se suprimieron las investigaciones por violaciones del voto público y por delitos federales).


1994

Art. 97. (Párrafos segundo y tercero)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez o magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público


La reforma de 1994 introdujo un cambio respecto de la “facultad investigación”, sí, pero de la referida a violaciones del voto público, la cual sí fue expresada como facultativa para la Suprema Corte:

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público.

La redacción no deja lugar a dudas, precisamente por las implicaciones políticas de su ejercicio, las que deben sopesarse en cada caso. Debe recordarse que las reformas constitucionales siempre han tratado de mantener al alto tribunal alejado de la discusión y temas de índole políticos: mantener neutra su postura. Por ello, la “reforma Zedillo”, en un inicio, no le atribuyó el conocimiento de acciones en materia electoral: hasta 1996 se adscribió al Poder Judicial de la Federación un órgano especializado de última instancia para resolver tales cuestiones.

También puede advertirse como, además de partir de un artificio, el nuevo criterio de interpretación del numeral se apoya en el método gramatical, frecuentemente desestimado por el tribunal en su trabajo cotidiano. Empero, también éste suele utilizarse de forma fragmentada. La gramática se compone de dos grandes apartados: a) la semántica, que estudia la significación de las palabras, y b) la sintáctica, que enseña a coordinar las palabras para formar oraciones y expresar conceptos.7 La Corte sólo se apoyó en la semántica para desentrañar el numeral 97, debido a que no realizó ningún análisis en torno a esta última. Aun y cuando insisto, este método no resulta el más adecuado para interpretar el texto fundamental.

Así, “empoderada” con el papel preeminente que el Órgano Reformador de la Constitución le había atribuido hacia un año escaso, como cabeza de un poder genuino, la Suprema Corte concluyó expresando la naturaleza discrecional de “su facultad” de investigación. Por tanto, sólo la ejercería cuando ella misma lo determinara, porque su deber jurídico de obrar queda sujeto al ejercicio de una potestad soberana. Sí, pero este es sólo uno de los presupuestos del artículo 97, cuando la Corte decide oficiosamente realizar la investigación, falta considerar cuando se lo demanda otro poder soberano.

Coincidentemente, la reflexión del alto tribunal observa similitudes con la contenida en un comunicado que la Suprema Corte de la época del presidente Juárez dirigiera al Congreso general en 1869, cuando éste le solicitó un expediente a fin de iniciar juicio político en contra de los ministros de la segunda sala, al estimarse que uno de sus fallos violentaba el ámbito de competencias atribuido por el Constituyente de 1857, cuando la Corte, enfrentada con el Congreso y con el presidente Juárez, refrendó ser la cabeza de un poder soberano y máximo intérprete de la Constitución. ¿Será que la historia se repite?

Si la Constitución ordena a la Corte colaborar con cualquiera de los poderes de la Unión para el ejercicio de sus respectivas atribuciones: ¡debe hacerlo! Ello no implica subordinación de ningún tipo —si ese es el prurito—, ni dejar de comportarse como entidad soberana que es. La propia Constitución es la que se coloca por encima de su potestad y la sujeta acorde con el
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