Clase 28 de marzo primera unidad: nociones generales 1° concepto de derecho de familia y características






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10 Junio 2005



Art. 54.- El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

Se incurre en dicha causal, entre otros casos cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

5° .- Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y
El antecedente está en la ley de matrimonio civil de 1884, en particular en el artículo 21 n°9 que era causal de divorcio temporal o perpetuo el vicio arraigado de juego, embriaguez o disipación. Hoy se refiere al alcoholismo o la drogadicción.
Según el avance de la ciencia médica ambos son enfermedades, motivo por el cual se termina la referencia a un vicio arraigado. Deberá ser objeto de prueba, por lo tanto el que uno de los cónyuges sea alcohólico o drogadicto.
Castán Tobellas señala que el alcoholismo puede ser una perturbación de la conducta de quien se embriaga con frecuencia o habitualidad o puede ser también una enfermedad en que aquello desemboca. La toxicomanía o drogadicción, en cambio, se refiere a una perturbación de la conducta en su fase más aguda que incluso puede llevar a la muerte a una persona.
El fundamento objetivo de esta causal no lo es la enfermedad sino es el trastorno que la enfermedad conlleva en las relaciones conyugales y/o en las relaciones de filiación. No lo es la enfermedad, porque está el deber de socorro y ayuda mutua.
El Artículo 55 de la ley de matrimonio civil consagra el divorcio remedio.

El fundamento es el cese de la convivencia de los cónyuges, por lo tanto, hay que determinar cuándo se produce el cese de la convivencia por los plazos señalados en la ley para que los cónyuges de común acuerdo o por una petición unilateral pidan a los tribunales mediante el ejercicio de la correspondiente acción que se declare por sentencia judicial firme el término del matrimonio; supuesto básico es el cese de la convivencia, así lo señala el inciso 1°, 3° del artículo 55 LMC.
Se aplica lo señalado para el divorcio convencional, inciso 1° y 3° del artículo 55.
Lo determinante es que hay cese de la convivencia en los plazos que señala la ley y por lo tanto, debemos determinar de qué forma se determina el cese de la convivencia.
El art. 55 inciso 4° es claro al señalar que la fecha cierta del cese de la convivencia se va a determinar conforme lo señala el art. 22 y 25 de la ley de matrimonio civil según corresponda. Estos dos artículos han sido dados parr determinar la fecha cierta de la separación de hecho entre los cónyuges de ahí que uno de los efectos de la separación de hecho en cuanto se fija la fecha cierta del cese de la convivencia entre los cónyuges es la de constituir causa para pedir el divorcio.
Se pueden poner los cónyuges de acuerdo para determinar ellos cuando se produce el cese de la convivencia? No basta el mero acuerdo, debe constar en un medio idóneo en el que intervino un ministro de fe; porque la ley quiere que se funde en un hecho objetivo y no en un hecho manejable por los cónyuges.
Por lo tanto en Chile no hay divorcio de común acuerdo.

Clase 31 de mayo



Casos inc 2 art 54 configuran requisitos propios de la causa genérica inc 1 art 54.-
A diferencia de lo que ocurre en materia de separación judicial cuando el legislador establece una causa genérica por falta imputable al otro cónyuge. En materia de divorcio se optó por incluir un catálogo de casos que configuran la causa genérica.
Enumeración que no es taxativa, sino que es meramente ejemplar; como se concluye de la lectura de dicho inciso en cuanto dispone que se incurre en la causal cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos.
Lo relevante es que si un caso no se encuentra contemplado en el inc 2 art 54 debemos justificarlo o fundamentarlo conforme a la causa genérica del inc 1 art 54.
Los casos que contempla el inc 2 art 54 se clasifican en:


  1. Casos en los que incluso puede llegar a existir un delito imputable a uno de los cónyuges. Nº 1 y 6.


Nº1 atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica.
Supone la trasgresión a los deberes de respeto y protección recíprocos del art 131 cc. que aparece determinado por uno de los fines del matrimonio: bien de los cónyuges, como también el deber de preocupación de los padres por el interés superior del hijo art 222 inc2 que consagra el principio del interés superior del menor.
La conducta comprende:

  • Atentado contra la vida del cónyuge o los hijos, comprende desde la tentativa hasta la consumación del delito de homicidio tratándose de los hijos.


Tratándose del cónyuge el iter del delito irá desde la tentativa a la frustración, ya que si se consuma se constituye la causal de término del matrimonio, cual es la muerte natural del cónyuge.
Comparado con la ley de 1884 veremos que comprende de forma restrictiva la causa de divorcio temporal o perpetua del art 21 inc 3.


  • Malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del otro cónyuge o de los hijos


Al respecto señalamos que en la nueva ley de matrimonio civil no se exige que la conducta tenga carácter de reiterada como ocurría con la causa de divorcio temporal o perpetuo que contemplaba el art 21nº2.
Consta en las actas de la comisión de constitución del senado que se eliminó la exigencia copulativa de que los malos tratamientos graves fuesen repetidos por estimarse que la gravedad de los mismos ya configura la causa, basta que la conducta se desarrolle por una sola vez para que se configure este caso.

Comprende la conducta tanto los malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica de uno de los cónyuges, modificando la redacción que recibía el nº2 art21 de 1884 que señalaba que eran malos tratamientos graves y repetidos de obra y de palabra.

Cabe reflexionar acerca de los hechos que configuran esta causal, ¿cuándo estos hechos cumplen con la exigencia de gravedad de la conducta imputable al otro cónyuge?

La exigencia de gravedad es reiterada por el legislador al configurar este caso.

La reiteración es entendida ya que no es más que una confirmación del carácter grave que debe tener la conducta desarrollada por el otro cónyuge y da cabida de forma amplia a un gran número de situaciones, partiendo de la violencia intrafamiliar a los delitos del c. Penal.

Puede comprender los hechos que constituyen violencia intrafamiliar, toda vez que la descripción de este número coincide con lo establecido al describirse la violencia intrafamiliar por la ley 19325 art 1 que dispone que se entenderá por acto de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte a la salud física o psíquica de quien aún siendo mayor de edad tenga respecto del ofensor la calidad, entre otros, de cónyuge o descendiente.

Art 271cc considera como causa de emancipamiento judicial el que el padre o la madre maltrate habitualmente al hijo, a menos que correspondiere al otro padre el ejercicio de la patria potestad.

Comprendería incluso los ilícitos desde las faltas a los crímenes contemplados en el c. Penal. Por ejemplo: lesiones graves y gravísimas art 297 y 398 c penal.

Una interpretación restrictiva puede significar que la valoración de la conducta debe ser especialmente grave para estos efectos, restringiendo su aplicación tan solo a los delitos contemplados en el c. Penal, ello por la relevancia del bien jurídico protegido.

Será resorte de los tribunales de justicia fijar el alcance y sentido de esta disposición, más aún si se considera que no se exige una declaración de prejudicialidad penal como sí sucede en el nº3 art 54.

La corte suprema el 16 enero 1997 conociendo de un recurso de casación en el fondo declaró que era facultad del juez en aquellos casos en que es lícito desatender el tenor literal de la ley, recurrir al método sistemático para configurar la causa del art 21n2 ley 1884, lo que podría ser aplicado al caso en estudio, pudiendo recurrir a la ley de violencia intrafamiliar art 1 para configurar este caso.

Tanto respecto del atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o los hijos cabe preguntarse acerca de la participación que en estos actos ha de tener el cónyuge al que se le imputa la infracción grave.

De una primera lectura claramente aparece que requeriría la participación en calidad de autor del hecho ilícito pero ¿ pueden excluirse las otras formas de participación? Cómplice o encubridor.

Si consideramos que el cónyuge tiene la calidad de garante de la vida y salud respecto del otro cónyuge y de los hijos; pareciera ser conveniente realizar una interpretación extensiva a fin de comprender los diferentes grados de participación del cónyuge al que se imputa la conducta.
Nº6 tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.

Se trasgreden los deberes de respeto y protección recíprocos de los cónyuges y respecto de los hijos.

Este caso ya estaba contemplado en la ley de 1884 nº4 art 21, respecto del cónyuge y en el nº13 art 21 respecto de los hijos.

Para configurar la tentativa de prostitución, teniendo presente que basta sólo con la tentativa, es decir, con un principio de ejecución para realizar la conducta descrita debemos preguntarnos ¿cuándo se configura este caso?

La doctrina anterior a la ley 19335 que dio la redacción a los números indicados del art 21 de la ley de 1884 señala según Somarriba que la expresión “prostituir” comprende: la inducción por parte del marido a que la mujer se dedique al comercio sexual o a la realización de actos contrarios a la naturaleza y abusos deshonestos que el marido haga a su mujer.

Fuello señala que comprendía actos de carácter público o de connotación sexual al exterior del matrimonio, quedando excluidos los actos de perversión y de abusos deshonestos entre los cónyuges.

No hay mayor jurisprudencia respecto del caso contemplado en la ley de matrimonio civil de 1884, por lo tanto podríamos recurrir al código penal para ilustrar cuando se prostituye a otra mujer.

El art 367 del c.penal señala que el que habitualmente o con abuso de autoridad o confianza promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer deseos de otro sufrirá determinadas penas.

Supone que la conducta sea desarrollada por un menor de edad. Tratándose del cónyuge sólo quedaría reducida en cuanto ilícito penal en el caso del mayor de 16 años que siendo capaz de contraer matrimonio es menor de 18 años y respecto de los hijos menores de edad, es decir, menores de 18 años.

Sin perjuicio del tipo descrito en el art 367 bis respecto del que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, imponiéndose una pena mayor si el autor fuere el marido de la víctima.

El n°6 inc2 art 54 tampoco requiere de una declaración prejudicial penal para configurar la causal.
2. Casos basados en el incumplimiento de los deberes y obligaciones matrimoniales. N°2 y 4.
N°2 trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común, es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio.

En este caso se han considerado las siguientes cuestiones:
- comprende la trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio.

Por lo tanto los deberes que se violan son los consagrados en los art 131 y 133.

- exigencia de gravedad.

Se reitera el carácter grave que ha sido dado para configurar la causal genérica. Se debe reflexionar igualmente que ha querido señalar el legislador con esta reiteración.


  • exigencia de reiteración.

Se incorpora que la infracción a los deberes además de grave debe ser reiterada, de modo tal que no baste la realización de la conducta por una única vez sino que a lo menos debe darse en dos oportunidades.

Por ejemplo: supone que el adulterio para constituir la causa de divorcio debiera darse en más de una oportunidad sin importar si es la misma persona con quien se realiza el acto sexual.


  • comprende a las causas contenidas en los n° 1,5,6,8 ley de 1884 art 21


Agrega el abandono continuo y reiterado del hogar común.

El legislador señala especialmente que constituye la causa genérica de divorcio el abandono continuo y reiterado del hogar común por el otro cónyuge.


  • nuevamente se exige reiteración, por lo tanto debe ocurrir a lo menos en 2 oportunidades.

  • Establece la exigencia de continuidad, es decir, por un tiempo más o menos prolongado.

  • Las exigencias de reiteración o continuidad son disyuntivas.


Debe reflexionarse mediante la jurisprudencia y doctrina cuando se configura .
N° 4 conducta homosexual.

Viene a ratificar como elemento esencial del matrimonio la diferencia sexual de los cónyuges.

Es una causa novedosa, no se encontraba en los catálogos de la ley de 1884.

Habla de “conducta homosexual” no de homosexualidad, uno de los cónyuges debe desarrollar una conducta calificada de homosexual.
Conducta: exteriorización, debe demostrar conductas propias de la homosexualidad.

Sino se desarrollo la conducta aún siendo homosexual no se configura la causal.
3. Los que constituyen un vicio grave que afecte la convivencia armoniosa n° 3 y 5.

A deferencia de los otros casos sí se exige una declaración prejudicial en sede penal porque exige una condena ejecutoriada.
Entre otros comprende:

  • Aborto

  • Abandono de niños y personas desvalidas

  • Delitos contra el estado civil

  • Violación y demás delitos sexuales

  • Homicidio


No se exige que sea condenado a una determinada pena.

Configura como una sanción por la culpabilidad declarada en sede criminal por uno de los cónyuges, pero tal declaración subjetiva del caso no siempre se configura respecto de la familia.
Se reitera la exigencia de gravedad.

Se reitera el efecto de la intolerabilidad de la vida en común “ruptura de la armonía conyugal” . Lo que queda sujeto a la determinación del juez es en que casos se configura inc 2 art 3 lmc.

Es un caso restrictivo en relación a la ley de 1884 ya que en el art 21 n°11 disponía condenación de uno de los cónyuges por crimen o simple delito.
13 de junio
Art. 1 y 3 LMC establece una diferencia de la naturaleza del cese de la convivencia, distinguiendo si se trata de un divorcio de común acuerdo o de voluntad unilateral de uno de los cónyuges.

Tratándose de una petición de divorcio de común acuerdo, el legislador pide que se acredite el cese de la convivencia, a diferencia de lo que ocurre tratándose de una petición unilateral de divorcio en que se agrega que el cese de la convivencia debe ser efectivo para entender que tratándose de una petición de común acuerdo entre los cónyuges que el cese de la convivencia se planteará aún cuando los cónyuges vivieran bajo el mismo techo.

Ya lo fueran en el interés de los hijos o por razones de índole económica. Ello porque conforme una interpretación favorable al divorcio se configura la exigencia del animus separationis.

Por el contrario, tratándose de una petición unilateral de uno de los cónyuges, no bastaría para ejercer la acción el sólo ánimo de separación, sino que además se requeriría el hecho material de la separación, el corpus separationis.
3° requisito: plazo no interrumpido por la reanudación de la vida en común, ello conforme al art. 55 inc. final LMC.
Si existiere reanudación de la vida en común entre cónyuges, con ánimo de permanencia se interrumpe el plazo por el cual ha de durar el cese de la convivencia y comienza a correr nuevamente, una vez que se acredite la fecha cierta de la convivencia.

La exigencia del ánimo de permanencia denota que no basta el sólo hecho de vivir bajo el mismo techo de forma esporádica, sin que exista un ánimo, una intención estable por mantener la vida matrimonial.

El divorcio por cese de la convivencia lo vamos a clasificar:

1.- en divorcio por mutuo acuerdo y

2.- divorcio por petición unilateral de uno de los cónyuges.
1.- el divorcio por mutuo acuerdo: se encuentra regulado en el art. 55 inc 1° LMC. Debe producirse el cese de la convivencia por el plazo de 1 año.

Conforme al art. 55 inc. 1° LMC, se requiere para estos efectos lo siguiente:
1° solicitud conjunta de los cónyuges, es decir se exige que haya común acuerdo entre los cónyuges, a fin de ejercer conjuntamente la acción de divorcio.
2° cese de la convivencia por un plazo superior a 1 año. Este plazo ha de ser ininterrumpido, y habrá que acreditar el cese de la convivencia, conforme lo señala los art. 22 y 25 LMC.
3° se ha de presentar conjuntamente un acuerdo regulador de relaciones mutuas entre los cónyuges y respecto de los hijos, exigencia que se encuentra en el inc. 2° art. 55, y a igual como ocurre en el art. 27, tratándose de la separación judicial convencional, el que a si turno se remite al art. 21, dado para la separación de hecho, se señalan las materias que han de ser objeto de este acuerdo regulador.
Tengamos presente que el art. 55 inc. 2° señala que el acurdo será completo cuando se refiera a las materias indicadas en el art. 21, y será suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, y protege al cónyuge débil.
2.- divorcio por petición unilateral de uno de los cónyuges: se encuentra regulado en el inc. 3° del art. 55, y habilita a uno de los cónyuges, cuando se cumplan los requisitos que se va a señalar para ejercer la acción de divorcio:
1° cese efectivo de la convivencia (y nos remitimos a lo recién dicho del cese de la convivencia, en cuanto requisito general, para que proceda el divorcio).
2° cese de la convivencia por un plazo mayor a 3 años: en este caso, también el plazo ha de ser ininterrumpido y se acreditará el cese de la convivencia fijando la fecha cierta de esta circunstancia, conforme a los art. 22 y 25 LMC.
3° que el demandante haya cumplido con las obligaciones de alimentos para con su cónyuge y sus hijo, ello conforme a la parte final inc. 3° del art. 55.
Art. 55 inc. 3°: “Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo.”
Supuestos en este 3° requisito:
1°_ que exista una sentencia judicial, que condene al cónyuge demandante al pago de los alimentos, o una transacción, aprobada judicialmente que produzca los mismos efectos.

Si bien no lo ha señalado de forma expresa el legislador, a esta conclusión ha llegado tanto la doctrina como la jurisprudencia, tratándose de la obligación legal de alimentos para que constituya una asignación forzosa, conforme lo señala el art. 1167 CC.

De lo contrario, el demandante nunca podría ejercer la acción de divorcio, porque sobre él pesa la obligación legal de dar alimentos, en términos generales.
** siempre entre los cónyuges hay obligación de pagar alimentos, y respecto de los padres en favor de sus descendientes. Si no exigimos que este determinado el pago de alimentos, nunca se podría ejercer la acción de divorcio, porque al momento de ejercerlo, lo que la otra parte va a pedir es “que esa persona no ha cumplido con su obligación de dar alimentos”, pero no nos sirve una obligación que esta establecida de forma abstracta en el ordenamiento jurídico, sino que necesitamos un acto que la particularice y determine que una persona se encuentra obligada a dar una suma de dinero, a favor de determinadas personas por concepto de alimentos. A esa solución se llega en materia de asignación forzosa (en derecho sucesorio se verá), y estas son aquellas que el testador esta obligado a respetar, y de no hacerlo, la ley lo hace. Y una de las asignaciones forzosas son los alimentos debidos. Por lo tanto, antes de determinar la masa a partir de la herencia, vamos a sacar los alimentos que se deben a ciertas personas. De ahí que tampoco se exige ninguna sentencia, ni ninguna otra forma de constatar que se ha realizado el derecho de pagar alimentos en el causante, en este caso. Por lo tanto, a la muerte del causante, cualquier persona podría pedir que se saque aquello que le corresponde por alimentos, porque es una obligación general, pero no se individualizado o particularizado, y la jurisprudencia y la doctrina son unánimes al señalar que para estos efectos, debe existir un acto mediante el cual se haya fijado la obligación particular del causante de pagar los alimentos. Mutatis mutandi, pareciere conveniente en consecuencia fijar el mismo requisito en este caso, que si estamos hablando de que el demandante a debido cumplir con una obligación de alimentos, este efectivamente radicada en él la obligación de pagar alimentos, ya sea mediante una sentencia judicial, ya sea mediante un acto jurídico. (Recordar Introducción al Derecho: la sentencia judicial como norma individualizadora, y entonces, fuente formal de derecho, y se daba como ejemplo el caso de la compraventa, y se decía, la compraventa esta regulada en el CC, pero mientras no haya un acto que la individualice, no es fuente formal de derecho respecto de quienes tienen la calidad de vendedor o comprador, por lo tanto nadie puede pedir por cuanto esta regulado en el CC, que otra persona le entregue una y que la otra le pague un precio, porque es un contrato que esta en general regulado)**
2°_ petición por parte de la demandada: es facultad del demandado pedir al tribunal que conoce del juicio de divorcio, que verifique el hecho que el demandante haya cumplido con sus obligaciones de alimentos, o sea no hay actuación de oficio, sino que queda entregado la iniciativa al demandado.
3° _ se pide un incumplimiento reiterado por parte del alimentante, demandante, en sus obligaciones de alimento.

“Incumplimiento reiterado”= por lo menos 2 veces; si fue tan sólo una vez, no hay reiteración.

Se discutio en el Senado, en la sesión XXXIV qué alcance se debía dar a la palabra “reiterado”. Consta la intervención del Senador Zurita, quien señala que “la indicación se refiere a un incumplimiento reiterado y se ha dicho aquí que este sería la falta de pago de una o más pensiones, pero la palabra reiterado tiene un significado distinto, una cosa es repetir, otra cosa diferente reiterar”, y de ahí entonces que se se sienta el criterio que es necesario a lo menos 2 oportunidades en que el obligado a pagar alimentos, no lo haga.

Momento del incumplimiento: ¿cuándo ha de incumplir? Se entiende que durante el cese de la convivencia.

Según consta en la historia fidedigna de la ley, consta que: si bien el demandante pudo haber dejado de cumplir con su obligación de alimentos, pero que al momento de ejercer la acción de divorcio se encuentra al día en el pago de la pensión alimenticia, no podría ejercerse esta excepción por parte del demandado, lo que se persigue en consecuencia, según consta en la historia fidedigna de la ley, es que la persona (demandante, cónyuge) al momento de ejercer la acción de divorcio, se encuentre al día en el pago de las obligaciones alimenticias devengadas.

Además, este incumplimiento debe ser injustificado: toda vez que la parte final inc. 3° art. 55 dice “pudiendo hacerlo”, o sea el demandante dejo de cumplir su obligación, porque no pudo hacerlo. Profesora entiende que es por causa inimputable al demandante alimentante (caso fortuito, fuerza mayor) que le ha impedido cumplir con su obligación alimenticia. Por ej.: no tendría este carácter la situación descrita en el art. 15 ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuando el alimentante, siendo un trabajador dependiente, ha renunciado voluntariamente a su trabajo, o de mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, y carezca de las rentas suficientes para poder cumplir con sus obligaciones. Sería un caso en que no sería justificada el no cumplir con la obligación de alimentos.

La profesora dice que son más los casos de los que no justifican, que los que justifican. Los que justifican el incumplimiento son de carácter excepcional, extraordinario. Porque además, si fuese un cambio en las circunstancias económicas, debiera ir el alimentante a solicitar la revisión y modificación de la suma que esta obligado pagar alimentos, o la liberación. No esta obligado a pagar alimentos aquel que no tiene capacidad económica para asumir dicho pago. Por lo tanto, son casos residuales en que uno puede entender que efectivamente ha existido un impedimento que ni permitió poder realizar el pago de esta obligación alimenticia. Por ej.: la persona que quedó aislada durante 2 o 3 meses en un territorio insular de la república y él realizaba el pago mediante depósitos en una cuenta corriente, sería caso fortuito.
4°_ se agrega que se trata de las obligaciones de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, en la parte final de este inc. 3°. Dice “respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes”, parece un requisito copulativo, pero creemos que no es en ese sentido el que pudiera darse esta circunstancia.

Dice “los hijos comunes”, ¿quiénes son los hijos comunes de los cónyuges? Lo son aquellos que tienen determinada su filiación, materna y paterna, respecto de quien detenta la calidad de marido y mujer, porque estamos frente a una filiación matrimonial.

¿Pueden haber hijos no comunes a los cónyuges? Sin lugar a dudas, hoy es frecuente encontrar familias que se encuentren constituidas por el padre, la madre, los hijos de ambos, y los hijos que el padre o la madre han podido aportar legalmente, en virtud de una relación previa a este matrimonio. De modo que cuando la ley se refiere a hijos comunes, necesariamente debemos entender que se debe tener la calidad de hijo respecto de aquel que esta condenado al pago de alimentos, porque si no lo es, no tiene derecho a pedirles alimentos.

Ej: una familia, en que Pedro es el marido, María es la mujer, 2 hijos comunes y un hijo que era de María. Luego hay separación entre los cónyuges, o sea cese efectivo de la convivencia, Pedro demanda el divorcio, y María dice que no, porque no se ha cumplido con la obligación de pagar alimentos a su hijo. No va a prosperar, porque Pedro no tiene obligación de alimentos respecto de este hijo, que no es de él, sino sólo de María.

¿Tenía la ley que decir hijos comunes? Pareciera que no, porque sólo se tienen argumentos respecto de quien tiene la calidad de dependientes, en este caso de hijo, y no los hijos del otro, porque no son los hijos del demandante. Por lo tanto, “hijos comunes” pareciera una reiteración que hace la ley, pues sólo existe obligación de pagar alimentos respecto de quienes son dependientes.

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