Guía Básica para comprender y utilizar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”






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Preguntas evaluativas del capítulo V

1) ¿Está informado de si su país firmó la convención y el protocolo el 30 de marzo del

2007? ¿Quién lo hizo en representación de su Estado? ¿Qué ambiente hay en la

Cancillería para impulsar la ratificación del tratado y del protocolo facultativo?

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2) ¿Considera que es necesaria una campaña de divulgación del texto de la convención?

Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué entidad u organizaciones considera que la deben

impulsar y a que sectores debe ir dirigida?

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3) Investigue cuáles son los pasos, que contempla la legislación de su país para que se

logre la ratificación de un tratado como la convención. Tome como referencia los descritos

para Nicaragua.

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4) A partir de lo investigado, en el punto anterior, reseñe tres acciones de incidencia de

organizaciones de personas con discapacidad, dirigidas a hacer avanzar el proceso de

ratificación, dirigidas a tres actores institucionales diferentes:

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5) ¿Considera que para impulsar acciones por la ratificación del tratado y el protocolo

facultativo es necesario que las organizaciones de personas con discapacidad y otras

interesadas se unifiquen en un frente común o que mantengan distintas iniciativas

separadas?

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Capítulo VI - ¡Haciendo uso de la

Convención!

El propósito del presente capítulo es informar sobre las necesidades que se generan (o

deben generarse), a partir de la ratificación y entrada en vigor de la convención en un país,

tanto en lo que se refiere a cambios y adaptaciones de normas internas a través de

reformas legislativas como de designación de instituciones y mecanismos para la

aplicación del tratado, por medio de políticas públicas y programas. Se destaca también en

este capítulo el rol de la sociedad civil en todos estos procesos.

1. Reformas de leyes nacionales a partir de la ratificación del

tratado

Una vez que la convención es ratificada por nuestros respectivos países, ésta se convierte en

ley nacional y sus disposiciones son integradas al sistema jurídico, en este caso, de

protección de los derechos de las personas con discapacidad, independientemente de que

haya entrado en vigor o no internacionalmente. Se debe recordar que su entrada en vigor

internacional, se dará cuando sea ratificada por 20 Estados.

Algo que habrá que determinar es, que valor o rango tiene el nuevo tratado en relación

con la Constitución y las leyes de nuestros países. Tal ubicación de la convención en relación

con el sistema jurídico del país, tiene importancia para determinar el peso que tendría el

tratado, cuando sea ratificado. Este es un tema que se tendrá que investigar, ya sea buscando

y leyendo normas donde esté definido el asunto o, bien, consultando a expertos en la materia.

Tenemos cuatro opciones:

(1) que la convención tenga valor superior a la Constitución Nacional); (rango supraconstitucional),

(2) que tenga el mismo rango o valor que la Constitución (constitucional);

(3) que tenga un valor superior a las leyes del país (supra-legal) y

(4) que tenga el mismo valor que las leyes; lo que la coloca en la categoría de legal.

Utilicemos un ejemplo. Si queremos averiguar cuál es la relación que establece la normativa

de Costa Rica, entre un tratado internacional ratificado por la Asamblea Legislativa y las leyes

del país, podemos revisar la Constitución Política costarricense para conocer que dice al

respecto.

Precisamente su artículo 7, nos aclara lo que estábamos buscando. Ese artículo dice,

textualmente, lo siguiente:

“Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente

aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día

que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.3

3 Constitución Política de la República de Costa Rica,

http://www.asamblea.go.cr/proyecto/constitu/const2.htm

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Eso quiere decir que la convención en ese país centroamericano, tendrá un valor superior a

sus leyes. Ahora bien, aquí puede surgir la pregunta: ¿Qué valor práctico tiene que hayamos

determinado que en Costa Rica el tratado tenga valor supra-legal? Pues bien eso es muy

importante, ya que una vez que la convención forme parte del ordenamiento jurídico

costarricense (porque ya fue ratificada por este país), una determinada norma que esté en la

ley y en la convención, prevalecerá lo que esté escrito en el tratado, siempre y cuando sea

más avanzada en materia de derechos humanos.

Pongamos un ejemplo: En este momento, a la hora de resolver un asunto legal que involucre

a una persona con discapacidad mental o psico-social (digamos, la herencia de una

propiedad), éste será resuelto con lo que fija la ley costarricense en materia de interdicción y

curatela, donde pesa mucho el rol del representante de esa persona. Con la entrada en vigor

de la convención, tal asunto tendrá un marco distinto, ya que deberá de prevalecer lo que

indica el artículo 12 del tratado (“Igual reconocimiento como persona ante la ley”), donde el

papel del representante es menor y donde hay una preocupación mayor en proteger ese

derecho en las personas con discapacidad.

Ahora veamos otro tema de un valor fundamental. ¿Cómo las disposiciones que contiene la

convención se podrán aplicar en nuestros países? Como hemos visto a lo largo de esta Guía,

el tratado sobre derechos de las personas con discapacidad, nos ofrece una serie de

disposiciones genéricas y de principios, que son muy valiosas para la orientación pero que

pueden presentar dificultades para su aplicación práctica. En este sentido, la convención es

como un faro, cuya luz sirve para orientar el rumbo del barco. Esa luz debe servir para fijar los

cambios que se deben de impulsar, en las normas existentes en el país al momento de la

ratificación, para que se ajusten a lo indicado por la convención. Es decir, el tratado aunque se

haya ratificado y convertido en parte del ordenamiento jurídico del país, no se podrá aplicar en

todos los casos y derechos que reconoce y protege, de manera automática, sino que, en

muchas ocasiones, tendrá que hacerse a través de reformas legislativas, que hagan aplicable

lo dispuesto por el tratado.

Es a partir de esta necesidad que en el artículo 4 del la convención, relativo a las

“Obligaciones generales”, establece lo siguiente:

“Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los

Estados Partes se comprometen a:

a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente

Convención;

b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar

o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan

discriminación contra las personas con discapacidad;”

Así las cosas, una tarea en la que debemos de trabajar las organizaciones de personas con

discapacidad y, en general, quienes están interesados en que la convención se aplique y se

convierta en instrumento transformador, es comparar cómo los distintos temas contenidos en

el tratado, están fijados en las leyes de nuestros países. ¿Tienen el mismo enfoque? ¿Tienen

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un enfoque distinto? ¿Consideran de igual o similar manera a las personas con discapacidad?

¿En qué paradigma o modelo se basan estas normas? ¿En el tradicional, en el médico, en el

derechos humanos y de desarrollo social?
Sigue un dibujo donde se observa un grupo numeroso de personas con y sin discapacidad, frente a un gran edificio que dice “Congreso Nacional”. Llevan una manta que dice: “¡Apliquen la Convención: El artículo XX de la Constitución, discrimina a las personas con discapacidad!”
Para desarrollar esta tarea, podemos aplicar este método: En una primera columna,

colocamos la Convención de la ONU, en la contigua (a la derecha) colocamos la ley nacional

sobre discapacidad y en las columnas subsiguientes otras leyes que contengan disposiciones

sobre las personas con discapacidad. Podemos dejar una columna final, en la cual se puedan

colocar las observaciones, una vez que hayamos comparado y analizado las normas

existentes en las leyes nacionales y los contenidos equivalentes en la convención

internacional.

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Pongamos un par de ejemplos:

a. Comparación entre la Convención y la Ley de Equiparación de

Oportunidades de El Salvador (decreto Nº 888)/ Tema: Accesibilidad.


Texto de Convención

Ley salvadoreña

Observaciones/ Conclusión


Artículo 9.
Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.



CAPITULO III
ACCESIBILIDAD


Art. 12.- Las entidades responsables de autorizar planos y proyectos de urbanizaciones, garantizarán que las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad publica o privada, que impliquen concurrencia o brinden atención al publico, eliminen toda barrera que imposibilite a las personas con discapacidades, el acceso a las mismas y a los servicios que en ella se presten.

En todos estos lugares habrá señalización con los símbolos correspondientes.


Art. 13.- Los establecimientos públicos o privados, deben contar por lo menos, con un tres por ciento de espacios destinados expresamente para estacionar vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad; estos espacios deben estar ubicados cerca de los accesos de las edificaciones.


Art. 14.- Los vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad deberán contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento, expendida por las autoridades competentes en materia de transporte.


Art. 15.- Los establecimientos públicos o privados deberán procurar que los ascensores cuenten con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva, y dáctil y con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas.

Art. 16.- Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte público, deberán establecerse normas técnicas congruentes a las necesidades de las personas con discapacidad; asimismo, se acondicionaran los sistemas de señalización y orientación de espacio físico.


Art. 17.- Las instituciones públicas o privadas procurarán que los programas de información al público, sean presentados en forma accesible a todas las personas.



Observación 1:
La ley salvadoreña está muy centrada

en el entorno físico y muy limitadamente en el entorno informativo y comunicacional. Por su parte, la convención aborda el tema de accesibilidad, de manera amplia, incluyendo a todas las personas con discapacidad, que se pueden ver afectadas por la falta de accesibilidad en distintas áreas.
Observación 2:
En la convención, se plantea la adopción de medidas para asegurar el acceso a los distintos ámbitos donde se requiere accesibilidad. En la ley salvadoreña, se fijan las obligaciones de manera muy vaga o débil. Por ejemplo, en el transporte, no se fija la obligación del Estado de garantizar transporte colectivo accesible para todas las personas, incluidas las PcD y en vez de garantizarse la accesibilidad a los programas informativos, se indica que se procurará.


Observación 3:
Mientras en la Convención se fijan medidas concretas para asegurar la accesibilidad a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones; en la ley de El Salvador, prácticamente, este tema no es abordado.
Conclusión:
Es necesaria una reforma legislativa a la ley salvadoreña que haga incorporar todos los temas de accesibilidad contenidos en la convención y con una obligación más firme y clara para el Estado salvadoreño.
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