Tribunal contencioso administrativo del huila






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títuloTribunal contencioso administrativo del huila
fecha de publicación30.09.2015
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión
Neiva, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Acción : TUTELA

Demandante : ANA MILENA TRUJILLO TOVAR

Demandada : FONDO DE CESANTÍAS Y PENSIONES HORIZONTE -

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL -

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 23 31 000-2009-00291-00

Acta : Nº 95


ANA MILENA TRUJILLO TOVAR ha instaurado acción de tutela contra el Fondo de Cesantías Horizonte y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por violación de los derechos a la seguridad social pensional y al trabajo, los cuales considera vulnerados por la primera entidad citada al no dar respuesta a la petición formulada el 21 de julio de 2009.

I.- HECHOS
En síntesis, la accionante en su escrito expuso lo siguiente:
Cuando la señora Ana Milena Trujillo Tovar trató de inscribirse a pensiones y cesantías en el Fondo de Pensiones Horizonte le informaron que no podían realizar el trámite porque otra persona de nombre Lina Yulieth Saavedra Tacuma, figura inscrita con el mismo número de cédula de ciudadanía.
Por lo anterior, inmediatamente se dirigió a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde previo la consignación del valor de $3.000 en el Banco Popular, el 21 de julio de 2009 la entidad certificó que verificada la cédula de ciudadanía Nº 1.075.240.784 de Neiva corresponde a Ana Milena Trujillo Tovar, expedida el 2 de enero de 2008.
La señora Trujillo Tovar se dirigió nuevamente a las oficinas del Fondo de Pensiones Horizonte, donde presentó un oficio solicitando la anulación de la afiliación de la señora Lina Yulieth Saavedra Tacuma por figurar con el mismo número de su cédula de ciudadanía. Han transcurrido casi dos meses y la entidad no ha dado respuesta; además ha efectuado varias llamadas telefónicas pero aún no le han solucionado su problema.


II.- PRETENSIONES
La accionante en su escrito de tutela solicita:
1. Tutelar un (sic) derecho fundamental a seguridad social pensional y al trabajo en consecuencia ordenar que en un termino no mayor de 48 horas se ordene a la empresa Horizonte desvincular a la señora LINA YULIETH SAAVEDRA TACUMA quien figura con el numero de mi cedula.
2. A la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL la cancelación de la asignación del número de cédula 1.075.240.784 a la señora LINA YULIETH SAAVEDRA TACUMA.”


III.- ACTUACIONES
1.- Mediante proveído del 15 de septiembre de 2009, se admitió la acción de tutela instaurada, ordenando su notificación al representante legal del Fondo de Pensiones Horizonte y a los Registradores Nacional y Especial de Neiva.
En dicho proveído se ordenó oficiar al representante legal del Fondo para que expusiera las razones por las cuales no ha dado respuesta a la petición del 21 de julio de 2009 formulada por la señora Ana Milena Trujillo, donde solicitaba la anulación de la afiliación que figura con el número de su cédula de ciudadanía. Igualmente se solicitó al Registrador del Estado Civil y al Director Nacional de Identificación informen si Lina Julieth Saavedra Tacuma figura como titular de la cédula de ciudadanía número 1.075.240.784 (fls. 12-13).
2.- En la misma fecha -15 de septiembre-, la Secretaría de la Corporación, vía fax notificó el auto admisorio a las entidades demandadas y solicitó los informes requeridos en dicho proveído

(fls. 15 a 23).


IV.- CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA
1.- REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
La Jefe de la Oficina Jurídica de la entidad, mediante oficio OJT-3996-2009 del 18 de septiembre de 2009 (fls. 26-27), informa que mediante el Decreto-Ley 1010 de 2000 se estableció la organización interna de la Registraduría, se fijaron las funciones de sus dependencias, determinando dentro de ellas que la preparación, validación, producción y envío de la cédula de ciudadanía corresponde al Delegado para el Registro Civil y la Identificación (artículos 38 y 39).
Señala que consultado en el Archivo Nacional de Identificación –ANI, el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos -GED, la Herramienta Logística de Entrega de Documentos -HLED y el archivo temporal MTR, se concluyó que a la señora Ana Milena Trujillo Tovar le fue expedida el 2 de enero de 2008 la cédula de ciudadanía número 1.075.240.784, documento que a la fecha se encuentra sin novedad y a la señora Lina Julieth Saavedra Tacuma se le expidió el 3 de enero de 2008, la cédula de ciudadanía número 1.075.240.794, que a la fecha se encuentra sin novedad.
Agrega que la Dirección Nacional de Identificación informó a la tutelante el estado actual de su documento de identidad mediante comunicación del 17 de septiembre de 2009.
Concluye peticionado que “Del modo expuesto, se prueba el cumplimiento de la Entidad a lo solicitado por el peticionario por vía de tutela, así que de manera respetuosa ruego se desestime la Acción.”
2.- BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS
La representante legal para asuntos judiciales manifiesta que mediante comunicación del 21 de septiembre de 2009 la entidad dio respuesta de fondo a la solicitud presentada por la señora Ana Milena Trujillo Tovar, informándole que el 28 de febrero de 2008 la señora Lina Yulieth Saavedra Tacuma identificada con la cédula de ciudadanía Nº 1.075.240.794, erró al diligenciar en el formulario de solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Horizontes registrando en dicho formulario el número de cédula 1.075.240.784.
Agrega que una vez verificada la inconsistencia se procedió a corregir el error unificando la cuenta individual de ahorro pensional de la afiliada Lina Julieth Saavedra Tacuma en el Fondo de Pensiones Horizonte y liberando el número de cédula 1.075.240.784 de la base de datos central. En consecuencia la señora Ana Milena Trujillo Tovar no se encuentra vinculada al Fondo.
Solicita no conceder a la señora Trujillo Tovar la acción incoada por cuanto la sociedad administradora dio respuesta de fondo a la petición formulada y remitió la misma a la dirección informada.


V.- DOCUMENTOS ALLEGADOS AL EXPEDIENTE
1.- Fotocopia de la cédula de ciudadanía número 1.075.240.784 cuyo titular es Ana Milena Trujillo Tovar (fl. 3).
2.- Petición formulada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por Ana Milena Trujillo Tovar, solicitando verificar su cédula de ciudadanía porque figura con el mismo número el documento de la señora Lina Julieth Saavedra Tacuma (fl. 4).
3.- Oficio RNEC-DNI-AT-3996-2009 del 17de septiembre de 2009 suscrito por el Coordinador Grupo Jurídica DNI de la Registraduría Nacional del Estado dirigida a la señora Ana Milena Trujillo Tovar, mediante el cual informa que su documento de identidad número 1.075.240.784 a la fecha se encuentra sin novedad y que a la señora Lina Julieta Saavedra Tacuma le correspondió en número 1.075.240.794 (fls. 28-29).
4.- Certificación de fecha 21 de julio de 2009 suscrita por el Registrador Especial del Estado Civil de Neiva, donde se lee:
Que de acuerdo con las Tarjetas Alfabética de cedulación que reposa en esta oficina el señor (a) ANA MILENA TRUJILLO TOVAR tramitó el día 02 de Enero de 2008, la cédula de Ciudadanía por primera vez, correspondiéndole el cupo numérico 1.075.240.784 de Neiva – Huila.” (fl. 5)
5.- Fotocopia de la tarjeta alfabética correspondiente al número 1.075.240.784 a nombre de Ana Milena Trujillo Tovar y número 1.075.240.794 cuya titular es Lina Julieth Saavedra Tacuma (fl. 32).
6.- Petición formulada al Fondo de Cesantías Horizonte por la señora Ana Milena Trujillo T., el 21 de julio de 2009, mediante la cual solicita “…anulación de la afiliación q’ (sic) aparece con ustedes con el número de mi cédula de ciudadanía la cual aparece con otro nombre y yo nunca he estado afiliada a ningún fondo de pensiones obligatorio.” (fl. 7).
7.- Oficio de fecha 21 de septiembre de 2009 suscrito por la Analista de Gestión de Requerimientos Equipo Apoyo Operativo de la empresa BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, mediante el cual da respuesta a la solicitud presentada por la señora Ana Milena Trujillo Tovar (fls. 33-34).

VI.- CONSIDERACIONES



1.- ASUNTO JURÍDICO A RESOLVER
Consiste en determinar si la sociedad administradora BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías ha vulnerado los derechos a la seguridad social pensional y al trabajo a la señora Ana Milena Trujillo Tovar, al no dar respuesta a la petición formulada el 21 de julio de 2009, donde solicitó anulación de la afiliación que figura en los registros de la entidad con su número de cédula pero a nombre de otra persona; además, si la Registraduría Nacional del Estado debe cancelar el número de cédula 1.075.240.784 asignado a la Lina Yulieth Saavedra Tacuma.
No obstante que la tutelante alega que le han vulnerado los derechos mencionados al no dar respuesta a la petición formulada el 21 de julio de 2009, la Sala considera que en este caso se plantea la vulneración del derecho de petición.
Así las cosas, se establecerá si la sociedad administradora de pensiones vulneró el derecho de petición a la accionante al no dar respuesta a la susodicha petición. A fin de resolver el problema planteado se analizarán los siguientes aspectos.

2.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
Este derecho constitucional fundamental es susceptible de ser reclamado mediante acción de tutela, cuando las autoridades no responden las solicitudes respetuosas que se les formulen.
El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42 señaló los diferentes eventos de su procedencia de la acción de tutela contra particulares.
De otra parte en materia de acción de tutela cuando se pretende la protección o amparo del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, dicho precepto señala como sujetos pasivo a las autoridades sin que haga mención a los particulares que no ejercen ninguna función pública. Ante este vacío normativo la Corte Constitucional sentó el siguiente criterio jurisprudencial:
En cuanto al ejercicio de este derecho contra particulares deben distinguirse dos situaciones. La primera, si la organización privada presta un servicio público o si por la función que desempeña adquiere el status de autoridad, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública[17]. La segunda, cuando el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no actúa como autoridad, sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado[18]. Por lo tanto, la posibilidad de ejercer el amparo de este derecho, contra particulares, depende del ámbito y de las condiciones que señale el Legislador.

 

La extensión del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando aquel es el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, como quiera que este derecho no puede implicar una intromisión indiscriminada y arbitraria en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público.” [19] (subrayas añadidas).”1

 

4.4.  Así pues, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, los particulares son destinatarios del derecho de petición siempre y cuando: (i) presten servicio público o por la función que desempeñen adquieran status de autoridad, o (ii) cuando se trate de particulares que no actúan como autoridad, tal derecho procede como instrumento para garantizar otros derechos fundamentales.  Por fuera de los anteriores supuestos, la extensión del derecho de petición a los particulares está condicionada a los desarrollos que efectúe el legislador.”2
De acuerdo a lo expresado por la Corte Constitucional, por vía de tutela se puede reclamar la protección del derecho fundamental de petición, cuando ha sido vulnerado o amenazado por entidad privada, siempre que con ella se pretenda la defensa de otros derechos fundamentales.
Hecha la anterior precisión se tiene que, cuando se presenta una solicitud a una autoridad o persona privada, estas tienen un término de quince (15) días para que procedan a dar respuesta debiendo decidir los peticionado sin evasivas de ninguna clase; solamente cuando la entidad no pueda contestar en dicho término, debe informarlo así al petente, señalándole la fecha exacta en que se dará la respuesta (artículo 6 Código Contencioso Administrativo). Sobre el particular ha señalado la Corte Constitucional:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible3; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares4; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición5 pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa6; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;7 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.8
Significa lo anterior que se vulnera el derecho de petición cuando no se emite una respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la decisión al peticionario.

3.- CASO CONCRETO
Manifiesta la señora Ana Milena Trujillo Tovar que el 21 de julio de 2009, solicitó al Fondo de Pensiones Horizonte anular la afiliación que figura en los registros de dicha entidad con su número de cédula pero a nombre de Lina Yulieth Saavedra Tacuma, pero a la fecha aún no ha obtenido respuesta, no obstante haber efectuado varias llamadas telefónicas.
Además pretende que la Registraduría Nacional del Estado Civil cancele el número de la cédula 1.075.240.784 asignado a la señora Saavedra Tacuma.
3.1.- RESPECTO AL FONDO DE PENSIONES HORIZONTE - LA PETICION FORMULADA
Como en el presente caso la entidad demandada en acción de tutela es de carácter particular, sin funciones de autoridad, dado que el amparo solicitado se refiere al derecho de petición con el cual se pretende la salvaguarda de derechos constitucionales fundamentales (la seguridad social y al trabajo), centraremos su estudio en razón a su procedencia a la luz del criterio jurisprudencial transcrito en la presente providencia.
Se precisó que el 21 de julio del año en curso la señora Ana Milena Trujillo Tovar solicitó al Fondo de Pensiones Horizonte anulara la afiliación que figura en los registros de la entidad con el número de su cédula de ciudadanía pero a nombre de otra persona porque nunca ha estado afiliada a ningún fondo de pensiones.
De acuerdo a la respuesta a la acción de tutela suscrita por la Representante Legal para Asuntos Judiciales de la sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y a los documentos aportados, se establece que mediante comunicación del 21 de septiembre de 2009, se dio respuesta a la petición formulada por la señora Ana Milena Trujillo Tovar, informándole lo siguiente:
En respuesta a su solicitud radicada en esta Sociedad Administradora el 21 de julio de 2009, nos permitimos informarle que el 28 de febrero de 2008 la señora LINA JULIETH SAAVEDRA TACUMA, identificada con al cédula de ciudadanía número 1.075.240.794 diligenció de forma equivocada en el formulario de solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones Horizonte el número de su documento de identidad, ingresando en dicho formulario el número de cédula de ciudadanía 1.075.240.784.

Una vez verificada la inconsistencia, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. procedió a corregir el error acaecido, unificando la cuenta individual de ahorro pensional de la afiliada LINA JULIETH SAAVEDRA TACUMA en el Fondo de Pensiones Horizonte y liberando el número de cédula de ciudadanía 1.075.240.784 de la base de datos central.
En consecuencia, le informamos que usted no se encuentra vinculada al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.
“…” (fl. 35).
Se infiere de lo anterior que si bien el Fondo no contestó la petición dentro del término de los 15 días que tenía para la respuesta (artículo 6º del Código Contencioso Administrativo), atendió el requerimiento, remitiéndola a la dirección indicada por la accionante.
Así las cosas a pesar de ser extemporánea la respuesta, como se decidió de fondo lo pretendido por la petente, esto constituye un hecho superado por cuanto se ha satisfecho el derecho constitucional de petición, razón por la cual se procederá a declarar la carencia de objeto de la acción de tutela. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado:
En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del amparo constitucional se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Bajo este contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo establece dicho artículo, se limita a que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los mismos.
Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para dicha acción.”9
3.2.- RESPECTO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Pretende la señora Ana Milena Trujillo Tovar que se le ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelar el número de la cédula de ciudadanía 1.075.240.784, asignado a la señora Lina Yulieth Saavedra Tacuma.
En primer término se debe precisar que la accionante no ha solicitado a la Registraduría lo que pretende con esta acción, esto es, cancelar el número de la cédula de ciudadanía 1.075.240.784 asignado a la señora Lina Yulieth Saavedra Tacuma.
Además, tampoco sería viable lo pretendido por cuanto de acuerdo a lo informado por el Coordinador Grupo Jurídica DNI de la Registraduría a la señora Lina Julieth Saavedra Tacuma le fue expedida la cédula de ciudadanía el 3 de enero de 2008 correspondiéndole el número 1.075.240.794 y a la tutelante el 2 de enero del mismo año le fue asignado el número 1.075.240.784, es decir, son dos números diferentes por lo tanto no podría ordenarse la cancelación del número del documento de la señora Saavedra Tacuma.
Así las cosas es evidente que se trata de un error cometido al registrar el número del documento de identidad al diligenciar el formulario de solicitud de vinculación a la sociedad administradora por lo tanto la entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos invocados por la tutelante, razón por la cual habrá de denegarse el amparo solicitado.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLÁRESE la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado frente a la supuesta violación del derecho fundamental de petición, respecto a la solicitud presentada al Fondo de Pensiones Horizonte (BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías).
SEGUNDO: DENEGAR el amparo de los derechos a la seguridad social y al trabajo, invocados por la señora Ana Milena Trujillo Tovar, presuntamente vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: NOTIFICAR personalmente esta providencia o por el medio más expedito -vía fax o/o telegráfica- a las partes, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión (artículo 31 del Decreto 2591 de 1991).
NOTÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado

ENRIQUE DUSSAN CABRERA GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado


1 Sentencia SU-166/1999.

2 Sentencia T-798 de 27 de septiembre de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.



3 Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

4 Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Sentencia T-1104 de 2002, M.P Manuel José Cepeda.

6 Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

7 Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

8 Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-155 de febrero 15 de 2008. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.


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