Las teorías sobre la aplicación de la norma común por parte de los estados miembros






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TÍTULO II CAPÍTULO V. DE LA INTERNALIZACIÓN DE
LAS NORMAS COMUNES EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN



CAPÍTULO V

LAS TEORÍAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMA COMÚN POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS

7.1. INTRODUCCIÓN
La internalización de las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR por parte de los Estados miembros plantea problemas decisivos a la hora de determinar la naturaleza jurídica del derecho mercosureño, así como de fijar el grado de conformación de los atributos para la supranacionalidad de estas normas en los ordenamientos jurídicos nacionales718. Como detallaremos en este apartado, la cuestión de la internalización719 y consiguiente aplicación de la normativa MERCOSUR, deberá ser analizada a partir de los supuestos establecidos en el TA y en las normas derivadas, además de las habilitaciones constitucionales asumidas por cada Estado Parte. La importancia del análisis de los mecanismos de adopción de las normas por parte de los países mercosureños radica, justamente, en la comprobación de la aplicabilidad directa, el efecto inmediato y la primacía de las normas comunes sobre las leyes internas, características que ya hemos examinado a lo largo de nuestra tesis doctoral, pero que serán ahora investigadas desde la perspectiva de la existencia de un “atisbo de supranacionalidad” por parte del MERCOSUR720.

En el contexto de la integración del MERCOSUR, el Tratado fundacional había previsto, en su art. 1, “el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”, enunciado que combinado con el art. 16, conformaría la base jurídica para la implantación de los instrumentos de internalización de las normas mercosureñas. La escasa referencia a los métodos integradores normativos en el TA puede ser atribuida, tal y como ocurrió con las instituciones, a la cautela de los Gobiernos de los Estados miembros, con la manifestada postura a favor de la flexibilidad y reserva asumida por los firmantes del Tratado de 1992. Con la firma del POP, se establecen los requisitos específicos para la internalización de las normas, fijados especialmente en los Capítulos IV y V del Protocolo. Como resultado, se previó un procedimiento de internalización de las normas a los ordenamientos jurídicos que no llevó en consideración los supuestos supranacionales contenidos en el derecho comunitario lo que, de cierta manera, ha provocado un debilitamiento en la aplicación y cumplimiento por parte de los Estados miembros721.

Cabe mencionar que algunas Resoluciones y Recomendaciones de diferentes organismos del MERCOSUR, hicieron mención a la problemática de la internalización de las normas. Como primera aproximación al tema, en julio de 1998, el Grupo Mercado Común resolvía que los “Estados Partes realizarán los máximos esfuerzos para la incorporación (…) de la normativa MERCOSUR no incorporada hasta el presente al ordenamiento jurídico nacional”, al tiempo que solicitaba a la CPC722, por intermedio del Consejo del Mercado Común, que arbitrara “los medios para que los Poderes Legislativos de los Estados Partes den consideración prioritaria a los distintos proyectos en trámite parlamentario de normativa MERCOSUR aprobada hasta el presente, que requiere incorporación por vía legislativa”. En julio de 1999, el Consejo del Mercado Común resolvió volver a solicitar a la CPC “para que, por su intermedio se efectúen las gestiones necesarias ante los Poderes Legislativos de los Estados Partes, a fin de acelerar los procedimientos internos necesarios para la incorporación de la normativa MERCOSUR que requiera aprobación legislativa”. Por su parte, en junio del 2000, el Consejo del Mercado Común volvía una vez más sobre el tema, en esta oportunidad adjudicándole a la entonces Secretaría Administrativa del MERCOSUR funciones específicas para agilizar la incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados partes, entre otras disposiciones.

Asimismo, en este epígrafe pretendemos examinar cómo se da la habilitación constitucional de cada país para la debida internalización y aplicación de la normativa mercosureña a los sistemas jurídico-constitucionales, habilitación que determinaría, a su vez, la propia índole del derecho del MERCOSUR. En dicho contexto, tendremos que analizar las dos teorías – dualista y monista – que conceden a la norma emanada de órganos extraestatales la potestad definitiva para disponer sobre la vigencia, con preponderancia, de las normas internas723. La creación de normas por parte de instituciones supranacionales supone un esquema constitucional que propicie los procesos de integración supranacionales, y que como veremos, son jurídicamente asimétricos en los Estados del MERCOSUR724.

A partir de un estudio normativo, jurisprudencial y doctrinal haremos las distinciones necesarias para que se pueda establecer un marco jurídico para las normas mercosureñas, adaptándolas a nuestra propuesta de instituciones comunitarias. Tenemos que recordar que la tríada instituciones/ adopción y aplicación de normas/ control de los actos jurídicos constituye el eje central sobre el cuál basamos nuestra tesis doctoral, como elementos imprescindibles para la concreción de un mercado común. La indefinición en algunos de estos factores podría conllevar a la ausencia del éxito pretendido por los Gobiernos nacionales, al tiempo que alejaría todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos expuestos en el TA725.

En definitiva, tenemos que manifestar que la internalización de las normas, a pesar de no ser el tema central de nuestro trabajo, es un asunto que demanda una investigación cuidadosa, aunque no pretendemos extendernos más allá de los análisis estrictamente necesarios para la superación de los obstáculos y para la puesta en marcha de un derecho propio y preponderante para el MERCOSUR.
7.2. LA CREACIÓN DE NORMAS COMUNITARIAS POR UNA INSTITUCIÓN LEGISLATIVA SUPRANACIONAL Y LOS ATRIBUTOS DEL DERECHO COMUNITARIO
El reconocimiento de un derecho comunitario por parte de los Estados que componen una asociación del tipo mercado común, es esencial para la construcción del propio sistema jurídico supranacional. La potestad dada a una institución extraestatal de crear normas comunitarias, a observar por los Estados miembros, fue, sin duda, la principal y novedosa aportación del derecho comunitario europeo. El reparto de competencias entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias se desarrolla bajo la dimensión de cesiones legislativas sobre la base de la atribución de competencias que, antes de la institución de la UE, se concentraban en manos exclusivas del Estado, como partes de sus respectivas soberanías726.

La discusión en torno a la cesión de competencias se centra, principalmente, si los Estados, cuando asociados a un espacio institucional unificado y al determinar la constitución de elementos disociativos de la soberanía nacional, “pierden” parte de las funciones estatales tradicionales. La concepción de la soberanía como un valor jurídico-político materializado por la independencia y autonomía de los Estados727, se originó a partir de los supuestos del llamado Estado nación durante los siglos XVIII y XIX, pero que conoció una mayor expansión a partir de los siglos XIX y XX728. La cuestión también plantea debates sobre si la cesión se refiere al contenido formal de la soberanía y de las consiguientes competencias o funciones estatales, o más bien si se refiere al ejercicio de las competencias dadas a las instituciones, teniendo como resultado que éstas sigan perteneciendo al Estado, pero siendo ejecutadas por las instituciones comunitarias.

El reparto de competencias entre los Estados y las instituciones supranacionales se da, básicamente, por la propia voluntad de aquellos en fijar las materias que serán atribuidas a éstas. El debate sobre la cesión de competencias o de su ejercicio, a pesar de vigente, no despierta mayores dudas cuando los Estados miembros de una Comunidad establecen normas a partir de una raíz institucional comunitaria: el poder legislativo común729.

¿Podríamos decir que la creación de normas comunes a todos los Estados conformadores de una asociación regional, lograría ser efectivamente aplicada y cumplida, aunque no hubiese una estructura institucional comunitaria afianzada por aquellos? ¿La ausencia de una institución legislativa común, creada por los propio Estados, provocaría el debilitamiento de todo el sistema de la asociación interestatal? ¿Cómo se procedería a regular las acciones de los Estados, de las instituciones y de los ciudadanos si no se reconociese una institución con potestades legislativas? La creación de un derecho propio que establezca las normas que deban ser respetadas por todos los participantes en un proceso de integración, deriva de la necesidad imperante de conjugar los intereses nacionales con los intereses de la Comunidad de Estados. En dicho sentido, un poder legislativo común sería el ente supraestatal responsable de fijar la gama de actos jurídicos, que tienen que ser compaginados por los países miembros con las competencias internas exclusivas.

En el MERCOSUR, la potestad legislativa, según nuestra propuesta institucional, sería dada al CMC – órgano intergubernamental y al Parlamento mercosureño – órgano comunitario, como forma de equilibrar el juego de intereses entre los Gobiernos nacionales y la Comunidad. La competencia legislativa estaría limitada por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, insertados en el Tratado constitutivo adoptado con ocasión de la adopción de del nuevo sistema institucional730. En última instancia, serían los propios Gobiernos quienes, a partir de las negociaciones y firma del Tratado, estipularían una separación de las competencias supranacionales e internas, de modo que algunas estarían a cargo exclusivamente de las instituciones comunitarias, otras serían compartidas entre los Estados y éstas, y las demás seguirían perteneciente a la esfera interna estatal.

Es ampliamente sabido que el temor de los Estados miembros se refiere, justamente, a la ausencia de un mecanismo claro y eficiente de reparto de competencias; temor que puede ser solucionado con una aplicación estricta del principio de subsidiariedad731. Además, la decisión de aumentar las competencias dadas a las instituciones comunitarias cabrá siempre al CMC – conformado por los representantes de los Gobiernos nacionales. Así, seguiría en mano de los Estados decidir cuáles serían las competencias comunitarias, las compartidas y las exclusivas de éstos.

No obstante, no sería suficiente la creación de una institución con competencia legislativa, si las normas que emanan de ésta no poseen la validez necesaria para que su cumplimiento sea respetado por sus destinatarios o su aplicación pueda ser controlada por una institución independiente732. En este punto, tienen un valor decisivo los principios elaborados por la UE, vinculados a la supranacionalidad del orden jurídico europeo. La confirmación de que el derecho comunitario proviene de un marco normativo común se ve reforzada por la existencia axiológica de los principios, reconocidos tanto en los distintos Tratados fundacionales de la UE como por las reiteradas jurisprudencias del TJCE.

De forma general, podemos expresar que la primacía, el efecto directo y la aplicabilidad inmediata son los guías de la actuación comunitaria, y sin ellos la producción de normas del Consejo de Ministros de la UE se vería mermada, aunque el ordenamiento jurídico comunitario contemplase los elementos orientadores de las competencias comunes. Sin ánimo de agotar el tema, podríamos conceptuar los tres citados principios como:

1) La primacía: Esta supremacía del Derecho Comunitario se funda en su naturaleza de orden jurídico autónomo y exige que las normas europeas sean aplicadas de forma que, en caso de conflicto, desplacen siempre a cualquier norma nacional que sea opuesta a ellas733. Esta exigencia resulta ser fundamental si no se quiere comprometer el proceso de integración.

2) El efecto directo: El efecto directo734 – íntimamente relacionado con la aplicabilidad inmediata – alude a la capacidad de las normas comunitarias de generar derechos y obligaciones para los ciudadanos de los Estados miembros. En concreto, se trata del derecho de toda persona a reclamar al juez nacional la aplicación del derecho originario y el derivado y la obligación de los jueces de aplicar las normas comunitarias, cualquiera que sea la legislación del país, tanto en lo referido a las relaciones entre particulares como entre ellos y el Estado miembro del que son ciudadanos. La doctrina y la jurisprudencia marcan la distinción entre el efecto directo horizontal, esto es, la posibilidad de que el particular pueda invocar las normas comunitarias frente a los Estados y frente a otro particular; y el efecto directo vertical, como el fundamento inicial de la construcción del efecto directo añadido a la posibilidad de invocar las normas ante los Estados735. El efecto directo horizontal supuso un avance importante en la aplicación de las normas dirigidas a los particulares.

3) La aplicabilidad inmediata: La aplicabilidad inmediata de una norma comunitaria implica que ella adquiere automáticamente estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados miembros, sin requerir norma interna alguna que la trasponga al ordenamiento jurídico nacional. Los poderes de los Estados miembros están obligados a aplicar las normas comunitarias, no pudiendo invocar razones de derecho constitucional para no hacerlo736. En la UE, el derecho comunitario en su conjunto, goza de aplicabilidad inmediata y se integra a los ordenamientos jurídicos nacionales por el solo hecho de su publicación comunitaria.
A partir de los conceptos arriba descritos, nos cabe indagar sobre la existencia de los principios citados en el ordenamiento jurídico del MERCOSUR. La discusión doctrinal sobre el tema no deja lugar a dudas de que no hay un consenso en torno a la constatación de la supremacía, el efecto directo o la aplicabilidad inmediata en el sistema jurídico mercosureño. Es más, dadas las insuficiencias del TA y el “intento de corrección” incompleto por parte de los diseñadores del POP, la cuestión está lejos de ser solucionada.

En efecto, podemos dividir las opiniones doctrinarias en dos partes: aquellas que propugnan por la aplicación de los principios comunitarios a las normas mercosureñas737, basadas en la obligatoriedad contenida en el art. 42 del POP, bien como en los principios dispuestos en el TA; y por otra parte, aquellas que niegan al derecho del MERCOSUR cualquier relación con los mencionados principios, fundamentándose, principalmente, en el reconocimiento normativo por parte del Tratado y demás protocolos738. Además, las carencias institucionales del proceso de integración subregional estudiado contribuyen a la confusión generada por el derecho originario del MERCOSUR.

El principal problema se refiere al artículo 42 del Protocolo, que en una imprecisa y ambigua redacción, establece que las normas emanadas por los órganos del MERCOSUR, tendrán carácter obligatorio y que “cuando sea necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales”. La primera parte del artículo mencionado, no ofrece dudas respecto a la obligatoriedad de la norma mercosureña739, pero la segunda crea mucha incertidumbre respecto a la dualidad que expresa, sobre la existencia de normas que necesariamente deben ser incorporadas al Derecho interno de los Estados miembros, y otras que no requieren de este procedimiento. En este último caso, se estaría frente a una característica propia de la supranacionalidad, que es un principio que precisamente aún no se ha alcanzado y, por tanto, podríamos hallarnos ante un indicio de que las normas emanadas de los órganos comunes no necesitarían la incorporación, en los moldes del derecho internacional público, a los ordenamientos jurídicos nacionales prevaleciendo la aplicabilidad inmediata de la normativa comunitaria.

La interpretación dada por DANIEL PEROTTI con ocasión del II Laudo arbitral, señala que las disposiciones del art. 42 deberán ser consideradas como medios de incorporación de las normas, es decir, “el artículo está imponiendo el recurso al derecho interno no para dilucidar los supuestos en los que será ‘necesario’ incorporar el Derecho MERCOSUR, sino sólo para identificar mediante que ‘procedimientos previstos por la legislación de cada país’ se deberá realizar tal incorporación740.”

En un intento de clarificar las controversias surgidas en relación al Capítulo sobre “incorporación” de las normas en el POP, se aprobaron sendas decisiones sobre el tema. Las más importantes, sin duda, fueron las siguientes741:
- Decisión MERCOSUR/CMC/Dec. nº 23/00: la Decisión aprobada por el CMC en 30 de junio de 2000 tuvo como objetivo aclarar el procedimiento establecido en el art. 40 del POP. El art. 1 confirma la regla del Protocolo al determinar que: “Conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones, Resoluciones y Directivas son obligatorias para los Estados Partes y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales.” La Decisión 23/00 aporta algunos elementos novedosos que podrían dirimir las dudas existentes por las ambigüedades del POP. El art. 5, por ejemplo, fija los supuestos en que las normas no necesitan ser incorporadas, bastando la publicación del acto jurídico por los medios competentes, como en los siguientes casos: “a) los Estados Partes entiendan conjuntamente que el contenido de la norma trata asuntos relacionados al funcionamiento interno del MERCOSUR. Este entendimiento será explicitado en el texto de la norma con la siguiente frase: Esta norma (Directiva, Resolución o Decisión) no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del MERCOSUR. Estas normas entrarán en vigencia a partir de su aprobación; b) el contenido de la norma ya estuviera contemplado en la legislación nacional del Estado Parte. En este caso la Coordinación Nacional realizará la notificación prevista en el Artículo 40 (i) en los términos del Artículo 2 de esta Resolución, indicando la norma nacional ya existente que incluya el contenido de la norma MERCOSUR en cuestión. Esta comunicación se realizará dentro del plazo previsto para la incorporación de la norma. La SM comunicará este hecho a los demás Estados Partes.”

Aquí radica la originalidad de la Decisión examinada, pues lo que se está determinando es la generalidad operativa a lo que sería la norma de excepción, es decir, todas las normas dictadas por los órganos mercosureños necesitan ser “incorporadas” a los sistemas jurídicos nacionales, salvo los casos contemplados en la Decisión MERCOSUR/CMC/Dec. nº 23/00742, lo que confirmaría la regla matriz de internalización de las normas en los Estados miembros.
- Decisión MERCOSUR/CMC/Dec. nº 20/02: establece un procedimiento de perfeccionamiento del método de incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados Partes, a partir de la afirmación de la necesidad de mejorar “los niveles de incorporación de la normativa MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados Partes”, para asegurar la efectividad de los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Asunción. En esta Decisión las principales innovaciones se refieren a la obligatoriedad de que las normas mercosureñas sean aplicadas de manera integral en los ordenamientos jurídicos internos, pues conforme el art. 7, “A efectos de lograr uniformidad en las incorporaciones a efectuar por cada Estado Parte, según lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, las normas emanadas de los órganos decisorios del MERCOSUR que sean aprobadas a partir de 30/06/2003 deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes en su texto integral”. El art. 8, en un ímpetu de reforzar el cumplimento de las normas establece que los Gobiernos deberán preparar las legislaciones nacionales, con la finalidad de adecuarlas a las normas MERCOSUR que serán aprobadas. Finalmente, los arts. 10 y 11 contemplan nuevos supuestos en los que se dará la “aplicabilidad inmediata”, modificando el literal b del art. 5 de la Decisión 23/00 y añadiendo la posibilidad de que a un Estado no le sea exigido acto formal para aplicación interna de la norma, según su propio ordenamiento jurídico nacional743.
- Decisiones MERCOSUR/CMC/Dec. nº 07/03 y nº 08/03: la primera Decisión tiene un carácter prácticamente organizativo, al encomendar al GMC la elaboración de un análisis sobre la aplicación directa en los ordenamientos jurídicos nacionales de la normativa MERCOSUR que no requiera tratamiento legislativo en los Estados Partes. La segunda, la Decisión 08/03, determina un procedimiento para la derogación de las normas del MERCOSUR, fijando en el art. 1, que “La entrada en vigor de la última norma MERCOSUR aprobada implicará la derogación de todas las anteriores vinculadas.”
- Decisión MERCOSUR/CMC/Dec. nº 22/04: sin duda, la Decisión de 2004 relativa a la incorporación de las normas MERCOSUR representa un hito importante en la construcción de un sistema normativo de aplicabilidad directa. Esta decisión determina que las normas originadas de los órganos decisorios del MERCOSUR – una vez aprobadas y recibidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores la copia certificada por la Secretaría del MERCOSUR – deberán publicarse, de conformidad con los procedimientos internos de cada Estado miembro, en los respectivos Diarios Oficiales cuarenta días antes de la fecha prevista en ella para su entrada en vigencia. Junto a ello, esta Decisión también establece que la publicación de las normas MERCOSUR en estos Diarios implicará la incorporación de la norma al orden jurídico nacional, conforme al art. 40 del Protocolo de Ouro Preto – abriendo una perspectiva para que en un futuro se pueda aplicar tal procedimiento a todas las demás normas, y no sólo a las operativas. Se trata de un paso relevante en el reconocimiento de que los actos jurídicos con fuerza decisoria en el MERCOSUR, pueden ser internalizados sin necesidad de adoptar cualquier otro procedimiento.

Otra cuestión planteada por el procedimiento de incorporación deficiente aplicado a las normas MERCOSUR se refiere, justamente, a los plazos para la trasposición al ordenamiento jurídico nacional. Basta recordar que el VII Laudo Arbitral se compuso para resolver una controversia entre Brasil y Argentina, en el cual este país acusaba a Brasil de no incorporar varias resoluciones relativas a medidas fitosanitarias, lo que impedía su entrada en vigor. El dictamen del Tribunal se basó en los principios generales del derecho internacional, al consagrar el pacta sunt servanda y la buena fe, como hilos conductores de la acción de incorporar la norma al ordenamiento interno. No obstante, no determinó cuál sería el plazo razonable para la internalización de las normas mercosureñas744, manifestándose solamente sobre la demanda inter partes y resolviendo a favor de Argentina, al obligar a Brasil a que en 120 días realizase los procedimientos necesarios para la incorporación de las resoluciones requeridas por Argentina.

Por tanto, se puede decir que la realidad de los hechos no condice con la doctrina más optimista respecto a la aplicabilidad inmediata en el ámbito de los Estados miembros, principalmente si analizamos la cantidad de normativa mercosureña que todavía no ha sido incorporada a los sistemas jurídicos internos745. Además, las distintas técnicas de incorporación adoptadas por los Estados del MERCOSUR no permite realizar una interpretación más extensiva que aquella determinada por el POP; basta mencionar la problemática de la incorporación de norma externa dada por la Constitución de Brasil.

En cuanto a la primacía, no existe ningún instrumento constitutivo del MERCOSUR que determine la supremacía de las normas mercosureñas sobre las normas de los sistemas jurídicos nacionales746. El art. 38 del POP podría suponer un compromiso asumido por los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para aplicar los actos jurídicos emanados de los órganos comunes, pero, en realidad, el contenido programático no garantiza la plena primacía de la norma común sobre las normas internas.

Debemos poner de manifiesto que en la UE, la supremacía del derecho comunitario fue el resultado de una construcción jurisprudencial activa y continuada, en la cual el TJCE consideraba este principio como característica intrínseca a la naturaleza específica de la UE. En el MERCOSUR, algunos laudos arbitrales747 hicieron hincapié en la importancia de considerar el proceso de integración y sus efectos como una elemento incompatible con la institución de medidas nacionales de carácter unilateral, ya que la integración subregional parte de la voluntad de los Estados en compartir los intereses dentro de un espacio económico único, donde no se permite a cada cual actuar según el libre albedrío, especialmente si dicha conducta conlleva un prejuicio a los demás países y al propio proyecto integrador.

Asimismo, hay autores que, siguiendo la estela del derecho comunitario, se manifiestan favorables a la supremacía del Derecho del MERCOSUR, asumiendo una postura de reconocimiento de este principio sobre la base de la naturaleza de la integración buscando, a través de una interpretación teleológica, analizar la primacía en virtud de la esencia del acuerdo firmado por los Estados miembros. Precisamente, esta es la opinión de DANIEL PEROTTI748, a quien citamos una vez más, al señalar que:

“Hacer depender la fuerza normativa del derecho MERCOSUR de las disposiciones nacionales que eventualmente le reconozcan alguna virtualidad jurídica, no sólo confunde la naturaleza y esencia del derecho comunitario, sino que además, al ser imposible que se consiga en todos los Estados miembros la misma base jurídica, con lo cual el derecho regional sería en el fondo distinto en orden a la mayor o menor garantía que le depare el orden estatal, violaría el principio de igualdad entre las Partes, sin olvidar el ‘quiebre’ en la exigencia de la uniformidad tanto en su aplicación como en su interpretación.”

Sobre el efecto directo749, tenemos que recordar la imposibilidad del particular de recurrir directamente a los Tribunales arbitrales, lo que supone un gran obstáculo al reconocimiento de este axioma en el sistema jurídico mercosureño. En el Cono Sur, se podría inclinar por la existencia parcial del efecto directo vertical, dado que las normas comunes tienen consecuencias sobre las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros, al crear un sistema normativo cuyos resultados no regulan solamente la actuación estatal, sino también la conducta de los propios ciudadanos.

Los problemas planteados por la ausencia de instrumentos normativos que permitan a los particulares recurrir directamente al Tribunal arbitral manifiesta una situación paradójica porque, al fijar derechos y obligaciones, las normas mercosureñas deberán ser cumplidas por los Estados miembros y los particulares, pero estos últimos no pueden presentar una demanda directa al órgano arbitral750. No obstante, en algunos casos, cuando la violación o incumplimiento proviene de su propio Estado, pueden acudir a los jueces nacionales, y es entonces cuando las diferencias de legislación interna entre los Estados determinan situaciones jurídicas diversas, lo que compromete la seguridad jurídica y el pleno respeto normativo por parte de las personas que viven en el territorio integrado751.

Por ello, propugnamos por la existencia de un derecho propio para el MERCOSUR, tal y como reiteradamente hemos manifestado a lo largo de nuestra tesis doctoral. Sin embargo, no podríamos reconocer la existencia de la supremacía, ni del efecto directo y tampoco de la aplicabilidad inmediata de las normas del bloque por los métodos asimétricos adoptados por cada país, que resulta en una consiguiente distorsión en la ejecución de los principios comunitarios. La propia legislación originaria del MERCOSUR no contribuye a la solución de los problemas relativos a la internalización, al determinar preceptos de ambigua interpretación que, sumados a la inercia gubernamental, derivan en la ausencia de una exigencia más rigurosa para la correcta aplicación de las normas en los ordenamientos jurídicos internos, acarreando una serie de obstáculos al efectivo cumplimiento y control de los actos normativos. Para lograr el mercado común hará falta el establecimiento de mecanismos apropiados de trasposición de normas752, bajo pena de que los gobiernos tengan que admitir el fracaso en la consecución de los tan propalados objetivos de integración subregional. Además, resulta necesaria una institución jurisdiccional que avale una interpretación más favorable al proceso de integración mercosureño y a los intereses de la Comunidad de Estados753.
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