Expresidente del tipnis evidencia que no hay orden de aprehensión en su contra






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EXPRESIDENTE DEL TIPNIS EVIDENCIA QUE NO HAY ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA

ERBOL

Desmiente malversación de fondos

El expresidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye, informó que se presentó este lunes voluntariamente ante la Fiscalía del Beni para declarar sobre la denuncia de malversación de fondos que hizo la Gobernación de esa región contra él y otros diez dirigentes indígenas, tras conocer que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra ellos, pero una vez en el lugar corroboró que no tenía ninguna orden de captura.
Explicó que llegó a la Fiscalía y en ahí desconocían el caso, además del mandamiento de apremio, pues no hubo fiscal que diera cuenta de ello.
“Me presenté para esclarecer este hecho, pero en la Fiscalía no sabían nada y tampoco de la orden de aprehensión. No estaban los fiscales, tampoco la gente sabía nada”, señaló Moye a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
El fiscal de distrito del departamento del Beni, Alejandro Cruz, informó hoy que seis dirigentes y exdirigentes indígenas tienen orden de aprehensión por no haber hecho los descargos de recursos que la Gobernación les entregó. 
Según  radio Patujú de Erbol, Cruz explicó que la orden de apremio es para que los indígenas se presenten solamente a declarar.

   

Denuncia 
La Fiscalía del Beni informó que la Gobernación de esa región denunció a un grupo de dirigentes porque no hicieron el descargo de más de tres millones de bolivianos para la ejecución de proyectos de desarrollo en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Adolfo Moye aseguró que no recibieron dicho monto de dinero y por el contrario en la gestión del exgobernador, Ernesto Suárez Sattori, sólo se invirtió el 50 por ciento de  trescientos mil bolivianos para la construcción de una escuela en la comunidad Santísima Trinidad del Parque, que a la fecha no se concluye.
“Se debía hacer unos proyectos para la comunidad de Santísima Trinidad pero se quedó a medias. Sólo estuvo depositado el cincuenta por ciento del presupuesto total”, manifestó.
Moye aseveró que no recibieron ni un centavo, pues los técnicos de la Gobernación beniana se hicieron responsables del desembolso y el descargo era responsabilidad de ellos. 
Indicó que entre la lista con orden de apremio, que maneja la Fiscalía, no sólo figuran indígenas sino también técnicos de la Gobernación del Beni como Mario Miranda Semo y Héctor Semo Goitia. 
Acción de libertad
De acuerdo con un reporte del corresponsal de Erbol en Trinidad, la defensa del Moye indicó que se presentará una acción de libertad para que su cliente no sea detenido. Señaló que el exlíder indígena no fue notificado oficialmente. 
“No se lo ha citado, no se lo ha notificado legalmente es por eso que de acuerdo con la Constitución estamos presentando una acción de libertad, porque no pueden detenerlo sin que no sepa de qué se lo está acusando”, indicó.
Moye dijo que su directiva firmó un convenio con la Gobernación beniana, entre las gestiones 2007 y 2008, como representantes de las comunidades del TIPNIS, lo que no significa que recibieron el dinero.  
MAGISTRADO CUSI DICE QUE ARCE Y AYLLÓN DIERON BASES PARA FALLO SOBRE EL TIPNIS

ERBOL :

"No influí en nada", asegura la Ministra de Justicia

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, reveló que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, dieron las bases para la sentencia sobre la consulta en el TIPNIS. Ayllón negó la versión de Cussi.
El Magistrado dijo que ambos, en dos oportunidades, llegaron hasta Sucre para dar sus criterios sobre cómo debería ser una sentencia en relación al conflicto del Parque Isiboro Sécure y trataron a los magistrados como chiquillos. 
“Días previos, semanas antes, se pude decir de que hay una presión, porque en visita la ministra Cecilia Ayllón y en alguna oportunidad también Héctor Arce, que es el encargado directo en temas judiciales desde la Presidencia, presionaron para que salga el fallo”, declaró Cusi en entrevista con Erbol. 
Indicó que tanto Arce como Ayllón sugirieron como base del fallo el bien común. Aseguró que en reuniones posteriores, ambos sostuvieron un encuentro con el presidente del TCP, Rudy Flores, del cual salió el fallo final, porque antes de ello se tenían otras propuestas que no hacían referencia a una sentencia (300) condicionada y que sugiere la concertación para la aplicación del proceso en el Parque. 

 

“Por la información que se ha obtenido se ha visto mucho la jurisprudencia de otros estados, pero fundamentalmente de la Corte Interamericana, pero más que eso la colombiana donde se ha desarrollado este concepto de la constitucionalidad condicionada y es por eso que algunos magistrados lo adoptaron”, señaló.  
Falta voluntad 
El magistrado dijo que falta voluntad para que tanto indígenas como el gobierno lleguen a un consenso sobre el proceso que hace dos semanas se inició en el Parque. 
Pero reconoció que el gobierno no acata el fallo porque es parte involucrada en la construcción del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del TIPNIS.
“Cuando nosotros emitimos una sentencia, esa sentencia de acuerdo a la Constitución debe ser de carácter obligatoria y además vinculante; quizá ahí termine nuestra función, pero la encargada de hacer cumplir es el Ejecutivo”, indicó. 
Pidió al gobierno que reflexione y acate lo que establece la sentencia. “Decirle al gobierno que reflexione. Yo sé que si plantean una estrategia apropiada los indígenas pueden decir sí y sentarse a dialogar”, puntualizó.
La  ministra Cecilia Ayllón desmintió las acusaciones del magistrado Cusi y dijo que sus visitas al TCP, en Sucre, fue para una coordinación interorgánica y que desconoce el contenido del fallo constitucional.
"Para mi es un simple comentario, niego enfáticamente ello, absolutamente. Desconozco el texto total de la sentencia y lo único que conozco son los comentarios que hicieron los medios de comunicación (...) no influí en nada", aseveró

NACIONES UNIDAS DESMIENTE AL GOBIERNO, DICE QUE NO ENVIÓ VEEDORES AL TIPNIS

ERBOL :

Otra del ministro Vladimir Sánchez

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desmintió este lunes, mediante un escueto comunicado de prensa, las afirmaciones realizadas por el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien aseguró la víspera que veedores del organismo internacional acompañan el proceso de “post consulta” en el TIPNIS.
Sánchez resaltó este domingo la presencia de funcionarios de la ONU en el proceso, al grado de detallar sus nombres. “Pero ya como veedores internacionales están participando siete, tres de la OEA, dos de UNASUR y dos de la ONU (…) Vilma Romero y Nicolás David, de las Naciones Unidas, estos funcionarios están en la región del alto medio Isiboro”, declaró a los medios de comunicación.
Declaraciones del ministro Vladimir Sánchez

 
La nota de prensa del organismo internacional señala que “los funcionarios de la ONU llevan a cabo un monitoreo de derechos humanos en el TIPNIS, conforme al mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no están en calidad de veedores de la consulta”, en aclaración a lo vertido por el Ministro.
Días previos al inicio de la consulta, el coordinador del Área de Fortalecimiento Democrático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carlos Camargo, indicó que no conocía sobre alguna invitación del gobierno para acompañar el proceso.
“En este momento yo no tengo conocimiento pero hay mecanismos a través de los cuales se hacen conocer estas decisiones y objetivamente hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista una invitación”, afirmaba el funcionario en ese entonces.
Casos anteriores
Este es un nuevo desliz en el que incurre el Ministro de Obras Públicas. El primero sucedió el 2 de abril de este año, cuando dijo que en la construcción del tramo II de la carretera por el Tipnis no había contrato con la OAS. Aseguró que el contrato era sólo para los tramos I y III. El documento contractual registraba la construcción de los tres tramos. 
Otro hecho similar se refiere a la cantidad de comunidades del Tipnis a ser consultadas. El Ministro manejó tres cantidades diferentes; 64, 69 y más de 70 comunidades. Atribuyó estas diferencias por el tema de “las lluvias” como factor en la ramificación de las poblaciones. 
El tercer caso surgió cuando Sánchez afirmó que existían mandamientos de aprehensión contra los líderes indígenas que se oponen a la “post consulta”. En esa oportunidad ni la Fiscalía que llevaba una investigación al respecto conocía de la información. El Ministro se retractó e indicó que se trató de una imprecisión suya.







MSM reconoce que propuso carretera en el TIPNIS, pero no por el medio




ERBOL : 20:45
El secretario político permanente y la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera y Marcela Revollo, respectivamente, respondieron hoy a las denuncias realizadas por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en horas de la mañana aseveró que la iniciativa de construir una carretera en el TIPNIS estuvo incluida en el programa de gobierno del partido opositor en la elección a gobernadores de 2010. 
De acuerdo a Revollo, este “oscuro personaje” no tiene la moral suficiente para cuestionar el accionar del partido que lidera Juan Del Granado, porque fue él quien generó las condiciones de violencia y desprestigio para la violenta represión a los originarios en Chaparina, además de no responder a los presuntos nexos con el narcotráfico.

 

“No vamos a permitir que este oscuro personaje nos venga a dar lecciones de ética política”, aseguró Revollo a momento de cuestionar el accionar de la autoridad, misma a la que tildo de “personajillo” y “anti indigenista”.
Por su parte, Herrera reconoció que dentro de la propuesta electoral realizada por el MSM en las elecciones de 2010 sí se incluyó la construcción de la carretera por el TIPNIS, pero no por medio del Parque. Aseguró que el proyecto estaba sujeto a la realización de estudios de prefactibilidad para cuantificar el daño al medio ambiente.
“Con esta deshonestidad que caracteriza a este oscuro personaje, no ha dicho, no ha completado la información, porque si bien se ofrece una carretera que une a Villa Tunari con San Ignacio de Moxos en ningún momento se habla de que esta vía deba afectar el TIPNIS y menos partirlo en dos”, detalló el secretario. 
Similitud de programas 
Cabe señalar que Quintana indicó este lunes que la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos por TIPNIS es una promesa electoral que mantuvo el MSM y que defiende el MAS. 
Según sus palabras, ellos lo dijeron en el programa del presidente Morales, quien se comprometió a realizar el camino.
Quintana: La carretera por el TIPNIS es una promesa electoral del MSM y el MAS

ERBOL : 12:38
El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana aseveró este lunes que la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) es una promesa electoral que mantuvo el Movimiento Sin Miedo (MSM) y defiende el Movimiento al Socialismo (MAS).
Quintana criticó al MSM, por oponerse actualmente a la construcción de la vía cuando antes la misma formaba parte de su programa de gobierno para la gobernación de Cochabamba.
“(El MSM) Nos han dicho que se oponen, pero queremos decirles por qué se oponen, cuando en su programa de gobierno autónomo de Cochabamba (2010-2015), cuando fueron a las a elecciones por las gobernaciones resulta que el MSM se compromete a construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, sostuvo el funcionario público en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.
El Ministro fustigó la posición “oportunista” del MSM que desde el 2011 rechaza “contundentemente” la construcción de la vía con el propósito de “devaluar” la decisión del gobierno.
“Nosotros lo dijimos en el programa, el Presidente (Evo Morales) se comprometió (a construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos), está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y consecuentemente estamos en esa misma línea (de concretarlo)”, señaló Quintana.

Indígenas rechazan intromisión de políticos en la lucha en defensa del TIPNIS

ERBOL : 19:42
Los indígenas rechazan cualquier intromisión de los partidos políticos en la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), afirmó el dirigente Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Lázaro Tacoo.

 

Manifestó que no pretenden que la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos y territorios sea politizada y aprovechada por algún partido político  del país.

 

“Por eso no hemos participado de la asamblea consultiva que se realizó en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Al comienzo nos gusto la idea que tenía el Presidente del Comité Pro Santa Cruz, pero cuando algunas agrupaciones políticas anunciaron su participación nosotros decidimos no asistir al evento”, enfatizó.

 

Señaló que harán respetar la resolución de la VIII marcha de no permitir que los partidos políticos saquen tajadas de del movimiento indígena, ya que la lucha por la defensa de sus derechos y territorios colectivos es por principios.
Indígenas se oponen a la instalación de una base militar ecológica en el TIPNIS

Los Indígenas de tierras bajas no están de acuerdo con el anuncio del gobierno de instalar una unidad militar ecológica en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para que realice tareas de control, afirmó el secretario de Justicia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Ángel Yubanore.
El dirigente indicó que los habitantes de esa reservar ecológica saben perfectamente administrar los recursos ecológicos que existen en el parque, sobre todo los ríos, mismos que se constituyen en medios de transporte para las familias indígenas.
Señaló que el gobierno está muy nervioso porque a toda costa quiere garantizar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el corazón del TIPNIS para que los cocaleros del trópico cochabambino puedan acceder a nuevas tierras y ampliar sus cultivos.
“El gobierno quiere contaminar los ríos para culpar a los indígenas, está muy nervioso, vamos a instalar resistencia así como a la consulta trucha, somos los dueños de la TCO, no permitiremos la creación de los cuarteles ecológicos”, enfatizó el dirigente.

Arce y Ayllón niegan injerencia, pleno del TCP pide la renuncia de Cusi
El presidente del Tribunal Constitucional anuncia juicio

El pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió pedir la renuncia del magistrado Gualberto Cusi por haber asegurado a través de ERBOL que la ministra de Justicia Cecilia Ayllón y el diputado del MAS Héctor Arce ejercieron presión y dieron las bases para el fallo constitucional de la Ley 222 de consulta en el Tipnis, que declara la constitucionalidad de la norma, aunque condicionada a la concertación con los indígenas.
“Esta mañana, el pleno del Tribunal Constitucional ha presentado una propuesta para que le solicite formalmente la renuncia voluntaria del magistrado Cusi a la magistratura (…) por ética, la definición de renunciar o no está en sus manos, esto precautelando la institución y el interés de la sociedad y del país en su conjunto”, señaló Flores en contacto con Erbol.
Flores afirmó que en la reunión sostenida en el pleno del Tribunal se analizó las declaraciones de Cusi y las mismas fueron calificadas de extremistas, falsas y al no corresponder a la realidad, el magistrado no sólo está dañando la imagen de la institución, sino también del país.
“Son declaraciones que permanentemente fueron vertidas por el magistrado Cusi, a partir de que él no alcanzó la presidencia del Tribunal Constitucional, a partir de eso está diciendo una serie de declaraciones”, sostuvo.
Indicó que las aseveraciones de Cusi son calumnias e injurias, por lo que pedirán al Ministerio Público investigar el alcance de las mismas, para que a partir de ello se inicien las acciones penales o en su caso administrativas.
Declaraciones del presidente del TCP, Ruddy Flores

 
Arce y Ayllón llaman mentiroso a Cusi
La ministra Ayllón y el diputado Arce aseguraron que no influyeron de ninguna manera en el fallo del Tribunal sobre la Ley 222 de consulta.
“Rechazo este tipo de declaraciones, en ningún momento, jamás lo haríamos desde nuestra propia formación del derecho constitucional, pretender incidir en algún fallo o resoluciones, eso jamás se nos ha pasado por la mente”, señaló Arce en conferencia de prensa.
La Ministra de Justicia objetó las declaraciones de Cusi y las minimizó señalando que se trata sólo de un comentario. “Para mí es un simple comentario, niego enfáticamente ello, absolutamente. Desconozco el texto total de la sentencia y lo único que conozco son los comentarios que hicieron los medios de comunicación (...) no influí en nada”, remarcó.
La víspera, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, señaló que la ministra Ayllón y el diputado Arce, ejercieron presión y dieron las bases para el fallo constitucional de la ley 222 de consulta en el Tipnis, que declara la constitucionalidad condicionada de la misma mediante la concertación con los indígenas.
Declaraciones del magistrado Gualberto Cusi

 
Arce admitió que existieron reuniones con el presidente del TCP y que fueron estrictamente para la creación del código procesal constitucional.
“Hemos tenido algunas reuniones tanto con el presidente del Tribunal Constitucional como con los magistrados, para referirnos a los temas estrictamente normativos”, señaló.

El legislador señaló que con esas declaraciones Cusi sólo hace daño a la justicia boliviana como ocurrió cuando dijo que consulta a la hoja de coca. Recomendó al magistrado “expresarse sólo por medio de fallos”.
“(Cusi hace) Una serie de exposición mediática constante y además desatinada, recordemos que este mismo magistrado nos dijo que leía sus fallos en coca, noticia que dio la vuelta al mundo y que hizo ver mal a nuestro Tribunal Constitucional y nuestra justicia (…) quizá esté confundiendo el cargo constitucional con un cargo político”, apuntó.
Declaraciones del diputado Héctor Arce

Fiscalía del Beni emite orden de aprehensión contra seis dirigentes indígenas

ERBOL : 12:47
Los acusan de no hacer descargo de recursos

El fiscal de distrito del departamento del Beni, Alejandro Cruz, informó que seis dirigentes y exdirigentes indígenas tienen orden de aprehensión por no haber hecho los descargos de recursos económicos que la Gobernación les entregó. 
Según  radio Patujú de Erbol, Cruz explicó que la orden de apremio es para que los indígenas se presenten solamente a declarar.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, y la presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Bertha Bejarano, señalaron que no encubrirán a dirigentes involucrados en actos de corrupción. 
Pero pidieron que sean investigados todos los dirigentes que percibieron recursos de parte de la gobernación beniana, incluidos aquellos que respaldan que la carretera se construya en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
La Fiscalía del Beni informó la semana pasada que se citó a 11 indígenas porque fueron denunciados por la gobernación por un fondo de avance de más de tres millones de bolivianos que fue entregado por esa instancia, pero los denunciados no hicieron el descargo de forma regular.
Lista 
Desde la Fiscalía del Beni se dio a conocer que Carmelo Yuco Yumo, Alejandro Yuco Semo, Zenón Espindola Nopu, Adolfo Moye, Mario Miranda Semo, Shirley Fabricano Román, Oscar Héctor Semo Goitia e Isidro Rosario, deben presentarse  a declarar ante el Ministerio Público.
Se aclaró que los indígenas no fueron citados por la resistencia que existe en el TIPNIS en contra de la “consulta no concertada”. De igual forma el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Vladimir Sánchez, se rectificó y aseguró que los procesos son por otras razones y no así por la consulta.  

Los gobiernos dan prioridad a los beneficios y no a los derechos de los indígenas

Gobiernos de toda América dan mayor importancia a los beneficios que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas, ha afirmado Amnistía Internacional en un informe publicado antes del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemoró el 9 de agosto.
El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar a  los pueblos indígenas en relación a proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
"Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales. "Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, por lo que sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado."
Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el reciente informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
En Ecuador, por ejemplo, la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.
El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.
"El Gobierno ha anunciado que ellos socializarán la información y que esa socialización ya es una consulta. Pero, según las normas internacionales, el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado es algo distinto. Para empezar, la consulta solo será real si las autoridades demuestran que nos toman en serio, respetan nuestros derechos y actúan de buena fe y con transparencia", ha declarado Patricia Gualinga, una de las líderes de Sarayaku, a Amnistía Internacional.
Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.
Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.  
Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, "la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener [...] todos estos impactos negativos, [...] que iba a generar todo este conflicto".
"El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas", ha declarado Mariano Machain.
Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
En Chile
Chile no es una excepción en cuanto a las preocupaciones señaladas anteriormente. Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile señala que “el derecho a la consulta resulta muy relevante en nuestro país al considerar todos los proyectos de desarrollo que se están ejecutando y se piensa ejecutar. Asimismo, en contextos como el conflicto mapuche, el derecho a la consulta es crucial al momento de resolver conflictos sobre restitución de tierras que vienen de años”.
“En este sentido, resulta esencial que todas las políticas que afecten a los pueblos indígenas, ya sea en materia social, de seguridad, o de desarrollo, se determinen dentro del marco de un diálogo de buena fe con los propios pueblos indígenas” agrega Ana Piquer.
De igual manera, otra preocupación que ha planteado Amnistía Internacional en reiteradas ocasiones es la respuesta de las autoridades para resolver conflictos en el marco de los reclamos de los pueblos indígenas, y en particular de las comunidades Mapuche.  La organización ha exigido al gobierno que ante cualquier escenario de conflictividad el uso de la fuerza debe ser proporcionado y una medida de último recurso, tal y como lo señalan los estándares internacionales de derechos humanos.
“Es fundamental que las autoridades no pierdan en ningún momento de vista el respeto a los derechos humanos al momento de solucionar conflictos sociales que pueden requerir la intervención de la fuerza pública, como ha ocurrido en numerosas oportunidades en el marco del conflicto Mapuche” concluyó Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. (Mi Voz)

Chiquitanos aseguran que asistirán a la V Comisión Nacional de la CIDOB

El pueblo Chiquitano aseguró que asistirá a la V Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que se realizará del 15 al 16 de agosto en la comunidad las Brechas del municipio de Charagua, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, en la que se analizará y se buscará soluciones a los problemas orgánicos del ente matriz de los originarios.

 

El anuncio lo hizo el Gran Cacique General de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), José Bailaba, quien expresó que su sector asistirá con la postura de no apoyar a ningún dirigente, ni a Melva Hurtado ni a Adolfo Chávez.

 

Señaló que su organización en una asamblea magna decidió pedir la renuncia pública de Adolfo Chávez y Melva Hurtado para sanear la situación orgánica de la CIDOB y, sobre todo, buscar nuevamente la unidad de los pueblos indígenas de tierras bajas.

 

“Creo que el camino más saludable para los pueblos indígenas es que los dirigentes Adolfo Chávez y Melva Hurtado renuncien, deben dar un paso al costado los dos. La CIDOB debe unificarse nuevamente, tenemos que acabar con la intromisión del gobierno en las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas”, concluyó. 


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