Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de






descargar 387.9 Kb.
títuloJuez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
página8/8
fecha de publicación28.09.2015
tamaño387.9 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5   6   7   8

PETITORIO

Por las razones expuestas, procedemos formalmente a demandar en este juzgado del trabajo, como en efecto lo hacemos, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria por su carácter de PARTE CONTRATANTE, según lo definido en la I Convención Colectiva Única, homologada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, en la Cláusula Nº 1 que contiene las: “DEFINICIONES”, con la cualificación del Ministerio como: “el órgano del Ejecutivo Nacional que ejerce la rectoría del subsistema de educación universitaria, el cual conforme al principio del Estado docente definido en la Ley Orgánica de Educación, garantiza las condiciones laborales dignas a las trabajadoras y trabajadores del sector”

Estamos muy esperanzados de que el Ministerio rector de la educación universitaria, en el régimen democrático social de justicia y de Derecho, convendrá al conocer nuestras razones de hechos y de derechos, en el cumplimiento cabal de la Convención Colectiva Única, sin ningún desmedro de los derechos adquiridos y beneficios socio-económicos contractuales de los profesores jubilados de los Institutos y Colegios Universitarios dependientes del MPPEU, y de las Universidades Politécnicas Territoriales, y demás Universidades Nacionales Autónomas y Experimentales, siempre dentro del marco de la Normativa Laboral y de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y con la aplicación de los principios constitucionales que tutelan el trabajo como un hecho social y que por ello goza de la protección del Estado, con la garantía de que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, prevaleciendo en las relaciones laborales la realidad sobre las formas o apariencias, declarando que los derechos laborales son irrenunciables y que toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de los derechos laborales es nula.

Y asimismo, acordes con el Artículo 89 constitucional creemos que la institucionalidad ministerial, aún en caso de dudas de nuestros alegatos con hechos y probanzas, y del Derecho que nos asiste, interpretará siempre que en la concurrencia de normas y de cláusulas convenidas y suscritas por el Despacho, en la interpretación se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora, sea que se encuentre en condición de activo o de jubilado o pensionado.

LA IGUALDAD

En esta demanda centramos nuestro objeto en el reconocimiento de la obligatoriedad constitucional y legal de considerar a los derechos, beneficios e intereses de todos los trabajadores universitarios como un todo, sin distingos, ni discriminaciones por distintas condiciones en el ámbito social del trabajo, como sería el caso de los jubilados que han prestado larga parte de su vida, al servicio de la noble misión de formar hombres útiles a la Patria, con ética y conciencia crítica social y no pueden ni deben ser considerados en minusvalía frente a los docentes activos, que aún tienen sendero que recorrer y algún día gozarán del privilegio moral de ser jubilados.

Creemos que el Despacho rector de la educación universitaria aplicará justicia social con el reconocimiento, -que le honrará-, de nuestros alegatos para lograr que EFECTIVAMENTE SE ESTABLEZCAN Y CUMPLAN, en todos los ámbitos y niveles, los postulados laborales de ley, de contratación y convención colectiva, con la IGUALDAD PLENA DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, y que orientará el Ministerio rector de la educación universitaria, a las demás autoridades universitarias que ejercen y usufructúan la Autonomía Universitaria, en el acatamiento de la Constitución y las leyes, y las Cláusulas de la I Convención Colectiva Única que por fin vino a uniformar condiciones y beneficios de todos los sectores de la vida universitaria.

Ahora bien, en caso de que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria no reconozca los beneficios más favorables para los trabajadores y las trabajadoras universitarios, sea condenado a ello por mandato de esta instancia judicial.

En forma general PEDIMOS en esta demanda que, reconocida como sea la igualdad de los profesores universitarios jubilados para ser merecedores beneficiarios y recibir beneficios socio-económicos dignos y acordes con la elevada misión honrada, se HAGA CUMPLIR LA I CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA, con una sola y única Tabla de sueldos y pensiones de los docentes universitarios, y con una sola y única condición de igualdad en todas las Cláusulas que reconocen, aplican y crean derechos y beneficios para los docentes: como lo deben ser todas las Cláusulas de incidencia salarial, sobre remuneraciones, bonos, pagos por nómina, no descuentos indebidos o ilegales; y sobre Sueldo, Salario o Pensión Integral, Previsión Social con protección a la Salud, la recreación, las prácticas deportivas y la vida buena, que se materializan con Seguro de Vida, Hospitalización y Maternidad, Sistema integrado y nacional de Institutos Universitarios de Previsión, facilidades para la adquisición de vehículo, construcción o refacción de vivienda, prácticas organizadas de turismo de grupos y para la tercera edad, protección socio-económica con incidencia para la familia; y todo ello se materializa, como se señaló antes, con la interpretación y aplicación LEGAL más justa, de las Cláusulas contractuales.
Y en forma puntual PEDIMOS EN ESTA DEMANDA lo siguiente:

1.- Cumplimiento en la recta y justa interpretación de la Convención Colectiva Única, como extensión temporal debido a su nueva vigencia, que no excluye beneficios más favorables en contratos colectivos y convenciones anteriores y normativas reglamentarias y acuerdos internos en las instituciones, con acatamiento de ABSOLUTA IGUALDAD DE PROFESORES JUBILADOS, PENSIONADOS Y PROFESORES ACTIVOS QUE NO PERMITA EXCLUSIONES DE NINGÚN TIPO:

1. En la Tabla de sueldos y salarios para los miembros del personal docente y de investigación de las instituciones universitarias, eliminando la palabra “activos” en la redacción de la Cláusula Nº 64, con lo cual queda establecida, “como lo ha sido siempre” que esa tabla establece los montos, tanto de los sueldos como de las pensiones por jubilación o incapacidad,

2. Con la inclusión de los jubilados en el Beneficio por Alimentación o cesta tickets, con pago por 30 días al mes, a razón de 0,50 de la Unidad Tributaria. Y un pago a fin de año equivalente a 30 días adicionales

3. En el Bono Asistencial, con pago por 30 días al mes, a razón de 0,50 de la Unidad Tributaria. Y un pago de fin de año equivalente a 30 días adicionales.

2. Con la inclusión de los profesores jubilados y pensionados en las Cláusulas que establecen beneficios de:

4.1. PRIMA POR HOGAR, (Cláusula Nº 65), en las mismas condiciones establecidas actualmente para los activos,

4.2. PRIMA POR TITULARIDAD, (Cláusula Nº 70), que nace en el momento en que se cumple la antigüedad bianual del profesor en la categoría de profesor Titular, y que debe mantenerse en incremento aún más allá del momento en que se produzca la jubilación del profesor activo que la mereció por esfuerzo y antigüedad.

4.3. PRIMA POR HIJAS E HIJOS, (Cláusula Nº 66), en las mismas condiciones establecidas actualmente para los activos,

4.4. PRIMA PARA LA ATENCIÓN DE HIJOS E HIJAS CON DISCAPACIDAD GRAVE O SEVERA, (Cláusula Nº 67), en las mismas condiciones establecidas actualmente para los activos.

3. Con la justa y recta interpretación en la Cláusula Nº 61, de que el BONO RECREACIONAL será equivalente a noventa (90) días de la pensión “integral” devengada en el mes de junio. Al agregar en la interpretación para la aplicación de este bono la palabra “integral”, se estará manteniendo el mismo beneficio y en las mismas condiciones que para los docentes activos, a quienes en la Cláusula Nº 77, se les considera el “salario integral” como base para el cálculo. En la interpretación de este Bono debe entenderse como equivalente o igual al Bono Vacacional, que por razones de eufemismo se separaron innecesariamente en Cláusulas diferenciadas para jubilados (Nº 61) y para activos (Nº 77), aunque ambos tienen las mismas necesidades personales de vacacionar o de recreación que es permanente pero no confundible con ocio o desocupación o no obligación de prestar servicio o incapacidad en la vida madura.
4.- Con la justa y recta interpretación en la Cláusula Nº 62, de que la BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES PENSIONADOS será equivalente a noventa (90) días de la pensión “integral” devengada en el mes de octubre. Al agregar en la interpretación para la aplicación de este bono la palabra “integral”, se estará manteniendo el mismo beneficio y en las mismas condiciones que para los docentes activos, a quienes en la Cláusula Nº 78, (BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO), se les considera el “salario integral” como base para el cálculo. En la interpretación de este Bono debe entenderse como equivalente o igual a la Bonificación de Fin de Año de todos los trabajadores universitarios docentes activos, todos los empleados y todos los obreros (Cláusula Nº 78). Es evidente que con la diferenciación sólo se excluyó de la Cláusula general del beneficio (Nº 78), exclusivamente a los docentes jubilados y pensionados, para disminuir o menguar o hacer regresivo el beneficio para ellos tomando como base de cálculo una remuneración por pensión que es inferior al salario integral del resto de los trabajadores universitarios.
PRECISIÓN CUANTITATIVA DEL PETITORIO
A los efectos de precisar los alcances económicos de esta demanda pareciera que se hace necesario detallar los casos por mala redacción, interpretación o aplicación de las Cláusulas que denunciamos para que sean cumplidas de conformidad con la Constitución, las leyes y la contratación colectiva y práctica reiterada desde 1988, igualando las condiciones de jubilados y activos.

En este momento se hace imposible esa determinación cuantitativa, por cuanto aún en instituciones universitarias se está cumpliendo un cronograma de pagos correspondiente a sueldos y pensiones, primas y bonos actualizados para el mes de julio; agosto y septiembre; así como los retroactivos por diferencias salariales desde el 1º de enero de 2013 a julio 2013; de TODOS los trabajadores universitarios, en un universo estimado de más de 190 mil beneficiarios, con más de 76 mil docentes; más de 38.500 empleados administrativos; más de 20.500 obreros y más de 55.500 beneficiarios jubilados o pensionados o sobrevivientes.
PERÍODO VACACIONAL

Para la fecha las instituciones universitarias, que permanecen en el período de vacaciones escolares anuales, no han honrado el deber de producir y publicar o dar recibos de los pagos ordinarios de nóminas hechos en el mes de julio y mucho menos de los retroactivos, con todas las complejidades que entendemos explican el retardo.

Es el caso que del análisis de los contenidos de las Cláusulas de la Convención Colectiva, encontramos las razones y fundamentos para denunciar violaciones a los principios de intangibilidad y progresividad de los beneficios laborales; estimando que las instituciones están aplicando exactamente los dispositivos contractuales. Pero en la realidad ni siquiera los trabajadores universitarios han recibido las cuentas claras de los pagos que se le están haciendo por cumplimiento de Convención Colectiva, aún cuando el Ejecutivo Nacional ha proporcionado con gran celeridad y eficiencia los recursos presupuestarios oportunamente, con aprobación acelerada urgente de los Créditos Adicionales en la Asamblea Nacional, previa tramitación por el Ejecutivo Nacional.
VERACIDAD y VERIFICACIÓN DE LOS MONTOS DE LOS BENEFICIOS RECLAMADOS.

Dada esta circunstancia, que sólo podrá ser resuelta después de transcurrido el período vacacional en las instituciones universitarias y de cumplido el lapso de vacaciones judiciales, muy respetuosamente PEDIMOS que si no fuera el caso que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria hubiera reconocido la justa interpretación y CUMPLIMIENTO de las Cláusulas de la I Convención Colectiva Única, y se hiciera necesario determinar cuantitativamente el monto del incumplimiento de la Convención, se decida y ordene una EXPERTICIA complementaria para el fallo de esta demanda, en los términos y condiciones procedimentales de Ley, con el establecimiento de las diferencias dinerarias causadas por la ilegal ejecución de Cláusulas de la Convención Colectiva, contrarias a la Constitución y las leyes.
EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS FAVORABLES DE ESTA DEMANDA

Honorable Juez del Trabajo, muy respetuosamente solicitamos tenga a bien considerar, siguiendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que los alcances de esta demanda se extiende hasta el interés subjetivo, particular y directo de más de cuatro mil docentes jubilados de los Institutos y Colegios Universitarios, inscritos en las Asociaciones afiliadas a FENAPROJUPICUV, que siendo justiciables y no recurren a la instancia, puedan verse favorecidos por los alcances de la sentencia que se dicte en este Tribunal, en este asunto.

Así como, de la misma manera, los jubilados y pensionados de las Universidades Politécnicas Territoriales, Autónomas y Experimentales; en número cercano a los 40.000; presuntamente puedan tener, al conocerlo, la expectativa de los resultados favorables de este juicio, que por lógica del razonamiento del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un sistema social de justicia y de Derecho, también deben ser tutelados por los efectos extensivos que pudiera declararse en sentencia de este recurso, con los particulares de Ley; y ASÍ LO ESPERAMOS.

En ese sentido, para respaldar la solicitud nos permitimos transcribir fragmento de Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en el caso CANTV vs sus trabajadores jubilados, en los siguientes términos:

“… la ley reconoce que personas que no sean partes de un juicio puedan gozar de los efectos directos del fallo que allí se dicte, siempre que éstos le sean favorables. No se trata de una representación sin poder, que las partes hayan efectuado por estos beneficiarios, sino de efectos extensivos de los fallos para evitar sentencias contrarias o contradictorias, y que además, por razón de celeridad y economía procesal, tratan de impedir una proliferación de juicios que atentaría contra la justicia efectiva. (…).

(…) De nuevo la Sala debe resolver una acción de amparo, que si bien es cierto no parece atender a derechos o intereses difusos o colectivos, conforme a los lineamientos de la sentencia de esta Sala, de 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén), si se refiere a unos accionantes que están en idéntica situación jurídica que otros que no son partes en esta causa, y que sufren o pueden sufrir infracción a los derechos constitucionales de que trata este amparo, por lo que es necesario decidir si esos potenciales litis consortes facultativos, sin ser partes en esta causa, pueden gozar de los efectos del fallo que se dicte en este proceso, si es que ellos los benefician.

 La resolución de tal cuestión está íntimamente unida a la naturaleza de la pretensión incoada. Se trata de un amparo constitucional, y el juez que ejerce la jurisdicción en materia constitucional, se rige, en muchos aspectos, por principios diferentes a los del juez que ejerce la jurisdicción en materia de naturaleza civil.

 Como antes se apuntó, existen personas que tienen un mismo vínculo jurídico con otras pero en sus relaciones con esa otra, derivadas del vínculo, pueden asumir posiciones disímiles, lo que puede originar litigios diferentes; de allí la existencia de los litis consorcios facultativos. (…).

(…) Una de las características de algunas sentencias del ámbito constitucional es que sus efectos se apliquen a favor de personas que no son partes en un proceso, pero que se encuentren en idéntica situación a las partes, por lo que requieren de la protección constitucional, así no la hayan solicitado con motivo de un juicio determinado.

 Resulta contrario a la eficacia del proceso, a su idoneidad y a lo célere (expedito) del mismo, que sí las partes de un juicio obtienen una declaratoria de infracción constitucional de derechos que vulneran su situación jurídica, otras personas que se encuentran en idéntica situación y que han sufrido la misma infracción, no puedan gozar del fallo que restablezca tal situación jurídica de los accionantes, y tengan que incoar una acción cuya finalidad es que se reconozca la misma infracción, así como la existencia de la misma situación vulnerada y su idéntico restablecimiento, con el riesgo de que surjan sentencias contrarias o contradictorias”.

De la citada decisión se puede inferir, que el postulado doctrinal que legitima la procedencia de la extensión de efectos “ultra parte”, lo constituye la identidad de situaciones jurídicas en que se encuentren quienes no han sido parte en un proceso judicial respecto de aquellos que sí lo fueron.

Ahora, si bien en el presente caso la relación jurídica de los jubilados con la C.A.N.T.V., no deviene forzosamente del mismo título (causa), y por tanto, técnicamente no existe una situación jurídica idéntica, lo cierto es que, todos ellos detentan un mismo status jurídico, a saber, la condición de jubilados.

Así, el menoscabo a los principios o garantías de orden constitucional detectados por la Sala Constitucional, en su sentencia de revisión (irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad de los derechos laborales como la vulneración del artículo 80 Constitucional), afectaron los derechos e intereses de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela de manera uniforme.

De otra parte, es de destacar, que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que propende al acceso de toda persona a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a la tutela judicial efectiva de los mismos, garantizando una justicia idónea, responsable, equitativa, expedita y sin dilaciones indebidas (artículo 26 Constitucional).

Así, la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar integralmente al ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social.

De allí que, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia (el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, artículo 257 Constitucional), tratando que si bien las mismas comporten una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se conviertan en un obstáculo que impidan lograr los fines desarrollados en el artículo 26 Constitucional, primordialmente, la tutela judicial efectiva.

En ese contexto, entiende esta Sala, que la no extensión de los efectos de la presente decisión al conglomerado de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, compartiendo todos un mismo status jurídico, constituiría un menoscabo dantesco al derecho a la tutela judicial efectiva y a la celeridad procesal, todo, en el entendido que tal universo de pensionados si bien no están plenamente individualizados, resultan perfectamente determinables. Así se establece.

En tal razón, se extienden los efectos de la presente sentencia a los restantes ciudadanos que ostenten la condición de jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela.”
Por último, respetuosamente pedimos que la presente demanda sea admitida, tramitada conforme a Derecho con celeridad y decidida favorablemente a nuestras pretensiones, que son las de más de cincuenta mil beneficiarios.

Es Justicia, en Caracas a la fecha de su presentación.

DOMICILIO PROCESAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Profesor Pedro Calzadilla. Esquina del Chorro. Edificio Ministerial, piso 7. Caracas.
FENAPROJUPICUV

Presidenta: Profesora Gladys Barajas Ruiz y Profesora Laura Lobatón.-

Dirección: Edificio Sucre, piso 7, Oficina 724, sede del Colegio Universitario de Caracas, en la Primera Avenida de La Floresta con Avda. Francisco de Miranda, Chacao, Caracas.

Teléfono 0414.500.0404, dirección email: rosalio_m@yahoo.com
Recaudos anexos a esta demanda:

“A”.- instrumento poder judicial

“B”.- Copia de la I Convención Colectiva Única

“C”.- Copia de Opinión Jurídica del Abogado Carlos Natera, caso jubilados UCV, 31.7.1975

“D”.- Copia de Sentencia de Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 12.12.1983

“E”.- Copia de Opinión del Contralor General de la República

“F”.- Copia de Acta de Asamblea de FENAPROJUPICUV julio 2013.

Firman,

GLADYS BARAJAS RUIZ MANUEL RINCONES

ROSALIO MONTERO GUEVARA

IPSA Nº 4.136

1   2   3   4   5   6   7   8

similar:

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconEl Juzgado Sexto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconGestìon de calidad de los jueces y juezas en la fase de ejecuciòn...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconBerta bonete satorre secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconPoder judicial en el estado social de derecho/poder disciplinario...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconD/Dª. Maria de la cruz rojano sepulveda, Secretario/a Judicial del...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconEl desviar la decisión del marco del debate judicial, generando indefensión,...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconJuzgado superior en lo civil y contencioso administrativo de la circunscripcion...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconMediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconAcción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado...

Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de iconDeclaracion del foro permanente de institutos de derecho del trabajo...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com