Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de






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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE TRATO DISCRIMINATORIO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA
En todo el desarrollo de la Convención Colectiva Única se observa que se mantuvo una exclusión o negación de los jubilados en los beneficios que califican las Cláusulas como salariales.

Denunciamos este hecho como ilegal, violatorio de la progresividad e intangibilidad, ya explicados suficientemente.

Consideramos que hay una base conceptual errada para no reconocer los beneficios salariales a los jubilados, supuestamente por la incidencia que pudieran tener en lo económico en prestaciones sociales, cuando es el caso que los jubilados y pensionados ya no percibirán remuneraciones calculadas en atención a los montos de su jubilación, sino que ya lo fueron sobre su último salario como docente activo.

Y por otra parte, es un error con prejuicio o prurito, de que los jubilados y pensionados no son “trabajadores con derecho a todos los beneficios, por cuanto no prestan efectivamente servicios a cambio de una remuneración y bajo una relación de dependencia”, y que por esa falsa creencia no les corresponde vacaciones, ni prima por hogar, ni bono de alimentación vinculado a la jornada de trabajo, ni aguinaldo con salario integral, porque propiamente esas concepciones están equivocadas y desactualizadas y regresivas, basadas en falso supuesto de que los jubilados no reciben “sueldos o salarios”, sino una pensión; no derivada de relación salarial actualizada, porque es asalariado quien presta servicios y el jubilado es un pensionado “desactivado”.

Entendemos y no respetamos esas concepciones ya superadas en el dinámico y progresivo derecho social, que tiene una Ley Orgánica, ahora no sólo para el sector privado; en el que privan esas consideraciones economicistas neoliberales, sino para el sector público, en el que se manifiesta más claramente que el pago por jubilación, como lo definió la doctrina francesa hace décadas, es “salario retenido”.
Al efecto invocamos erudita opinión vertida por el Consultor Jurídico de la Asociación de Profesores de la Ilustre Universidad Central de Venezuela, Abogado Carlos R. Natera M, el 31 de julio de 1975, momento estelar en luchas gremiales universitarias.
Logró el jurista gremial, entre otras consideraciones, resaltar las característica que asimilan el pago a los profesores universitarios jubilados, al pago de sueldo o salario de los profesores en servicio activo, y defendió hace 38 años, en párrafos de tan larga data que conservan su vigencia y que son de muy oportuna clarividencia en este escrito, iguales razones en defensa de la igualdad de derechos de los profesores universitarios jubilados de la UCV, frente a los profesores activos para entonces en la UCV; y al igual derecho al bono vacacional como extensión o complemento del sueldo o salario de un funcionario público universitario, en servicio activo o jubilado; y hasta en símil de parangón con los militares, en condición de “retiro”.

Dada la naturaleza de la opinión y el contexto similar en que se produce, no nos atrevemos a “comentarlo” porque lo podríamos devaluar; y por ello presentamos foto scaneada en sus primeras 5 páginas, consignando copia completa para la consideración de doctrina en este recurso, y que identificamos marcado con la letra “C”.
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En el caso universitario es oportuno señalar que El Libertador Simón Bolívar asumiendo la responsabilidad de remozar la Universidad, decretó a manera de Constituciones Universitarias el 24 de junio de 1827: “Los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela”, derogando las Constituciones de la Real y Pontificia Universidad promulgados en 1727 por el monarca Borbón Felipe V.

De los 289 artículos de Los Estatutos Republicanos, El Libertador y el Sabio José María Vargas, en redacción conjunta dedicaron ocho (8) artículos a desarrollar exhaustivamente el régimen de jubilaciones de los catedráticos, que como reconocimiento de sus servicios y sin que tuvieran que hacer ningún tipo de contribución para lograrla, gozaban de la jubilación a los veinte años de docencia ininterrumpida en una misma cátedra, devengando de por vida el sueldo completo y en el caso de que cumpliera veinte años de regencia en cátedras diferentes, podía retirarse con la mitad de la renta. Si hubiese servido veinticinco años con las dos terceras partes de la dotación, y si treinta, con toda la renta, expidiéndosele el título de jubilado. (artículos 196 a 203 de los Estatutos)
DEL DERECHO EN ESTE RECURSO

Primero.-

Invocamos la vigencia de los Artículos 80, 86 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que transcribimos a continuación:

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”. 

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial”.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:

Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.

Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.

Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.

Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social”. 
La invocatoria que hemos hecho de la vigencia de los artículos constitucionales 80, 86 y 89; la respaldamos a los efectos de interpretación en este recurso, con dispositivos de Sentencia en recurso de avocamiento, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso jubilados CANTV), en fecha 26 de julio de 2005, Expediente Nº 60-S-2005-00545, que entre otras máximas jurisprudenciales vinculantes, creemos oportuno citar:

…“El concepto de seguridad social consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser entendido como un sistema que abarca toda una estructura que integra entes de derecho público-sistema de asistencia y seguridad social, configurado bajo el régimen único de seguro social entendido, en su acepción tradicional- al igual que el régimen privado, cuyo objeto común es garantizar la obtención de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos titulares del derecho a pensiones y jubilaciones. En consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de derecho público o privado, distintos de la República, que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva ni por convenio entre particulares”.
Y por otra parte, de ese pronunciamiento del máximo tribunal de la República, traemos a colación una especial referencia que puede y debe ser tomada en cuenta para este recurso, de símil objeto, que es el caso CANTV, que por más de una década se ventiló como asunto de interés nacional, con relevancia para los trabajadores, los jubilados y las organizaciones sindicales, y que por ello, dada la jurisprudencia que sentó, con ese fin nos permitimos transcribir: …

“En consecuencia, la protección que el Estado brinda al hecho social trabajo, incide directamente en el contexto de toda la sociedad, ya que ello puede conllevar a un alto índice de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos que de mantenerse causarían daños, tanto a los trabajadores, como a los entes públicos vinculados al caso. Tal protección no debe excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados, ya que el cobro de las pensiones de jubilación forma parte del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales previstos en el Texto Fundamental. 

A juicio de la Sala, se encuentra que la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículo 94 y 2 de la Enmienda de la Constitución de 1961- como pensión de vejez para la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicio para que sea recipiendaria de tal beneficio de orden social, pues su espíritu es, precisamente, garantizar la calidad de vida del funcionario público o trabajador privado, una vez que es jubilado.

 En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional.

 De la misma manera, cónsono con lo expuesto precedentemente, se aprecia que la decisión sometida a revisión de la Sala vulneró el carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, al excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados del beneficio de los aumentos en las pensiones de jubilación proporcionales a los incrementos salariales que reciban los trabajadores activos de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela producto de las contrataciones colectivas. (Énfasis añadido)

 Ciertamente, como se ha indicado en diversas oportunidades, la Sala no puede desconocer el valor social y económico que tiene la jubilación, pues ésta sólo se obtiene luego que una persona dedica su vida útil al servicio de un empleador, y conjugado con la edad –la cual coincide con el declive de esa vida útil- el beneficio de la jubilación se configura como un logro a la dedicación de un esfuerzo que se prestó durante años. Así, se ha entendido que el objetivo de la jubilación es que su titular –que cesó en sus labores diarias de trabajo- mantenga la misma o una mayor calidad de vida de la que tenía, producto de los ingresos que ahora provienen de la pensión de jubilación, con la finalidad de asegurar una vejez cónsona con los principios de dignidad que recoge el Texto Fundamental en su artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”



Segundo.-

Invocamos la vigencia de los Artículos 27 y 25 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Artículo 25.- Los jubilados recibirán anualmente una bonificación de fin de año calculada en la misma forma en que se haga para los funcionarios o empleados activos y la cual será pagada en la oportunidad en que lo determine el Ejecutivo Nacional.”

Artículo 27.- Los regímenes de jubilaciones y pensiones establecidos a través de convenios o contratos colectivos seguirán en plena vigencia y en caso de que sus beneficios sean inferiores a lo establecido en esta Ley, se equipararán a la misma. Estos regímenes se harán contributivos en forma gradual y progresiva en los términos que establezca el Reglamento, en la oportunidad en que se discutan los convenios o contratos colectivos. La ampliación futura de esos beneficios deberá ser autorizada por el Ejecutivo Nacional. Las jubilaciones y pensiones a que se refiere este artículo, seguirán siendo pagadas por los respectivos organismos. Los beneficios salariales obtenidos a través de la contratación colectiva para los trabajadores activos, se harán extensivos a los pensionados y jubilados de los respectivos organismos.”
La invocación que hacemos de los artículos transcritos tiene el sentido de ilustrar y respaldar nuestras denuncias de violación, por parte de la I Convención Colectiva Única, de la Constitución de la República y de Leyes.

Particularmente de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones queremos hacer valer la primacía de esta Ley sobre la Convención Colectiva, por cuanto establece un derecho a la igualdad para el cálculo de la bonificación de fin de año, de los docentes jubilados activos con respecto a los docentes activos de los Institutos y Colegios Universitarios y de las Universidades Nacionales.
Y ese dispositivo preciso sobre bonificación de fin de año, el legislador lo amplía; en forma enunciativa, extensiva, amplia, para todos los beneficios contractuales y particularmente “a través de la contratación colectiva, se harán extensivos los beneficios salariales obtenidos por los trabajadores activos, a los pensionados y jubilados de los organismos públicos.

Es decir, la LEY DE JUBILACIONES aplica el principio laboralista de PROGRESIVIDAD, al mismo tiempo que lo ilustra con la IGUALDAD entre activos y jubilados.

Y el mandato de la LEY (“se harán extensivos”), no admite interpretación, porque es muy clara y precisa la disposición sobre “beneficios salariales” como derecho para los jubilados en las mismas condiciones que para los activos.

En consecuencia, no se puede entender, conforme a Derecho, que en la I Convención Colectiva Única para los trabajadores universitarios, SE LE NIEGUE EXPRESAMENTE en varias Cláusulas los “beneficios salariales” a los jubilados y pensionados docentes universitarios
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