Tribunal superior de justicia






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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

NIG 46250-31-1-2012-0000054

Rollo de Apelación 18/2012

Procedente de la Causa del Tribunal del Jurado 6/2011

de la Audiencia Provincial de Alicante

SENTENCIA Nº 15/2012

Excma. Sra. Presidenta

Dª. María Pilar de la Oliva Marrades

Iltmas. Señorías

D. José Flors Matíes

D. Juan Climent Barberá

En la ciudad de Valencia, a veintisiete de noviembre de dos mil doce.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los Magistrados que al margen se expresan, ha visto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia número 5 de 2012, de fecha cinco de julio, pronunciada por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Alicante, Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, en la causa seguida por los trámites del Procedimiento especial del Tribunal del Jurado, número de rollo 6 de 2011, instruida por el Juzgado de Instrucción número 6 de los de alicante con el número 1/2010, en cuya sentencia se absolvió a Danut Adrian Grigorita, a Bogdan Puiu y a Daniel Laurenti Paraschiv de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas.

Han sido partes en el recurso, como apelante principal, la acusadora particular Dª. María Dolores González Espín, representada por la procuradora de los tribunales Dª. Begoña Mollá Sanchos y defendida por el abogado D. Vicente Veintimilla Barrachina; como apelante supeditado, el Ministerio Fiscal, representado por el Iltmo. Sr. D. Javier Arias Ochoa; y como apelados, Daniel Laurentiu Paraschiv, representado por la procuradora de los tribunales Dª. Isabel Molina Noguerón y defendido por el abogado D. Enrique Montaner Pedrón; Bogdan Puiu, representado por la procuradora de los tribunales Dª. María Ángeles Jurado Sánchez y defendido por el abogado D. Roberto Sánchez Martínez; y Danut Adrian Grigorita, representado por el procurador de los tribunales D. Fernando Modesto Alapont y defendido por el abogado D. Antonio A. González Marín. Ha sido Ponente el Istmo. Sr. Magistrado D. José Flors Matíes.
I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la siguiente declaración de hechos probados: “El día 7 de septiembre de 2008 fue encontrado el cadáver de Cristian Sánchez en un paraje rural próximo a Fuente La Higuera, sin que exista la certeza absoluta de que Puiu Bogdan, Daniel Laurenti Pasashiv y Danut Adrian Grigorita tuvieran intervención alguna en la muerte”.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene el siguiente fallo: “Que debo absolver y absuelvo a Danut Adrian Grigorita, Bogdan Puiu y Daniel Laurenti Paraschiv de los delitos por los que eran acusados por la fiscalía y la acusación particular con declaración de las costas de oficio”.

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la acusadora particular Dª. María Dolores González Espín se interpuso contra la misma recurso de apelación con fundamento en los siguientes motivos:

1.º) Quebrantamiento de las normas y garantías procesales causantes de indefensión, al amparo del artículo 846 bis c), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la infracción de los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución en relación con los artículos 61.1 d) y 63.1 a), d) y e) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por entender que los hechos probados no han sido objeto de motivación suficiente y considerar que la motivación del veredicto ha sido arbitraria y contradictoria.

2.º) Quebrantamiento de las normas y garantías procesales causantes de indefensión, al amparo del artículo 846 bis c), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando la infracción de los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución en relación con el artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haberse practicado en el acto del juicio la prueba, que había sido admitida, de declaración testifical de D. Serban Constantin Soticescu, D. Costel Vieru y Dª. Olga Salyutina.

Con la exposición de los argumentos que consideró del caso, terminaba suplicando que se tuviera por interpuesto el mencionado recurso y que en su día se dictara sentencia por esta Sala en la que “acogiendo los motivos consignados en el cuerpo de este escrito se repita el juicio o se declare culpables a los acusados en el presente procedimiento de los delito de asesinato, tenencia ilícita de armas y encubrimiento.

CUARTO.- Al dar traslado a las demás partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal mostró su adhesión al mismo formulando recurso supeditado en igual sentido que el expresado en la argumentación del motivo primero del recuso principal relativo a la suficiencia e idoneidad de la declaración del coacusado Danut Grigorita para poder fundar en ella un veredicto de culpabilidad.

QUINTO.- Una vez sustanciado el recurso principal y el supeditado, que fueron impugnados por las partes apeladas, se remitieron las actuaciones a este Tribunal, señalándose para la celebración de la vista el día veintidós de los corrientes, en el que tuvo lugar, y en cuyo acto expusieron las partes apelante principal y supeditada y apelada cuanto tuvieron por conveniente en defensa de sus respectivas posturas procesales.


II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el primer motivo del recurso, que se formula al amparo del artículo 846 bis c) apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se funda en la infracción de los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución en relación con los artículos 61.1 d) y 63.1 a), d) y e) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se esgrime por la parte recurrente principal una doble argumentación: a) En primer lugar se afirma que los hechos declarados probados por el Jurado no han sido objeto de motivación suficiente y b) En segundo lugar se sostiene que la motivación del veredicto ha sido arbitraria y contradictoria, pues, a juicio de dicha parte, la declaración prestada en el acto del juicio por el coimputado Danut Adrian Grigorita era idónea y suficiente para poder fundar en ella un veredicto de culpabilidad. Este segundo argumento (el de la idoneidad y suficiencia de la declaración del mencionado coimputado) es coincidente con el utilizado por el Ministerio Fiscal para fundar el recurso supeditado de apelación formalizado por el mismo.

La lectura del acta del veredicto permite comprobar que los jurados sí que expusieron de forma sucinta, pero muy clara, cuáles fueron las razones por las que rechazaron, por siete votos frente a dos, declarar como probados los hechos afirmados por la acusación y, en particular, los hechos expuestos en los ordinales 1º y 2º de la proposición del objeto del veredicto. La conclusión por ellos alcanzada acerca de que, como se afirma en la relación de hechos probados de la sentencia recurrida, “El día 7 de septiembre de 2008 fue encontrado el cadáver de Cristian Sánchez en un paraje próximo a Fuente La Higuera sin que exista la certeza absoluta de que Puiu Bogdan, Danuel Laurenti Paraschiv y Danut Adrian Grigorita tuvieran intervención alguna en su muerte”, se fundamenta y explica por los miembros del jurado del siguiente modo. “Si bien cabría dar fuerza probatoria a la declaración del inculpado Danut Adrian, dicha declaración no ha podido ser contrastada con ninguna prueba pericial: ni restos de sangre o fluidos en la vivienda donde se relata la ocurrencia de los hechos; vehículo del traslado del cuerpo, restos en la maleta encontrada, huella alguna en dicha maleta, ni cualquiera otra inculpatoria traída a juicio oral, determinando a nuestro pesar, la total falta probatoria inculpatoria y desvelando la declaración citada como insuficiente”.

Frente a esa argumentación de los jurados no cabe sostener en modo alguno que no exista motivación del veredicto, ni que ésta sea insuficiente para comprender la razón de su decisión. Al contrario: en ese apartado del acta explican muy claramente los jurados que el contenido de la declaración de uno de los coimputados, que atribuyó la causación de la muerte de la víctima a otro de ellos, no les resultó bastante para poder alcanzar la necesaria convicción acerca de la realidad de lo ocurrido porque los aspectos esenciales de esa declaración inculpatoria no pudieron ser corroborados por el resultado de ninguna de las pruebas periciales que se practicaron en el juicio para comprobar, precisamente, si lo dicho por aquel sujeto en tal sentido se correspondía con la realidad de lo sucedido o permitía confirmar como cierta esa versión, por coincidir los detalles ofrecidos por el declarante con los restos o vestigios hallados y los datos objetivos observados por los agentes de la policía especializados que llevaron a cabo la investigación.

Lo expuesto ha de comportar la desestimación del primer motivo del recurso, en cuanto a este extremo relativo a la supuesta inexistencia o insuficiencia de la motivación.

SEGUNDO.- Partiendo de la anterior consideración ha de concluirse que la motivación de los jurados no puede calificarse como arbitraria o contradictoria, sino acorde con la lógica. Pero antes de analizar este concreto extremo del recurso debe destacarse que la argumentación utilizada por las partes recurrentes en el acto de la vista para postular la estimación del mismo, evidencia que lo que se está pretendiendo por ellas es que se realice por este tribunal una nueva valoración de todas las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y que, sustituyendo la efectuada por los miembros del Jurado por otra diferente, se otorgue primacía a aquellos concretos aspectos que las partes recurrentes, principal y adherida, consideran preferibles a los que determinaron la convicción de aquéllos, lo que es de todo punto inviable por resultar impropio de este recurso y ajeno al ámbito objetivo del mismo, según se configura en el artículo 486 bis b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si se atiende a los indicios que las partes acusadoras manifiestan haberse evidenciado en el juicio y que relacionan en sus escritos de interposición de sus recursos como los determinantes del que, en su opinión, debió ser un diferente veredicto, tales indicios –que no constituyen propiamente en su totalidad hechos indiciarios- pueden servir para que se aventuren conjeturas acerca de lo que pudo haber sucedido entre los acusados y la víctima con anterioridad al fallecimiento de ésta, o sobre en qué persona pudieran recaer más o menos sospechas de haber podido ser el que le causó la muerte, pero de ninguna manera permiten afirmar con la rotundidad requerida para la declaración de un hecho como probado que fuera el acusado Bogdan Puiu, sin lugar a duda alguna, el autor de la acción homicida por la que se formula la acusación. Si a ello se añade que el coimputado que realizó la declaración inculpatoria respecto de Bogdan era el dueño de la maleta en la que apareció el cadáver (lo que permite presuponer que una indudable intención exculpatoria en la versión que diera del suceso) y, además, que ninguno de los aspectos esenciales de esa declaración pudieron ser corroborados por el resultado de ninguna de las pruebas periciales que se practicaron en el juicio para comprobar, precisamente, si lo dicho por aquél se correspondía con la realidad, se ha de concluir forzosamente que la conclusión alcanzada por los miembros del Jurado no fue en modo alguno arbitraria, sino acorde con los dictados del racional criterio humano y ajustada a lo que tienen declarado el Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la eficacia incriminatoria de la declaración de un coimputado.

Es doctrina constante de ambos Tribunales la de que cuando la única prueba de cargo consiste en la declaración de un coimputado, tal declaración incriminatoria carece de consistencia plena como tal prueba de cargo si no resulta corroborada por otras pruebas (pueden verse, entre las más recientes, las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de junio, 13 de julio y 14 de julio de 2012, dictadas en los recursos 2258/2011, 2273/2011 y 2145/2011, y la sentencia del Tribunal Constitucional número 115/1998).

TERCERO.- En el segundo motivo del recurso principal, formulado al amparo del artículo 846 bis c), apartado a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia el quebrantamiento de normas y garantías procesales causantes de indefensión y la infracción de los artículos 9.3, 24.1 y 120.3 de la Constitución en relación con el artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no haberse practicado en el acto del juicio la prueba, que había sido admitida, de declaración testifical de D. Serban Constantin Soticescu, D. Costel Vieru y Dª. Olga Salyutina.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo viene exigiendo para la estimación de este motivo que, además de tratarse de prueba pertinente, oportunamente propuesta y admitida, la misma resulte posible de practicar y necesaria para el esclarecimiento del hecho, debiendo cumplir la parte a quien interese su práctica estas dos exigencias: 1ª) Que así lo manifieste en el acto del juicio, solicitando la suspensión del mismo para que se lleve a cabo la nueva citación o que se ordene la comparecencia de los testigos; 2ª) Que si no se accede a dicha suspensión se formule la oportuna protesta; y 3ª) Que sea hagan constar las preguntas que se formularían a los testigos incomparecidos a fin de poder valorar, primero el tribunal sentenciador y luego el tribunal de apelación o de casación, la necesidad de dicho medio de prueba en relación con lo que es objeto del juicio (pueden verse, entre otras muchas y como más recientes, las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2012 -recurso 1618/2011-, 26 de abril de 2012 -recurso 1631/2011-, 18 de mayo de 2012 -recurso 1012/2011- y 18 de julio de2012 -recurso 2279/2011-).

Ninguno de esos tres requisitos se dan en el caso presente, en el que, según es de ver en el acta del juicio (folio 416) y en el disco que contiene la grabación audiovisual del mismo, cuando se puso de manifiesto que aquellos testigos no habían podido ser citados, al no ser habidos, todas las partes renunciaron a la práctica de su declaración testifical. No cabe, por tanto, estimar producida la supuesta indefensión que se denuncia en este segundo motivo del recurso, con fundamento en no haberse practicado un determinado medio de prueba, cuando fue la propia parte recurrente la que renunció expresamente a su práctica en el acto del juicio. Por tanto, dicho segundo motivo debe ser, asimismo, desestimado.

CUARTO.- Sobre las costas del recurso que se desestima no procede hacer expresa imposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 239.3º, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no apreciarse temeridad ni mala fe en la actuación de la parte acusadora particular recurrente.

Vistos, además de los artículos citados, los demás de general y pertinente aplicación,

III. FALLO

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. María Dolores González Espín y el recurso supeditado interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia pronunciada por el Sr. Magistrado Presidente Tribunal del Jurado en la causa a que el presente rollo se contrae, sin hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes con expresión de que contra la misma cabe preparar ante esta Sala, en el plazo de cinco días, recurso de casación para ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Doy fe.


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