Santiago, dieciocho de enero de dos mil trece






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Santiago, dieciocho de enero de dos mil trece.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 60.656 del Primer Juzgado Civil de San Antonio el abogado Eduardo González Lara, en representación del demandante Luis San Martín Almonacid, en este procedimiento ordinario sobre nulidad de derecho público del plan regulador de esa comuna seguido contra la I. Municipalidad de San Antonio, deduce recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha dos de diciembre de dos mil diez, que confirmó el fallo de primera instancia de cinco de agosto de ese mismo año en cuanto negó lugar a la demanda por falta de legitimación activa.

Basa la impugnación de forma en el motivo 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con su artículo 170 N° 4°. Fundamenta la objeción de fondo en los artículos 1713 del Código Civil y 341 del Código de Procedimiento Civil, por una parte, y en los preceptos 7 de la Constitución Política de la República, 43, 44 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, por la otra.

Se trajo los autos en relación, procediéndose a la vista en la audiencia de cuatro de octubre de dos mil doce, con la intervención de los abogados de ambas partes, habiéndose dejado el asunto en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE QUE:

I. CASACIÓN EN LA FORMA

1°.- El recurso de nulidad formal se funda en la quinta causal del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la especie 4° del artículo 170 del mismo texto legal, esto es, haberse dictado la sentencia con omisión de las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, al haber prescindido los sentenciadores del análisis de la prueba rendida al momento de establecer los hechos, toda vez que el fallo de primer grado efectúa una mera transcripción de las evidencias sin razonar de modo alguno sobre ellas, mientras que el de segunda al intentar fijar los hechos de la causa se limita a proclamar conclusiones generales en orden a que se habría cumplido con la normativa atingente, lo que, añade el libelo, le acarrea un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, dado que, de haberse efectuado las necesarias consideraciones respecto de la prueba, se habría determinado que no se cumplió con los requisitos exigidos por la ley para la promulgación del Plan Regulador de la Comuna de San Antonio;

2°.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda de nulidad de derecho público dirigida contra el Decreto Alcaldicio N° 2906, de 7 de junio de 2006, que promulga el Plan Regulador de San Antonio, acogiendo la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte demandada, por cuanto, según ella, el actor no ha denunciado la conculcación de un derecho subjetivo ni esgrimido un interés legítimo que permita entender que pudo ser directamente afectado.

A su turno, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo del recurso de apelación deducido por el demandante, consignó que como el fallo en alzada omitió establecer los hechos de la causa, procedía llenar el vacío, lo que efectuó en el fundamento segundo del suyo;

3°.- El actor reprocha la falta de análisis de la prueba rendida, lo que era necesario para establecer los hechos de la causa, análisis que habría significado determinar “que no se cumplieron los requisitos que la ley exigía para los efectos de promulgar el plan regulador” (fs. 788).

En opinión del perdidoso, la ausencia de desarrollos en torno a las probanzas producidas por las partes derivó en que se limitaran los jueces “a dar conclusiones generales en cuanto a que se habría cumplido con la normativa invocada para la modificación del Plan Regulador Comunal, cuestión que no se aviene con el mérito de la prueba rendida ya que de ella aparece claramente que no se respetó dicha normativa” (fs. 785);

4°.- Se pide invalidar una sentencia que emana de un órgano que ejerce jurisdicción.

En cuanto tal, el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República la presume fundada en un proceso legal, lo que la reviste de la soberana valía que consagra el artículo 7 inciso primero de esa superior regulación.

De ahí que, de acuerdo con los lineamientos más elementales del resorte procesal saneatorio, el reparo ha de proceder, en lo que aquí convoca, a condición de existir un vicio, que de éste se siga un perjuicio para quien lo reclama, y no haya vía alternativa plausible;

5°.- Para que la Corte quedara en situación legitimada para anular el fallo, resultaba indispensable se le demostrara la pertinencia y solidez del discurso central de la reivindicación en examen, es decir, que la presencia del análisis que el recurrente echa de menos implicaba una decisión distinta a la conocida, por cierto favorable a sus pretensiones.

Ello no se da en la especie, pues, como antes se destacó, la sola aseveración que de la prueba no aparece haberse respetado la normativa atinente a la modificación del plan cuestionado, no satisface los presupuestos de admisibilidad del recurso adjetivo;

6.- Pues, se desestimará la queja formal.

II. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

7°.- Por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción a las leyes reguladoras de la prueba contenidas en los artículos 1713 del Código Civil y 341 del Código de Procedimiento Civil que, en forma consecuencial, ha permitido la vulneración de los artículos 7 de la Constitución Política de la República; y 43, 44 y 45 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458 que contiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones; todos ellos por haber acogido los sentenciadores la excepción de falta de legitimación activa.

Expone el libelo que la resolución impugnada yerra al calificar de “confesión” lo que señaló al absolver posiciones en orden a que “su interés es que se restablezca el principal atractivo turístico y económico para los comerciantes y empresarios del Centro de San Antonio y los derechos ciudadanos violados por la publicación del Plan Regulador Oficial”, de lo que derivó la conclusión de su falta de interés.

También equivoca al considerar que en los escritos que conforman el discursivo existe una confesión espontánea de su falta de interés.

Sostiene asistirle legitimación para actuar, desde el momento que no se ha cuestionado su calidad de ciudadano residente en la comuna que regirá el Plan que cuestiona y en cuya génesis tampoco se respetó las normas de publicidad pertinentes, impidiéndole su intervención en el proceso que lo dio a luz.

Lo anterior, sin perjuicio de lo ya advertido en la sede formal en punto a la falta de análisis de la prueba rendida que importa vulneración del artículo 341 del estatuto procesal.

Esgrime la nulidad como el efecto sancionatorio aplicable a un decreto alcaldicio desconocedor de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En suma, sostiene que de no haberse vulnerado las mencionadas disposiciones reguladoras de la prueba, se habría tenido por cierto los hechos fundantes de la acción, entre los cuales está su “legitimación activa e interés” (fs. 803) para deducirla; entonces, constatando el incumplimiento de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, no quedaba más, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que sellar la nulidad de derecho público del Decreto Alcaldicio N° 2906, de 7 de junio de 2.006;

8°.- Al abordarse el estudio de la reseñada crítica es necesario esclarecer de partida que, en rigor de verdad, lo que por ella se plantea no es otra cosa que la falsa aplicación de los artículos 1713 del código privatista y 341 del procesal que le viene, pues lo demás, esto es, la falta de aplicación de la indicada preceptiva del decreto con Fuerza de Ley N° 458, no puede sino serle sucedánea. En otros términos, recién descartada la ilegitimidad actoral, podría encararse el resto;

9°.- No está de más recordar al efecto que la más arraigada teoría de derecho procesal discierne entre los presupuestos de proponibilidad, por una parte, y de procedencia de las acciones jurisdiccionales, por la otra.

Son condiciones de proponibilidad aquellas sin las cuales la acción no puede ser admitida a tramitación.

Son requisitos de procedencia los que, ausentes, vedan el éxito de lo pretendido.

Una de las condiciones de procedencia de toda acción jurisdiccional es la de la existencia de un interés para accionar, interés que, por lo demás, ha de estar rodeado de ciertas características en las que no viene al caso detenerse.

Entonces, es propio del juicio jurisdiccional ocuparse, una vez superado el tamiz de proponibilidad, de la comparecencia o no del mentado interés jurídico para actuar, que va de la mano, casi a modo de corolario con el tema, ya más adjetivo, de la titularidad actoral, pues ésta sólo puede radicarse en quien conduzca el interés en comento.

Será titular activo quien exhiba pertinencia directa e inmediata a su respecto, de la acción que deduce.

Cierto es que el ejercicio de la acción es un derecho a todos garantizado. Tan cierto como que debe asumírselo en el marco jurídico preestablecido por norma, doctrina y costumbre.

Nada impedirá que quien sea requiera la intervención de un tribunal; lo hará amparado por normativa inclaudicable. Nada impedirá que el tribunal desmerezca el intento, cuando manado de quien causalmente ajeno.

Así, por ejemplo, cualquier chileno podrá alzarse contra la validez de determinada normación, pero el juez requerido revisará si algo en ésta la vincula directa e inmediatamente con el pretendiente, pues de no ser así echará de menos el interés y la titularidad para blandirla;

10°.- Por consiguiente, lo primero en este caso es, obviamente, el examen de la posible vulneración de los artículos 1713 y 341.

Sólo de ser ella exitosa tendrá sentido estudiar el alcance de los artículos 43, 44 y 45 tantas veces mencionados, a la luz del axioma del artículo 7 de la carta principal;

11°.- Sabido es que el tribunal de casación sólo ingiere en el derecho.

Su autoridad a nivel de los hechos no pierde su marca de revisión puramente jurídica. Es decir, esta superior judicatura, en la sede que aquí se la ha convocado, lo único que puede fiscalizar –en el ámbito del requerimiento- es la conformidad o disconformidad del razonamiento –y la subsecuente deducción- con las pocas disposiciones de ley que, en el plano de la denominada prueba reglada, definen el alcance que en orden a la veracidad de los hechos haya de conferirse a las evidencias de parte.

Naturalmente, ello presupone un segmento mínimo de adjetividad, pues se comprende que lo que se anida en la subjetividad ínsita a la razón, no puede ser siempre logrado ni tocado por el contralor.

Así, ha de dejarse desde luego sentado que las leyes conocidas como reguladoras de la prueba lo son en ese ámbito de adjetividad.

El fallador que las omite en su mecánica o que al aplicarlas afecta manifiestamente la estructura lógica que las inspira, tuerce el camino que, de cara a la sana convicción, el ordenamiento le ofrenda.

Es esto lo que en casación ha de repararse. No la apreciación que del correcto uso de tales reglas surja para el juridiscente, cuyo juicio soberano la casación no está llamada a macular;

12°.- Valga lo dicho para predicar con énfasis que la“falta de interés” no es un hecho, sino una opinión, un juicio de valor, una calificación.

En cuanto tal, no es susceptible de los predicados propios de los juicios descriptivos, que son los que atañen al ámbito de la facticidad.

En consecuencia, aborta ab initio una casación substantiva que, al amparo de regulaciones exclusivas del establecimiento de hechos, se empeña en alterar una calificación jurídica.

No precisa el recurrente la o las circunstancias que en el plano de los hechos haya(n) sido desconocida(s). Su derrotero es, nada más, la falta de interés.

Ergo, la objeción no podrá prosperar;

13°.- Habida cuenta lo sostenido en supra 10°, no corresponde el análisis del denunciado yerro tocante a los artículos 43, 44 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en relación con el artículo 7 de la Constitución.

Consideraciones en virtud de las cuales se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí de fojas 779, contra la sentencia de dos de diciembre de dos mil diez, escrita a fojas 777, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción del ministro suplente señor Cerda.

Rol Nº 673-2011.-

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., el Ministro Suplente Sr. Carlos Cerda F., y los Abogados Integrantes Sr. Emilio Pfeffer U., y Sr. Alfredo Prieto B. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con permiso y el Abogado Integrante señor Pfeffer por estar ausente. Santiago, 18 de enero de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a dieciocho de enero de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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