Derecho procesal penal II unidad n° 1






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DERECHO PROCESAL PENAL II
UNIDAD N° 1


2. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EX DELICTO

I. ACCIÓN CIVIL

A) Concepto y presupuestos

Se afirma que la acción civil resarcitoria es el poder jurídico formal destinado a hacer valer ante un órgano del Estado una pretensión de resarcimiento.
Para que nazca el derecho subjetivo que se pretende hacer valer mediante la acción civil son necesarios los siguientes presupuestos:
a) Que exista un delito penal (doloso o culposo) como fuente de la responsabilidad civil;
b) Que exista un daño privado, cierto y efectivo, y que implique la lesión de un bien que sea objeto de un interés jurídicamente tutelado;
c) Que entre el delito y el daño medie un nexo de causalidad.


B) Responsabilidad

De las consecuencias civiles de un delito puede responder tanto el Responsable directo como el Responsable indirecto. El Responsable directo es el sujeto culpable de un delito penal, cualquiera que sea el grado de su participación conforme al Código Penal (CP, arts. 45 y 46), es también civilmente responsable del daño que el delito hubiere causado. El Responsable indirecto es aquel que responde por el daño causado por un delito que ejecutaran personas bajo su dependencia. Esta responsabilidad proviene de culpa in vigilando o culpa in eligendo.


C) Caracteres

La acción civil tiene los siguientes caracteres:

a) Tiende a hacer valer una pretensión disponible y consumible del derecho privado.
b) Es independiente de la acción penal.
c) Puede ser ejercida en sede civil o, en ciertos casos, en sede penal (delitos dolosos u homicidios o lesiones gravísimas culposas, salvo conexión de causas [CPP, art. 24]).
d) En sede penal sólo puede ser ejercida cuando esté en movimiento una persecución penal.
e) Si la acción es promovida en sede civil, su ejercicio debe suspenderse, en cierta medida, hasta la terminación del proceso penal en curso, salvo casos excepcionales, y la sentencia penal adquiere, dentro de ciertos límites, el valor de cosa juzgada.


D) Contenido

La acción resarcitoria puede tener como fines posibles:

a) La restitución del objeto material del delito;
b) La indemnización del daño material,
c) La indemnización del daño moral.


E) Sistemas de ejercicio de la acción civil

Doctrinariamente, existen dos grandes sistemas de ejercicio de la acción civil ex delicto en el Derecho comparado:
a) El de la separación: Ambas acciones (la penal y la civil) deben ser ejercidas separadamente. El mismo exige que así como los Tribunales penales son los únicos que conocen de la acción penal, los civiles deben ser también los únicos competentes para conocer de la acción civil. Este sistema se funda en el diverso carácter y finalidad de ambas acciones, en la conveniencia de no perturbar el proceso penal con el planteamiento de cuestiones de derecho privado y en que el Juez penal puede resultar un mal Juez civil.
b) El de la acumulación: En él, ambas acciones, pueden o deben ejercerse en la sede penal. Si es optativo, da la posibilidad de elegir entre la sede civil y la penal para ejercer la acción civil; si es obligatorio, impone el ejercicio de dicha acción en sede penal. Predomina el criterio de que, siendo un mismo hecho el fundamento de ambas pretensiones, el Juez penal que ha conocido la causa está en mejores condiciones de resolver la cuestión civil.


II. CALIDAD DE ACTOR CIVIL

Para poder ejercer la acción civil en el proceso penal, en los casos que el legislador lo ha autorizado, es necesario constituirse en actor civil.
Actor civil es el eventual y accesorio en el proceso penal que hace valer una pretensión resarcitoria tendiente a la restitución del objeto materia del delito o de la reparación e indemnización por el daño material y moral que aquélla ha causado.
Para ejercer la acción resarcitoria, su titular debe constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto por la ley civil (CPP, art. 97).


III. INSTANCIA

La instancia de constitución debe formularse, personalmente o por un representante con poder general o especial que podrá ser otorgado apud acta, en un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad:
1°) El nombre, apellido y domicilio del accionante.
2°) La determinación del proceso a que se refiere.
3°) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca, el daño que se pretende haber sufrido y del monto pretendido.
4°) La petición de ser admitido como parte y la firma (CPP, art. 98).
La constitución procederá aún cuando no estuviere individualizado el imputado.
Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente demandados, la pretensión resarcitoria puede dirigirse contra uno o más de ellos. Cuando el actor no mencionara a ningún imputado, se entenderá que se dirige contra todos (CPP, art. 99).


IV. OPORTUNIDAD

El pedido de constitución debe presentarse antes de la clausura de la investigación penal preparatoria. La solicitud será considerada por el Tribunal de Juicio, en el decreto de citación a juicio, quien ordenará las notificaciones pertinentes. El Fiscal de Instrucción puede pedir el embargo de bienes (CPP, art. 100).
El decreto que acuerde la constitución deberá notificarse al imputado, al demandado civil y a sus defensores, y surtirá efectos a partir de la última notificación.
En el caso de no individualización del imputado, la notificación se hará en cuanto se lo individualice (CPP, art. 101).


V. OPOSICIÓN

Los demandados pueden oponerse a la intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del término de cinco días a contar de su respectiva notificación; pero cuando al demandado civil se lo citara o interviniera con posterioridad, puede hacerlo, dentro de dicho término, a contar de su citación o intervención (CPP, art. 103).
Cuando no se dedujera oposición en la oportunidad anteriormente mencionada, la constitución de actor civil será definitiva, sin perjuicio de la facultad conferida al Tribunal para disponer la exclusión de oficio. La aceptación o rechazo del actor civil no pueden ser reproducidos en el debate (CPP, art. 104).
Durante los actos preliminares del juicio, el Tribunal puede ser rechazar y excluir de oficio, por decreto fundado, al actor civil cuya intervención fuera manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiera sido concedida al resolverse un incidente de oposición (CPP, art. 105). El rechazo o la exclusión del actor civil no impide el ejercicio de la acción ante la jurisdicción civil (CPP, art. 106).


VI. FACULTADES Y DEBERES

El actor civil puede actuar en el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido, y la responsabilidad civil del demandado.
Es de aplicación el artículo 94, segundo párrafo (CPP, art. 107).


VII. DESISTIMIENTO

El actor civil puede desistir de su demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera ocasionado.
Se considerará desistida la acción cuando el actor civil, regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del debate, no concrete la demanda o no presente conclusiones en la oportunidad prevista en el art. 402 o se aleje de la audiencia sin haberlas formulado (CPP, art. 108).


VIII. REGLAS RELATIVAS AL DEMANDADO CIVIL

El demandado civil es el sujeto eventual y doblemente accesorio del proceso penal que actúa como parte en el proceso penal, ingresando al mismo voluntariamente o por citación, para responder conforme a las leyes civiles igual que el imputado por el daño que éste causó con el delito.
El demandado civil puede intervenir en el proceso por citación o espontáneamente:

A) Intervención por citación

Quien ejerza la acción resarcitoria puede pedir la citación de la persona que según las leyes civiles responda por el daño que el imputado hubiera causado con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada.
La instancia debe formularse en la forma y oportunidad prescripta por los arts. 98 y 100, con indicación y domicilio del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado (CPP, art. 109).
El decreto que ordene la citación contendrá: el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la indicación del proceso a que se refiere.
La resolución debe notificarse al imputado y a su defensor (CPP, art. 110).
Será nula esta citación cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba.
La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil (CPP, art. 111).
Será declarada la rebeldía del demandado civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo de citación a juicio (361). Ella no suspenderá el trámite, que continuará como si aquél estuviera presente. Sólo se nombrará defensor del rebelde al Asesor Letrado si hubiere sido citado por edictos (CPP, art. 112).

B) Intervención espontánea

Cuando en el proceso se ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente demandada tendrá derecho a intervenir en el proceso.
Esta participación debe solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma y oportunidad que prescriben los arts. 98 y 100, en cuanto sea aplicable. El decreto que la acuerde será notificado a las partes y a sus defensores (CPP, art. 113).

C) Oposición

A la intervención espontánea o por citación del demandado civil pueden oponerse, según el caso, el citado, el imputado o el que ejerza la acción civil, si no hubiera pedido la citación.
Este incidente se deducirá y tramitará en la forma y plazos establecidos en los arts. 102 siguientes (relativos a la oposición a participación del actor civil) (CPP, art. 114).


IX) CITACIÓN EN GARANTÍA DEL ASEGURADOR

El actor civil, el imputado y el demandado civil asegurados, pueden pedir la citación en garantía del asegurador de los dos últimos (CPP, art. 115).
La intervención del asegurador se regirá por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sean aplicables (CPP, art. 116).
El actor civil, el imputado y el demandado civil deberán pedir la citación en la oportunidad prevista en el artículo 100 (al constituirse).


X) PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN DEL ACTOR Y DEL DEMANDADO CIVIL

Las partes civiles sólo pueden actuar con patrocinio letrado, o hacerse representar por un solo abogado (CPP, art. 125).

DERECHO PROCESAL PENAL II – UNIDAD N° 2
Clausura de la investigación preliminar (procedimiento intermedio)


1. Sentido y función del llamado procedimiento intermedio en el proceso penal. El sistema en el CPP de Córdoba y Nación. Crítica

A. El procedimiento intermedio. Crítica
El procedimiento intermedio es la segunda fase de la investigación penal preparatoria destinada a la crítica de los sujetos esenciales del proceso penal respecto a la fase anterior, destinada a la recolección de los elementos de prueba que puedan dar base a la acusación, al juicio abreviado inicial o determinar el sobreseimiento.
En el Derecho Comparado, explica Vivas: «Las regulaciones que materializan esta idea procesal, de efectuar un control de legalidad de lo actuado en la faz investigativa, son por demás heterogéneas e incluyen la denominada etapa intermedia (Ordenanza Procesal Penal, CPP Modelo para Iberoamérica), crítica instructoria (modelo italiano), clausura de la instrucción, control del gran jurado (sistema angloamericano)»[1].
Aunque no se regule expresamente el control de legalidad investigativa, éste se lleva a cabo inexorablemente y es siempre un procedimiento intermedio que se da entre la investigación propiamente dicha y los actos preliminares del juicio. En Córdoba se encuentra después de la investigación fiscal (de parte) o, excepcionalmente, de la investigación jurisdiccional (del supuesto órgano imparcial) y antes de los actos preliminares del juicio (fase del juicio).
Tanto el CPP de Cba. como el CPP de la Nación la denominan Clausura. Sin embargo, queda claro que la fase no se agota en la tramitación del cierre de la investigación. Se trata de un momento de reflexión y valoración de lo actuado, en donde el Tribunal competente (Juez de Instrucción [Control]) verifica si se dan las condiciones para elevar la causa a juicio de acuerdo a la requisitoria realizada por el órgano estatal encargado de la persecución penal (probabilidad positiva) o si se debe sobreseer (certeza negativa o duda insuperable). Incluso, pueden darse en este momento alternativas de solución del conflicto social, como es el juicio abreviado inicial.

B. Sistemas legislativos
Respecto a la elevación a juicio, se dan tanto en la doctrina como en las legislaciones positivas dos sistemas bien diferenciados; estos se distinguen fundamentalmente en que uno sigue un régimen de carácter discrecional o facultativo, en tanto que el otro resulta obligatorio; también se diferencian por los órganos que intervienen y por la facultad específica asignada a los mismos, que delimita el examen sobre la existencia de una participación punible y el mérito de la prueba que permita fundamentar la remisión del proceso a plenario.
Para una mejor explicación del tema, es necesario hacer una distinción de los dos sistemas, a partir de lo señalado en las legislaciones positivas más importantes que los han adoptado.

I. Sistema obligatorio
En este sistema de elevación de la causa a juicio en forma obligatoria, en todos los casos debe hacerse un examen de los fundamentos, o sea de la viabilidad de las condiciones para que la causa llegue a plenario, no importando que el imputado se haya opuesto o no a la elevación.

a) En Inglaterra, al imperar un sistema acusatorio puro, se instituyeron dos Tribunales de diversa composición y funciones, para juzgar en todos los casos los fundamentos de la acusación.
En primer lugar, se establecía un cuerpo colegiado popular llamado el Gran Jurado, el cual estaba encargado de examinar las probanzas recogidas en la instrucción y expedirse sobre los fundamentos de la elevación de la causa a juicio, dejando completamente de lado la consideración de la responsabilidad penal del imputado. Según sus sostenedores, la institución se fundamentaba en la protección de la libertad del imputado, al determinarse si la acusación tenía bases serias. Si faltaba esa seriedad, era superfluo entrar a considerar la responsabilidad del imputado, decían.

b) En Francia, repudiado el sistema inquisitivo con la Revolución Francesa, se adoptó el sistema inglés al que hemos hecho referencia, pero bien pronto se adujeron inconvenientes, por lo que el Jurado Popular fue suplantado por un Colegio técnico llamado Cámara del Consejo que tenía la misión de pronunciarse sobre el mérito del sumario. Pero adolecía este organismo de un defecto fundamental, ya que uno de sus tres miembros (el presidente), era el Juez que había llevado a cabo la investigación. Si bien se pretendía así que este Juez, por estar al tanto de los pormenores de la causa, informara a sus colegas de la misma, era evidente que su voluntad se tornó preponderante sobre las de los demás.
Al lado de este cuerpo se creó otro que con el tiempo iba a ser el único que iba a perdurar: la Cámara de Acusación, que en un primer momento sirvió para resolver por vía de acusación y luego, ampliando sus facultades, examinaba todo el trámite del proceso previo a la remisión del sumario a juicio; terminaron siendo tan amplias sus funciones que el propio Código de la materia reglamentó minuciosamente todo el trámite a seguir, en especial en cuanto a la forma y alcance de su intervención.

II. Sistema facultativo
La particularidad de este sistema reside en que únicamente no se eleva la causa a plenario en forma directa habiéndose formulado acusación, cuando la defensa –notificada de las conclusiones de aquella– se ha opuesto conforme se regula en el ordenamiento ritual. Es decir que si no media oposición, no cabe un nuevo pronunciamiento (esta vez del Instructor) sobre el mérito del sumario. Por eso es un sistema facultativo, porque el pronunciamiento no debe producirse en todos los casos sino que depende de la oposición del imputado.
Este sistema fue adoptado por Austria e influyó en nuestra legislación. Deja al Ministerio Público el poder de decidir si él debe llevar la acusación delante del Tribunal, y cuál ha de ser el objeto de esa acusación.
En efecto, dispone esta legislación que el acta de acusación (requisitoria fiscal en nuestro derecho), debe ser sometida al Juez de Instrucción o al Presidente de la Cámara del Consejo, según se haya tenido o no información previa.
Concluido el examen por cualquiera de estos dos órganos, si debe hacerse lugar a la acusación el Juez comunica la misma al imputado, informándole que puede oponerse. Si el imputado no se opone en el término legal o renuncia expresamente a la oposición, el Juez somete la acusación a la Corte de Primera Instancia, ante donde se llevará a cabo el juicio.
En caso de oposición, el Juez somete la causa a la Corte de Segunda Instancia, la cual, previa audiencia del Procurador General, se pronuncia sobre la oposición. El mismo procedimiento vale cuando el imputado, sin haberse opuesto, se manifiesta agraviado por el arresto.
Además, la Corte de Segunda Instancia debe rechazar provisoriamente el acta de acusación cuando sea necesario, para hacer desaparecer un vicio de forma o para aclarar mejor el hecho. Es un caso similar al que ocurre en nuestro derecho cuando la Cámara devuelve los autos para que el Fiscal formule nueva requisitoria por contener errores o vicios la primitiva.
Con respecto al coimputado que no ha deducido oposición, se establece que si no se da curso a aquel trámite se considera como si éste la hubiera formulado. Además se legisla sobre las formas y recursos.

2. El sobreseimiento: facultad de sobreseer. Valor. Procedencia (causales). Forma. Efecto. Discrepancia entre el Fiscal y el Juez de Instrucción.

A. Sobreseimiento. Concepto
El sobreseimiento es la resolución jurisdiccional que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta por carecer de fundamento o estar extinguida la pretensión represiva que se hace valer[2].
El sobreseimiento puede ser total o parcial, desde el punto de vista objetivo o subjetivo.
El sobreseimiento, desde el punto de vista objetivo, es total si se dicta en relación a todos los hechos atribuidos. Será parcial cuando sólo se refiera a uno o alguno de los hechos que se investigan en la causa.
El sobreseimiento, desde el punto de vista subjetivo, es total cuando se dicta en relación a todos los imputados en el proceso penal concreto. Es parcial cuando se refiere a uno o algunos de los imputados.

B. Facultad de sobreseer
La facultad de sobreseer corresponde al órgano jurisdiccional. Como desarrollaremos más abajo, pueden hacer uso de esta atribución el Juez de Instrucción, la Cámara en lo Criminal, el Juez en lo Correccional o el Tribunal Superior de Justicia.
Durante la investigación jurisdiccional, puede ser dictado de oficio por el Juez de Instrucción. En la investigación fiscal, debe ser requerido en forma fundada, por el Fiscal de Instrucción. En caso de desacuerdo, rige el trámite ante el Fiscal de la Cámara de Acusación (CPP, art. 359).

C. Procedencia
El sobreseimiento total o parcial podrá ser dictado de oficio durante la investigación, sin perjuicio de los casos en que puede dictarse durante los actos preliminares del juicio (CPP Cba., art. 370).
En el supuesto de extinción de la pretensión penal (CPP Cba., art. 350, inc. 4°), el sobreseimiento procede aún a petición de parte en cualquier estado del proceso (CPP Cba., art. 348).
Explicando el artículo, podemos decir que pueden dictar el sobreseimiento:

a) Durante la investigación penal preparatoria: En esta etapa puede ser dictado por el Juez de Instrucción, en todo los supuestos previstos por el art. 350.

b) Durante los actos preliminares del Juicio: Durante los actos preliminares del juicio, las Cámaras en lo Criminal (en pleno o en Salas Unipersonales) o los Jueces en lo Correccional pueden dictar sobreseimiento por las causales previstas por el art. 370.

c) Durante la etapa recursiva extraordinaria: El Tribunal Superior de Justicia, puede dictar el sobreseimiento por extinción de la pretensión penal (CPP, art. 348).


a) Los supuestos por los cuales se puede dictar el sobreseimiento durante la investigación penal preparatoria son (CPP, art. 350):

1) Que el hecho investigado no se haya cometido o no lo haya sido por el imputado.
En este inciso se hace referencia a los extremos objetivos y subjetivos de la imputación jurídico-delictiva. Por un lado la no existencia de la acción o de la omisión que se investiga que hace a la representación conceptual del proceso o la falta de participación de quien se ha traído como supuesto autor, coautor, instigador, cómplice necesario o no necesario.

2) Que el hecho no encuadre en una figura penal.
Aquí se valora la falta de tipicidad. Si bien existe la conducta y la intervención del sujeto imputado, el hecho acreditado no se subsume dentro de los tipos que se desarrollan en el Libro Segundo del Código Penal y, excepcionalmente, en el Libro Primero (v.gr., art. 51).

3) Que medie una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria.
Las causas de justificación, según la teoría tradicional excluyen la antijuridicidad del hecho. Entre ellas se destacan el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo, algunos casos de obediencia debida y legítima defensa propia o de un tercero (C.P., art. 34, inc. 3°, 4°, 5°, 6° y 7°).
Son inimputables los menores de 16 años, los que tengan insuficiencia o alteraciones morbosas de sus facultades, quien se encuentra en estado de inconsciencia y quien no puede comprender la criminalidad del acto (Ley 22.278, art. 1°, C.P., art. 34, inc. 1°).
Las causas de inculpabilidad, por su parte, son la ignorancia o error de hecho (C.P., art. 34, inc. 1°) y la amenaza de un mal grave e inminente (C.P., art. 34, inc. 2°).
Entre las excusas absolutorias encontramos el desistimiento en la tentativa (CP, art. 43), tentativa de aborto (CP, art. 88, 2ª disposición), prueba de la imputación (CP, art. 111, inc. 3°), injurias recíprocas (CP, art. 116); retractación (CP, art. 117), hurto, defraudaciones y daño entre parientes (CP, art. 185), revelación de la conspiración (CP, art. 217), disolución de tumulto (CP, art. 232), encubrimiento entre parientes (CP, art. 279).

4) Que la pretensión penal se haya extinguido.
La pretensión penal se extingue por:

-Causales enumeradas:
I) La muerte del imputado (CP, art. 59, inc. 1°);
II) Amnistía (CP, art. 59, inc. 2°);
III) Prescripción (CP, art. 59, inc. 3°);
IV) Renuncia del agraviado (CP, art. 4°).

-Causales no enumeradas:
I) Oblación voluntaria de la multa (CP, art. 64);
II) Suspensión del juicio a prueba (CP, arts. 76 bis y ss.);
III) Avenimiento entre víctima y victimario (CP, art. 132).

5) Que habiendo vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas (sea fiscal [337] o jurisdiccional [346]), no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa a juicio (354) y no fuese razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas.
La última causal es netamente procesal y se la denomina duda insuperable, por oposición a la certeza negativa exigida para las demás causales de sobreseimiento (CPP, art. 350, incs. 1° a 4°). Para justificar esta nueva causal se afirma que aquí la evidencia es que no se van encontrar los suficientes elementos de prueba indispensables para acreditar el hecho y la participación punible del imputado en el posterior desarrollo del proceso. Al respecto dice Cafferata Nores: «Pero la evidencia a la que se puede arribar por el aporte de prueba negativa sobre aquellos extremos (certeza) debe asimilarse a la falta total de prueba positiva de responsabilidad penal. La prueba negativa, la demostración de la inculpabilidad no es posible por lo general; el pretenderla representaría en la mayoría de los casos un absurdo lógico y una manifiesta iniquidad»[3].

b) Durante los actos preliminares del juicio, existen las siguientes causales de sobreseimiento, siempre que para acreditarlas no sea necesario el debate (CPP, art. 370):
I) Que el acusado sea inimputable;
II) Si se hubiese operado la prescripción de la pretensión penal, según la calificación legal del hecho admitida por el Tribunal;
III) Por la producción de cualquier otra causal extintiva de la acción;
IV) Si se verificara que concurre una excusa absolutoria.

c) Durante la etapa eventual de los recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior, el sobreseimiento se puede dictar por (CPP, art. 348, segundo párrafo):
I) Extinción de la pretensión penal.

D. Valor
El sobreseimiento cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta (CPP, art. 349).

a) Acción penal
El sobreseimiento es irrevocable, pues de ningún modo o por ninguna causa el pronunciamiento que ha quedado firme puede modificarse, o dejarse sin efecto dentro del mismo procedimiento[4].
Cuando la sentencia que dispone el sobreseimiento queda firme por vencimiento de los términos previstos para recurrir o por agotamiento de la vía impugnativa, favorece al imputado con el ne bis in idem, al igual que una sentencia absolutoria[5]. Esto en virtud de que es definitivo.

b) Acción civil
Si absolver significa liberar a una persona de la imputación que le ha formulado, si la ley civil se remite a la procesal en cuanto a las formas que puede adquirir una absolución, si el sobreseimiento en nuestro sistema positivo se dicta en la instrucción por las mismas causas que determinan la sentencia absolutoria posterior al juicio plenario y hace cosa juzgada, si la ley civil no exige que la absolución a que se refiere sea exclusivamente la que puede dictarse después del juicio contradictorio, parece indudable que el sobreseimiento –en cuanto a la acción reparatoria– se rige por los mismos principios aplicables a la sentencia absolutoria.
Queda claro que, aun después del sobreseimiento al imputado, es posible obtener, accionando contra éste o quien resulte tercero civilmente demandado, la indemnización civil, en la misma forma que sucedería en el caso de dictarse una sentencia absolutoria. Esto porque el órgano jurisdiccional puede declarar que una persona debe ser absuelta penalmente de un hecho, y sin embargo corresponder en este último que se haga efectiva, a pesar de aquella decisión, la reparación pertinente por el daño causado[6].

E. Forma y fundamento
El sobreseimiento se dispone por sentencia (CPP, art. 351). La sentencia es la resolución jurisdiccional que pone término al proceso (CPP, art. 141). El Tribunal debe fundamentar, bajo pena de nulidad, las sentencias (CPP, art. 142). La sentencia debe ser suscripta por el Juez o todos los integrantes del Tribunal que actuare y también por el Secretario. La falta de firma produce la nulidad del acto (CPP, art. 143).
En la sentencia de sobreseimiento se tienen que analizar las causales, siempre que fuere posible, en el orden previsto en el artículo 350. Esto es importante, pues de no hacerlo puede dar lugar a la apelación del imputado, su defensor e incluso del Ministerio Público.
La sentencia de sobreseimiento es apelable, sin efecto suspensivo, por el Ministerio Público y, salvo el caso previsto por el art. 59 (discrepancia entre Fiscal y Juez de Instrucción), por el querellante particular. En este último supuesto regirá lo dispuesto en el art. 359.

F. Efecto
Dictado el sobreseimiento, se tiene que ordenar la libertad del imputado que estuviese detenido. Aquí la palabra detención se encuentra utilizada en un sentido amplio comprensivo de cualquier medida de coerción personal: arresto, detención, aprehensión, prisión preventiva. Por ley 22.117 se exige la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia a fin de dejar constancia de la resolución respectiva. Si el sobreseimiento es total, objetiva o subjetivamente, se archiva el expediente y las piezas de convicción que no corresponda restituir (CPP, art. 353).

G. Discrepancia entre el Fiscal de Instrucción y el Juez de Instrucción.
En el caso de que durante la investigación fiscal, el Fiscal de Instrucción solicitare el sobreseimiento y el Juez de Instrucción estuviere en desacuerdo, se elevan las actuaciones al Fiscal de Cámara de Acusación. Si éste coincide con lo solicitado por el inferior (Fiscal de Instrucción), el Juez debe resolver en tal sentido, haciendo lugar al pedido de sobreseimiento. En caso contrario, vale decir, en caso de que el Fiscal de Cámara de Acusación coincidiera con el Juez de Instrucción, aquél formulará directamente el requerimiento de citación a juicio, que tramitará con arreglo a lo previsto en el título de la Clausura (CPP, arts. 354 a 360).

3. Plazos de la investigación
Los plazos para realizar la investigación preparatoria son:

a) Investigación fiscal: La investigación fiscal debe practicarse en el término de tres meses a contar desde la declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar prórroga al Juez de Instrucción, quien puede acordarla por otro tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga puede concederse hasta por doce meses más (CPP, art. 337).

b) Investigación jurisdiccional: La norma del artículo 346, que regula los plazos de la instrucción, es idéntica (incluso remite) a la norma del artículo 337 del CPP. La investigación jurisdiccional debe practicarse en el término de tres meses a contar de la declaración del imputado. Si dicho plazo resultare insuficiente, el Juez puede disponer la prórroga por otros tres meses, teniendo en cuenta la causa de la demora y la naturaleza de la investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga puede disponerse hasta por doce meses más.

3. Requerimiento fiscal de citación a juicio: procedencia. Forma y contenido. Facultades defensivas. Elevación por auto o por simple decreto

A. Requerimiento fiscal de citación a juicio: procedencia

I. Investigación fiscal preparatoria:
Para que sea procedente el Requerimiento de Elevación de la Causa a Juicio son necesarios los siguientes requisitos (CPP, art. 354) durante la investigación fiscal:
a) Que se le haya recibido declaración al imputado (CPP, art. 306).
b) Que el Fiscal de Instrucción considere que está cumplida la investigación.
c) Que existan elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho intimado (CPP, art. 261). Caso contrario procederá solicitando el sobreseimiento (CPP, art. 348).

II. Investigación jurisdiccional preparatoria:
En el caso de la investigación jurisdiccional, el procedimiento es diferente y requiere actividades tanto del Juez de Instrucción como del Fiscal de Instrucción (CPP, art. 347):

1. Juez de Instrucción:
a) Es necesario que el Juez haya recibido declaración al imputado.
b) Es imprescindible que el Juez de Instrucción considere cumplida la investigación.
c) El Juez de Instrucción debe correr vista al Fiscal de Instrucción a los fines de la acusación.

2. Fiscal de Instrucción:
a) El Fiscal, en el término de seis días –sólo prorrogable en casos graves y complejos– a contar de la notificación de la vista, puede tener dos actitudes diferentes:
aa) Requerir diligencias probatorias que estime necesarias.
bb) Formalizar la acusación (CPP, art. 355).

B. Forma y contenido
a) La forma de la solicitud de elevación de la causa a juicio es la de un Requerimiento (CPP, art. 355). El Fiscal, pues, asume su esencial función de parte. El requerimiento, por exigencia derivada de los principios generales del CPP, debe ser escrito, motivado, específico y firmado por el representante del Ministerio Público Fiscal, bajo pena de nulidad. El Fiscal de Instrucción nunca puede remitirse a lo decidido por el Juez del Instrucción (fundamentalmente durante la investigación jurisdiccional) (CPP, art. 154, primer párrafo).

b) El contenido del requerimiento fiscal es el siguiente:
aa) Los datos personales del imputado (identificación nominal) o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo (identidad física);
bb) Una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho:
La relación es clara cuando se realiza sin giros ampulosos y en lenguaje llano, de tal modo que puede ser entendido por quien es el imputado;
La relación es precisa cuando está redactada de tal manera que excluye todo tipo de ambigüedades que puedan hacer dudar acerca de cuál es el hecho sobre el que existe probabilidad o su calificación legal.
El hecho está circunstanciado cuando se discriminan los cuestiones de tiempo, modo y lugar.
Por último, se encuentra especificado cuando se lo diferencia de otros supuestos hechos que concurran en la causa;
cc) Los fundamentos de la acusación: Es necesario que se den los motivos de la acusación basándolos fundamentalmente en los elementos de prueba recolectados y valorados según las reglas de la sana crítica racional.
dd) La calificación legal: Aun cuando ésta no obliga al Tribunal (iura novit curia) es imprescindible su mención en la pieza acusatoria.
El contenido exigido por la ley es indispensable. A falta de alguno de ellos, se impone la sanción de nulidad, la cual es absoluta, en virtud que la deficiencia de estos requisitos impacta directamente en el derecho de defensa en juicio representado en este caso por el principio del contradictorio (CN, art. 18).

C. Facultades defensivas (instancias)
A pesar de la deficiente redacción del artículo pertinente, cualquiera sea la investigación penal (fiscal o jurisdiccional), se le otorga a la defensa técnica del imputado ciertas instancias.
En efecto, de acuerdo al artículo 357 del CPP, las conclusiones del requerimiento fiscal deben ser notificadas al defensor del imputado quien puede, en el término de tres días (a partir de la notificación), oponerse, instando:
a) el sobreseimiento; o
b) el cambio de calificación legal.
En este caso, las actuaciones deben ser remitidas de inmediato al Juez de Instrucción.

D. Elevación por auto o por simple decreto
Según haya planteado oposición, o no, el abogado defensor del imputado, el procedimiento y la resolución por la cual se eleva la causa es diferente.

a) Elevación por decreto: Cuando el abogado defensor –en el caso de que sean varios, ninguno de los abogados defensores– del imputado no deduce oposición, el expediente es remitido por simple decreto al Tribunal de Juicio (Cámara en lo Criminal o Juez en lo Correccional) (CPP, art. 358, tercer párrafo).

b) Elevación por auto: Cuando uno de los abogados defensores se hubiere opuesto (solicitando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal), el Juez de Instrucción resuelve la oposición en el término de cinco días. Si no hiciera lugar a lo solicitado, tiene que disponer por auto la elevación de la causa a juicio. Este auto debe ajustarse a los requisitos exigidos para el auto de prisión preventiva (CPP, art. 282). De igual modo procede si acepta el cambio de calificación legal propuesto por la defensa.
Cuando hay varios imputados, la decisión debe dictarse con respecto a todos, aunque el derecho que acuerda el artículo 357 (derecho a oposición), hubiese sido ejercido sólo por el defensor de uno.
El auto de elevación de la causa a juicio es apelable por el defensor que dedujo la oposición (CPP, art. 358, primer, segundo y cuarto párrafo).

E. Clausura y notificación:
a) La investigación penal queda clausurada cuando se dicta el decreto de remisión a juicio o queda firme el auto que lo ordene.
b) Cuando el Tribunal de juicio tiene asiento en otro lugar, aquellas resoluciones tienen que ser notificadas a las partes y defensores, quienes deben constituir nuevo domicilio.
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