Una izquierda para el siglo XXI (mexicano)






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fecha de publicación26.09.2015
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Una izquierda para el siglo XXI (mexicano)
Pedro Salazar Ugarte
I.
Escombremos el terreno de los "lugares comunes" que mucho maquillan y poco aportan: asumo que los simpatizantes de la socialdemocracia apostamos por una sociedad más igualitaria, por un país más justo, por un México en el que los derechos sean una realidad y no una fórmula lingüística plasmada en un documento que llamamos constitución. Todos aspiramos a que México sea un país de mujeres y hombres libres y emancipados. Pero, una vez celebrado este ritual de reconocimiento recíproco que podría expresarse en una especie de decálogo de la ética del buen socialdemócrata -no discriminarás, no cederás ante las mieles del libre mercado, no claudicarás ante la lógica implacable del poder, jugarás con las reglas del juego de la democracia, etcétera-, conviene enfrentar los imperativos teóricos pero, sobre los prácticos, necesarios para que, ante la apuesta caudillista y refundadora, en nuestro país "otra izquierda", una izquierda democrática, "sea posible". De lo que nos toca hablar – y así lo haré- es de la relación que esta alternativa debe tener con el derecho, con los derechos y, de paso, cómo debe convivir con la derecha. Como premisa de fondo asumo que la izquierda democrática es teóricamente y prácticamente posible en el México actual: suponer lo contrario dejaría sin sentido la reflexión que me propongo y, de paso, pondría en tela de juicio la inteligencia y el sentido de realidad de todos los presentes.
II.
La socialdemocracia, como idea y como proyecto, supone un compromiso abierto con un cierto conjunto de reglas e instituciones jurídicas: por los menos con los derechos de libertad, políticos y sociales que hacen posible a la idea misma de democracia y de socialismo moderno. Un compromiso que debe atravesar su discurso, sus estrategias y sus acciones. Las instituciones, el Estado mismo, son una condición necesaria de una izquierda democrática. Entender que un estado fuerte no es sinónimo de estado autoritario pero sí es condición necesaria de estado social es una certeza que no puede ignorar la izquierda del siglo XXI. Ante las estrategias retóricas de una sedicente izquierda que considera al Estado y al derecho como fortalezas que deben conquistarse para gobernarse a capricho o, en su defecto, demolerse; es posible y necesario construir una izquierda que opera desde, dentro y para la democracia. Una izquierda que encuentre en las instituciones estatales y en el derecho un conjunto de mecanismos e instrumentos que están ahí para ordenar y permitir la convivencia plural y pacífica y, sobre todo, para ser utilizados, renovados, pactados en clave emancipadora. La materialización de este rasgo distintivo de una izquierda democrática requiere de un reconocimiento estratégico: (con las palabras de Elías Díaz), asumir que "la democracia es, pues, pluralismo y decisiones libres; (y que) el socialismo es una propuesta, una buena propuesta, creo, (...) para hacer aquella más real, para lograr más libertad, igualdad y solidaridad"1.
III.
En México, la alianza entre las izquierdas y la democracia fue una clave central de la transición. Pero las corrientes dominantes de la izquierda mexicana no han terminado de aceptar las implicaciones que conlleva el compromiso con el estado constitucional democrático y éste último, desafortunadamente, no sólo en nuestro país, no ha logrado materializar las legítimas aspiraciones igualitarias que inspiran a cualquier izquierda digna de ese nombre. El horizonte es ominoso: la ruptura de este enlace estratégico amenaza con extender una mano infausta y otra metafísica, la "mano dura" y "la mano invisible". Nada menos alentador para el ideal que promueve la igualdad efectiva, no meramente formal, en derechos. El "abrazo mortal" (Vitale) entre la democracia y el (libre)mercado está alimentando las pulsiones antidemocráticas de una (sedicente) izquierda autoritaria, caudillista y premoderna y, al hacerlo, le da un portazo al discurso de una izquierda (post)moderna que debe reivindicar el valor del derecho como instrumento emancipador y recuperar el significado libertario de los derechos fundamentales como "los derechos de los más débiles" frente a los poderosos (política, económica, culturalmente hablando). El escenario que enfrentamos plantea un desafío urgente para la izquierda democrática: sólo está puede darle un sentido emancipador y garantista al ordenamiento jurídico, sólo la izquierda democrática puede echar mano de los derechos, como "cartas de triunfo" (Dworkin), contra las tendencias abusivas de la mayoría en el poder y contra la fuerza avasalladora y enajenadora del mercado (Ferrajoli). Y, si esto es cierto, sólo una izquierda democrática puede servir de garantía hacia el futuro para el modelo democrático constitucional, en México y en el resto de América Latina.
IV.
La ruta de la ruptura y de la violencia, lo saben bien los historiadores, revuelve a las elites y ratifica a los pobres. Cuando la crisis estalla, entre las primeras –las elites- hay ajustes y reacomodos, entre los últimos –los desaventajados- se confirma la desesperación, la frustración y la miseria. Por eso la izquierda (post)moderna debe ser necesariamente democrática. Porque la democracia, la paz y los derechos (de libertad, políticos y también sociales) fundamentales son tres momentos de un mismo movimiento histórico (Bobbio). Violencia y democracia con conceptos antagónicos; terror y derechos son osimoros conceptuales. Cuando se rompe el pacto social y se desconoce a las instituciones, se frustra el camino hacia una sociedad de iguales. De ahí que frente a las pulsiones revolucionarias, la apuesta de una alternativa socialdemócrata deba fincarse en la reforma gradual y, al mismo tiempo, profunda de las instituciones y de la sociedad mexicana. Hay que decirlo con todas sus letras: la gesta de la izquierda democrática (pos)moderna es ética, antes que pragmática, y se orienta por un realismo que ve más allá de la coyuntura y, por lo mismo, que apuesta por el largo plazo.
Por ello, la estrategia de la izquierda democrática tiene que ir más allá de las fronteras nacionales. Esta es otra clave distintiva de una izquierda para el siglo XXI (que, en realidad, es una reedición del proyecto original): su estrategia debe entender las reglas que caracterizan al mundo globalizado y combatir con ellas y, cuando sea necesario, contra ellas. Con ellas cuando se trate de fortalecer a los derechos, contra ellas cuando deba limitarse a los poderes. La razón es simple, pero el reto es enorme: los grandes temas económicos, sociales, ecológicos, culturales, tecnológicos, etcétera, que afectan a los hombres y mujeres de hoy (y que inciden directamente en las condiciones de vida de los más desprotegidos) tienen una dimensión global. Tomarse en serio el discurso de los derechos es asumir su protección universal y, por ende, es renunciar a la violencia como forma de solución de los conflictos y apostar por la fuerza de las instituciones para perseguir y castigar los abusos. El Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, el Tratado de Kioto, las viejas Cartas de Derechos, etcétera, encarnan la apuesta global de la izquierda democrática en el siglo XXI; de la misma manera en la que el Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington y similares constituyen la punta de lanza del proyecto neoliberal de la derecha mundial.
Sobre este tema crucial, ya reflexionaba Ricardo Raphael en un artículo publicado hace algunos meses en la revista Nexos: el provincialismo de la izquierda mexicana no sólo es muestra de ignorancia sino que es un error táctico con tendencias suicidas; una especie de autoboicot programático. Una nueva izquierda es posible, en la práctica, si –entre otras cosas- aprovecha y contribuye a reforzar los instrumentos que le ofrece el mundo actual para defender y para garantizar los derechos fundamentales de los individuos. Por ello, en la agenda de la izquierda mexicana del siglo XXI debe estar la promoción y la utilización cotidiana de los instrumentos jurídicos internacionales que han construido todo un sistema de protección de los derechos humanos: utilizar al derecho internacional como un poderoso instrumento de derecho interno y a las instancias internacionales como un complemento de garantía (y no como una amenaza para la soberanía nacional, entendida en clave decimonónica), son acciones fundamentales en esa dirección. La migración, las garantías en el plano mundial de los derechos sociales, la protección de las minorías, etcétera, son temas cruciales a los que la izquierda democrática no puede renunciar, al menos que quiera perder su identidad y su sentido. De ahí que sea urgente contar con ministros, magistrados y jueces garantistas, capaces de echar mano del derecho internacional para ampliar la agenda de los derechos y contener los intereses de los poderes.

V.
Pero no perdamos de vista un dato de hecho con el que tenemos que hacer cuentas: hasta ahora la democracia política no ha ofrecido la infraestructura necesaria para -después de canalizar de manera relativamente pacífica el conflicto político y la lucha por el poder- sentar las bases para la transformación social en países castigados por la pobreza y la desigualdad como el nuestro. Las instituciones de la democracia -los partidos políticos, el parlamento, el gobierno, el poder judicial, etcétera- no han estado a la altura del reto y la sobrecarga de demandas y de expectativas que acompañó a las transiciones democráticas está dinamitando su credibilidad y viabilidad futura. De ahí que la izquierda antidemocrática esté tocando los tambores; de ahí que la derecha esté enseñando los dientes; de ahí que los poderes salvajes (el narcotráfico, la delincuencia organizada, etcétera) estén de manteles largos. Pero de ahí también, permítanme reiterarlo, que la izquierda democrática tenga una responsabilidad ineludible.
Y se trata de una responsabilidad (que también constituye una oportunidad) y que le impone un compromiso práctico: salir a la calle, entender a la sociedad y vincularse con los movimientos sociales que son expresión de demandas reales y actuales y que no están logrando insertarse de una manera articulada y constructiva en el entramado de las instituciones políticas democráticas. La izquierda, el socialismo democrático, no puede ser un club de intelectuales o la expresión de una elite urbana: su futuro político depende de su capacidad para canalizar, a través de las instituciones jurídico/políticas de la democracia representativa, las posiciones libertarias (pacíficas pero no pasivas) que impulsan y promueven los legítimos movimientos sociales progresistas (Elías Díaz). Una izquierda desvinculada de la sociedad es un sinsentido práctico. Este dato sintetiza el enorme potencial postmoderno del socialismo democrático: la izquierda alternativa debe ser la compuerta para transformar a la sociedad desde las instituciones, desde el derecho y con los derechos. Por ello, en una paradoja aparente (pero prometedora), la crisis de credibilidad institucional de la democracia es la mejor oportunidad para la izquierda (pos)moderna. Democratizar a la democracia, llevando los instrumentos de la política a la sociedad y a sus organizaciones, a los movimientos de base y a las iniciativas populares es el reto práctico que debe asumir una izquierda que quiera gobernar sin renunciar a la democracia. Sólo de esa forma será posible reivindicar al derecho como instrumento para proteger los derechos: el reto es lograr una revolución jurídica material que haga del núcleo de los derechos humanos fundamentales una realidad palpable.

VI.
Pero, en esta carrera hacia la transformación de la sociedad, la izquierda democrática debe vincularse con la ciudadanía dando la espalda a las prácticas clientelares y corporativas que tanto éxito político prometen pero que abandonan al individuo, a las personas, ante el yugo de los colectivos y de las agrupaciones. La izquierda democrática debe asumir todas las consecuencias prácticas de la "Revolución copernicana" de la modernidad (Bobbio): colocando a los individuos y sus derechos antes y por encima que el estado (el grupo, la corporación, la comunidad, el partido, etc.) y sus poderes. Esto vale para las prácticas políticas (afiliaciones corporativas, confiscaciones salariales, extorsiones clientelares, etc.), pero también para los compromisos con concepciones teóricas (comunitarismos, multiculturalismos, etc.) que son "políticamente correctas" pero abren puertas falsas. Quienes defienden los derechos de grupo sobre los derechos (a la igualdad en la diversidad y a la libertad en la igualdad) individuales, tal vez, pueden presumir ser de izquierda pero no pueden decirse democráticos. La democracia, sin olvidar que la pluralidad es riqueza y que la diversidad es un dato valioso, sólo es posible a partir del reconocimiento del individualismo ético (Garzón Valdés) que coloca la dignidad y la autonomía de cada individuo en el eje sobre el que se construyen las instituciones jurídico/políticas. La diferencia, conviene aclararlo de inmediato, reside en el reconocimiento de que la titularidad del derecho es individual y no del colectivo, no en la forma de su ejercicio: el derecho a huelga, por ejemplo, es un derecho individual (de cada trabajador) pero se ejerce colectivamente; lo mismo que el derecho de asociación o el de reunión políticas. Lo importante es que el grupo -el sindicato, el partido, el clan, la comunidad- no tengan el (presunto) derecho, por ejemplo, de perseguir al disidente, de censurar al hereje o de castigar al distinto. Sólo de esta forma, a partir de este reconocimiento estratégico, la izquierda democrática puede ser una promesa para todas y para todos.

VII.
Concluyo. Es lógicamente posible y políticamente necesario emitir juicios de valor sobre la calidad ética de los diferentes ordenamientos. Valga la banalidad: no tiene el mismo valor ético/moral un diseño institucional en el que se discrimina de la participación a las mujeres o en el que se acepta la práctica de la tortura o en el que se ejecuta a los disidentes, etcétera, que uno en el que se promueve el respeto de los derechos de libertad, políticos y sociales individuales. Hoy, me parece, dejando de lado las versiones autoritarias y absolutistas del poder (que son igualmente reprobables sin importar su signo ideológico), debemos ver a la democracia como un criterio base para valorar a las propuestas políticas. Este reconocimiento, que tiene un trasfondo ético y un sentido práctico/político, permite a la izquierda democrática tender puentes con las concepciones y posiciones de derecha que acepten a la democracia como terreno de encuentro y de desencuentro recíproco. Lo contrario, el levantamiento de muros ideológicos, inhibe el desarrollo mismo del proyecto de la izquierda democrática y permite que, ante una ciudadanía desencantada y escéptica, sea la derecha la que amenace –con un discurso falaz pero efectivo- con rebasar a la izquierda por la izquierda. El reto de Alternativa, sino me equivoco, es lograr que esa amenaza retórica no tenga éxito. Porque la izquierda puede ser democrática y moderna sin perder su identidad, su causa y su dignidad emancipadora. En eso, la derecha, no tiene nada que enseñarnos.

1 E. Díaz, Ética contra política, Fontamara, México, 2004, p. 70.




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