Interponen accion de amparo- solicita medida cautelar






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INTERPONEN ACCION DE AMPARO- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR



Señor Juez:
CECILIA RAQUEL TOMALINO, con domicilio real en Nueva York nº 3201, de esta ciudad, CARLOS ALBERTO SERRA, con domicilio real en Cuenca nº 3961, de esta ciudad, SILVIA ELDA AGUILAR, con domicilio en Cuenta nº 3961, LUIS CESAR ALEJANDRO DOLCETTI, con domicilio en José Luis Cantilo nº 4161, ROBERTO OSCAR LARREGUY, con domicilio en Navarro nº 4081, GUILLERMO GARCIA, con domicilio en Nueva York nº 3198 planta baja, SILVIA SUSANA SOMOYA OLLER, con domicilio en Nueva York nº 3211, EDUARDO C. CESARONE, con domicilio Ceretti nº 2481, ANALIA MARTINEZ, con domicilio en Ceretti nº 2481, PABLO SEBASTIAN CESARONE, con domicilio en Ceretti nº 2481, MIGUEL ANGEL PEREZ, con domicilio en Llavallol nº 4081, piso 5º “A”, ALEJANDRO FERRANTE, con domicilio en Ceretti nº 2477, y MARCELO FERRANTE, con domicilio en Ceretti nº 2477, todos por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. DIEGO HICKETHIER, constituyendo domicilio en Av. Córdoba 817 2º "4" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a V.S. nos presentamos y decimos:
I

OBJETO
i) Venimos a interponer acción de amparo en los términos del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 43 de la Constitución Nacional) y de la Ley 2145, contra el Poder Ejecutivo de esta ciudad –Ministerio de Desarrollo Urbano, para que se declare la nulidad y se deje sin efecto todo lo actuado respecto de las siguientes obras, todas correspondientes a licitaciones públicas de AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA):


  1. Licitación Pública N° 07/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Arias y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Mitre y Calle Ceretti y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal J.L. Suárez. Estado: Adjudicada.



  1. Licitación Pública N° 08/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Iberá y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre; y Calle Besares y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal Tigre. Estado: Adjudicada.

  2. Licitación Pública N° 09/2010: Pasos Bajo Nivel de Calle Cuenca y Vías del Ex FFCC Urquiza y Calle Llavallol y Vías del Ex FFCC Urquiza. Estado: Precalificación.

  3. Licitación Pública N° 12/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Deheza y Vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle Quesada y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre. Estado: Evaluación de Ofertas.

  4. Licitación Pública N° 13/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Navarro y vías del Ex FFCC San Martín y calle Varela y vías del Ex FFCC San Martín. Estado: Evaluación de Ofertas.

  5. Licitación Pública N° 14/2010: Pasos Bajo Nivel de calle Marcos Sastre y vías del Ex FFCC San Martín y de la calle Empedrado y vías del Ex FFCC San Martín“. Estado: Evaluación de Ofertas.

  6. Licitación Pública N° 15/2010: Paso Bajo Nivel de la Calle Pacheco y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez. Estado: Llamada.

  7. Licitación Pública N° 17/2010: paso bajo nivel de la calle Altolaguirre y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la calle Zamudio y vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez. Estado: Llamada


Se ordene dejar sin efecto las mismas, siempre que no se lleve adelante previamente, la eliminación de las barreras y la construcción de un paso bajo nivel apto para transporte pesado.

La puesta en peligro de nuestros derechos constitucionales y legales que en forma inminente amenaza la demandada mediante sus actos ilegales y arbitrarios, como veremos, nos legitima para impulsar la presente acción.

ii) Asimismo, y debido a la urgencia del caso, solicitamos medida cautelar de “no innovar”, para que hasta tanto V.S. resuelva sobre el fondo del asunto, se suspendan los llamados a Licitación y todo otro acto direccionado a ejecutar las obras de los pasos bajo nivel señalados en 1.

iii) Finalmente, para el caso que resultara necesario, solicitamos se declare la inconstitucionalidad de las leyes Nª 3.060, 3.528 y de toda otra norma que resulte procedente a fin de hacer lugar a la presente acción.

Todo ello, en razón de las consideraciones que abajo se expondrán.
II

HECHOS. FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN
1.- Marco fáctico de la acción
Los suscriptos somos vecinos de los barrios de Coghlan, Agronomía, Núñez, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra, de esta ciudad.

Todos nosotros, hemos elegido el barrio y la calle de nuestra residencia, en virtud de su tranquilidad, precisamente, por tratarse de zonas residenciales.

En efecto, se trata de calles de las que se encuentran clasificadas como Red Vial Terciaria por el Código de Planeamiento Urbano (6.1.1.4); que las define como calles de acceso o servicio local, incluyendo los pasajes y las calles peatonales, siendo su función servir al tránsito local.

Clasificación que resulta pertinente traer a colación por cuanto, precisamente, no integran ni la Red Vial Primaria, que está integrada por las autopistas y las avenidas de tránsito rápido (cuya función es prolongar, dentro de la Ciudad, los accesos que vinculan a ésta con su región y el resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso a los distritos centrales) ni la Red Vial Secundaria, que está compuesta por las avenidas de mano única, las de doble mano con o sin giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución (cuya función es ser colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito entre sí y con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor y sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas). Ello, según el mismo Código de Planeamiento Urbano (6.1.1.2 y 6.1.1.3).

Y si bien la eliminación de los cruces ferroviarios en la Ciudad de Buenos Aires resulta de indiscutible necesidad, por cuanto permite disminuir los riesgos de accidentes viales y ferroviarios, aumentar la fluidez en el tránsito vehicular, reducir la combustión por parte de los automóviles que deben esperar para atravesar los cruces a nivel cada vez que cierran las barreras, e incluso, aumentar la frecuencia de los trenes y a su vez, fomentar la conectividad vial; se trata de obras que deben llevarse adelante en un todo conforme con la legalidad, respetando los derechos elementales de los habitantes de esta ciudad, de forma que no se desnaturalicen sus objetivos y se cumplan sin realizar discriminaciones arbitrarias.

Asimismo, debe considerarse la opinión de los vecinos y analizar en cada caso particular, la conveniencia, el costo y la oportunidad de realizar las obras, procurando mejorar la conectividad vial garantizando el menor impacto a las características propias e históricas de los barrios.

En los casos que motivan la presente acción, como se verá, precisamente no se han respetado dichos presupuestos, ni cumplido con los requisitos previos legales citados, generando un riesgo cierto e inminente de afectación de derechos constitucionales y legales de quienes demandamos.

De acuerdo a lo programado, la ejecución de los proyectos que motivan el presente amparo, incluyen la construcción de pasos bajo nivel de los denominados “sapitos”, pero no reemplaza los pasos a nivel existentes. De esta forma no se está cumpliendo con el fundamento básico que da origen a la idea de realizar pasos bajo nivel, es decir, eliminar las barreras. El mismo Diputado Álvaro González, propulsor de la ley que dio origen a las obras objeto del presente, durante la sesión legislativa, destacó que las obras de pasos bajo nivel resultan necesarias por la cantidad de accidentes ferroviarios que suceden en nuestra Ciudad. Dijo el mencionado Diputado: “Como somos conscientes de lo que se ha hecho, también lo somos de lo que resta por hacerse; por ello hoy, señor presidente, traemos a consideración de esta Legislatura el financiamiento de 25 pasos bajo a nivel, los que se sumarán al stock de obras anteriormente detalladas y nos permitirán continuar mejorando el flujo vehicular y la calidad de vida de todos los porteños. Estas obras permitirán reducir la cantidad de accidentes, generar una reducción de los gastos de seguridad y permitir el incremento de la frecuencia ferroviaria”. Resulta evidente que nada de esto sucederá si las obras se hacen en calles interiores de los barrios y no en las avenidas donde actualmente se ubican los pasos a nivel.

Ello producirá una derivación de un porcentaje del tránsito a las calles en las que viven quienes aquí se presentan, causándonos un claro perjuicio; entre otras cosas, porque al mantenerse los pasos a nivel, la posibilidad de accidentes viales no disminuirá, sino que se trasladará en parte, a las calles internas. Lo mismo ocurrirá con la contaminación ambiental por el ruido y la combustión; alterando indebidamente la normal tolerancia de los vecinos.

2.- Marco jurídico
2.1. Arbitrariedad de la medida. Su nulidad y la declaración de inconstitucionalidad.
Mediante la Ley N° 3.060, se otorgó la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la C.A.B.A., a la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA), teniendo por objeto a) La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la Red conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la Ley. b) La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa autorización de la Legislatura.

Y mediante la Resolución N° 356-MDU-MHGC-10 (del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de Hacienda de la ciudad) se estableció que AUSA sería la encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones, entre las que se encuentran los Pasos Bajo Nivel objeto de autos.

Por otro lado, mediante la ley N° 3.528, la Legislatura autorizó la utilización de fondos para “un plan de mejoramiento y ejecución de obras nuevas que faciliten la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, el desplazamiento entre y por las vías secundarias, y la integración de éstas con la red de autopistas y vías interconectadas”. Objetivos que claramente, debieran involucrar las calles que integran la Red Vial Secundaria e incluso, la Red Vial Primaria, pero sin comprometer ni desnaturalizar las características de las calles que integran la Red Vial Terciaria, como en la que vivimos.

Pero lo cierto es que del listado que se incluye en el Anexo I de la ley, surge que de las 25 obras una mínima cantidad que apenas alcanza las 6, son obras de reemplazo de barreras por pasos bajo nivel. El resto –sacando la ampliación del Puente Pacífico y el Puente Roca-son pasos bajo nivel en lugares en donde hoy no existen barreras y que además, están emplazados en calles internas de los barrios.

Circunstancia que desnaturaliza la manifestación de objetivos que tiene la propia ley en su articulado, y que por otro lado, incumple con el Plan que existe desde el año 1981, elaborado mediante la Resolución 7/81 (SETOP), que estableciera la necesidad de eliminar y suplantar los pasos a nivel existentes en la ciudad –que son alrededor de 100-, por pasos bajo nivel que permita el paso de todos los vehículos (automóviles, colectivos, camiones, etc.) y por ende, elimine las grandes desventajas que traen las barreras para la circulación del congestionado tránsito de la ciudad.

Agravando la circunstancia referida, el hecho de que de las 25 obras autorizadas, el Gobierno escogiera para ejecutar sólo 13, que “casualmente” no cumplen con dicha necesidad, al tratarse de los pasos bajo nivel en lugares en donde hoy no existen barreras y que además, están emplazados en calles internas de los barrios; proyectados únicamente para autos particulares.

En efecto, los proyectos que se llevarán adelante no eliminan las barreras en los cruces ferroviarios existentes, sino que crean un nuevo paso bajo a nivel en donde no existe uno, que además sólo permite el paso de vehículos livianos (sin contemplar el tránsito pesado ni el transporte público).

Al respecto, la medida aquí impugnada altera la residencialidad de nuestros barrios, afectando derechos elementales de los suscriptos y de todos los vecinos de las zonas afectadas; y ni siquiera elimina el problema para el resto de la ciudad, en virtud de la subsistencia de las barreras a nivel existentes y por ende, de los problemas que hoy por hoy traen las mismas. Tornándose ese acto, a toda vista irrazonable.

Ello, toda vez que por nuestras calles comenzarán a transitar innumerable cantidad de automotores, que ante la posibilidad de agilizar su paso y evitar la congestión de tránsito que sin dudas continuará, se desviarán de las calles y avenidas más “transitadas” -integrantes de la Red Vial Secundaria- para circular por las calles de acceso local, en cantidad que no corresponde con la categoría de una Red Vial Terciaria.

Debe considerarse que el 90 % del parque automotor que circula por los cruces ferroviarios es transporte liviano, lo que asegura que un gran caudal de tránsito se volcará a las calles internas, sin dudas, hasta hacerlas colapsar.

Y no se trata de defender la “residencialidad” sin fundamento, ni de invocar una especie de “intangibilidad” de los barrios como los que residimos, sino de considerar en una evaluación razonable, que el aumento de los flujos de tránsito tornará insuficiente la capacidad de las arterias internas. Circunstancia que lejos de propiciar una mejor calidad de vida y una reducción de los tiempos de viaje y de los accidentes viales, provocará congestiones de automóviles en las diferentes calles en las que hasta ahora pasa un auto cada tanto, que no están preparadas para recibir el caudal de vehículos que se puede prever.

Lo que además, generará una contaminación ambiental inevitable, ante el aumento de las mediciones de gases contaminantes y partículas de combustión de automotores. Sumado a los altos niveles de presión sonora en la vía pública.

Tampoco se ha previsto que en las calles internas de nuestros barrios, existen varios colegios y que en esas zonas, la velocidad permitida es hasta 20 km/hora; con el objeto de cuidar la seguridad de los niños a la entrada y salida de su escuela. Velocidad que difícilmente sea respetada por los automovilistas que busquen una circulación más rápida.

Por todo lo cual, las consecuencias de la ejecución de las obras de los pasos bajo nivel, manteniendo los cruces ferroviarios, son fáciles de adivinar: cada vez que baje la barrera y se congestione el cruce ferroviario, los autos se desviarán hacia los pasos bajo nivel, que por sus características, tampoco tardará en congestionarse.

Entonces V.S., en la ciudad habremos invertido 17 millones de pesos cada uno y el resultado será que tendremos dos vías congestionadas. Es igual que pagar para diseminar un virus en lugar de neutralizarlo!!!.

Ello, insistimos, sin eliminar los riesgos y dificultades que generan los pasos a nivel existentes, que no serán suplantados; por los que, como dijimos, deberá seguir pasando el transporte pesado como los colectivos y los camiones; que no podrán utilizar los nuevos pasos bajo nivel. Lo que además, implica un clara discriminación respecto de los habitantes que utilizan el transporte público y no tiene autos o no pueden costear las tarifas de taxis y remises; y además, se da de bruces con lo dispuesto por el art. 7° del Plan Urbano Ambiental, Ley 2930, que establece como una de las políticas públicas, procurar el desaliento del uso de automóviles privados.

Sin menospreciar por otro lado, el derecho que tiene cada habitante como los suscriptos, de elegir las características del lugar de su residencia, que también se verá vulnerado. Ni desconocer la disminución del valor inmobiliario que tales cambios generarán en las propiedades que se encuentran sobre las calles afectadas. Es evidente que quienes eligen vivir en un barrio, y en una calle “interna”, es porque priorizan la tranquilidad, el silencio y el aire puro, por sobre la accesibilidad; de lo contrario buscaría vivir en el centro de la ciudad o sobre avenidas o calles más cercanas o de mayor acceso a ellas.

No debe perderse de vista que en nuestro barrio, los vecinos están acostumbrados a pasear sus perros por las veredas, caminar por las calles, disfrutar del aire puro, el silencio, el paisaje arbolado… y todo eso corre riesgo cierto de desaparecer como consecuencia de la obra impugnada por arbitraria.

Circunstancias todas de gran incidencia, pero que no parecen haber sido contempladas por los funcionarios y empresarios que han avanzado en los actos tendientes a ejecutar la obra cuestionada.
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