Con domicilio a efectos de notificación en este procedimiento en 28009 Madrid, calle Jorge Juan nº 78, 3º C






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fecha de publicación25.09.2015
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A LA FISCALIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Doña María Isabel Permuy López, mayor de edad, DNI xxxxxx, Doña María Isabel Couso Permuy, mayor de edad, DNI: xxxxx, Don Javier Couso Permuy, mayor de edad, DNI xxxxx, Don David Couso Permuy, mayor de edad, DNI: xxxxx, Doña Bárbara Couso Permuy, mayor de edad, DNI: xxxxx, respectivamente madre y hermanas/os del periodista Don José Couso Permuy, asesinado el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak) por el ejército de los Estados Unidos, con domicilio a efectos de notificación en este procedimiento en 28009 Madrid, calle Jorge Juan nº 78, 3º C, (despacho de abogados), ante la Fiscalia de la Comunidad de Madrid comparecen y como mejor proceda en Derecho DICEN:
Que mediante el presente escrito y conforme a lo establecido en los artículos 101, 105, 264 y 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, viene esta parte a formular DENUNCIA ante la Fiscalia de la Comunidad de Madrid, conforme a los siguientes

HECHOS

Primero.- Durante la semana comprendida entre los días 29 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2010, esta parte, personada como acusación particular en el procedimiento Sumario 27/2007 seguido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional donde se investigan los hechos que dieron lugar al asesinato en Bagdad el día 8 de abril de 2003 del cámara de televisión Don José Couso Permuy, ha tenido conocimiento de distintos hechos relacionados con la tramitación de dicha causa que a nuestro juicio ponen de manifiesto una intervención en la misma de personas e instituciones no personadas como partes en dicho Sumario, y posiblemente también una intervención indebida en dicha causa de distintos funcionarios adscritos a la Fiscalia del Estado.
Esta intervención, a nuestro juicio claramente irregular, ha perjudicado tanto la acción penal que venimos desarrollando como nuestro derecho a un proceso judicial con las debidas garantías, dificultando cuando no impidiendo la satisfacción de nuestro interés social a la justicia y la reparación del daño causado por el asesinato del cámara de la cadena de televisión Tele5, Don José Couso Permuy.
Segundo.- Los hechos de los que ha tenido conocimiento esta parte y que podrían tener relevancia penal, pudieran ser indicativos de la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración Central del Estado y altos cargos gubernamentales españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte. Dicho concierto delictivo habría consistido en la aceptación por funcionarios y dirigentes políticos españoles con funciones gubernamentales, de distintas indicaciones e instrucciones impartidas por funcionarios de los Estados Unidos, especialmente por los funcionarios diplomáticos de esta potencia acreditados en la embajada de EEUU en España, pero también por distintos funcionarios dependientes del Departamento de Estado de los EE.UU, con la finalidad de interferir en la independencia y las actuaciones de un poder constitucional del estado, el Poder Judicial, pertubando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés politico de los EE.UU.
Los funcionarios y altos cargos gubernamentales españoles, -tras recibir indicaciones de intervención en un procedimiento penal seguido en España en beneficio de los intereses de funcionarios militares de los Estados Unidos y del propio Gobierno Federal de ese país, así como en claro perjuicio y detrimento de familiares de victimas españolas que ejercían su derecho a la acción penal- podrían haber actuado conforme a lo indicado por funcionarios de una potencia extranjera, causando asi perjuicio a ciudadanos españoles y a poderes constitucionales del Estado, y todo ello en claro detrimento de la soberanía nacional española y la independencia de nuestros poderes públicos.
Tercero.- Las anteriores conclusiones las extrae esta parte de las noticias sobre la intervención de funcionarios estadounidenses en el denominado “Caso Couso” que ha venido publicando el diario madrileño EL PAIS durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2010, noticias que han consistido en la publicación de telegramas, “cables” y comunicaciones diversas del Departamento de Estado de los Estados Unidos hechas publicas por la organización no lucrativa “Wikileaks”. Las noticias que ha continuación se detallarán, han sido publicadas fundamentalmente en las ediciones madrileñas de EL PAIS de fechas 30 de noviembre de 2010, pagina 20, (Documento nº UNO) y 1 de Diciembre de 2010, paginas 18 a 22, (Documento nº DOS).
A fecha de hoy, ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos ni los funcionarios o altos cargos gubernamentales españoles mencionados en dichas comunicaciones han negado la veracidad de los hechos, habiéndose limitado a “matizar” lo publicado, negar la existencia de responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones y restar importancia a dichas informaciones.
De hecho, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Señora Clinton, lejos de negar lo contenido en dichos telegramas o comunicaciones, ha afirmado que la publicación de los mismos constituye un “grave daño para la Comunidad Internacional” al hacerse publicas actuaciones diversas de los EE. UU., de donde se podría deducir que el Departamento de Estado de los EE.UU. otorga absoluta veracidad a lo publicado.
Cuarto.- Las noticias publicadas sobre injerencias externas en el denominado “Caso Couso” y no negadas en lo sustancial a fecha de hoy por las personas en ellas mencionadas, son las siguientes:
1º.- El encargado de negocios de la embajada de EEUU en España, Sr. Robert Manzanares habló con el Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Don Bernardino León, el 22 de julio de 2004, para entregarle una carta del entonces Secretario de Estado de EEUU, Sr. Collin Powell, al Ministro de Asuntos Exteriores español, Don Miguel Ángel Moratinos, sobre el “caso Couso”, todo ello en respuesta a un a carta previa del Ministro Moratinos. Manzanares pidió a Bernardino León que se evitará cualquier acusación a tres militares de EEUU a consecuencia del asesinato del cámara español, y esperaban –los EEUU- que en caso de que el juez acusara formalmente a los militares de EE.UU. por dicho asesinato, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposición. Lo anterior se indica en el telegrama nº 19029 de la Embajada de EEUU en España.
2º.- Telegrama confidencial nº 43323 de la Embajada de EEUU en España, de fecha 21 de Octubre de 2005. El Embajador de los EEUU en España, D. Eduardo Aguirre, afirma: “Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las ordenes de detención internacional”. Dicha afirmación, según se refleja en el citado telegrama, la realiza el Embajador tras haber hablado con la entonces Vicepresidenta del Gobierno, Doña Maria Teresa Fernández de la Vega, con el entonces Ministro de Justicia, Don Juan F. López Aguilar, y con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores D. Miguel Ángel Moratinos
3º.- El 19 de octubre de 2005 el Juez instructor del J.C.I. nº 1 de la Audiencia Nacional, Don Santiago Pedraz, ordena la detención internacional con fines de extradición de los tres militares de EEUU que intervinieron en la muerte de D. José Couso. El mismo día 19 de octubre el ministro español de Justicia, D. Juan Fernando López de Aguilar, llama por teléfono al embajador Aguirre y le indica que “el ejecutivo pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos”, según se refleja en el telegrama nº 43323 de fecha 21 octubre de 2005 de la Embajada de EEUU en España.
4º.- El mismo día 19 de Octubre de 2005, se produce una llamada del Ministro Moratinos al Embajador de EEUU, Sr. Aguirre. Según este ultimo afirma en relación con dicha llamada: “Maria Teresa Fernández de la Vega está implicada en el tema, y si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución(telegrama de la Embajada de EEUU nº 43323 de 21 octubre 2005)
El anterior telegrama indica: “en publico ambos ministros mostrarán respeto por la decisión de los jueces”, de donde parece deducirse que ambos ministros le habían indicado al embajador que “en privado” actuarían de distinta forma.
5º.- Telegrama nº 57678 remitido por el Embajador Aguirre al Departamento de Estado de los EEUU el día 22 marzo de 2006, después de que el 10 marzo 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivara por primera vez el “caso Couso”. Previamente, el Embajador Aguirre se reúne con la Vicepresidenta del Gobierno español Sra. Fernández de la Vega el 21 de marzo de 2006, y tras esa reunión envía el citado telegrama, en el que se afirma: “Maria Teresa Fernández de la Vega dice a Aguirre que Conde Pumpido le ha informado de la excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y autoridades españolas para ayudar a concluir el caso (Couso)”
6º.- Telegrama nº 92692: Se indica en el mismo que tras la primera resolución del Tribunal Supremo español de 14 diciembre 2006 ordenando reabrir el “caso Couso” la embajada de EE.UU. “intensifica sus contactos con políticos y fiscales españoles para desactivar el proceso”.
7º.- Telegrama de la Embajada de EEUU de 18 enero de 2007, numero 93036. Se indica lo siguiente: diplomáticos de la sección política y consular de la Embajada de EEUU se reunieron con el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Don Javier Zaragoza, el día 18 enero 2007 “para sensibilizarlo de la preocupación de EEUU sobre este proceso”. Se indica en el telegrama que “Zaragoza explica que es consciente del interés y compromiso de Cándido Conde-Pumpido en el asunto”, añadiendo el telegrama “que Zaragoza entiende claramente las implicaciones políticas y el caso y que anticipa que procederá con el cuidado que ha dicho que tendría”. Y sigue el telegrama: “Conde Pumpido recomendó al embajador Aguirre que contestara las peticiones del Juez Pedraz, aunque fuera de forma superficial, para minar los argumentos de Pedraz de que EEUU no estaba colaborando”. Continua el telegrama: “Conde Pumpìdo expresó su convencimiento de que España no tenia jurisdicción sobre el caso y anticipó que este no iba a llegar a ninguna parte. En las fechas en que se producen la reunion indicada y el envio del telegrama citado, hacia un mes que nuestro que nuestro Tribunal Supremo se había pronunciado favorablemente sobre la existencia de competencia por parte de los tribunales españoles para investigar los hechos y habia ordenado el desarchivo de la querella, reponiendo asi el procesamiento y las ordenes de busca y captura dictadas contra tres militares de EE.UU. Aguirre indica en el telegrama que el Gobierno español “buscaría una vía para acabar con el caso de forma silenciosa apelando a argumentos técnicos mientras confiaban en evitar cualquier enfrentamiento directo con la familia Couso
8º.- 25 enero de 2007: El Fiscal General del Estado, Don Cándido Conde Pumpido, se reúne con el Embajador Aguirre. El 26 de enero Aguirre envía un nuevo telegrama al Departamento de Estado de EEUU indicando: “Conde Pumpido aseguró a Aguirre que “aunque no hay nada que el gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces, los fiscales de la Audiencia Nacional continuaran oponiéndose a las ordenes de detención de los tres militares de EEUU así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso”
Antes de esto, el 11 de diciembre de 2006 el Tribunal Supremo español ordenó por primera vez reabrir la causa y rechazó los argumentos de archivo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pareciera que el Fiscal General, Sr. Conde Pumpido, se sitúa en posición de incumplimiento flagrante de esta resolución del Tribunal Supremo al indicar a Aguirre que “los fiscales de la Audiencia Nacional continuaran oponiéndose a las ordenes de detención de los tres militares de EEUU así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso”
9º.- Telegrama de 8 de febrero de 2007, numero 95857: Aguirre indica “Como en anteriores comunicaciones con el Gobierno español sobre este tema, nos comprometeríamos de manera informal con ellos para evitar cualquier percepción publica de que estamos ejerciendo presión sobre el Gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial”.
10º.- 27 abril de 2007: el Juez Santiago Pedraz acuerda nuevamente el procesamiento de los tres militares de EEUU implicados en el asesinato de José Couso. Ese día la Directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Doña Cristina Latorre, llama al embajador Aguirre, indicándole, tal y como Aguirre escribe en un nuevo telegrama dirigido al Departamento de Estado de EE.UU., que “en el Ministerio habían trabajado con los fiscales en 2006 para lograr el archivo del caso”. Consta lo anterior en el telegrama nº 106159 de la Embajada de EEUU.
En ese telegrama el Embajador Aguirre añade: “Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos contra los funcionarios de EEUU”
11º.- 10 de mayo de 2007: Se produce una reunión del Sr. Hugo Lloréns -segundo de la embajada de EEUU en España- con D. Julio Pérez Hernández, entonces Secretario de Estado de Justicia . Según el telegrama de la Embajada de EEUU nº 107903 de fecha 11 de mayo, Lloréns afirma que Pérez Hernández le aseguro que “el Gobierno de España trabajaría con el de EEUU para asistirle en el proceso.” “Dijo que el Ejecutivo compartía la preocupación de Hugo Lloréns, que él (Pérez Hernández) seguiría cada paso que se diera en el procedimiento y que estaría en contacto con la embajada.”
12º.- El día 11 de mayo de 2007 la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpone recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el nuevo Auto de procesamiento de los tres militares de EEUU dictado pro el Juez Santiago Pedraz. El día 14 de mayo el Fiscal D. Javier Zaragoza llama a la embajada de EEUU para informarles del recurso, según se indica en el telegrama de la Embajada de EEUU de 14 mayo de 2007, nº 108128. Indica también ese telegrama : “El adjunto al Director General de política de Defensa comunicó la semana anterior a la embajada que su ministerio apoya totalmente la posición oficial norteamericana” en el “caso Couso”
En el Informe no clasificado de la Embajada de EEUU en España al Departamento de Estadio de EEUU de fecha 11 de mayo 2007, se afirma: “De la Vega señala a Aguirre que una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso”
13º.- Informe confidencial de 14 de mayo de 2007 de la Embajada de EEUU en España remitido al Departamento de Estado de EEUU: “El 30 de abril Aguirre se vio con al Vicepresidenta Fernández de la Vega, quien le aseguró que ella estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atención los más altos cargos del gobierno español”
14º.- Informe confidencial de 25 de mayo 2007 de la embajada de EEUU en España a Doña Condolezza Rice, Secretaria de Estado de EEUU: “Queremos una continua vigilancia y cooperación por parte del Gobierno español hasta que el caso sea archivado”
15º.-Telegrama del Embajador Aguirre a la entonces Secretaria de Estado de EEUU, Sra. Condoleza Rice, de fecha 1 de junio de 2007 (telegrama nº 109781 de la Embajada de EE.UU.). Se afirma en dicho telegrama: “El Gobierno de España había ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara las decisiones del juez
En igual sentido, el telegrama del Embajador Aguirre al Departamento de Estado de los EE.UU. de fecha 14 mayo 2007
16º.- El 18 de Julio de 2007 se produce un almuerzo del Fiscal General del Estado Sr. Conde-Pumpido con el Embajador Aguirre. En el Cable de la Embajada de EEUU en España de fecha de 19 de julio de 2007, nº 115995, se afirma: “Conde Pumpido ha dicho que continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado, a pesar de la presión de la familia, de los grupos de izquierda y de la prensa”
17º.- 13 mayo 2008: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vuelve a archivar –por segunda vez- el caso Couso. Según se indica en el telegrama de 14 de mayo de 2008 de la Embajada de EEUU, nº 153919, El Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sr. Gómez Bermúdez, y el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Sr. Don Javier Zaragoza, habrían llamado a la embajada ese día para informarles de este archivo –de ser ello cierto, imaginamos que para que la Embajada no tuviera que molestarse en enterarse por las noticias-, archivo que después fue nuevamente revocado –por segunda vez- por el Tribunal Supremo en fecha 6 de julio de 2010, por no ser dicho archivo de las actuaciones conforme a Derecho.
Quinto.- Además de causar dolor, bochorno y vergüenza ajena a esta parte la lectura de dichos telegramas, los hechos y conversaciones en ellos relatados, de ser ciertos aunque fuere parcialmente, entendemos que podrían tener relevancia penal respecto a los funcionarios y altos cargos públicos a los que se les atribuyen las actuaciones en ellos relatadas.
A nuestro juicio, de los anteriores hechos se deduce una posible violación del secreto del sumario por parte de funcionarios que tienen obligación de guardar el mismo en los asuntos de que conozcan. Esta violación del secreto debido, de haberse producido, habría causado un grave daño a particulares, concretamente a los familiares del cámara Don José Couso, quienes pareciera que han venido ejerciendo una acusación particular minada por todo tipo de dificultades extra procesales. También pareciera que funcionarios españoles a los que afecta la prohibición de brindar cualquier tipo de asesoramiento jurídico a particulares o instituciones han procedido a realizar dicho asesoramiento y en concreto lo habrían realizado a una potencia extranjera que de facto y sin ser parte en la causa ha asumido la defensa de tres ciudadanos de su nacionalidad acusados de graves crímenes por la justicia española y sustraidos voluntariamnete a la accion de ésta. E igualmente, pareciera que funcionarios obligados a perseguir delitos, han dejado intencionalmente de perseguir algunos de los que han tenido noticias así como a sus responsables.
También, nuestro ordenamiento criminal persigue a quienes ayudaran a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, lo cual seria aun más grave si estos presuntos responsables de un delito lo fueran por haber cometido un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio.

Por lo expuesto,

SUPLICO A LA FISCALIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias y documentos adjuntados, se sirva admitirlo y tener por interpuesta DENUNCIA por los hechos indicados en el mismo, procediendo a abrir la correspondiente investigación sobre dichos hechos y sobre la participación en los mismos de las personas que se han indicado en este escrito o cualesquiera otras que a la vista de la investigación de la Fiscalia aparecieran como posibles responsables de hechos delictivos, y tras reclamar al diario EL PAIS las copias de los telegramas, comunicaciones e informes indicados en esta denuencia, proceda a remitir lo actuado al órgano jurisdiccional correspondiente para el caso de entender la Fiscalia que los hechos aquí denunciados pudieran ser constitutivos de infracción penal.
Por ser de justicia que se pide en Madrid a 9 de Diciembre de 2010.

Doña María Isabel Permuy López Don Javier Couso Permuy
Don David Couso Permuy Doña Bárbara Couso Permuy

Doña María Isabel Couso Permuy,


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