Lección historia e introducción al derecho eclesiástico del estado






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c.2.- Empresa ideológica.

Sobre la teoría de empresa ideológica o de tendencia, También ofrece un punto de vista desigual al que el Tribunal Superior nos tenía acostumbrados. Argumenta que si el empleador es la administración pública educativa, ésta es la empresa de tendencia y no la iglesia católica. Explica su posición afirmando, que la limitación que la naturaleza ideológica de la empresa introduce en el ejercicio por el trabajador de los Derechos fundamentales, queda limitada a la moralización de la prestación laboral y de aquellos aspectos inherentes a la misma, con la consiguiente vinculación al ideario del centro y la prohibición de manifestaciones externas en el ámbito laboral, que se separen de dicho itinerario. Pero fuera de la relación laboral, el trabajador es libre de forma que todos sus actos y opciones vitales, pueden ampararse en el libre desarrollo de su personalidad (artículo 10.1 de CE), sin que para ello le suponga limitación alguna el contrato de trabajo. Si sus opciones vitales discrepen del canon religioso de su empleador, ya que ello podría comportar consecuencias en el orden religioso e incluso la separación de la organización religiosa, pero no son causas que puedan justificar la no contratación, la no renovación del contrato o el despido.

c.3.- Exigencia de la laicidad.

El Tribunal Superior de Justicia recuerda los límites que impone la laicidad del Estado cuando reflexiona sobre la exclusión de la competencia de los poderes públicos a favor de la jurisdicción de otro sujeto de Derecho internacional como es la Santa Sede, y advierte lo siguiente: el único elemento por el que podría intentarse un traslado de jurisdicción a favor de la iglesia católica, suponiendo que el ordinario que actúe tenga competencias inherentes a la Santa Sede, es la presencia de un elemento religioso. Pero un elemento religioso no es un elemento de extranjería que pueda utilizarse como punto de conexión a favor de la jurisdicción eclesiástica, aceptar lo contrario seria una solución de sorprendente arcaísmo vedada en los artículos 1.2, 16 y 117 de CE, por ello la jurisdicción española es competencia para el enjuiciamiento de todos los problemas inherentes al proceso de contratación laboral.

c.4.- Vulneración del Derecho de tutela efectivo de los ciudadanos o de los Derechos de los ciudadanos.

A juicio del Tribunal, lo que se plantea es un problema de vulneración del artículo 24 de CE y en concreto del Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que la decisión del ordinario se ha configurado por el artículo 3 del acuerdo como ley absoluta exenta de toda posibilidad de sumisión al control de constitucionalidad o legalidad por los órganos judiciales españoles.

3.- Naturaleza de empleo público.

El 2º de los contenidos de la regulación del profesorado de religión en los centros públicos de enseñanza que plantea a esta sala serias dudas de constitucionalidad, se refiere a la naturaleza del empleo público que se ha dado finalmente a los puestos de estos profesores, debe señalarse previamente que dicha opción no resulta de modo directo del acuerdo de 1979, en cuyo seno hubiera cabido perfectamente otra solución que pasara por la dependencia directa del ordinario del lugar. La opción por contratos laborales entre el profesor y la administración educativa, fue adoptada por la ley 50/1998 de 30 de Diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, al modificar la disposición adicional 2ª de la LOGSE.

3.1- Vulneración del artículo 14 de CE.

Que el acceso y la conservación de empleos públicos como son los de profesores de religión, sean determinados por un sujeto externo a la administración pública como es el obispado y queden condicionados a motivaciones religiosas, es justamente el punto donde estorbaría a juicio de la sala, inconstitucionalidad de tales normas. En otro orden de cosas afirma que evidentemente y en este terreno la sumisión de la administración en decisiones sobre contratación, renovación y extinción de contratos de profesores de religión a una previa decisión del obispado expresada mediante la declaración de idoneidad no puede entenderse sino como una motivación religiosa a efectos del artículo 14 de CE, no tiene que implicar necesariamente una descoordinación si se trata de la remisión a la decisión de un tercero. Pero el obispado no es un simple tercero que pudiera actuar objetivamente como empresa de selección, sino que es una autoridad religiosa a la que se le encomienda el control de idoneidad. No se trata por tanto de que la selección del trabajador se conciba como un servicio, pues todo para la administración en orden a la valoración del mérito y la capacidad del trabajador, ya que no es el interés de la administración sino del obispado.

3.2- Límites impuestos por la laicidad del Estado en relación con los artículos 9.3, 14 y 23.2 de CE.

El Tribunal Superior de Justicia discute que los efectos inherentes del artículo 27.3 de CE, conlleven una dependencia de organizaciones religiosas para que los padres puedan educar a sus hijos y mucho menos que la administración tenga la obligación de garantizar dicha formación. Advierte lo siguiente: es cierto que el artículo 27.3 establece que los poderes públicos han de garantizar este Derecho. Pero existe un salto lógico entre tal precepto y el hecho de que sea la administración la que de forma directa y a través de los trabajadores o funcionarios propios se haga cargo de impartir dicha formación. El Tribunal Superior de Justicia también discurre en torno a la posibilidad de que efectivamente se hiciera cargo de esta formación intentando asegurar la neutralidad en materia religiosa, con esta opción se formarían núcleos ideológicos o de tendencia en el seno de la administración, ya que asumiría una función ideológica que exige con toda evidencia que el profesor tenga aptitud para la misma, esto es, que sea no solamente capaz de trasmitir los conocimientos que conforman el cuerpo de creencias y doctrinas de una religión, sino también que sea capaz de trasmitir la fe o al menos asentir sobre tal doctrina y a qué según la sala, se tropieza con lo dispuesto en el artículo 23.2 de CE en cuanto concreta manifestación sobre el empleo público en que se establece el Derecho de igualdad y la interdicción de toda discriminación.


    1. Propuesta de cuestión de inconstitucionalidad.


1º.- Defensa de su competencia para decidir.

El Tribunal expone los motivos por los que se considera competente para decidir en este asunto y de hecho decide que la cuestión presenta relevancia constitucional, de ahí que se eleva al Tribunal Constitucional por la vía legalmente propuesta.

Si el objetivo fundamental del litigio es la vulneración de los Derechos fundamentales en el proceso de selección de cara a la nueva contratación para el nuevo curso, podría plantearse la incompetencia del orden social de la jurisdicción para conocer la demanda, pero el criterio formado por esta sala que tratándose de contratos de trabajos, las actuaciones previas , incluidas las reclamaciones por culpa, forman parte de la competencia de esta jurisdicción que abarca el Derecho de la colocación. De dicha competencia se excepcionarían algunos supuestos que afectan a la selección y contratación de trabajadores por la administración pública, de acuerdo con la doctrina fijada por la sala 4ª del Tribunal Superior. Pero dicha excepción en consecuencia de la existencia de un auténtico procedimiento administrativo a través del cual se formaría la voluntad de la administración con objeto de salvaguardar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; constituyendo con ello un autentico acto separable, en el sentido de Derecho de la contratación de la administración pública, y esto aquí no ocurre como se ha visto, siendo precisa la falta de este procedimiento en la normativa aplicable. Uno de los motivos que suscitan a esta sala son las dudas de constitucionalidad (fundamento jurídico 5º).
2.- Admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional por providencia del 15 de Julio de 2003, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucional número 4126/2003 planteada por la sala de lo social con sede en la Palma de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con la disposición adicional 2ª Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre.

La LOGSE en la redacción dada a la misma por la ley 50/1998 de 30 de Diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social y con los artículos III, VI y VII del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito el 3 de Enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede por posible vulneración de los artículos 9.3, 14, 16.3, 20.1, 23.2, 24.1, 28.2, 103.3 de la CE, por tanto debemos esperar a la decisión del Tribunal Constitucional del acuerdo citado y también a la respuesta que da la comisión europea a la denuncia interpuesta por la federación de enseñanza, en la que se pide que se requiera al gobierno la modificación del artículo 3 de dicho acuerdo, en virtud de la normativa europea .
3.- Reflexiones conclusivas ( Posible pregunta de examen )

1º) La situación conflictiva que se ha creado en torno a los profesores de religión se debe a que el Derecho ha accedido por duplicado a una demanda sociológica. La de los padres católicos que en ejecución del Derecho reconocido en el artículo 27.3 de CE no han intervenido directamente en las decisiones legales y jurisprudenciales, pero en la calificación de la impartición de la enseñanza religiosa como una función pública, puesto que obedece al ejercicio de su libertad religiosa, trazándose así un puente de comunicación entre el artículo 16.1 y 9.2 de CE, y por otra parte la de los profesores de religión y moral católica que emprendieron una batalla judicial para, obtener los mismos Derechos que el resto de los profesores en los mismos niveles, logro que consiguieron el resto de su relación de secciones como la normativa laboral. Estas dos peticiones están al margen de lo acordado entre el estado y la Santa Sede. En el acuerdo no se establece que se trate de un cargo público en la impartición de la enseñanza católica para lo que se ha pactado, que a la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará al derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos (artículo 1 del acuerdo) sobre enseñanza y asuntos culturales.

Tampoco determina que exista una relación laboral entre la administración pública

y el profesor de religión propuesto por la iglesia católica. Solo se dice que quedan sometidos al régimen disciplinario de los centros y además, especifica que nadie estará obligado a impartir la enseñanza religiosa (artículo 3º del acuerdo) por lo tanto, todos los puntos conflictivos se han originado tras el reconocimiento a los profesores de su relación de servicios como laboral; siendo el empleador la administración pública que debe remunerarlos. Si la remuneración proviniese de la iglesia católica como personal interno de la misma, no estaríamos reflexionando en torno a esta complicada situación de cogestión empresarial. El problema surgió porque no había un número suficientes de profesores del propio centro escolar que quisiesen impartir este tipo de enseñanza y se tuvo que recurrir a personal externo, que reclamaba la legalización de su relación de servicios, no con la iglesia sino con la administración pública y por tanto adquiere naturaleza de empleo público.

2º).- El segundo paso dado por los profesores de religión católica ha sido el de independizarse aún más de la iglesia católica, exigiendo que el objeto de su prestación laboral, es decir, lo que da sentido y justificación a su contrato de trabajo, se separe total y absolutamente de su condición de fiel católico y de miembro de dicha organización que ha sido precisamente el motivo principal de su elección para desempeñar el cargo. A la iglesia lo que le interesa es la fidelidad doctrinal. En primer lugar en orden a su propia condición de fiel (sea o no profesor de religión) y en segundo lugar asegurar su coherencia con la enseñanza que imparte en nombre de la iglesia católica.

3º) Es patente que el conflicto lo han generado los mismos profesores de religión y que el Estado a través del Derecho y el poder judicial aplicándolo, han intentado conciliar todos los intereses concluyentes creando, una extraña situación laboral que ciertamente puede parecer que roza con la vulneración de algunos preceptos constitucionales y principios meramente legales desde la perspectiva estatal, no en el ámbito eclesial.

4º) La iglesia tiene Derecho a exigir coherencia al profesor de religión, mas que a un simple fiel, puesto que actúa como enseñante de la doctrina católica y en su nombre. Un doctor en Derecho podría enseñar como catedrático, pero no ejercer la abogacía, en cambio la iglesia exige al profesor de religión que enseñe y ejerza en otras palabras, debe “profesar” que según el diccionario de la Real Academia Española, significa ejercer con inclinación voluntaria y continuación en ella, creer confesar una doctrina y una religión. Si contemplamos todas las acepciones de profesar, descubriremos que implican perseverancia y voluntad de obligarse. El significado de fiel según el diccionario de la Real Academia Española es el siguiente “ que guarda fe o es constante en sus afectos en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él, en la misma línea fidelidad significa o implica según la Real Academia Española lealtad, observancia de la fe que uno debe a otro.

Los términos evidentemente distan muchos de los propios de un ciudadano residente en un Estado laico y sujeto a la normativa laboral correspondiente en la que se aplica el principio de buena fe entre las partes. Pero no el de lealtad ni adhesión a ideario alguno, de ahí que la vida privada caiga fuera de la esfera laboral. Que la iglesia ejerza la función de enseñar no supone que deba hacerlo con la ayuda instrumental del Estado, pero es una opción que se ha elegido amparándose en el entramado constitucional de los artículos 16.1, 16.3, el 9.2 en el que se establece la función promocional de la libertad religiosa por parte de los poderes públicos y el artículo 27.3.

6º) Los problemas no radican en el seno de al iglesia puesto que internamente tienen plena autonomía y la situación creada por los profesores de religión se ha hecho dentro del marco constitucional y de legalidad ordinaria ofrecido por el ordenamiento jurídico.

Al Tribunal Constitucional le corresponde decidir, 1º si se puede pactar con una confesión católica o no, que en los centros escolares públicos se va a impartir enseñanza religiosa y por profesores propuestos por una autoridad religiosa. 2ºsi se puede mantener esa situación de cogestión empresarial a efectos meramente de jurisdicción de conformidad con el acuerdo internacional de enseñanza. La iglesia católica puede aplicar sus propios criterios de índole religiosa que en este caso están por encima de cualquier Derecho o reglas propias de la contratación laboral, de modo que el profesor obedece a dos poderes, el espiritual y el temporal. En cuanto ciudadano y fiel católico tienen desigual Derechos y obligaciones ante el Estado y ante la iglesia, para ésta no hay una violación de Derechos fundamentales, puesto que el fiel se adhiera libremente a la doctrina, creándose una relación de especial confianza que desaparece con la incoherencia y falta de lealtad, pero este legitimo proceder en nombre de su reconocida autonomía interna no justifica que se haga un trasvase desde el ámbito eclesial al estatal.

El Estado no puede promover situaciones jurídicas que puedan mermar los Derechos fundamentales de las personas como ciudadanos independientemente de si poseen o no la condición de fiel y los trabajadores profesores que presentan su demanda ante la jurisdicción laboral, lo hacen por su condición de trabajador por cuenta ajena, no como fiel, ya que la jurisdicción eclesiástica tiene sus propios procesos, sanciones y penas.





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