Lección historia e introducción al derecho eclesiástico del estado






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B.- Cuestiones fundamentales.
1º- Sobre el posible control de la propuesta eclesiástica. Sobre el particular podrían mantener varias tesis, pero debe interpretarse en el sentido de que el obispo diocesano (u ordinario del lugar) puede proponer a personas con la titulación correspondiente de forma discrecional y fuera del control jurisdiccional ya que cabe razonablemente entender que la propuesta se enmarca en un área integrada en el ejercicio de su ministerio espiritual, por lo que a la luz de la normativa, el control jurisdiccional solo puede ser negativo, esto es, solo cabría averiguar si las personas propuestas no reúnen los requisitos exigidos y si la propuesta respeta los Derechos fundamentales y libertades públicas.

2º- Relación jurídica definida por el tipo de prestación. En el fundamento jurídico 7º la Sentencia del Tribunal Superior de justicia establece de lo que razonamos en sentencias anteriores, hemos de extraer desde el punto de vista del Derecho del trabajo lo siguiente.

  1. La enseñanza en cuestión, responde a la doctrina de una religión que por tanto por la expresión instrumental normativa, el acuerdo de 3 de Enero de 1979 como por el contenido doctrinal de la enseñanza incluso con fundamento en la propia doctrina a impartir relacionada con un contenido marcadamente espiritual justificaría la regulación jurídica concreta, pues se está en presencia de una relación jurídica especifica o singularísima, calificada por el Tribunal Superior como relación temporal atípica y es objetivamente especial. En tales condiciones gran parte de la doctrina reclama su regulación como relación laboral especial.

  2. El vínculo nacido, se basa según la doctrina más autoritaria en una relación de especial confianza pues se está ante un área doctrinal que por su igual carácter esta fundamentada en un principio de confianza que opera de manera más intensa que en un trabajo que no tuviese esas implicaciones. Esto es, aquellos en que la ideología o doctrina religiosa fuese irrelevante.

Para concluir se dice que en esta relación jurídica singularísima hay una especie de congestión empresarial, ya que existe un patrono espiritual, es decir, el obispo que es el mandante y el patrono en sentido material o temporal que es la administración correspondiente.

Ahondando en esta problemática hay que añadir que concurrente con la relación laboral, existe una relación de derecho eclesiástico que une al profesor de religión católica con el obispo que es lo que básicamente introduce a la relación jurídica en un área singularísima tal y como se define en los cánones 804 y 805 del Código de Derecho Canónico.

En el 804 se dice que depende de la autoridad de la iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualquier escuela o se lleve a cabo en los medios de comunicación social, También se advierte que el ordinario del lugar debe cuidar de que los profesores de religión católica destaquen por su recta doctrina, por el testimonio en su vida cristiana y por su aptitud pedagógica.

El 805 señala que el ordinario del lugar, dentro de su diócesis tiene el Derecho a nombrar o aprobar a los profesores de religión, así como de remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o de moral

3.- El debate cruzado sobre la lesión de los Derechos fundamentales.

El obispado de Cartagena denuncia la vulneración del principio de libertad religiosa e infracción de los artículos 16 y 27.3 de CE y del acuerdo de 3 de Enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, infracción de varias sentencias en el año 2000 dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y denuncia también la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional en diversas sentencias que tratan sobre el desarrollo de la prestación de trabajo en empresas ideológicas aplicable analógicamente al supuesto que nos ocupa, como limites al derecho de vida privada y libertad de expresión que determinan la imposibilidad de hablar de trato discriminatorio.

El recurrido impugna los recursos y en síntesis argumenta de contrario que el representante de la iglesia católica atribuye una extensión desmesurada al Derecho de libertad religiosa, que no incluye la facultad de hacer ineficaces los Derechos fundamentales de terceros, por ello sería nula de pleno derecho, basándose en el artículo 6.3 y 1255 del código Civil y en todos los preceptos constitucionales. Cualquier cláusula de un contrato laboral en el que el profesor se comprometiera a renunciar de antemano a ejercer en un sentido determinado cualquier Derecho o libertad. El asunto, finalmente se resuelve en los siguientes razonamientos jurídicos: En el 9º fundamento jurídico se aclara que sobre el ámbito concreto se puede decir que, se esta en presencia de una relación jurídica en la que adquiere gran relevancia y es determinante el hecho de que se trate de un campo ideológico doctrinal o religioso en el que por el contenido principal, es decir, doctrinal de la enseñanza relacionado con un contenido marcadamente espiritual, justificaría la regulación jurídica concreta, en sentido negativo, por tanto no se esta en presencia de una regulación jurídica neutra, como podría ser la de un ciudadano más ante los poderes públicos. Restringiendo todavía más el campo operativo, estamos situados en un punto fronterizo entre lo que es la pura dimensión eclesiástica y lo que es el comienzo en su caso de la relación laboral. Esto es, en un área en el que el ordinario del lugar ejercita una proyección de su ministerio espiritual libremente o discrecionalmente en virtud de las facultades espirituales de las que está investido, que en principio son extrañas a cualquier relación jurídica laboral, y su deber se incardina en el ejercicio de su libertad religiosa como Obispo. De otra parte en cuanto se refiere a los integrantes de una iglesia o religión fácilmente se comprende que pertenezca o no a cualquiera de ellas por su propia voluntad libremente. Una vez que están integrados en una, están sometidos a sus directrices y ministerios. De tal forma que en el ámbito religioso se puede discrepar, incluso dentro de una religión concreta, pero la jerarquía correspondiente es la que dirime y decide sobre la buena doctrina de dicha comunidad, cuyo sentimiento es un elemento que la jerarquía puede valorar legítimamente en orden o depositar su confianza en una persona. Es asimismo reseñable, que no es lo mismo no proponer a una persona que proponerla, en el sentido de que mientras la no propuesta extinguida la relación laboral se sitúa en el plano previo a la aparición de la relación laboral, la propuesta tiene un contenido positivo que manifiesta una voluntad del Obispo. Se puede concluir que mientras el obispo es libre para proponer o no a una persona, si realiza la propuesta, tal acto aparece y se exterioriza de una manera positiva en el mundo del Derecho y es susceptible de control en orden a determinar si viola o no Derechos fundamentales y libertades públicas. Según el fundamento 10º debe resolverse la problemática propuesta dentro del ámbito de la tesis de la empresa de tendencia con ciertos matices. Sin embargo, en el análisis se explica que más que ante una empresa de tendencia, se está ante la máxima expresión de una ideología o religión que es el servicio a una iglesia en su vertiente espiritual, esfera en la que tiene trascendencia no solo la fidelidad doctrinal, sino su adecuación a ella, ya que se está en presencia de un campo en el que opera intensamente la ideología y la decisión del ordinario, se basa en una relación de especial confianza con el profesor. En efecto, es reseñable que la iglesia es depositaria de una doctrina que lo es todo, tal y como se establece en el canon 747. De ahí que compete a la misma proclamar los principios morales, siempre y cuando, esté en juego la salvación de las almas. El Tribunal tampoco encuentra que se haya vulnerado el artículo 14 ni el 18.1 de CE, pues el actor vino impartiendo clases en las mismas condiciones hasta que se dio publicidad a su situación en contra del rescripto de dispensa; en dicho momento el Obispo tuvo que atenerse a lo dispuesto en el rescripto, más concretamente y respecto a la intromisión ilegítima en la vida privada del actor ello tampoco se produjo, pues aparte de que el término vida privada o privacidad tiene geometría variable, fue el mismo actor quien consintió la publicidad en contra del rescripto de dispensa. En consecuencia restaría por analizar si la decisión del ordinario del lugar de no proponerlo como profesor de religión católica violó su Derecho a la libertad de expresión. A esto se contesta que según la doctrina católica ya en sus fuentes originarias y en la tradición, el escándalo o propiciar un posible escándalo es desde el punto de vista doctrinal gravísimo. Coherentemente con todo lo expuesto, es forzoso concluir que al no violarse derechos fundamentales ni libertad pública alguna no ha existido despido, como ya se había resuelto en la Sentencia del Tribunal Superior del 25 de Julio del 2000. No obstante hay una laguna en estas reflexiones del órgano supremo, y es que el único Derecho del que no se hace mención es el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones que a pesar de encontrarse en el artículo 27.3 de CE trae su origen del Derecho fundamental de libertad religiosa que poseen los progenitores. Navarro-Valls considera que no habría que distinguir entre el ámbito privado y el ámbito público o profesional del profesor de religión, porque cuando un padre elige para su hijo la enseñanza de la religión católica, confía en que se le impartirá una enseñanza coherente con la doctrina cristiana, lo que implica que el profesor debe tener autoridad moral.


  1. La cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias dicta un auto en torno a la situación laboral de una profesora de religión y moral católica que no había sido propuesta por el obispado, basándose en que mantiene una relación afectiva con otro hombre que no es su esposo. Tras hacer un largo recorrido normativo y sobre todo jurisprudencial para considerar que el tipo de prestación realizada por el profesor de religión católica determina que el asunto de idoneidad o no, sea de la competencia propia y exclusiva de la iglesia católica en virtud de su autonomía interna, y frente al régimen de contratación laboral y el de protección de Derechos fundamentales, aparece un auto del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas, sala de lo social con fecha de 8 de Julio del 2002 que eleva el conflicto al Tribunal Constitucional en los siguientes términos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes de la LOTC se eleva ante éste una cuestión de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 2ª de la LO 1/1990 de 3 de Octubre (LOGSE) en la redacción dada a la misma por la ley 50/1998 de 30 de Diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social y contra los artículos III, VI, y VII del acuerdo de enseñanza y otros asuntos culturales suscrito el 3 de Enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede por eventual vulneración de los artículos 9.3, 14,16.3, 24.1 y103.3 de CE.


    1. Motivos de duda sobre la constitucionalidad.

1.-Concepto de enseñanza de la religión católica. En las reflexiones del Tribunal Superior de Justicia, se dice que no es objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad la inserción de la religión y moral católica en el itinerario educativo de la enseñanza reglada, pero es necesario conocer cual es el concepto de enseñanza que la iglesia tiene, ya hemos dicho que hay una remisión a la función de enseñar que se regula en el código de Derecho Canónico, en concreto el canon 747, advierte el Tribunal Superior de Justicia que la enseñanza por tanto, irá dirigida a un aprendizaje tanto del depósito de fe como de la doctrina del Sumo Pontífice y del colegio de Obispos, paso previo a la creencia con fe divina y católica en el primer caso o al mero asentimiento religioso del entendimiento y la voluntad del segundo.

2º.- Concepto de idoneidad.

a)- Labor de vigilancia del comportamiento del profesor.

Poniendo en relación el canon 798 con el canon 804 el Tribunal considera en su fundamento jurídico 2º que hay una labor de vigilancia del ordinario del lugar en lo que se refiere a la enseñanza y educación católica que se dirige de modo especial al profesorado, para el Tribunal la vigilancia sobre la aptitud pedagógica, tiene un carácter esencialmente instrumental pues está dirigido a la eficacia de su misión. En cambio, la vigilancia sobre la recta doctrina y el testimonio de vida cristiana son constitutivos de la misma misión que en nombre de la iglesia tienen encomendada los profesores. Si la enseñanza del profesor no se adjunta al depósito de fe o a la doctrina de la iglesia o su conducta en todos los terrenos laborales o privados, se aparta de lo que es conforme a la doctrina enseñada. La misión educativa no será cumplida adecuadamente, puesto que o bien no enseñará correctamente el contenido de lo que debe ser objeto de fe, o bien inducirá a la duda cuando los alumnos observen que su propio profesor se aparta de lo enseñado, amenazando de esta forma confrontar el objeto último y esencial de la función de enseñar de la iglesia.

El auto del Tribunal advierte sobre las siguientes consecuencias de la labor de vigilancia:

1º El profesor de religión y de moral católica, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico no es libre en cuanto a la materia que ha de enseñar.

2º No es libre en cuanto a su conducta y comportamiento, incluso en ámbitos meramente privados en cuanto se aparten de lo que es correcto conforme a la doctrina de la iglesia.

b)- Ámbito de extensión de la idoneidad.

Indica el Tribunal que la declaración eclesiástica de idoneidad no es un título académico o una licencia fundada en el mero conocimiento objetivo de la materia que ha de impartirse y en la aptitud pedagógica para su enseñanza. Considera que parte esencial de esa declaración lo constituye la valoración de la actitud del profesor en cuanto a la recta doctrina y el testimonio de vida. Teniendo en cuenta que el profesor de religión y moral católica ha conseguido que el Tribunal Superior reconozca que su relación de servicios es de naturaleza laboral. Para el Tribunal las exigencias de la iglesia que acabamos de anotar, rebasa las propias del régimen de contratación laboral y las relativas a la protección de Derechos fundamentales de los trabajadores. También recuerda o menciona las sentencias en las que queda patente que la buena fe y la especial confianza son inherentes al vínculo contractual, pero no el deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial.

c)- Control sobre la decisión del ordinario.

Según el Tribunal Superior de Justicia el conflicto de lealtad a distintos Derechos no debería producirse nunca con base en el acuerdo, puesto que la concertación de la propuesta de profesores que ha de realizar el ordinario para cada curso, es la de un acto completamente libre y no fiscalizable por las autoridades del Estado Español, lo que incluye a las autoridades judiciales. Pese a esto el Tribunal entiende que la declaración o no de idoneidad por parte del ordinario del lugar, tiene una configuración de decisión puramente libre, pero aunque sea resultante de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, pugna directamente con el esquema constitucional.

c.1.- La incidencia sobre la libertad religiosa.

El gobierno de Canarias en sus alegaciones relativas a la posibilidad de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad recalca, que la integración voluntaria en una organización religiosa o confesión, implica la necesaria aceptación de sus creencias y sus normas y no pugnaría con Derecho fundamental alguno. Que la falta de respeto hacia las mismas implicase la separación de dicha organización religiosa. Sin embargo, en este caso, el supuesto es desigual según el auto del Tribunal Superior de Justicia, puesto que quien ha acudido ante los órganos judiciales pidiendo la tutela de sus Derechos no es una persona que haya integrado en una organización religiosa, sino una trabajadora por cuenta ajena. La progresiva sustitución de los sacerdotes y religiosos en el ejercicio de la función de enseñar y la falta de profesores voluntarios condicionan la regulación actual, y el haber optado por suplir esta falta de profesores mediante la contratación laboral de los mismos. Pero el contrato de trabajo no es un mecanismo de inserción en una confesión religiosa, puesto que su concepto es desigual y forman parte esencial del mismo las características de ajeneidad y su naturaleza retribuida.
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