Lección historia e introducción al derecho eclesiástico del estado






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TEMA 15. ENSEÑANZA DE LA RELIGION EN CENTROS PUBLICOS ESPAÑOLES.
INTRODUCCION: Estamos ante un derecho y obligación propio de los padres bajo el marco de una relación matrimonial o extraconyugal, nos referimos a la educación de los hijos; en España se establece el Derecho a la educación en el articulo 27 de CE, en el que se nos dice que todos tienen el Derecho a la educación que tiene por obligación el pleno desarrollo de la personalidad humana, el articulo 27.3 de CE expresa que los poderes públicos garantizan el Derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En lo que a la iglesia católica se refiere, este Derecho se ve reforzado en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales (1979); se nos dice que los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de EGB y de BUP y de grados de formación profesional (F.P.) correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las de las demás disciplinas fundamentales. El Derecho a la educación sobre las propias convicciones de los padres vino recogido también en la LOLR , en los acuerdos con otras confesiones y en las distintas leyes estatales que regulan la enseñanza en España. El Estado se ha preocupado por la enseñanza de la religión como un asunto que deriva del Derecho fundamental de libertad religiosa. Para las confesiones religiosas el Derecho de recibir la enseñanza de su propia religión en un centro escolar público no ha tenido el mismo interés para cada una de ellas. La iglesia católica es la única que ha luchado para que se mantenga este compromiso estatal, el resto de las confesiones en el momento de la firma de sus acuerdos dejaron abierta esta posibilidad para un futuro, pero no la solicitaron de inmediato. Actualmente los protestantes y los judíos no han solicitado este tipo de enseñanza, en cambio los musulmanes recientemente han pedido a la dirección general de asuntos religiosos que se investigue la posibilidad de poner en marcha este tipo de enseñanza. En lo que se refiere a la legislación internacional ya sabemos que todos los tratados, pactos relaciones internacionales ratificados por España se convierten en Derecho interno, entre éstos están los siguientes: La declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 26, establece que toda persona tiene Derecho a la educación, además considera que la formación religiosa o moral entra en el ámbito necesario que el niño debe tener para el desarrollo de su personalidad. También considera que el Derecho a recibir esa enseñanza y la libre elección de la misma constituyen el desarrollo de un Derecho fundamental y así se establece en los artículos 26.2 y 26.3. También está el pacto internacional e intranacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de Derecho Eclesiástico sociales y culturales (1966). El 1º declara una aptitud de respeto hacia la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que reciban sus hijos conforme a sus convicciones y lo clasifica como un modo de ejercer el derecho que tiene toda persona. En el 2º pacto también se reconoce el derecho de toda persona a la educación que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En los acuerdos que se han firmado en España con las confesiones, se expresa que la enseñanza de la religión contribuye a todo lo que se dice en este pacto internacional (en el artículo 13 de este pacto). En el artículo 13.3 los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres, así como hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

El convenio para la salvaguardia de los Derechos fundamentales y las libertades públicas firmado en Roma en el año 1950, en su artículo 9, reconoce el Derecho a toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y en el protocolo adicional 2º se nos dice que ha nadie se le puede negar el Derecho a la instrucción y que el Estado en el ejercicio de sus funciones en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el Derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.

DIRECTRICES DERIVADAS DE LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA CONSTITUCION
1º - Opcionalidad o no obligatoriedad de la asignatura que se deriva de la “libertad religiosa”

El artículo 16 de CE reconoce la libertad religiosa tanto del individuo de modo singular, como de los grupos sociales en los que se integran; ahora bien, este reconocimiento positivo no implica que la libertad religiosa sea adecuada por el Estado. El funcionamiento más exacto de la libertad religiosa está en la dignidad de la persona humana. En directa relación con este Derecho y libertad pública se encuentra el artículo 27.3 de CE que permite a los padres elegir libremente la formación religiosa o moral de sus hijos. La problemática se sitúa en los centros públicos escolares, debido a la laicidad del Estado y de todos sus organismos. Se ha discutido si la enseñanza de una asignatura de religión debería o no impartirse en esos centros, ya que la religión es considerada de interés público. En cuanto al factor social se ha permitido este tipo de formación en el marco de la libertad y opcionalidad, de modo que ningún profesor está obligado a impartir esta asignatura y los padres son libres de elegirla o no para sus hijos. Puede haber un conflicto dentro de las familias cuando los padres matriculan a sus hijos en esta asignatura y estos siendo menores de edad no desean recibirla. También puede darse la situación contraria. De igual modo puede haber un cambio de religión por parte de los padres o de los hijos y encontrarse que no procesan la misma religión. Este conflicto siempre suele estar a favor de los padres, ya que hasta los 18 años tienen a su cargo a los hijos. Aunque la jurisprudencia esta a favor de escucharles a partir de los 14 años. En resumen, la libertad religiosa es un Derecho personalísimo y no cabe sustitución ni por el Estado, ni por la familia, ni por terceras personas; pero esto roza con el derecho de los padres, de ahí que el juez deba decidir cual de los dos intereses jurídicos debe prevalecer.

2º- La no discriminación como correlato del “principio de igualdad ante la ley”
A)- La asignatura
La asignatura de religión católica está prevista en el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español como curricular y debe impartirse en condiciones equiparables al resto de las asignaturas, sin embargo, en los acuerdos con otros confesiones no se pacta que se encuentre en condiciones equiparables a las asignaturas fundamentales, por lo tanto, el conflicto se ha venido produciendo solo con la enseñanza de la religión católica. Se dictaron 2 reales decretos, en el año 1991 los RD 1007 y RD 1007 de 14 de junio ambos, en los que se establece que esta asignatura no tendrá validez en algunos casos lo que significa que no es curricular y como alternativa a la misma para los que no opten por esta asignatura se establecían una serie de actividades supuestamente culturales como jugar al parchís, que no requerían examen ni calificación alguna, mientras que la asignatura de la enseñanza de la religión si era calificable por lo que no se cumplía el compromiso de impartirla en condiciones equiparables. En la LOGSE, ley de ordenación general del sistema educativo, solo se prevee lo que se refiere lo que se refiere a la enseñanza de la religión en la disposición adicional 2ª y no en su articulado. En lo que se refiere al horario, se suele impartir hora y media o dos a la semana y no se admite ningún tipo de reclamación por parte de los padres que han pretendido cambiar el horario solicitándolo al centro docente. Se considera que los padres pueden elegir el centro más adecuado para sus hijos y si desean que reciban formación religiosa, pero no pueden hacer un centro escolar a su medida determinando los horarios. La situación de la asignatura de la enseñanza religiosa en general ha mejorado tras la LO nº 10/2002 de 23 de Diciembre de calidad de la educación, en la exposición de motivos se establece que en los niveles de educación primaria y secundaria, la ley confiere a las enseñanzas de las religiones y de sus manifestaciones culturales el tratamiento académico que les corresponde por su importancia para una formación integral y lo hace en términos previstos en la Constitución y en los acuerdos suscritos por el Estado español. En el capitulo II sobre los derechos y deberes de padres y alumnos, señala que además del estudio son deberes básicos de los alumnos, respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales. Con respecto a los padres, se dice que tienen Derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones. Por otra parte, cuando establece los objetivos tanto de la enseñanza 1ª como 2ª y la organización de las áreas de conocimiento declara que de acuerdo con lo previsto existirá un área de sociedad, cultura y religión.


B)- La no discriminación de los sujetos
1º- Los alumnos. Cuando se trata de alumnos católicos, protestantes, judíos y musulmanes no existe discriminación puesto que las respectivas confesiones en las que se integran han pactado con el Estado la posibilidad de recibir enseñanza de su religión. Las no católicas lo preveen así en sus acuerdos, concretamente en el artículo 10 (de sus acuerdos), debido a que las no católicas conforman una minoría y normalmente prefieren formarse en sus propias confesiones y no en los centros escolares, es posible que existan grupos pequeños en numero que no permitan la contratación de un profesor, de ahí que se exija que el grupo sea superior a 9 alumnos (10 o más). Entre los que optan por la asignatura y los que no optan por la misma, si han existido algunas diferencias, aquellos que cursan la asignatura deben aprobarla pero luego no ha venido contando dicha calificación para becas, oposiciones, concursos, etc. En cambio, los que no optan por ella hasta el momento han realizado actividades principalmente de ocio sin necesidad de examinarse.

2º- Los profesores. Pueden formar parte del claustro académico y supuestamente tener todos los derechos y deberes que tienen los profesores del resto de las asignaturas. Sin embargo no pueden ser directores de un centro escolar, esto fue objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional que en sentencia 47/1990 de 20 de Marzo declaró que el Estado tenía Derecho a establecer requisitos objetivos para dicho cargo, entre ellos la necesidad de que su contrato durase al menos 3 años y en el caso de los profesores de religión el contrato tiene la duración de un curso escolar. Los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español en el año 1979, han sido objeto de debate desde su promulgación, sin embargo, en el transcurso del siglo XXI se ha avivado la polémica, considerando que pueden ser inconstitucionales, si no en su totalidad si al menos en el contenido de algunos de sus artículos. En este epígrafe nos vamos a centrar, en los profesores de religión católica que trabajan en centros escolares. En directa relación con el complejo y peculiar modo de seleccionar al personal docente y la cuestionada lesión de algunos de sus derechos fundamentales.
I ) – Estudio de las cuestiones fundamentales a través de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia nº 262/2001 de Murcia, Sala de lo social de 26 de febrero.

a) El status cuestionis o estado de la cuestión.

1º- El historial del caso o el background.

Esta sentencia resulta de sumo interés a pesar de haber sido emitida por un Tribunal de Comunidad Autonómica, por que refleja con claridad el valor que tiene el tipo de prestación realizada por el profesor de religión católica en conjunción con el rango de la normativa aplicable. Hacemos memoria de los hechos: El actor se ordenó sacerdote en 1961 y hasta que en 1984 pidió la dispensa del sacerdocio ha ocupado diversos puestos en el seno de la iglesia católica. En Mayo de 1985 contrajo matrimonio civil, del cual han nacido 5 hijos, se hizo miembro del movimiento pro-celibato opcional, la dispensa le fue concedida por decisión papal el 15 de Septiembre de 1997. En el diario “la verdad” de Murcia de 11 de Noviembre de 1996 apareció publicado un artículo sobre el movimiento pro-celibato opcional, con una fotografía del actor, su conyuge y los 5 hijos del matrimonio, al pie de la foto se puede leer: en la imagen uno de los curas casados que acudió ayer a la luz con toda su familia. Ante la situación de don José Antonio F. M., el obispado de Cartagena manifiesta lo siguiente: 1º- Que don J.A.F.M., sacerdote secularizado, impartía clases de religión y moral católica en un instituto de enseñanza de Mula (pueblo de Murcia) hasta el pasado curso 1996/97, en virtud de las facultades que le otorgan a los obispos mediante rescriptos. 2º- Que esta concesión les permite impartir disciplinas relativas a la enseñanza de la religión católica siempre y cuando se realicen en determinados casos y “sin peligro de escándalo”. 3º- Una vez que se hizo pública y notoria la situación de J.A.F.M. este hecho impide al obispo de la diócesis poder hacer uso de las facultades que le concede el rescripto por lo que desde ese momento no se firmó el mismo, que ere necesario para acreditarle en la impartición de religión y moral católica del siguiente curso académico.

Se ha tenido en cuenta su situación personal y laboral de modo que don J.A.F.M. tiene Derecho a percibir la prestación por desempleo durante al menos un año y medio. 4º- El obispado de Cartagena lamenta este hecho a la vez que afirma que esta decisión se ha adoptado también por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia que se sentirán contrariados al conocer públicamente la situación del profesor de sus hijos. 5º- Finalmente este obispado espera que la sociedad entienda que las circunstancias que rodean este hecho no se pueden valorar únicamente desde un punto de vista laboral o profesional, para la iglesia católica el sacramento del orden sacerdotal tiene un carácter que rebasa el ámbito meramente laboral o profesional.
2º- Petición

Petición según el fundamento jurídico. 1º- el actor presentó demanda en la que en resumen viene a denunciar que ha sido despedido con violación de sus derechos fundamentales y argumenta que su cese constituye una intromisión en contra del respeto de su vida privada y familiar y en contra de sus libertades como la ideológica, de expresión, y el derecho a la no discriminación. Para el actor, el motivo aducido por el obispado constituye una forma de hostigamiento por un acto que está protegido por dichos derechos fundamentales, alega que el Tribunal Europeo de derechos humanos en la sentencia Niemietz de 16 de Diciembre de 1992 declaró que aunque no era necesario establecer un concepto de vida privada, seria muy restrictivo limitarlo a un circulo íntimo en donde cada uno puede desenvolver su vida personal a su manera. El respeto a la vida privada engloba también el Derecho para el individuo a establecer relaciones con sus semejantes, incluyendo las actividades profesionales o comerciales.

Acaba solicitando que se declare la nulidad radical del despido por violación de Derechos fundamentales, condenando solidariamente al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comunidad Autónoma y al obispado de Cartagena a la readmisión del actor con abono de salarios desde la fecha del despido.

3º- Resolución en torno a la lesión de los Derechos fundamentales.

La sentencia recurrida ante el Tribunal Superior de justicia estimó parcialmente la demanda, argumentando que efectivamente el señor J.A.F.M. ha sido discriminado por razón de su estado civil y por su pertenencia a una asociación como es el movimiento pro-celibato opcional, siendo su aparición en la prensa el determinante de su cese. Se ha vulnerado por el obispado de Cartagena el principio de igualdad comprensivo de toda discriminación por causas relacionadas con la dignidad de la persona y dentro del principio de no discriminación laboral, se haya incluida la prohibición de discriminación por razón de la afiliación y de la actividad sindical, aparecen también vulnerados el Derecho a la vida privada, recogido en el artículo 18.1 de CE y la libertad de expresión del 20.1ª. Todo lo que conlleva aparejados los efectos que dispone el artículo 55.6 del estatuto de trabajadores, por tanto el cese de que fue objeto el actor es constitutivo de despido nulo, lo que tiene el efecto de readmisión inmediata. Contra estos argumentos el obispado de Cartagena, el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de Murcia presentaron recursos.
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