Lección historia e introducción al derecho eclesiástico del estado






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Modelos de sistemas para las relaciones Iglesia-Estado.


A lo largo de la historia siempre ha habido una gran tensión o pulso entre el factor político y el factor religioso, y de alguna manera, siguen existiendo dificultades, incluso en algunos países donde se han firmado acuerdos de cooperación. El motivo por el que el poder político se ve obligado a tener en cuenta la religión es porque la religión forma parte de la cultura de la sociedad, y esta realidad social es lo que se ha llamado siempre el momento prejurídico, es decir, aquello que empuja al gobierno para crear el dato o el momento jurídico, porque el derecho debe responder a las necesidades sociales. Debido a esta interrelación es necesario crear un sistema para la misma. Por ello, DIONISIO LLAMAZARES ha hecho un estudio de derecho comparado de todos los sistemas y relaciones entre la Iglesia y el Estado, llegando a la conclusión de que independientemente del sistema que se elija de modo teórico, en la práctica no se aplican sistemas puros sino fórmulas híbridas. También RAFAEL NAVARRO-VALLS dice que no hay que dejarse obsesionar por sistemas de relaciones entre los estados y las iglesias porque quizá nos olvidemos de la necesidad de fijarnos menos en las instituciones que en el objeto singular, es decir, la persona, que está por encima de los vértices de poder que lo representa.

Los sistemas se eligen teniendo en cuenta como marco la constitución si existen acuerdos también constituyen una garantía del sistema elegido, lo mismo ocurre si se dicta una ley orgánica de libertad religiosa y acto seguido toda la normativa de ejecución y toda la jurisprudencia sobre esta materia debe de tener en cuenta dicho marco legal y el sistema elegido, en todo momento hay un pulso entre las orientaciones políticas del gobierno correspondiente y las demandas de la sociedad.

En algunos países donde el Estado asume como propio una confesión, la sociedad reacciona en sentido contrario, en otros donde el Estado adopta una posición de hostilidad e indiferencia hacia la religión, y así la sociedad reacciona con un conocimiento del fenómeno religioso y exige al gobierno que su política no se base en el relativismo ético.


LECCIÓN 2. NOCIONES FUNDAMENTALES.


  1. Fuentes del Derecho Eclesiástico Español.




  1. La Constitución española de 1978


(Bilaterales: acuerdos; Casi plurilaterales: tratados internacionales; fuente bilateral en derecho interno: obliga a cualquier ciudadano.)

La constitución supone un gran cambio políticamente y social en España, digo social porque la constitución responde a la voluntad soberana del pueblo; en esta norma marco se encuentran todos los valores que inspiran el ordenamiento jurídico, todos los principios informadores del derecho eclesiásticos del Estado y todas las obligaciones que los poderes públicos asumen en materia de libertad religiosa. En el articulo 1.1 de la constitución española se nos dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Posteriormente la constitución se posiciona ante la religión en el artículo 16.1 “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”, en el artículo 16.2 “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Y en el 16.3 “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Pero esto no supone una indiferencia ante la religión, de modo que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Este último artículo (16.3) que obliga a los poderes públicos a la cooperación se ve reforzado en el artículo 9 CE, en el que se resalta la función promocional, puesto que se establece en su número 2 (9.2) que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y añade “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”; incluido en el artículo 14 CE en el que se nos dice que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de religión. Por otra parte, la libertad religiosa al constituir un derecho fundamental se protege mucho más que un derecho ordinario, de modo que, en caso de violación de la misma podemos recurrir a los tribunales y llegar hasta el Tribunal Constitucional en recurso de amparo.

Aunque en los tribunales inferiores siempre se tendrán en cuenta los principios de preferencia y sumariedad (art. 53.2 CE).


  1. Fuentes unilaterales


La Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), tiene a su vez sus fuentes que son la Constitución y algunas disposiciones en materia religiosa. Es la ley 7 de 5 de julio de 1980. Esta LOLR tiene fuentes como la CE y algunas normas en materia religiosa. Se inspira en el artículo 16 y 14 CE. Se dice que son un desarrollo de los mismos. Regula el derecho fundamental de libertad religiosa y el régimen jurídico de las entidades religiosas. Tiene una composición simple ya que consta de 8 artículos con algunas disposiciones, 1 final, 1 derogatoria y 2 transitorias (art.1). Para desarrollar a nuestra LO se ha desarrollado numerosa norma. Por ejemplo un Real Decreto para su organización, su funcionamiento del Régimen de Entidades religiosas. Otro Real Decreto para la constitución de una comisión asesora de libertad religiosa. También existe una resolución que ayuda a resolver conflictos derivados de la aplicación del acuerdo jurídico de 1979 con la Santa Sede. Toda la regulación de esta ley tiene como fundamento la dignidad de la persona. Si nos atenemos a su contenido vemos una proyección individual de la libertad religiosa y una proyección institucional de la libertad religiosa. En ambas se intenta distinguir la libertad religiosa de la ideológica. La primera hace referencia a la relación del individuo con su dios y la segunda se engloba también en lo que conocemos como una concepción cultural, artística, científica, política y similares. En la proyección individual se nos dice que la libertad religiosa y de culto comprende el derecho de toda persona a profesar la creencia religiosa que libremente elija o no profesar ninguna. También de confesión o simplemente abandonar la que tenía. Manifestar libremente sus creencias o abstenerse de ello. Puede practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa, conmemorar sus actividades, recibir una sepultura digna y no ser obligado a practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones. También puede recibir e impartir enseñanza e información religiosa, la posibilidad de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos. Todo esto lo dice el artículo 2 número 1. El número 2 nos transmite la proyección institucional y nos dice que el derecho de libertad religiosa a si mismo comprende el derecho de la Iglesia, confesiones y comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su credo y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones en territorio nacional o extranjero. En esta LO existe una preocupación por la tutela jurídica de la libertad religiosa y se nos dice en el artículo 4 que sería tutelada mediante amparo judicial ante los tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Este artículo va en relación con el artículo 53 CE. El límite de la libertad religiosa se establece en el artículo 3.4, se dice que tiene como único límite la protección de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales. Así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, todos ellos elementos constitutivos del orden público. En la ley se establece de modo expreso aquello que queda fuera del ámbito de proyección de la ley y todas las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valor humanístico o espiritualista u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

Los destinatarios de esta ley son todos los individuos, ciudadanos de este país y los grupos religiosos no católicos. La Iglesia Católica no se ve afectada por esta ley, salvo en aquello que no esté previsto en los acuerdos firmados con el Estado. Esto se debe a que los acuerdos con el Estado en España tienen naturaleza de Tratados Internacionales y según la jerarquía formal un tratado internacional está por encima de una ley orgánica. En cambio los acuerdos con el resto de las confesiones han sido aprobados por ley ordinaria, en el sistema jerárquico está por debajo de una ley orgánica. Esta ley orgánica supuso un posicionamiento ventajoso para las entidades religiosas por diversos motivos, entre ellos: primero porque el artículo 6 nos dice que tienen plena autonomía interna. Segundo porque se abre la vía a la firma de acuerdos de cooperación con todas aquellas Iglesias, comunidades, y confesiones inscritas en el registro que hayan alcanzado notorio arraigo en España. Y tercero porque aquella que consiga firmar un acuerdo gozaría de los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento.



  1. Fuentes bilaterales


Son los acuerdos con la Iglesia Católica. En España existe una larga tradición concordatoria que se remonta siglos atrás. Entre los concordatos solo vamos a recordar someramente el de 1851 y el último de 1953. El primero de ellos tiene como materias principales la distribución de la diócesis en España. La conformación de sus estructuras fundamentales y la creación de un sistema económico de dotación estatal como compensación a la desamortización de Mendizábal. En el siglo XX por la época de la República se produce una evolución del concordato. Tras la desaparición de este gobierno republicano se comienzan las negociaciones para elaborar otro instrumento concordatorio que resuelva las materias mixtas, es decir, de interés para ambas partes. Aparece el concordato de 1953 que responde a un cambio de gobierno y también a cambios sociológicos. Algunos de los principios básicos de este concordato son el de la confesionalidad del estado y la colaboración y protección de la iglesia católica. Sin embargo este concordato tenía varios defectos:

1º- Desde el punto de vista técnico-jurídico se ha definido como un concordato de amistad que por tanto adolece de falta deposición en muchos de sus autos.

2º- Desde el punto de vista sociológico no se ajustaba a la realidad socio-religiosa española, de ahí que fuese definida como un concordato ideal.

3º- Desde el punto de vista doctrinal, sus principios fueron entrando en crisis una década después cuando se celebró el concilio del vaticano II que supuso una gran evolución en la doctrina y magisterio de la iglesia.

Por todo ello se hacia necesario una revisión de las relaciones entre Estado y la Iglesia católica, antes de la muerte de franco la iglesia católica intentó obtener una cierta independencia del Estado español, pero las negociaciones con el general Franco no lo permitieron, fue necesario el fallecimiento de éste para que se firmase el primer acuerdo, en el que cada una de las partes renunciaba a un privilegio: El Estado renunciaba al nombramiento de Obispos y la Iglesia renunciaba al privilegio del feudo (no juzgados del mismo modo todos los sacerdotes).

A raíz de la muerte de Franco se consiguió firmar el acuerdo básico de 1976 en el que se establecían dos renuncias por parte del Estado, la renuncia al nombramiento de Obispos y por parte de la Iglesia Católica la renuncia al privilegio del fuero (la iglesia proponía una terna de obispos y el Estado decidía cual le gustaba más) (el fuero, los miembros de la iglesia tenían privilegios en materia penal). Estas eran las dos únicas cuestiones que se regulaban en el acuerdo. Pero independientemente de su corto articulado lo realmente importante es su preámbulo porque sirve de base para los sucesivos acuerdos. De ahí que se le denomine acuerdo básico. En dicho preámbulo hay una serie de principios como son los siguientes:

1º-La necesidad de adaptarse a la nueva realidad social que aparece con dos cambios fundamentales, un nuevo modelo de relación Iglesia y Estado y la aparición de otras religiones profesadas por la sociedad debido al reconocimiento de la libertad religiosa.

2º-Establece también la necesidad de adaptase a los cambios legales y doctrinales, entre los doctrinales está la ampliación del estudio, asuntos de libertad religiosa del individuo y no solo las relaciones Iglesia y Estado. Entre los legales se ve la inminente necesidad de poner todas las bases para dictar una nueva ley de libertad religiosa distinta a la que se promulgó en el periodo franquista, concretamente en el año 1967, porque ésta más que garantizar la libertad religiosa, solo permitía una cierta tolerancia religiosa.

Tras este acuerdo que se adaptaba a los cambios políticos y sociales, se comenzó a barajar una serie de posibilidades en torno a cual iba a ser el mejor modo de relacionarse con el Estado, quedaba muy patente la necesidad de abolir el concordato de 1953 pero no se sabía si elaborar un nuevo concordato que regulase todas las materias mixtas o de interés mixto, o que se firmasen una serie de acuerdos parciales y cada uno de ellos regulase de modo independiente una de las materias de interés mixto. Finalmente se optó por este segundo sistema (acuerdos parciales) estaban ya elaborados cuando se promulga la constitución y se esperó a que ésta estuviese vigente para promulgarlos y asegurar su constitucionalidad. Los acuerdos son los siguientes: El acuerdo jurídico en el que se define todo lo que se refiere al estatus jurídico de la Iglesia Católica y también se establece lo que se viene denominando el matrimonio concordatario. Otros de los acuerdos es el de enseñanza y asuntos culturales, otro de los acuerdos es el acuerdo sobre asuntos económicos, donde se trata todo el tema fiscal, especialmente todo lo relacionado con la exención de impuestos (tributaria). El último es el acuerdo sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y el servicio militar de los clérigos y religiosos.

Estos últimos cuatro acuerdos post-constitucionales se firmaron el 3 de Enero de 1979.

Con respecto a los acuerdos con las minorías religiosas en España, estos acuerdos también son post-constitucionales, se firmaron en el gobierno del partido socialista en el año 1992 los acuerdos se firmaron con tres grupos religiosos que tienen notorio arraigo social en España entendiendo por esto lo que se refiere al numero de creyentes y al tiempo de asentamiento en nuestro país. El Estado tuvo un gran conflicto a la hora de negociar con estos grupos puesto que tienen diferentes comunidades y entidades cada uno de ellos. Los protestantes tienen muchas entidades evangélicas con algunas diferencias doctrinales. Lo mismo ocurre con los judíos ya que existen diversas comunidades judías y también con los musulmanes que tienen muchísimas comunidades islámicas, por tanto, el Gobierno decidió crear una figura ficticia y darle carácter jurídico para negociar con una sola entidad. Esta figura se llama federación. De modo que todas las comunidades judías se agrupan en la federación de comunidades israelitas de España.

Los evangélicos que son protestantes a efectos de negociar constituyen la federación de entidades evangélicas de España.

Los que dieron más problemas fueron los musulmanes, ya que son tantas las variedades de mensajes doctrinales y por tanto de comunidades musulmanes que solo llegaron al acuerdo interno de refundirlos a dos grandes comunidades a efectos de negociar. El Gobierno les obligó a unir también estas dos grandes comunidades en una sola que aunque no se llame federación si lo es, y se denomina comisión islámica de España.

Naturaleza jurídica: estos acuerdos fueron aprobados mediante ley ordinaria , de ahí que algunos autores consideren que se trata de una fuente unilateral. Sin embargo, su contenido fue elaborado y aprobado de forma pacticia. En realidad el hecho de que hayan sido aprobados por ley ordinaria no tiene otro significado que el de seguir el procedimiento ordinario establecido por el sistema jurídico español. Es decir, ser aprobado por las cortes generales y pasar a ser Derecho interno. Sin embargo, es una fuente bilateral puesto que su contenido no depende de la voluntad única y exclusiva del gobierno, este ha pactado con cada una de las confesiones todas las materias de interés mixto ajustándose a las necesidades de las mismas pero siempre dentro del marco legal español.

Por lo tanto, aunque estas confesiones no tienen personalidad jurídica internacional y sus acuerdos no son tratados internacionales, si constituyen una fuente bilateral y se definen jurídicamente como convenios de Derecho Público con negociación previa. La firma de estos acuerdos supuso el reconocimiento en España del fenómeno asociativo religioso de la plena autonomía interna de las confesiones y de la incompetencia del Estado en materia religiosa. Lo único que estos acuerdos tienen en común con los tratados internacionales firmados con la Iglesia Católica es el que no pueden ser revisados, modificados ni derogados unilateralmente. En cuanto a las diferencias además de las que ya hemos visto está en que no son acuerdos parciales sino que integran todas y cada una de las materias que integran a ambas partes. Esta posibilidad de firmar acuerdos se encontraba establecida en el artículo 16.3 aunque no de modo directo por que solo se habla de cooperación pero no de acuerdos como instrumentos de cooperación, pero en cambio si se recoge expresamente en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad religiosa en el que se establece que el Estado teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española establecerá acuerdos o convenios de cooperación con los grupos inscritos en el registro que por su ámbito y numero de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España.

En cuanto a su contenido el mismo artículo en su numero 2 (7.2) nos adelanta una parte del mismo al señalar que en los acuerdos o convenios y respetando siempre el principio de igualdad se podrá extender a dichas iglesias, confesiones y comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico.

Los acuerdos preveen otro tipo de cuestiones/materias como son las siguientes:

El estatuto de los ministros del culto, la protección jurídica y penal de los lugares de culto, los efectos civiles del matrimonio religioso, la asistencia religiosa a los internados en centros penitenciarios, hospitalarios, asistenciales y análogos.

También el derecho a recibir la enseñanza religiosa en centros escolares públicos (que lo pidan al menos 9 padres).

También se prevé el derecho a recabar libremente prestaciones, colectas y similares. También el respeto al descanso laboral semanal según su ley y tradición religiosa (musulmán -tarde del viernes, principio del sábado. Judíos- todo el sábado. Protestantes y católicos-el domingo).

Otra materia mixta es todo lo referente al patrimonio histórico y nacional. (sinagogas, mezquitas,….)


  1. El objeto del Derecho Eclesiástico del Estado español




  1. Consideraciones generales

  2. El núcleo del factor religioso

b.1. Derecho Eclesiástico y sentimiento religioso (Italia)

b.2. Concepto jurídico-positivo de creencia (España)

b.3. El tratamiento jurídico de la religión según los entes religiosos en España.
El objeto siempre es lo que justifica la existencia de cualquier fenómeno. Algunos autores han querido descifrar mejor el objeto atendiendo a la denominación: derecho eclesiástico del Estado. Pero no han llegado a buen puerto puesto que esta denominación es incorrecta. La palabra eclesiástico evoca a Iglesia y en esta materia no se trata de cuestiones internas de las confesiones. Posteriormente se añade la expresión del Estado lo que parece dar a entender que el Estado tiene un derecho sobre las iglesias, algo que no se ajusta a la realidad puesto que es incompetente en materia religiosa. Por otra parte ha recibido críticas puesto que puede parecer que se esconde todavía una cierta confesionalidad. Lo cierto es que para conocer su objeto hay que trazar toda la evolución de la misma. La primera parte se refiere a todas las manifestaciones institucionales del hecho religioso. Ciertamente, si se estudia la historia de las religiones vemos como las instituciones son las que han forjado su propio destino jurídico. Han sido las iglesias las que han luchado para actuar libremente dentro de un Estado y se han mantenido en constante diálogo con el Estado correspondiente. Esta lucha de las instituciones lo que pretendía era conseguir un reconocimiento de la libertad religiosa de sus fieles. El perfil individualista ya apareció en la época de la Revolución francesa, en la época de la Ilustración, pero donde adquirió todo su vigor fue tras la promulgación de las constituciones democráticas. Por debajo de esta gran plataforma hay que buscar el auténtico núcleo del factor religioso. En Italia se suele utilizar la expresión “sentimiento religioso” quizá bajo la idea de que la fe es algo que pertenece a la privacidad. En España en cambio, consciente de que al Estado solo le interesan las implicaciones sociales del factor religioso utiliza el término “creencias religiosas” que implica el sentimiento, la ideología y el comportamiento social acorde con ambos. Véase por ejemplo el artículo 16.3 CE, también la Ley Orgánica de Libertad religiosa que son las normas marco en esta materia.
Para estudiar y regular todo lo que se refiere a las creencias religiosas deberíamos tener un concepto jurídico de creencia religiosa, ya que el legislador no puede regular aquello que no conoce; sin embargo, encontramos un obstáculo debido a que el Estado es incompetente en materia religiosa.

En primer lugar sólo le interesan las creencias religiosas cuando se convierten en una realidad social y por tanto secular, es decir, cuando cristalizan en comportamientos humanos coherentes con dichas convicciones dejando de ser meramente privadas por su presencia social, por tanto dichos comportamientos constituyen un bien o interés jurídico. Para saber si provienen de creencias religiosas debemos saber que son estas, inmediatamente nos remontamos al concepto de religión debido a que el Estado es neutral en materia religiosa. La única opción que tiene es la de recurrir al concepto de religión de los grupos religiosos con notorio arraigo en la civilización occidental, por tanto digamos que asume una perspectiva histórica y sociológica.

Tomando como base esta perspectiva, el concepto de religión que vamos a adoptar tiene raíces en la concepción judeo-cristiana que existe gracias a la lucha de los grupos religiosos que profesan estas religiones, de ahí que el tratamiento jurídico de la religión se hace tomando como punto de partida los entes religiosos, por tanto, de alguna manera el Estado ante su incompetencia en materia religiosa asimila o identifica religión con confesión o grupos religiosos o entes religiosos y de la concepción de la religión que tienen las confesiones se extrae el concepto de creencias religiosas o convicciones religiosas.

Las creencias religiosas normalmente suponen tener fe y rendir culto a una divinidad. Estas pueden ejercerse de modo individual pero también integrándose en un grupo religioso para vivir lo que sería la dimensión colectiva de las creencias religiosas.


LECCIÓN 13: LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO ECLESIÁSTICO ESPAÑOL.


  1. Naturaleza y función de los principios informadores.


Tras la constitución de 1978 se comenzó a buscar una armazón sistemática para esta materia que se puede encontrar en cualquier rama del ordenamiento jurídico español. De ahí que se pensó en que unos principios generales e informadores de la materia le concederían una cierta unidad a la misma, de ahí que estos principios jurídicos comunes tengan una función integradora. Al mismo tiempo esta materia tiene que estar en contacto con la realidad social lo que exige una labor de interpretación de cada caso que debe hacerse siempre conforme a la constitución y debido a que los principios son extraídos de la misma se puede decir que tienen una función hermenéutica.

En tercer lugar, asumiendo estos principios como propios de la ciencia del Derecho Eclesiástico logramos realizar una tarea de reconducción o inserción de esta materia el ordenamiento jurídico español. No solo en lo que se refiere a grandes principios informadores sino a otros principios menores como el del articulo 9.3 CE, por otro lado hay que decir que los principios constituyen un desarrollo de los valores superiores del ordenamiento jurídico que es donde se encuentra toda la ética de la CE también cabe señalar que al considerarse que la CE es un producto de la voluntad del pueblo la materia de Derecho Eclesiástico del Estado se ve informada por unos principios que proceden de dicha voluntad. En cuanto a la clasificación de los mismos la doctrina ha tenido en cuenta siempre su naturaleza y su función. Uno de los primeros autores que escribieron sobre los principios estableció que eran los principios más claros del articulado de la constitución, es decir, cuatro principios que son el principio de la equidad, principio de libertad religiosa, principio de igualdad y principio de cooperación.

Otros autores proponen principios que no han sido aceptados unánimemente (por la mayoría de la doctrina) por ejemplo: Prieto Sanchís, Goti y Llamazares proponen el pluralismo político no ha sido bien recibida esta propuesta porque es un valor superior del ordenamiento jurídico pero que no se puede imponer como un principio ya que el pluralismo o el monopolismo ideológico y religioso lo crean libremente o no los ciudadanos. González del Valle curiosamente propone la tolerancia religiosa lo que no tiene mucho sentido ya que existiendo la libertad religiosa, una mera tolerancia religiosa constituye un paso atrás. Otro autor, Fernández Coronado (mujer) considera que la cooperación no es un principio sino una técnica de promoción de la libertad religiosa. Tampoco se acepta esta proposición puesto que en España la técnica son los acuerdos bajo el principio de cooperación y por último Martínez Torrón señala que es importante encontrar un principio interno, es decir, que además de los principios constitucionales que se asumen como propios existe un principio intrasistemático y que seria el control estatal de lo religioso.

En cuanto a la clasificación de los mismos según su naturaleza hay autores que consideran que los principios obedecen a un sistema personalista ya que parten del reconocimiento de la libertad religiosa de la persona, de hecho, están todos los principios conectados con el articulo 10 CE y 10.1 en el que se establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son interesantes, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos de los demás son fundamentalmente del orden político y de la paz social”. Otra idea entorno a los principios es la de obedecer a un sistema de integración jurídica e interacción entre derecho y política.

Los principios necesitan un techo político, en este caso, es la democracia y los principios jugarían el papel de niveles en los que se desarrollan los centros de poderes del estado español.

En cuanto a la integración jurídica lo que se pretende significar es que existe una composición integradora de los principios, es decir, que cada uno depende del otro.

En definitiva vemos como los núcleos fundamentales de los principios están en la relación entre Derecho y persona en su perspectiva integradora y en un análisis siempre funcional.

  1. El principio de laicidad del Estado.


La expresión lingüística laicidad no aparece en la constitución de ahí que muchos autores hayan considerado que el significado de laicidad se encuentre en la expresión utilizada por el artículo 16.3 y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Un sector de la doctrina critica que se pone más acento en negar cualquier tipo de confesionalidad estatal que en la fundamentación y protección de la libertad religiosa. La laicidad se puede desarrollar de diversas formas, según la actitud del Estado correspondiente ante el fenómeno religioso.

En algunas estructuras separatistas existe un reparto y protección adecuada de la libertad religiosa, en otros, se respira una actitud hostil pretendiendo que no solo el Estado sea neutral en materia religiosa sino también los ciudadanos.

En España se vive como un régimen de incompetencia estatal en materia religiosa pero con el compromiso de cooperar en la promoción y respeto de la libertad religiosa en cuanto constituye un factor social. La laicidad aunque define al Estado y es connatural al mismo en el orden de los principios informadores del ordenamiento jurídico español no constituye un principio primario sino que está en perfecto equilibrio con el respeto de los principios.
Es absolutamente necesario repensar constantemente el sentido estricto de la laicidad, puesto que en determinados países se ha llegado a tal extremo, que en vez de laicidad se ha impuesto el laicismo, es decir la hostilidad hacia el fenómeno religiosa; y en otros casos se identifica con una absoluta indiferencia hacia el mismo.

La laicidad debe estudiarse en relación con todos y cada uno del resto de los principios, puesto que matiza cada uno de ellos.
3.El principio de libertad religiosa.
La libertad religiosa además de ser un principio es un derecho subjetivo calificado de fundamental.

En cuanto al principio informa como límite y freno del poder.

*Ahora ponemos en relación el ppio de laicidad con el ppio de igualdad y con el pluralismo religioso:

La igualdad siempre ha dado lugar a un problema de gran envergadura jdca tanto que la relación entre libertad o igualdad parece no encontrar armonía ni conceptuar históricamente.

Quizás en términos teóricos el único cauce para en desarrollo en igualdad del pluralismo religioso sea el de evitar que la laicidad se traduzca en una tendencia a la hostilidad hacia lo religioso. Habrá así libertad religiosa y al mismo tiempo si hay una auténtica neutralidad en materia religiosa, no se favorece a ninguna religión en especial, salvo que exista una demanda social en este sentido.

Art. 14 CE. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” (ppio de igualdad).

La igualdad se configura como un ppio ideal, pero al mismo tiempo complejo; que necesita de otros principios., no sólo de la ley, para conseguir fines de equidad. (la justicia lo aplica a cada caso concreto).

El ordenamiento jdco en algunas ocasiones distingue a cada caso el tratamiento jurídico que le corresponde.

En otras ocasiones es el mismo supuesto es el que justifica y otorga una necesaria y razonable distinción, obligando al poder judicial o al poder legislativo a hacer un trato específico, de modo que la discrecionalidad en este sentido, ya sea del legislador en poder judicial, o de la administración, debe regirse por un criterio de justicia.

4.El principio de igualdad.

En la acepción negativa hay dos puntos de polémica. El primero de ellos la desigual cobertura política de los colectivos ideológicos respecto a los religiosos. En principio la actitud neutral del Estado indicaría que en el marco de protección jurídica deben estar al mismo nivel las convicciones ideológicas y las religiosas.

Sin embargo, el ámbito religioso está regulado por un derecho especial mientras que el ideológico se rige por el derecho común de asociaciones, por eso se dice que en la dimensión colectiva de las libertades el Derecho no sitúa en el mismo plano la libertad ideológica y la religiosa. A pesar de que la igualdad establecida en el artículo 14 de la Constitución se refiere a una igualdad y no discriminación de todas las libertades y derechos fundamentales.

Sin embargo observando de modo realista la Constitución y su desarrollo normativo, en España se sobre valora el hecho social religioso. Concretamente en el artículo 16.3 se plasma no un pluralismo ideológico sino religioso cuando se dice que se tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, en esta expresión hay un claro contenido fideístico (de fe) y no de carácter meramente ideológico.

El otro punto conflictivo consiste en que no todos los grupos religiosos inscritos en el Registro de Entidades religiosas tienen acceso a la firma de acuerdos con el Estado, determinados grupos, en concreto cuatro (la iglesia católica, protestantes (evangélicos), judíos y musulmanes ).

Todos los grupos religiosos que han firmado acuerdos de alguna manera están recibiendo un trato específico, porque el supuesto no es igual al de los demás. Cumplen con una serie de requisitos como el de la organización estable, transparente y notorio amigo social. El conflicto aparece porque los acuerdos les permiten ciertos beneficios. Ahora bien, el resto de los grupos religiosos no tienen la suficiente capacidad para asumir ese compromiso con el Estado.

Los dos puntos de conceptos positivos
Acepción positiva. El primer punto conflictivo, se refiere a la función promocional del Estado que se plasma en el articulo 9 de la CE al obligar a los poderes públicos a promocionar las libertades, debido a que el Estado Español es laico. Un sector doctrinal considera que no se debe proporcionar la libertad. Sin embargo la libertad religiosa es entendida como un factor social y por tanto el Estado también promociona esta libertad a lo que hay que sumar que España es un Estado social y democrático de Derecho. De ahí que al igual que en otros sectores como la economía por ejemplo el Estado se encuentre en su Derecho de incentivar la conducta de los individuos y de los grupos en el ejercicio de sus libertades, entre ellas la religiosa, porque contribuye al desarrollo de la sociedad. Cuando se habla de función promocional de las libertades nos estamos refiriendo a que el Estado debe prometer un libre mercado de ideas y religiones.

El segundo punto conflictivo en la acepción positiva es el de la mención expresa de la Iglesia Católica en la CE en el articulo 16.3 se dice que se cooperará con la Iglesia Católica y el resto de las confesiones. En realidad a fecha de 1978 la carta magna lo único que hizo fue poner de manifiesto lo que en aquel momento era un dato real desde el punto de vista sociológico e histórico, al incluirse la expresión, el resto de las confesiones abrió la posibilidad de un pluralismo religioso en España como de hecho se ha desarrollado.


5. El principio de cooperación.
Un sector doctrinal muy critico con el sistema considera que debe realizarse una reforma constitucional puesto que se eligió la cooperación con las confesiones en un momento histórico en el que se estaba viviendo un proceso de desconfesionalización y de hecho atacan el sistema, considerando que la firma de acuerdos con cuatro confesiones supone una pluriconfesionalidad del Estado. Este sector identifica la laicidad con el separatismo absoluto, sin embargo, otro sector o doctrina intermedia admite que es necesaria la desigualdad entre el orden político y el orden religioso, pero no deben considerarse contrapuestos ni hostiles, sino complementarios y al servicio del mismo sujeto que es ciudadano y fiel al mismo tiempo.

España ha adoptado la forma de Estado laico de colaboración, pero en ningún momento hay signos de confesionalidad puesto que la laicidad en España ha dado lugar a un profundo proceso de secularización en todos los sectores. El principio de cooperación se ha materializado a través de acuerdos que constituyen un texto breve y preciso sin declaraciones doctrinales en los que se delimitan las materias mixtas o de interés mixto y que ayudan a eliminar los conflictos de lealtad de los individuos que tienen al mismo tiempo la condición de ciudadano y de fiel. Ahora bien, como ya hemos dicho, ningún sistema de relación se aplica de modo puro, de hecho el mayor tanto % en las cuestiones de interés mixto se han venido regulando mediante legislación unilateral del Estado como son todos los temas fiscales, de enseñanza, etc.

Para que las confesiones religiosas puedan firmar un acuerdo con el Estado Español, deben concurrir diversos factores en las mismas. 1º-Que el Estado considere positivas todas las peculiaridades internas de modo muy especial, el mensaje o doctrina y la organización que debe ser autónoma. 2º-Que el Estado compruebe la utilidad social de la confesión hasta considerarla también de interés público. 3º- El ámbito territorial, aunque en la Ley Orgánica se dice que hay que comprobar su extensión en el territorio español, no se exige que la confesión se haya fundado en España. 4º- La existencia de un número razonable de seguidores o creyentes, según la confesión se puede determinar o no el modo de admisión o de entrada a la misma, de ahí que en algunos casos no sea fácil comprobar el número de adeptos. 5º- Se debe comprobar también la relevancia cualitativa de la confesión y no solo la cuantitativa, es decir, la utilidad social que tiene.

El principio de cooperación también debe ser analizado teniendo en cuenta el resto de los principios, por ejemplo, la laicidad del Estado está limitada por el compromiso constitucional de cooperación con las confesiones. Por otro lado también la cooperación debe prestarse dentro del marco de un estado laico o secular, que no asume como propia ninguna confesión, por lo tanto solo debe tener en cuenta la proyección civil o social del hecho religioso y únicamente se debe cooperar con las confesiones cuyos fines sean estrictamente religiosos y no alteren el orden público. La cooperación en ningún caso debe suponer una intromisión en su organización interna.

Con respecto a la libertad religiosa hay que decir que supondría reconocer en principio un Derecho en libertad religiosa vacío de contenido, sino se crean al menos los cauces para desarrollar el Derecho de libre libertad religiosa, tanto en el ámbito individual como colectivo. En este último, el cauce elegido, es decir los acuerdos, han sido objeto de crítica por quienes piensan que la libertad religiosa no puede ser negociable ni objeto de pacto. Sin embargo son las confesiones religiosas las más interesadas en alcanzar soluciones bilaterales a todas las materias de interés mixto mediante pactos escritos que les ofrezcan seguridad jurídica sobre lo pactado y la posibilidad de poner un estatuto jurídico dentro de la sociedad en la que se asienta. Si ponemos en relación el principio de cooperación con la igualdad, podemos comprobar que surgen algunas polémicas que ya fueron estudiadas en la acepción negativa y positiva del principio de igualdad. Entre ellas está la cuestión del privilegio de la Iglesia Católica en algunas cuestiones a lo que la jurisprudencia ha respondido siempre que el trato especifico tiene su razón de ser en que la libertad religiosa debe promoverse teniendo en cuenta elementos históricos, sociológicos e incluso de oportunidad política.


6. El principio del control estatal de lo religioso.
Se ha materializado como un principio debido a que la Ley Orgánica de libertad religiosa establece como regla general una especie de filtro por el que tienen que pasar todos los grupos que se autocalifican como religiosos, de ellos depende que adquieran personalidad jurídica lo que les permite relacionarse con el sistema jurídico administrativo y entrar en el tráfico jurídico civil y en su caso mercantil. El control es considerado por algunos como una ingerencia en un tema que no es de la competencia del Estado, de hecho las confesiones religiosas están compuestas por una serie de creyentes que se unen por el elemento común que llaman creencias religiosas que son una realidad previa y ajena al Estado. El Estado por tanto se ve en la necesidad de traducir en términos jurídicos que es una creencia religiosa, puesto que no se puede regular lo que no se conoce, de ahí que se requiera delimitar los contornos de la figura que se va a regular. La Ley Orgánica de libertad religiosa ayuda a determinar en que consiste todo aquello que exige el Estado para saber si un grupo es religioso o no y si sus fines no van en contra del bien común y el orden público. De ahí que se diga que el control estatal persigue en primer lugar garantizar el principio de seguridad jurídica ya que si se permitiera a entes no religiosos o seudo religiosos estar bajo la tutela del Derecho especial establecido en la Ley Orgánica de libertad religiosa se podría inducir a un fraude legal.

El 1º propósito o finalidad del control estatal de lo religioso es el de garantizar la seguridad jurídica para evitar el fraude legal que supondría reconocer como religiosos a los grupos que tienen otras finalidades o simplemente son entes seudoreligiosos.

El 2º propósito es el de prestar especial protección jurídica a los grupos que obtengan la calificación de religiosos por su asiento registral (registro entidades religiosas). Esta protección jurídica supone que tienen personalidad jurídica, lo que les otorga un status en el mundo del Derecho y en el caso de tener notorio arraigo social podrían firmar un pacto con el Estado, obteniendo así notables beneficios. Sobre ambos propósitos cabe hacer algunas reflexiones: En primer lugar para que sea efectiva la seguridad jurídica es necesario tener certeza de que se trata de un grupo religioso, ya ha quedado claro que en España se hace una equivalencia entre confesión y religión y la comprensión estatal acerca de la religión parte de la tradición judeocristiana. Todos los grupos suelen tener una vinculación, es decir, aquello que les une y en este sentido se puede decir que son las creencias, de ahí que se definan más como una comunidad de creencias religiosas determinadas que como una comunidad de estructura. Con estos datos se llega a una definición bastante simple de grupo religioso, son colectividades que procesan un cuerpo homogéneo de creencias en una divinidad a la que rinden culto mediante prácticas externas y que poseen una organización relativamente estable y diferenciada. Con este concepto básico se excluyen todos los grupos que no encajen en el mismo y que se vienen denominando sectas. Éstas padecen una exclusión total del mundo de la licitud jurídica porque se ha comprobado que bajo sus supuestos fines religiosos existe un mensaje doctrinal que perturba la personalidad de sus adeptos, también en algunos casos se explota laboralmente a los mismos y también se ha constatado que suelen realizar fraude fiscal, es decir, evadir impuestos.

En otros supuestos se trata de grupos que aunque no se califiquen como religiosos, tienen unas finalidades sociales dignas de protección jurídica pero que deben regirse por el Derecho común de asociaciones. Todo esto debe comprobarse para obtener el asiento registral, de ahí que quizá haya más que un control de forma y también se analice el fondo de estas organizaciones. Con respecto al 2º propósito, algún sector doctrinal ha criticado que los grupos que se inscriben en el registro tienen muchos más beneficios y mayor presión social que las asociaciones con fines no lucrativos. También se critica que algunos grupos suscriben acuerdos con el Estado y otros no, pero todo se reduce a lo que ya se ha comentado y el que en España se sobrevalora el hecho religioso por su influencia social y por razones históricas.

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