El derecho constitucional como parte del derecho público






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Principio de legalidad


El principio de legalidad o imperio de la ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o Estado de Derecho). Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica.

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes.

Recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho penal.

Principio de razonabilidad (Derecho laboral)


En Derecho laboral, se conoce como el principio de razonabilidad a aquel que rige la potestad de ejercicio de derechos entre el trabajador y su empleador.

Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.

Por ejemplo, bajo la figura de este principio, un empleador no podrá cesar el contrato laboral de un trabajador unilateralmente porque el segundo haya cometido una falta muy leve. El principio es análogo con el principio de proporcionalidad. El principio está orientado a tratar de disminuir los casos en que los empleadores actúen con extrema severidad y arbitrariedad, dándole así al trabajador una protección en su relación laboral.
LECCIÓN VI: LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION

LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Para comprender este ente jurídico, habrá que ver desde su significado gramatical, hasta la concepción del mismo, partiendo desde los diferentes puntos de vista que nos compete en los diversos campos de estudio dentro del derecho, para así poder concebirlo con la importancia que se le debe.

La palabra constitución proviene del latín constitutio, - onis, de la cual se desprenden varios significados, pero solo se hará mención a los que en este tema nos compete; forma o sistema de gobierno que tiene cada estado y ley fundamental de un estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los gobernados, división de poderes e instituciones de la organización política. En cuanto a la supremacía la real academia de la lengua sostiene que significa; preeminencia, superioridad jerárquica.

En cuanto a su historia, en el pasado, cuando las sociedades primitivas se deslindaron de creencias místicas para legitimar el poder de sus líderes, se tendía a exigir una justificación racional para el ejercicio del poder. Esto para regular las funciones del los gobernantes y permitir a los gobernados el acceso al proceso del poder. Es aquí cuando se tiene la necesidad de un instrumento jurídico supremo, es entonces cuando nace lo que hoy conocemos como constitucionalismo.

Ahora bien, en la doctrina mexicana Ignacio Burgoa define la constitución como el ordenamiento jurídico que proclama los principios políticos, sociales, económicos, culturales y humanos que derivan del ser, del modo de ser y del querer ser de un pueblo en su devenir histórico mismo. Por otra parte Kelsen en su obra teoría pura del derecho se refiere a la constitución como la norma superior ya que esta regula la producción de otras normas, es decir, normas inferiores. También dice que el orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un mismo plano, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas. Entorno a lo anterior la Suprema Corte de la Nación señala que la constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás leyes que constituyen un orden jurídico determinado, también dice que toda norma fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y la certeza necesaria para la existencia del estado y del orden jurídico. De estos criterios se desprende la importancia que ha adquirido la consideración jurídico – positiva de la carta magna, fundamentada en la ya mencionada teoría de Kelsen.

La constitución mexicana, determina la forma de ser del estado, establece la integración y competencia de poderes públicos y otorga los derechos fundamentales de que goza cada individuo que se encuentra en territorio nacional; además constituye el fundamento de validez de ordenamientos secundarios.

Como consecuencia de los antecedentes históricos, doctrinarios y jurisprudenciales señalados anteriormente, se puede afirmar y a la misma vez llegar a concluir que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental del estado, base y justificación de toda la producción legislativa y directriz de la realidad político-social en un momento histórico determinado de nuestro país. Por lo tanto con las características ya mencionadas se puede deducir que estamos viviendo una Supremacía Constitucional.


La Corte de Marshall (1801–1835)


Uno de los períodos más importantes de la historia de la Corte fue el del Juez Presidente John Marshall (1801-1835). En el caso Marbury vs. Madison (1803), Marshall sostuvo que la Corte Suprema podía cambiar una ley aprobada por el Congreso si es que violaba la Constitución, estableciendo legalmente el poder judicial de revisiones (judicial review). La Corte Marshall también realizó varias decisiones importantes en relación al federalismo. Marshall tomó una visión amplia de los poderes del gobierno —particularmente respecto de la cláusulas de comercio entre los estados y la cláusula relativa a algunos poderes del estado (necessary and proper clause). Por ejemplo, en McCulloch vs. Maryland (1819), la Corte falló que el Congreso podía crear un banco nacional basándose en las cláusulas de comercio entre los estados y otras cláusulas similares, siendo que este poder, para crear un banco no se encontraba explícitamente mencionado en la Constitución. Similarmente, en Gibbons vs. Ogden (1824), la Corte encontró que las cláusulas de comercio entre los estados permitían al Congreso regular sobre la navegación interestatal.

La Corte de Marshall también falló varias decisiones restrictivas sobre las acciones de los gobiernos estatales. La noción de que la Corte Suprema podía conocer sobre las apelaciones de las Cortes Estatales fue estalecida en Martin vs. Hunter's Lessee (1816) y en Cohens vs. Virginia (1821). En varios fallos, la Corte Marshall confirmo la supremacía de las leyes federales sobre las leyes estatales. Por ejemplo, en el fallo McCulloch vs. Maryland, la Corte sostuvo que un estado no podía generar impuestos sobre una agencia del gobierno federal. Sin embargo, al mismo tiempo, la Corte Marshall sostuvo en el caso Barron vs. Baltimore (1833) que la Bill of Rights restringía solo al gobierno federal, y no era aplicable a los estados. A pesar de ello, la Corte Suprema sostuvo unos años después que la Décimo cuarta Enmienda tenía el efecto de poderse aplicar la Bill of Rights a los Estados.

Jefferson dijo sobre la Corte Marshall, "La Constitución es una mera pieza de barro en las manos de los tribunales, la que ellos pueden moldear y formar de la forma que quieran."

Caso Marbury contra Madison


El Caso Marbury contra Madison es un proceso judicial de la Suprema Corte de los Estados Unidos, resuelto el 24 de febrero de 1803. Se le considera el caso más importante de la jurisprudencia estadounidense, no por el asunto específico tratado, que no era menor, sino por los principios que estableció.

La sentencia afirma la capacidad de los tribunales de juzgar la conformidad de la ley con la Constitución y para abrogar, inaplicándolas, aquellas que pudieran contravenirla. Este principio estatuye la atribución más importante de los tribunales estadounidenses, y hace de ellos los primeros tribunales constitucionales de la historia.

El caso surgió como resultado de una querella política a raíz de las elecciones presidenciales de 1800, en las que Thomas Jefferson, republicano demócrata, derrotó al entonces presidente John Adams, federalista. En los últimos días del gobierno de Adams, el Congreso dominado por los federalistas, estableció una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado confirmó los nombramientos, el presidente los firmó y el secretario de Estado estaba encargado de sellar y entregar las comisiones. En el ajetreo de última hora, el secretario de Estado saliente no entregó las comisiones a cuatro jueces de paz, entre los que se contaba William Marbury.

El nuevo secretario de Estado del gobierno del presidente Jefferson, James Madison, se negó a entregar las comisiones porque el nuevo gobierno estaba irritado por la maniobra de los federalistas de tratar de asegurarse el control de la judicatura con el nombramiento de miembros de su partido. Marbury recurrió al Tribunal Supremo para que ordenara a Madison entregarle su comisión.

Si el Tribunal fallaba a favor de Marbury, Madison todavía podría negarse a entregar la comisión y el Tribunal no tendría manera de hacer cumplir la orden. Si el Tribunal se pronunciaba contra Marbury, se arriesgaba a someter el poder judicial a los jeffersonianos al permitirles negar a Marbury el cargo que podía reclamar legalmente. El presidente del Tribunal Supremo John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso. Marshall dictaminó que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba al Tribunal estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la Constitución misma. Al decidir no intervenir en este caso, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley.



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