AdquisicióN, modificacióN, transmisión y extinción de derechos subjetivos. La subrogación real. Legitimación y poder de disposicióN. Las prohibiciones de enajenar






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títuloAdquisicióN, modificacióN, transmisión y extinción de derechos subjetivos. La subrogación real. Legitimación y poder de disposicióN. Las prohibiciones de enajenar
fecha de publicación24.09.2015
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TEMA 11 – CIVIL. NOTARÍAS

ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN, TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS SUBJETIVOS. LA SUBROGACIÓN REAL. LEGITIMACIÓN Y PODER DE DISPOSICIÓN. LAS PROHIBICIONES DE ENAJENAR.

ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN, TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS SUBJETIVOS

  1. Adquisición

  2. Modificación

  3. Transmisión y sucesión

  1. Transmisión

  2. Sucesión

  1. Extinción

LA SUBROGACIÓN REAL

LEGITIMACIÓN Y PODER DE DISPOSICIÓN

  1. Poder de disposición

  2. Legitimación

LAS PROHIBICIONES DE ENAJENAR

ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN, TRANSMISIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS SUBJETIVOS

I. Adquisición




Concepto. No se deben confundir, aunque estén muy relacionados, los conceptos de adquisición y nacimiento de los derechos subjetivos.

  1. El nacimiento del derecho es el momento en que éste adquiere existencia por concurrir todos los requisitos que el Derecho objetivo exige para ello.

  2. La adquisición es la unión de un derecho subjetivo a la persona que va a ser, desde ese momento, su titular.


Ambos conceptos coinciden cuando el derecho se adquiere en el mismo instante en que nace (ej.: ocupación de «res nullius»), pero hay casos en que se da adquisición sin nacimiento (ej.: transmisión de un derecho ya existente) y viceversa (ej.: herencia deferida al concebido y no nacido).




Fijándonos en los presupuestos requeridos por la norma para el nacimiento o la adquisición de un derecho, se puede observar que:

  1. Algunas veces basta un simple hecho jurídico, es decir, un acontecimiento independiente de la voluntad humana que origina efectos jurídicos (así, por ejemplo, el aluvión, el nacimiento o la muerte de una persona).

  2. En otras ocasiones es necesario un acto jurídico, es decir, un acontecimiento dependiente de la voluntad humana. Puede ser un acto que ocasione efectos jurídicos no deseados por quien lo realizó (ej.: acto ilícito que origina un derecho a ser indemnizado) o tratarse de un acto lícito voluntariamente dirigido a crear ese efecto jurídico (así el negocio jurídico).




De esta manera, podemos distinguir:

  1. Una adquisición legal o «ex lege» de los derechos, en todos los supuestos en que un derecho se adquiere como consecuencia de un hecho o de un acto humano no realizado con ese fin.

Una adquisición negocial, cuando el derecho es adquirido como consecuencia de un negocio jurídico celebrado con tal objetivo.
La adquisición también puede ser:

  1. Originaria, cuando el derecho del adquirente no se basa en el de otra persona antecesora, que lo condicione en su existencia y contenido, sino que nace para él «ex novo». Así, por ejemplo, adquisición de propiedad por ocupación.

Cabe también la adquisición originaria cuando, existiendo un derecho de idéntico contenido, se extingue al nacer el nuevo (la usucapión, por ejemplo, da nacimiento a un nuevo derecho de propiedad, ante el cual desaparece el anterior).

La adquisición es, en cambio, derivativa cuando el derecho que se adquiere se funda sobre el del precedente titular. Ejemplo típico es la adquisición de la propiedad por contrato o por sucesión «mortis causa».

El titular de quien se recibe el derecho se llama «causante», y el adquirente, «causahabiente».

A la adquisición derivativa, por su naturaleza, se aplica el principio de que nadie puede transmitir a otro más derechos que los que él mismo tiene.

La adquisición derivativa puede ser:

  1. Traslativa, cuando pasa al adquirente el mismo derecho del transmitente con idéntico contenido (ej.: transmisión del dominio).

  2. Constitutiva, cuando sobre la base del derecho preexistente se crea otro cualitativamente distinto, atribuyéndolo a otro sujeto (ej.: el propietario constituye un derecho de usufructo a favor de otra persona sobre su finca).

  1. Según GULLÓN y DÍEZ-PICAZO, también puede distinguirse entre adquisición instantánea (ej.: derecho de indemnización al producirse un daño) y sucesiva (ej.: «A» lega en testamento a «B» una casa si éste concluye la carrera de Derecho).


II. Modificación
La modificación del derecho subjetivo es todo cambio que éste experimente durante su vida en su estructura o contenido. Puede tener lugar por disposición de la ley o por voluntad de los sujetos.
Algunos autores ponen como límite de la modificación la subsistencia de la esencia del derecho subjetivo, pues si la modificación es de tal entidad que implica extinción del derecho y creación de otro nuevo en su lugar, no cabe hablar de modificación propiamente dicha (así en la novación extintiva de una obligación). No obstante, este criterio es muchas veces de difícil aplicación concreta (por la dificultad de separar lo esencial y lo accidental). Lo que sí cabe decir es que en esta materia se propugna el principio de conservación de los derechos subjetivos, exigiéndose que la extinción sea clara e inequívoca, pues en caso de duda se presume el efecto menor, es decir, la mera modificación. En nuestro C.C. puede verse aplicación de este principio en el art. 1.204.
Como dice CASTÁN, es imposible catalogar todas las modificaciones que pueden experimentar los derechos subjetivos, pero sí cabe examinar las más importantes o corrientes, como son:

  1. Las modificaciones subjetivas, que pueden acontecer:

    1. Sustituyendo al titular por otro, subsistiendo inalterado el objeto y contenido del derecho (como en la sucesión).

    2. Constituyendo para otro sujeto un derecho nuevo sobre la base de otro preexistente (como en la adquisición constitutiva).

    3. Revirtiendo o retornando el derecho de un sujeto a otro que lo ostentó antes (como en la reversión de donaciones).

    4. Cambiando el número de titulares, ya sea convirtiendo el sujeto único en múltiple o viceversa.

  2. Las modificaciones objetivas, que pueden ser:

    1. Cuantitativas, cuando el objeto o el contenido del derecho subjetivo se incrementa (así la accesión) o disminuye (así la quita o rebaja).

    2. Cualitativas, cuando se altera la naturaleza, objeto o eficacia del derecho subjetivo. Así:

      • Hay cambio de la naturaleza en el crédito insatisfecho que se convierte en indemnización de daños y perjuicios.

      • Hay cambio del objeto en la subrogación real.

      • Hay debilitación en la eficacia de un derecho cuando surge una excepción al mismo.

III. transmisión y sucesión



  1. Transmisión




Concepto. Se llama transmisión al traspaso de un derecho de una persona a otra.
Este concepto es equivalente al de adquisición derivativa traslativa, sólo que el término «transmisión» contempla el fenómeno desde el punto de vista del antiguo titular y el término «adquisición», en cambio, lo hace desde el punto de vista del nuevo titular.




Exclusión. La transmisibilidad de los derechos puede estar excluida por ley, generalmente por tratarse de derechos ligados indisolublemente a deberes legales o inherentes a persona determinada (así derechos familiares, derechos de la personalidad, uso y habitación, etc.), o por voluntad de los particulares, pero esto sólo en los casos y con los límites permitidos por la ley (así, por ejemplo, la intransmisibilidad convencional del crédito autorizado por el art. 1.112 C.C.).




Clasificación. La transmisión puede ser onerosa o lucrativa, según exista contraprestación o no.
Las adquisiciones gratuitas se caracterizan por no tener la solidez jurídica de las otras y exigir, por lo general, mayores requisitos de capacidad y forma.



  1. Sucesión




Concepto. La sucesión se puede definir como el cambio de sujetos en una relación jurídica que subsiste inalterada en sus restantes elementos.
El concepto de sucesión es más amplio que el de transmisión, ya que puede darse no sólo respecto de los derechos, sino también respecto de las obligaciones.




Clasificación. La sucesión puede ser:

  1. A título universal, es decir, en un patrimonio entero o parte alícuota del mismo, considerado en su conjunto unitario (activo + pasivo), o a título singular, es decir, en una sola relación jurídica o en relaciones jurídicas concretas.

  2. «Inter vivos» o «mortis causa», según surta efectos en vida o al fallecimiento del causante.

En nuestro Derecho actual, la sucesión universal es «mortis causa» siempre.

En Derecho romano, en cambio, era posible distinguir sucesiones universales y singulares tanto «inter vivos» como «mortis causa». Empero, CÁMARA ve actualmente supuestos de sucesión universal «inter vivos» en la fusión y absorción de sociedades mercantiles.

IV. Extinción
La extinción del derecho subjetivo es su desaparición absoluta, dejando de existir para todos. Concepto distinto es el de pérdida, que consiste en la desaparición del derecho para su titular actual.
Pérdida y extinción pueden coincidir (ej.: destrucción de una cosa o prescripción de un crédito), pero cabe que aquélla tenga lugar sin que se produzca ésta (así en la expropiación forzosa, en la usucapión o en la disposición por parte del titular).




Las causas de extinción de los derechos son:


  1. La desaparición de la base subjetiva del derecho.

La muerte del titular es una causa de extinción del derecho en todos aquellos casos en que, bien por naturaleza, bien por una disposición legal o negocial, el derecho deba considerarse como personalísimo y, por tanto, como intransmisible.


  1. La desaparición de la base objetiva del derecho.

La pérdida o desaparición de las cosas sobre las cuales el derecho recaía determina la extinción del derecho. La pérdida de la cosa puede producirse por su destrucción en sentido físico o por su destrucción en sentido jurídico, es decir, por quedar la cosa fuera del comercio.


  1. El transcurso del tiempo fijado como término de duración del derecho.

Cuando el derecho estaba sometido a un plazo de vida determinado, legal o convencionalmente, el transcurso de dicho plazo determina la extinción del derecho. Así, por ejemplo, el usufructo se extingue “por expirar el plazo por el que se constituyó” (art. 513 C.C.), y las servidumbres “por llegar el día”, si la servidumbre fuese temporal (art. 546).


  1. La satisfacción plena del interés del titular del derecho.

Es el pleno cumplimiento de la finalidad del mismo (extinción satisfactiva); por ejemplo, cobro por el acreedor de todo cuanto el deudor le debía.

  1. La consolidación o confusión.

El derecho queda extinguido cuando la titularidad del derecho y la cualidad del sujeto directamente obligado se reúne en una sola persona. Esto puede ocurrir porque el sujeto obligado adquiere la titularidad del derecho o viceversa, por suceder el titular del derecho al obligado. Nuestro Código contempla dicho fenómeno con el nombre de «confusión» cuando se produce entre acreedor y deudor, y con el nombre de «consolidación» cuando se produce entre el propietario y el titular de un derecho real en cosa ajena (vid. arts. 1.192 y 546).


  1. La renuncia.

La renuncia tiene por efecto inmediato producir una sustancial modificación en la situación jurídica preexistente: la pérdida o extinción del derecho. Supone el ejercicio de la facultad de disposición de su titular, y por eso el que renuncia dispone siempre de lo suyo.

La verdadera renuncia es la abdicativa, por la que se desprende o deja el derecho renunciado sin transmitirlo a nadie en concreto, pues la renuncia traslativa es un acto de enajenación (gratuito u oneroso). La primera implica una declaración unilateral de voluntad, no contractual, que será eficaz si el renunciante tiene capacidad para disponer del derecho renunciado y la renuncia no contraría los limites enunciados del interés, orden público o perjuicio de terceros.

La renuncia es un negocio jurídico unilateral. En cualquier caso, debe ser explícita, clara y terminante, sin que sea lícito deducirla de expresiones de dudoso significado o de actos que no sean concluyentes ni inequívocos (s. T.S. de 28-enero-1995 y las que cita).

Otro carácter del negocio jurídico de renuncia es la ausencia de receptividad, pues no tiene por qué ser notificada, ni a quienes beneficie indirectamente, para que surta sus efectos, ya que son automáticos. No obstante, la buena fe obliga en determinadas ocasiones a la notificación para liberarse de responsabilidades el renunciante (GULLÓN y DÍEZ-PICAZO).

Aparte de los límites a la renuncia que establece el propio art. 6.2, existen derechos legalmente irrenunciables. Así el derecho a percibir alimentos futuros (art. 151 C.C.), la legítima futura (art. 816), el derecho de prescribir para lo sucesivo (art. 1.935), etc.

LA SUBROGACIÓN REAL




Concepto. CASTÁN la define como “la sustitución jurídica de un bien por otro en el patrimonio de una misma persona, de tal modo que el bien nuevo ocupe el lugar del bien antiguo para ser sometido a su mismo régimen”.
Es necesario que exista una relación de causalidad entre la salida de una cosa de la situación jurídica en cuestión y la entrada de otra. Por ello, no puede provocar subrogación real una adquisición a título gratuito o sin equivalente. Incluso afirman GULLÓN y DÍEZ-PICAZO que es dudoso el empleo del concepto de subrogación real cuando la cosa se sustituye por dinero si no queda individualizado, pues puede confundirse en otro patrimonio, consumirse o perderse.
Para estos autores, la subrogación no somete al objeto subrogado a la misma disciplina que sujetaba al que ha salido del patrimonio en todos los casos. Ponen como ejemplo el de un inmueble hipotecado que se ha destruido por un incendio y se obtiene una suma de dinero porque estaba asegurado: dicha suma no puede ser objeto de hipoteca. Lo que sí consideran correcto es decir que el bien subrogado está afecto a la misma finalidad que el que reemplaza, lo que puede dar lugar a la constitución de un derecho de garantía distinto (en el ejemplo anterior, prenda en vez de hipoteca).




Citaremos algunos ejemplos de los muchos que nos brinda el Derecho Español, aunque sólo sea en forma aislada por carecer de una configuración unitaria de la subrogación:

  1. Los bienes gananciales adquiridos onerosamente durante el matrimonio a costa del caudal común (art. 1.347.3°).

  2. Los bienes privativos adquiridos a costa o en sustitución de otros privativos (art. 1.346.3°).

  3. Los bienes que en caso de reservas hereditarias sustituyen a los válidamente enajenados (arts. 974 y ss.).

  4. Los que en caso de revocación de la declaración de fallecimiento hubiesen sustituido a los que constituían el patrimonio del ausente (art. 197).

  5. Los bienes que en caso de hipoteca sustituyan, en concepto de indemnización por seguro o expropiación, a los primitivamente hipotecados (art. 110 L.H.).

LEGITIMACIÓN Y PODER DE DISPOSICIÓN
I. Poder de disposición
Podemos definirlo como la facultad de una persona de modificar, transmitir, gravar o extinguir un derecho subjetivo.
Normalmente, la facultad de disposición radica en el mismo titular del derecho y se identifica con él. Sin embargo, en ocasiones la titularidad de un derecho puede pertenecer a una persona y a otra la facultad dispositiva, como cuando la propiedad corresponde a un menor y el poder de disposición lo ostenta su representante legal.
De aquí se ha seguido una larga discusión doctrinal en la que se han sostenido diferentes posiciones:

  • Algunos autores califican el poder de disposición como derecho o potestad autónomos (derecho a disponer del derecho).

  • Otros lo identifican con la capacidad de obrar.

  • GULLÓN y DÍEZ-PICAZO, entre otros, prefieren considerarlo como una de las facultades integradas en el contenido del derecho subjetivo.


El hecho de que excepcionalmente la disposición sea realizada por una persona distinta del titular no cambia la cuestión, sino que se reconduce a un problema de legitimación, que pasamos a estudiar.
II. Legitimación
Podemos definir la legitimación como la aptitud jurídicamente reconocida para actuar o padecer el ejercicio de un derecho, dependiendo de que dicha legitimación sea activa o pasiva, respectivamente.
En los derechos absolutos, que son aquellos oponibles «erga omnes» (ej.: ds. reales), la legitimación pasiva corresponde a la persona que ha violado o lesionado el derecho; en los relativos, está legitimado pasivamente el sujeto directamente obligado por el derecho (ej.: ds. de crédito).
También puede hablarse de legitimación directa, cuando coincide el titular del derecho y el que lo ejercita (regla general), o indirecta, cuando una persona está legitimada sin ser el titular del derecho que ejercita (excepción). Los supuestos más importantes de legitimación indirecta son la representación y la sustitución.
El representante, como gestor de los asuntos del principal, ejecuta los derechos de éste actuando en su nombre o por su cuenta. El sustituto ejercita los derechos del sustituido produciendo efectos en la esfera jurídica de este último, pero actuando en su propio nombre e interés, que, excepcionalmente, el ordenamiento jurídico tutela de un modo especial (así arts. 1.111 o 1.869 C.C.).
La seguridad del tráfico jurídico impone en ocasiones que los actos y negocios jurídicos puedan realizarse válidamente confiando en la apariencia de titularidad de aquellas personas que pública y notoriamente se presentan como titulares, sin necesidad de investigar minuciosamente los verdaderos títulos de que están investidas, pues tal investigación haría imposible el tráfico. Así, casos en que nuestro ordenamiento jurídico protege dicha confianza en la apariencia jurídica son los de los arts. 34 L.H. y 464, 1.160 y 1.738 C.C.

LAS PROHIBICIONES DE ENAJENAR




Concepto. El titular de un derecho puede estar sujeto a limitaciones en cuanto al poder de disposición sobre el mismo. De estas limitaciones destacan las llamadas prohibiciones de enajenar, que ROCA define como “las limitaciones o restricciones impuestas al ejercicio de la facultad dispositiva que normalmente integra el contenido de un derecho subjetivo y en cuya virtud el titular del mismo no puede válidamente enajenarlo, gravarlo o, en general, disponer de él (con más o menos amplitud)”.
Como vemos, en esta definición se trata el término «enajenar» en un sentido amplio, equiparándolo al de «disponer» y, por tanto, comprensivo no sólo de la facultad de transmitir, sino también de las de gravar, modificar y extinguir.




Clasificación.

  1. Por su duración, las prohibiciones de disponer pueden ser temporales o perpetuas. No obstante, el art. 785.2° C.C., relativo a las disposiciones testamentarias y aplicable por analogía a las «inter vivos», señala que…

  2. Por su alcance pueden ser absolutas o relativas, según que prohíban todo acto de disposición o sólo actos determinados, respectivamente.

  3. Por su forma pueden ser:

    1. Expresas: se establecen de manera clara y terminante.

    2. Tácitas: se derivan de las cláusulas del negocio jurídico o de las normas legales.

    3. Presuntas: se infieren de otras circunstancias. En nuestro Derecho, dado que rige el principio de que la propiedad es naturalmente libre, no pueden admitirse las prohibiciones presuntas.

  4. Por su origen pueden ser legales, judiciales o administrativas y voluntarias. Un ejemplo claro de las prohibiciones legales de disponer lo tenemos en el art. 636 C.C., según el cual…

Los arts. 26 y 27 L.H.1 hacen referencia a las prohibiciones de disponer desde la perspectiva registral. Así, al carecer el Código Civil de una regulación completa de la figura que estudiamos, puede afirmarse que la legislación hipotecaria constituye en esta materia legislación civil sustantiva (GÓMEZ GALLIGO). Dicen los mencionados artículos que…

De lo dicho deduce CASTÁN que:

  • Las prohibiciones voluntarias establecidas en actos a título gratuito tienen eficacia real y, en caso de incumplimiento, producen la nulidad de los actos dispositivos que las contravengan.

  • Por contra, las impuestas en actos a título oneroso no tienen eficacia real y su infracción sólo provoca la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.


Los caracteres de las prohibiciones voluntarias son:

  1. Sólo se admiten con los límites de las sustituciones fideicomisarias (art. 785.2º en relación con el 781 C.C.). Según la mayoría de la doctrina, la contravención de este requisito tendrá por resultado la nulidad de toda la prohibición de disponer. En cambio, LACRUZ opta por la nulidad parcial, pues entiende que la prohibición debe subsistir dentro de los límites autorizados.

En Navarra existe una regulación especial, en la medida en que las prohibiciones de disponer a título gratuito tienen un límite superior al del Derecho común (cuarto grado), optándose por la nulidad parcial y no total de las que excedan de dicho límite (leyes 481 y 224 Compilación2).

  1. Según CASTÁN, las prohibiciones voluntarias de disponer deben fundarse en un interés legítimo y digno de protección.

  2. No cabe imponerlas sobre los propios bienes.




Efectos de las prohibiciones de disponer:

  1. No comprenden los actos de mera administración (ej.: percepción de frutos o actos ordinarios de utilización y aprovechamiento). Se discute si afectan a los actos que transcienden de la mera administración pero que no constituyen una limitación del derecho, como las segregaciones, divisiones, agrupaciones, obras nuevas y división horizontal. Respecto a esto último, DE LA CÁMARA opina que el título constitutivo de la propiedad horizontal se trata de un acto neutro para el que basta tener capacidad de obrar. En cambio, DÍEZ-PICAZO considera que también será necesario el poder disponer del inmueble, pues considera al título constitutivo como un negocio dispositivo.

  2. La prohibición de disponer supone el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de un ámbito de poder a favor del beneficiado por ella, que, sin embargo, no es un verdadero derecho real ni una estipulación a favor de tercero (r. de 20-diciembre-1929).

  3. No impiden la realización de actos dispositivos forzosos, sino tan sólo los actos voluntarios de transmisión «inter vivos». Así, un bien gravado con una prohibición de disponer es susceptible de ser transmitido «mortis causa».

1 Art. 26 L.H.: Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas:

  1. Las establecidas por la Ley que, sin expresa declaración judicial o administrativa, tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial y surtirán sus efectos como limitaciones legales del dominio.

  2. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o administrativa serán objeto de anotación preventiva.

  3. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su validez.

Art. 27 L.H.: Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o contratos de los no comprendidos en el artículo anterior, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquier otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento.

2 Ley 481 Navarra - En actos a título lucrativo

La prohibición de disponer establecida en actos a título lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», a favor de personas determinadas o determinables dentro de los límites del párrafo segundo de la ley 224, tiene siempre eficacia real y será inscribible en el Registro.

Ley 224 Navarra - Límite

No existirá limitación de número en los llamamientos de fideicomisarios sucesivos a favor de personas que vivan o al menos estén concebidas al tiempo en que el primer fiduciario adquiera los bienes. Las sustituciones a favor de personas que no existan en ese momento no podrán exceder del cuarto llamamiento; en lo que excedan de ese límite se entenderán por no hechas.

Jaime José Martínez Iranzo

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