Carmen esther gómez cabrera






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Ponencia de la Magistrada CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA.

 

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales tiene incoado el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GIRÓN, representado judicialmente por los abogados Andrea Fernanda Acuña Arvelo, Reynal José Pérez Duin, Tomás Ignacio Hernández Bello, Pedro Rodolfo Gutiérrez Rodríguez, Norka Mujica Sánchez, Yorbis Melo Arteaga, Estefano Petrascu, contra las sociedades mercantiles, ACBL DE VENEZUELA, C.A., representada por los profesionales del derecho Ramón Escovar León, Ramón Escovar Alvarado, Juan Enrique Croes Campbell, Juan Andrés Suarez Otaola y Andrés Carrasquero Stolk, y RH CONSULTORES, C.A., representada judicialmente por los abogados Maribel Calzadilla Planez, Alejandro Paiva, Gilberto Pernia Monys, Adelys del Valle Yánez y Alexsaly Salaverria Mejías; el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, mediante sentencia de fecha 21 de diciembre del año 2011, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, y en consecuencia anuló el fallo recurrido, declarando sin lugar las defensas de prescripción alegadas por las co-demandadas y parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra el fallo de alzada, anunciaron recurso de casación los representantes judiciales de las dos co-demandadas separadamente, presentando escrito de formalización la empresa RH CONSULTORES, C.A., en fecha 01 de febrero del año 2012; y la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., en fecha 09 de febrero del año 2012. No hubo impugnación.

 

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social se dio cuenta el 14 de febrero del año 2012 y en esa misma fecha, se designó Ponente al Magistrado Dr. Alfonso Valbuena Cordero.

 

En fecha 14 de enero de 2013, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados Suplentes Dres. Octavio Sisco Ricciardi, Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, los cuales fueron convocados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de sus atribuciones, a los fines de cubrir la falta absoluta en virtud de la culminación del período constitucional de doce (12) años de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, respectivamente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1701 de fecha seis (06) de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.

 

El 28 de enero del año 2013, el Presidente de la Sala, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 53 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia reasignó la ponencia de la presente causa a la Magistrada Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera, quien suscribe el presente fallo.

 

Fijado el día y la hora para la realización de la audiencia oral y pública, comparecieron la representación judicial parte actora, el demandante y los representantes judiciales de ambas empresas codemandadas; los cuales expusieron sus alegatos.

 

Concluida la sustanciación de esta causa, y siendo la oportunidad legal para decidir, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse en los siguientes términos:

 

 

RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR LA CO-DEMANDADA

ACBL DE VENEZUELA, C.A.

- I –

 

Por razones metodológicas se alterará el orden en el que fueron planteadas las denuncias y se resolverá en primer lugar la tercera delación, propuesta en el escrito de formalización consignado por la empresa co-demandada ACBL DE VENEZUELA, C.A., en cuyo contexto alega:

 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la falta de aplicación del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de haber incurrido la sentencia recurrida, en indeterminación objetiva, fundamentado en lo siguiente:

 

Aduce el formalizante:

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la LOPT (sic), denunciamos la infracción por falta de aplicación del artículo 159 eiusdem, lo cual hace la sentencia nula a tenor del numeral 1 del artículo 160 del mismo texto normativo, porque la recurrida padece del vicio de indeterminación objetiva. De acuerdo con el artículo 159 de la LOPT, la sentencia debe indicar el objeto o la cosa sobre la que recae la decisión. Cuando omite dicho requisito intrínseco de la sentencia, se configura el vicio de indeterminación objetiva. La necesidad de expresar la cosa u objeto sobre la que recae la decisión se conecta con el principio de autosuficiencia del fallo, conforme al cual, la sentencia debe bastarse a sí misma, como fue señalado por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia ("SCS") en su sentencia N° 870 de fecha 19.05.06.

 

En el presente asunto, la Recurrida (sic) condenó a las demandadas a pagar los intereses sobre la prestación de antigüedad (folio 181 de la séptima pieza). La Recurrida ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo para determinar el monto de dichos intereses, pero sin indicar ninguna pauta o dato al experto. La omisión de un dato esencial para elaborar la experticia vicia el fallo de indeterminación objetiva, como fue señalado por la SCS en la sentencia N° 1805, de fecha 06.11.06. Cabe destacar que, en el cálculo de los intereses sobre la prestación de antigüedad, el experto debe descontar del capital sobre el cual calcula los intereses, los diferentes pagos recibidos por el ACTOR al finalizar cada una de las relaciones de trabajo por concepto de prestación de antigüedad.

 

Para decidir, la Sala aprecia lo señalado a continuación:

 

Como se observa de la transcripción supra citada, el formalizante señala que, la sentencia recurrida infringió por falta de aplicación el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de haber incurrido en el vicio de indeterminación objetiva, pues condenó a las empresas demandadas a pagar los intereses sobre la prestación de antigüedad y ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo para determinar el monto de dichos intereses, pero sin indicar ninguna pauta o dato al experto, siendo los datos omitidos esenciales para calcular el monto, que por este concepto fue condenado.

 

Para que se configure como vicio la indeterminación objetiva, debe el sentenciador ser tan impreciso en su fallo, que haga imposible la ejecución de dicho mandato (Cfr. Sentencia N° 125 del 24 de mayo de 2000, caso: Ender Darío Parra Fernández contra Tiendas Montana C.A.); ya que el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece como requisito, que la sentencia contenga “la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión”, con la finalidad de permitir su ejecución y determinar el alcance de la cosa juzgada que emana del fallo.

 

Lo requerido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tiene estrecha relación con dos principios esenciales del proceso: la autosuficiencia y la unidad procesal del fallo; según el primero, la sentencia debe bastarse a sí misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o la perfeccionen, por ello, es la exigencia de mencionar en el fallo el objeto sobre el que recae la decisión, para así cumplir la necesidad de precisar los límites objetivos de la controversia a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la misma, y de conformidad con el segundo, el fallo en todas sus partes (narrativa, motiva y dispositiva) constituye un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito que contiene el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se encuentra cumplido no sólo en el dispositivo de la decisión, sino en cualquiera de sus partes.

 

Asimismo, el artículo 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala los casos que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia dentro de los que se encuentran, la falta de las determinaciones indicadas en el artículo 159, antes referido, a saber, “que el fallo sea redactado en términos claros, debe contener la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho y la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recaiga la decisión”.

 

En este sentido, se constata que la recurrida, estableció lo siguiente:

Igualmente se establece la procedencia de los intereses con respecto al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo para lo cual se ordena el nombramiento de un experto a los fines de su cálculo (sic).

 

De la cita precedente, se evidencia que el sentenciador de alzada, respecto a los intereses que ordenó a pagar sobre la prestación de antigüedad, solo se limitó a señalar que, “Igualmente se establece la procedencia de los intereses con respecto al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo para lo cual se ordena el nombramiento de un experto a los fines de su calculo (sic).”, sin establecer los datos sobre los cuales, el experto debería calcular el monto a ser cancelado por concepto de intereses de prestaciones de antigüedad, previstos en dicho artículo; es decir no le indicó al experto el lapso durante el cual debía calcularlos, a partir de qué fecha, las tasas que debía aplicar para ello, ni siquiera le indicó a cuál de los tres literales establecidos en dicha norma, pues tal precepto legal consagra tres formas distintas de calcular los intereses, dependiendo del supuesto de hecho que establezca el Juez en su fallo, no corresponde al experto la facultad de decidir cuál de las tres opciones, es el aplicable al caso. Tampoco indicó el Juez de la recurrida, si los intereses en cuestión debían capitalizarse o no. De lo expuesto se concluye que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, por cuanto no contiene los parámetros necesarios para que el experto calcule los intereses sobre la prestación de antigüedad que se ordenó cancelar.

 

En tal sentido, el criterio de esta Sala, ha sido pacífico y reiterado al considerar que es deber del Juez, so pena de nulidad de la sentencia, indicar al experto, en caso de ordenarse una experticia complementaria del fallo, los parámetros a los que deberá ajustar su actuación; así se pronunció en cuanto a la determinación de los límites de la experticia complementaria del fallo, según sentencia N° 155 de fecha 01 de junio del año 2000, en el cual apuntó:

 

“Según lo dispuesto en la norma citada la labor del experto debe ser la determinación cuantitativa de la condena, sobre la base de unos lineamientos o puntos que debe indicar la sentencia. En el presente caso, los puntos que deben servir de base al perito para el cálculo de la diferencia de prestaciones sociales que corresponde pagar a la parte actora, no están mencionados en la recurrida. No se señalan ni en su parte motiva ni en su dispositiva, los fundamentos lógicos sobre la base de los cuales operará el experto.

 

Los peritos no pueden actuar como jueces y decidir qué conceptos deberán incluirse en el salario para configurar el salario normal establecido en la ley y, decidir así qué monto corresponde pagar a la empresa demandada por diferencia de prestaciones sociales. La labor de los expertos debe limitarse a una cuantificación monetaria de esos conceptos, que deben estar limitados en la sentencia misma, para evitar así que se produzcan extralimitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en el fallo, lo que podría fomentar la apertura de un nuevo contradictorio en fase de ejecución judicial.

 

En consecuencia, al constatar esta Sala que efectivamente, el sentenciador de la recurrida infringió por falta de aplicación el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud de haber incurrido en el vicio de indeterminación objetiva, declara procedente la presente delación. Así se establece.

 

La declaratoria de procedencia de esta denuncia, trae como consecuencia, la resolución CON LUGAR del recurso de casación anunciado por la co-demandada sociedad mercantil ACBL DE VENEZUELA, C.A., y es por ello que resulta, inoficioso analizar las restantes delaciones contenidas en el escrito de formalización presentado por dicha empresa, al igual que el consignado por la co-demandada sociedad mercantil RH CONSULTORES, C.A. Por tanto, se ANULA el fallo impugnado dictado por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, en fecha 21 de diciembre del año 2011, y pasa esta Sala de Casación Social a resolver sobre el fondo del asunto debatido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

 

SENTENCIA DE MÉRITO

 

La representación judicial de la parte demandante alega, que en fecha 4 de mayo del año 1998, comenzó a prestar sus servicios personales en la sociedad mercantil ACBL DE VENEZUELA, C.A., empresa que es contratista de C.V.G. BAUXILUM, C.A., a la cual bajo la modalidad de adjudicación directa, se le ha asignado en forma continua la prestación de los servicios especializados en navegación fluvial, en el sitio donde está ubicado el segundo puente sobre el Río Orinoco.

 

Señala igualmente la representación judicial de la parte demandante, que el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GIRÓN, fue contratado por temporadas de navegación que se prolongaron ininterrumpidamente hasta el 30 de noviembre del año 2007, fecha en la cual fue notificado del despido, por parte del jefe de personal ciudadano José González, sin justificación alguna, sumándose forzosamente a la antigüedad acumulada de nueve (9) años, seis (6) meses y veintiséis (26) días, el tiempo de preaviso omitido, es decir, sesenta (60) días de antigüedad; acumulando así, una antigüedad de nueve (9) años, ocho (8) meses y veintiséis (26) días. Que durante todo ese lapso se desempeñó en el cargo Marino Líder, ejecutando labores a bordo de un remolcador portuario, teniendo entre sus funciones principales la supervisión y ejecución de los trabajos de cubierta de las embarcaciones y como actividad adicional el traslado de gabarras, para el transporte de minerales desde el muelle privado de ACBL DE VENEZUELA, C.A., (incluyendo la carga y descarga de minerales distintos a la bauxita); actividad que se ejecutaba en forma simultánea con la principal y no daba lugar a ningún pago adicional, aun cuando ello no estaba previsto en el contrato y requería de un traslado extra, siendo esta última, la actividad que se prolongaba durante todo el año calendario, pues la otra de la ruta pedregosa se suspendía por condiciones naturales. Que aunado a ello, debía encargarse del mantenimiento de las bombas de achique, entre otras. Laborando en un horario rotativo, que para la fecha en la que ingresó estaba establecido que, se trabajaba una rotación de dos turnos que comprendía 12 días continuos de trabajo de jornada diurna, de 12 horas cada una, por 4 días de descanso en tierra; y que luego, se reincorporaba a sus funciones en horario nocturno durante 12 días continuos, siendo que, posterior a ello se le concedía el disfrute de 8 días de descanso; pero que, a partir del mes de febrero del año 2002, varió el sistema de rotación, pues entró en vigencia un nuevo régimen dispuesto en la cláusula 7 de la Convención Colectiva del año 2002-2004, que dispuso que se trabajaría como la mayoría de las empresas de producción continua de esta zona, es decir, se implementó la jornada de 14 días continuos de trabajo, que comprende 7 días en horario diurno y 7 días en horario nocturno, de 12 horas cada turno por siete días de descanso en tierra. En promedio, cada temporada estaba conformada por 32 rotaciones aproximadamente, a saber, 16 de trabajo y 16 de descanso; respecto a las cuales el demandante laboró por 10 temporadas seguidas, lo que equivale a 160 rotaciones de trabajo efectivo.

 

Indica, la representación judicial del demandante, que las labores se iniciaban el primero (1°) de mayo y finalizaban el treinta y uno (31) de diciembre del año correspondiente; es decir, que se extendía la temporada por ocho (8) meses, que luego por condiciones naturales (descenso veraniego del nivel del agua del río), la labor se limitaba por el transcurso de cuatro (4) meses, denominados por la Convención como temporada baja, período en el cual la actividad se limitaba al mantenimiento de los buques en tierra y se ejecutaba otra ruta de navegación, por lo pedregoso del muelle privado de la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A.

 

 

De igual manera, manifiesta la representación judicial del demandante, que éste al inicio de cada temporada, firmó contratos en los cuales las condiciones de lugar, cargo y tiempo de embarque y desembarque eran exactas a las ya señaladas, variando el salario devengado de acuerdo a lo dispuesto en el tabulador de la Convención Colectiva aplicable, en el tiempo y la cantidad de horas diurnas o nocturnas trabajadas, días feriados, de descanso o domingos trabajados en ese período; sin embargo que, en el período de la temporada baja, aun cuando los trabajaba, no le reconocían el pago de los conceptos previstos en dicha convención y que por ello, desmejoraba notoriamente el salario percibido en esos meses o período de inactividad con la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A. Señala también, que en el período de temporada baja, la referida empresa le depositaba al demandante en su cuenta nómina, conceptos salariales previstos en la Convención Colectiva, como el bono de seguridad contemplado en la cláusula 20 y el plan por excelencia dispuesto en la cláusula 54 de dicha Convención.

 

Ahora bien, indica dicha representación, que desde el año 2002 la empresa impuso la práctica de liquidar con periodicidad anual al personal, tomando en consideración sólo el tiempo de la última temporada, sin considerar el tiempo acumulado de servicio que se había prestado para la empresa; asimismo los rotaban como personal en temporada baja, para laborar en empresas que tenían por objeto la misma actividad, como son las empresas: RH CONSULTORES, C.A., SOLUCIONES LABORALES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, C.A. y SOLAGUA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL; figurando la mismas como intermediarias o contratistas, más no como patronos, haciéndose notorias las desmejoras en las condiciones salariales con cualquiera de ellas, y resultando siempre favorecida la empresa contratista ACBL DE VENEZUELA C.A., aclarando la continuidad con la referida empresa.

 

Arguye, la representante judicial de la parte demandante, que en virtud de todo lo antes expuesto, el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ demanda a las sociedades mercantiles ACBL DE VENEZUELA, C.A., RH CONSULTORES, C.A., SOLUCIONES LABORALES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, C.A. y SOLAGUA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, a los fines de que, sean condenadas a cancelarle la diferencia de los conceptos y por los montos, que se señalan seguidamente: Días Dobles de Rotación trabajados durante las 10 temporadas de navegación (Bs. 4.721,44); Bono de Embarque (Bs. 2.610,24), previsto en la cláusula 16 de la Convención Colectiva vigente; Días de Descanso Compensatorio no Disfrutados (Bs. 1.851,84); Tiempo de Viaje y Transporte (Bs. 799,27); Horas Extras trabajadas desde 1998 hasta diciembre de 2003 (Bs. 7.805,49); Vacaciones Vencidas no Disfrutadas (Bs. 59.888,55); Preaviso Omitido previsto en la cláusula 35 Nº 31-B de la Convención Colectiva vigente (Bs. 9.499,20); Indemnización por Despido Injustificado (Bs. 23.748,00); Diferencia de Prestación de Antigüedad e Intereses (Bs. 26.958,21); Bonificación por Antigüedad (Bs. 2.500,00); Bono de Terminación de la Relación Laboral (Bs. 13.479,00) y Bono Único Concedido por la firma de la Convención Colectiva firmada (aumento de salario) en los años 2002 y 2004 (Bs. 1.300,00), alcanzando una cantidad total a pagar de Ciento Ochenta Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 180.000,00), siendo que dichos conceptos se derivan de la Constitución Nacional, de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como de la Convención Colectiva vigente para la relación de trabajo.

 

Ahora bien, esta Sala considera necesario resaltar, que en fecha 22 de octubre del año 2008, la representación judicial de la parte demandante, desistió de la demanda en cuanto a la empresa SOLUCIONES LABORALES EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL, C.A., así mismo consignó escrito de subsanación; siendo admitido por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 24 de octubre del año 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Igualmente, en fecha 22 de enero del año 2009, dicha representación, desistió de demandar a la empresa SOLAGUA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, por lo cual el citado Tribunal homologó dicho desistimiento por auto de fecha 29 de enero del año 2009; señalando que en razón de encontrarse notificadas las únicas sociedades mercantiles co-demandadas en la causa, ACBL DE VENEZUELA, C.A. y RH CONSULTORES, C.A., se les convocó de seguidas, a la realización de la audiencia preliminar.  

 

La representación judicial de la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., consignó escrito de contestación en los términos siguientes:

 

La empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., tiene como actividad el transporte marítimo, fluvial y lacustre en el territorio de la República y en la actualidad, solamente el de transportar la bauxita (materia prima – aluminio), desde el Jobal – Pijiguaos, hasta el muelle de C.V.G. BAUXILUM en Puerto Ordaz, estado Bolívar. En tal sentido, surge la celebración de un contrato mercantil entre la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., y la empresa C.V.G. BAUXILUM, cuyo objeto principal consiste en que la primera, con sus medios de transporte y personal técnico especializado, transporte la materia prima de esta última, desde el Jobal hasta sus instalaciones en Puerto Ordaz; cumpliendo las normativas legales vigentes en materia de navegación.

 

En consecuencia, debe la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., adecuar su actividad a las condiciones naturales del Río Orinoco, teniendo éste unos niveles máximo y mínimo anual, que determinan una variación en su comportamiento y que afectan la actividad de la navegación para las empresas que prestan servicios en este eje fluvial; siendo su período de navegación autorizado de ocho (8) meses, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de cada año. Tal situación trae como consecuencia, la temporalidad en la actividad de la empresa; existiendo así las denominadas temporada alta de navegación (definida en la cláusula 3 de la Convención Colectiva vigente) y temporada baja de navegación, en la cual, una vez informada la culminación de las operaciones permitidas para la navegación hacia el Jobal, la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A, ordena que cada unidad sea atracada en la base de operaciones de la empresa, para hacerles las inspecciones rutinarias y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, hasta que comience nuevamente el período, donde el Instituto Nacional de Canalizaciones, autoriza la navegación, razón por la cual, las faenas de trabajo de marinería son terminados.

 

Respecto a la solidaridad o corresponsabilidad presunta, argumentada por el demandante, de la co-demandada sociedad mercantil RH CONSULTORES, C.A., se indica que la misma presta servicios de asesoría y consultoría en el área de recursos humanos, y que fue contratada por la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., para la realización de varias obras de servicios y asistencia técnica, previamente determinadas en tiempo, lugar, jornadas, implementos de seguridad, instrumentos y demás condiciones de trabajo. Alega que no existe solidaridad y por ende responsabilidad laboral entre la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., y la empresa co-demandada RH CONSULTORES, C.A.; pues señala que, en el caso de autos no se dan los supuestos establecidos en los artículos 54, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, que invoca como procedentes la parte demandante, referentes a lo que se entiende por intermediario, siendo esta la figura que representa la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios del trabajador; así como respecto a la realización por parte de los contratistas de actividades inherentes o conexas con las del beneficiario del servicio.

 

En la contestación de la demanda, se alega que el demandante y la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., se efectuaron varios contratos de trabajo, prestados en forma discontinua y en tiempos diferentes, en relación a los cuales se argumenta, la procedencia de la defensa de prescripción, por lo que respecta a posibles cobros de prestaciones sociales, beneficios e indemnizaciones a los que pudo haber tenido derecho, el reclamante de la presente acción laboral o diferencia de algunos de ellos; siendo, que son contratos de trabajo por tiempo determinado, en su condición de “Marino o Marino Líder”, suscritos en los períodos siguientes: desde el 04/05/1998 al 24/03/1999, desde el 20/04/1999 al 31/01/2000, desde el 17/05/2000 al 09/01/2001, desde el 02/05/2001 al 01/02/2002, desde el 30/05/2002 al 30/12/2002, desde el 02/06/2003 al 21/02/2004, desde el 26/05/2004 al 10/01/2005, desde el 04/05/2005 al 31/12/2005, desde el 01/05/2006 al 31/12/2006 y desde el 01/05/2007 al 31/12/2007, respectivamente, habiendo terminado la prestación del servicio entre el actor y su patrono, con respecto al último contrato a término suscrito en fecha 31/12/2007, resulta obvio entender, que no hay continuidad entre un contrato y otro, salvo el caso de los dos (2) primeros, pues entre uno y otro, según el numero de los contratos celebrados posteriormente, transcurrió holgadamente más de un (1) mes, como bien lo prevé el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo; pero además, entre la fecha de terminación de los primeros 9 contratos y la terminación del décimo y último contrato, transcurrió con creces más de 1 año y por consiguiente aplica el lapso de prescripción, a que se refiere la norma prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 110 de su Reglamento.

 

De igual manera, se alega la imposibilidad de la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., de navegar en temporada baja, por la naturaleza del Río Orinoco y porque así quedó establecido en la cláusula 3 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que establece la temporada alta  y baja de navegación; siendo así, dicha empresa llama a sus trabajadores cesantes y contratados por temporada, al inicio de cada temporada alta de navegación, es decir, a finales del mes de abril o inicio del mes de mayo de cada año, para que suscriban el nuevo contrato por la temporada inmediata que se inicia, con el fin de mantener en lo posible la estabilidad contractual en el empleo de sus trabajadores, y por ello, durante la cesación de la relación de trabajo por expiración del contrato a término, en temporada baja, no se les desactiva la “Cédula Marina” que se encuentra depositada ante el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), y del mismo modo, se siguen cubriendo las cotizaciones o cuotas de seguridad social ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como la póliza de Hospitalización Cirugía y Maternidad, pactada en la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Respecto a lo que se argumenta, que de considerarse ello, un error del empleador, debería asimismo, considerarse el supuesto normativo contemplado en el artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala que no se consideraran fuente de obligaciones, el error sobre los hechos o el derecho, siempre que fuera alegado por el interesado, antes de transcurrir un (1) año desde el momento en que conoció o debió conocer de él (aplicable a los contratos celebrados a término hasta el 31/12/2006, no así en cuanto al contrato celebrado para el período desde el 01/05/2007 al 31/12/2007).

 

Finalmente, negaron y rechazaron, por no ser ciertos, todos los demás dichos tanto de hechos como de derecho, expuestos en la demanda intentada, respecto a cada una de las pretensiones de pago, por los montos y conceptos que señala el demandante.

 

De igual forma, la representación judicial de la empresa RH CONSULTORES, C.A., consignó su escrito de contestación a la demanda, en los términos siguientes:

 

Niega, rechaza y contradice, la empresa RH CONSULTORES, C.A., que le adeude al ciudadano Juan Carlos Rodríguez, suma dineraria alguna por concepto de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, en virtud de señalar, que la presente acción se encuentra prescrita, conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por cuanto el demandante, trabajó para la citada empresa, por un período de tiempo determinado dada su naturaleza y actividad comercial; respecto a la cual, según los períodos de agua baja o alta, contrataba mayor personal, y por eso lo contrató por un (1) período, desde el 15 de enero del año 2007 al 30 de abril del año 2007, siendo que, las prestaciones sociales del demandante correspondientes al período señalado, fueron consignadas en fecha 04 de julio del año 2007, por ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, extensión Sala de Juicio con sede en Puerto Ordaz, en virtud de requerimiento expreso del mencionado Tribunal, en virtud de juicio de obligación alimentaria que cursaba ante el mismo, (respecto a las cuales el demandante, efectuó reclamo ante la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, estado Bolívar; solicitando así, la empresa RH CONSULTORES, C.A., el cierre de la vía administrativa, dado que se dejó constancia en el expediente, del pago de sus prestaciones sociales, producto de la prestación de servicio durante ese único período). En consecuencia, desde la consignación de las referidas prestaciones sociales, en fecha 04 de julio del año 2007, hasta la fecha de presentación de la demanda en fecha 17 de septiembre del año 2008, ha transcurrido más de 1 año.

 

Alega, la mencionada empresa, que de considerarse improcedente la defensa de prescripción opuesta, la demanda interpuesta incumple los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que no fundamentó su pretensión en cuanto a la empresa RH CONSULTORES, C.A., colocándola así, en una estado de indefensión, por lo cual debería ser ordenada la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda, a fin de que sea subsanado el vicio o defecto de forma que presenta.

 

De igual manera, niega, rechaza y contradice, que el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, prestara servicios de manera ininterrumpida para la empresa ACBL DE VENEZUELA, C.A., y haya acumulado una supuesta antigüedad de nueve (9) años, seis (6) meses y veintiséis (26) días; en virtud de haber laborado por tiempo determinado para la empresa RH CONSULTORES, C.A., desde el 15 de enero del año 2007 hasta el 30 de abril del año 2007, respecto al cual se le cancelaron sus prestaciones sociales de manera oportuna y ajustada a derecho.

 

Así las cosas, únicamente admite como cierto, que entre RH CONSULTORES, C.A., y el ciudadano JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, existió una relación laboral, debido a que el mismo prestó sus servicios personales para la referida empresa, bajo el cargo de Marino - Ayudante de Mecánico, desde el día 15 de enero del año 2007 hasta el 30 de abril del año 2007. Asimismo señaló, que no son ciertos todos los demás hechos alegados por el actor, en su libelo de la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales; a saber, fecha de egreso, tiempo de servicios, motivo de la terminación de la relación de trabajo, salario y demás beneficios.

 

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