Dictadura de primo de rivera (1923-1939)






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fecha de publicación22.09.2015
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DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1939)
En un contexto de crisis social y política (crisis del sistema de la Restauración iniciado por Cánovas del castillo en 1876), el 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagoniza un golpe de estado aceptado por el monarca y parte de la opinión pública. Era una época de inestabilidad económica y social, donde las huelgas y las acciones violentas contra los sindicatos, como el pistolerismo, eran habituales. Los partidos turnistas proporcionaban débiles gobiernos, que rápidamente entraban en crisis.

Alfonso XIII aceptó rápidamente un Directorio Militar presidido por Primo de Rivera, quien suspendió de régimen parlamentario constitucional, transformándose así el antiguo estado liberal en una dictadura que fomentó el desarrollo económico y mantuvo la paz social, a cambio de paralizar la Constitución y otras leyes, prohibir la actividad política y sindical y controlar la prensa. El intento posterior de establecer un Estado corporativista apoyado en un partido único, a imitación del modelo fascista, fracasó. Y produjo una crisis política que, tras acabar con Primo (que dimite el 28 de enero de 1930), desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II República, que llegaría en abril de 1931.
El desastre de 1898 (la pérdida de Cuba y Filipinas) había producido una conmoción general en el país. El regreso de todos los altos cargos militares al país produjo una situación conocida como macrocefalia militar, por la que había demasiados altos cargos para la cantidad de soldados con la que contaba el ejército. Entre la subida al trono de Alfonso XII en 1902 y la proclamación de la Segunda República, una nueva generación de políticos y nuevos movimientos sociales (republicanismo, obrerismo, nacionalismo) irrumpieron en la vida española. Entre 1898 y 1912, los partidos dinásticos (conservador y liberal), con sus dirigentes principales, Antonio Maura y José Canalejas, intentaron una modernización del sistema, todo ello con un trasfondo de crisis económica. El problema colonial de Marruecos y el impacto de la Gran Guerra agudizaron los conflictos (la triple crisis de 1917, parlamentaria, militar y obrera). Primo de Rivera y los sectores que le dieron apoyo (militares, monarquía y políticos cercanos a ella y parte de las clases dirigente decimonónicas) defendieron su acción como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social que atravesaba el país. Para los golpistas, entre las razones que justificaban la necesidad de cambiar la situación hay que destacar la inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, así como su desprestigio derivado del continuo fraude electoral. En la decisión de Primo de Rivera, así como en el apoyo del ejército y el rápido plácet del rey, también se baraja la posibilidad de que influyera el deseo de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la guerra de Marruecos, el desastre de Annual (expediente Picasso). Incluso algunos historiadores sostienen que el último gobierno de concentración de Restauración (el de García Prieto) pretendía una reforma profunda de la Constitución y de la Ley Electoral, así como la limitación de los poderes del rey. Cerrando el parlamento, se impedía este intento de renovación.

La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio Militar cuyos miembros eran militares, pero a partir de ese año, el gobierno dictatorial incluyó entre sus ministros a personalidades civiles, como José Calvo Sotelo. Se pasó entonces al Directorio Civil.
En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera, “el cirujano de hierro”, anunció, con un lenguaje regeneracionista, su voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con “el bandidaje político”, la “indisciplina social” y las amenazas a la unidad nacional.

Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial: supervisión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas, cese de las autoridades civiles, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, supresión del limitado autogobierno catalán, etc. Todo ello fue acompañado por la militarización del orden público y por una represión del obrerismo más radical (anarquistas, que en 1927 crean la F.A.I.). Asimismo, como una de las intenciones del dictador era eliminar el caciquismo, se elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. La regeneración prometida quedó no obstante en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros.

Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centro el interés de Primo de Rivera. En colaboración con Francia, se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con gran éxito y la derrota de Abd el Krim.
A partir de 1926, se fue abandonando la idea de una dictadura transitoria tras la que se volvería al régimen constitucional, y Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia. La influencia del fascismo italiano fue muy clara. El camino hacia un régimen autoritario comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927). El sufragio universal quedó totalmente relegado al olvido.

Previamenteº, en 1924, se creó un partido único gubernamental que se llamó Unión Patriótica, cuya misión era proporcionar soporte social a la dictadura y seguir las directrices del poder. El somatén (a imitación de su modelo catalán) había de garantizar la seguridad pública.

Desde el punto de vista económico, la dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional, iniciada en los felices “años veinte”. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo notable gracias al fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidroeléctricos…).

Así, el gobierno aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional, que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que podía competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios, como la compañía Telefónica Nacional de España, o la compañía Campsa (petróleo y derivados). Todo ello fue financiado mediante presupuestos extraordinarios, de forma que el presupuesto ordinario del estado cada año parecía equilibrado, pero se iba acumulando una gran deuda extraordinaria. En la agricultura se promovió el regadío a través de la creación de las Confederaciones Hidrográficas.

Para poner en marcha un modelo de regulación del trabajo, se creó la organización Corporativa Nacional, a imitación del fascismo italiano, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones (sindicalismo vertical) y regulaba los conflictos laborales a través de los Comités Paritarios.
La oposición a la dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, los nacionalistas (Estat Català, de Maciá), los comunistas (ilegales), los anarquistas, determinados sectores del ejército y casi la totalidad de los intelectuales. Los socialistas se van incorporando también poco a poco a la oposición. Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen e incluso se realizaron conspiraciones militares como el complot de la “sanjuanada”, en junio de 1926.
La creciente oposición al dictador se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía. En esta tesitura, el rey optó por retirar su confianza en Primo de Rivera, quien acabó dimitiendo el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional, aunque se mantuvieron muchas formas anteriores (dictablanda). La oposición comenzó a organizarse y, acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), un programa para presentarse a las elecciones y constituir un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura república. Berenguer fue incapaz de preparar elecciones y, en febrero de 1931, fue sustituido por el almirante Aznar, que inició unos comicios establecidos a tres niveles: municipales, provinciales (diputaciones) y legislativos. El gobierno decidió convocar las elecciones municipales en primer lugar, al considerarlas las menos peligrosas para la monarquía, y las fijó para el 12 de abril de 1931. Se intentaba volver a la normalidad, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.

El resultado de las elecciones del 12 de abril dio la victoria a las fuerzas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII renunció a la Corona, abandonó España y el 14 de abril se proclamó la República, poniendo fina la Restauración borbónica.
En conclusión, en un contexto internacional temeroso de las revoluciones bolchevique sy proclive a la dictadura – e incluso al fascismo, que sube al poder en Italia en 1922-, el gobierno de Primo de Rivera supone un intento de salida autoritaria a la crisis del sistema de la Restauración que fracasa por la rápida pérdida de apoyos y la falta de un partido de masas ideologizado al estilo fascista dispuesto a seguir las consignas del líder. A esto se unirá el carácter del propio dictador, más cercano al populismo protector que a un dictador fascista.

No obstante, la propia acción de la dictadura frente a republicanos, anarquistas, nacionalistas y el mundo universitario unido a la colaboración posterior de los socialistas, facilitaron el despegue de los movimientos políticos de la oposición que jugarían un importante papel en el periodo republicano posterior.

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