Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y






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E

Consejo Económico y Social


NACIONES UNIDAS


Distr.
GENERAL

E/CN.4/2002/72/Add.1
24 de enero de 2002

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

ESPAÑOL E INGLÉS ÚNICAMENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

58º período de sesiones

Tema 11 d) del programa provisional

LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON: LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL,
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA IMPUNIDAD

Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados, Sr. Dato'Param Coomaraswamy, presentado de conformidad
con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos


Adición

Informe sobre la misión cumplida en México

ÍNDICE

Párrafos Página

Lista de siglas 3

Resumen ejecutivo 4

INTRODUCCIÓN 1 - 11 9

I. ANTECEDENTES GENERALES 12 - 16 11

II. LA CONSTITUCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA 17 - 31 12

GE.02-10345 (S) 260202 020302

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

III. PRIMACÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 32 14

IV. EL PODER JUDICIAL 33 - 77 14

V. TRIBUNALES MILITARES 78 - 81 22

VI. EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA
GENERAL 82 - 91 23

VII. ABOGADOS DE OFICIO 92 - 97 26

VIII. LA PROFESIÓN JURÍDICA 98 - 112 27

IX. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 113 - 116 30

X. LA IMPUNIDAD 117 - 124 31

XI. COMISIÓN NACIONAL Y COMISIONES ESTATALES DE
DERECHOS HUMANOS 125 - 131 32

XII. OTRAS CUESTIONES 132 - 161 34

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 162 - 192 41

LISTA DE SIGLAS

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

DF Distrito Federal

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional

IACHR Comisión Interamericana de Derechos Humanos

MP ministerio público

PAN Partido de Acción Nacional

PGR Procuraduría General de la República

PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado

PGDF Procuraduría General del Distrito Federal

PRI Partido Revolucionario Institucional

PRODH Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"

TEPFJ Tribunal Electoral del Poder Federal Judicial

TSJ Tribunal Superior de Justicia

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen ejecutivo

El presente informe corresponde a una misión de seguimiento llevada a cabo en México del 13 al 23 de mayo de 2001 por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

El Relator Especial decidió emprender esa misión porque había recibido informaciones alarmantes acerca del estado de derecho, la administración de justicia y, en particular, la independencia del poder judicial en México.

Durante la misión, el Relator Especial visitó las ciudades de México D. F., Chihuahua y Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua, y Tepic en el Estado de Nayarit. Se entrevistó con funcionarios del Gobierno, miembros de la Suprema Corte de Justicia, miembros del poder judicial federal, miembros del poder judicial en el Distrito Federal, en los Estados de Chihuahua y Nayarit y miembros de los colegios de abogados. Además, se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales, con particulares y con representantes de organizaciones internacionales.

El Relator Especial agradece la buena disposición y sinceridad del Gobierno, así como de sus diversos interlocutores en la administración de justicia para abordar los problemas que afectan a sus respectivas instituciones y organismos. El diálogo con las organizaciones no gubernamentales, los grupos de la sociedad civil y particulares fue también sumamente constructivo y fructífero.

Conclusiones

Durante su misión, el Relator Especial observó que el proceso iniciado en 1994 para fomentar un clima de independencia judicial se ha caracterizado por su lentitud. La impunidad y la corrupción siguen, al parecer, prevaleciendo. Sean cuales fueren los cambios y reformas, no se ven por ninguna parte. La situación reinante es de sospecha, desconfianza y falta de fe en las instituciones de la administración en general, y de la administración de justicia en particular.

De las conversaciones que sostuvo a lo largo de la misión, el Relator Especial sacó la impresión de que existe una voluntad y una determinación políticas en la actual administración de reformar la administración de justicia. La promesa del Presidente de nombrar un procurador especial para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos revelados en el reciente informe sobre desapariciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su decisión de abrir al público los archivos del servicio de inteligencia nacional correspondientes al período 1970 1985 constituyen un avance digno de elogio en la lucha para acabar con la impunidad reinante en el país.

El Relator Especial observa una disparidad entre la calidad de la justicia impartida por los tribunales federales y la de los tribunales de los Estados, debida en gran parte a las diferencias existentes en cuanto a disponibilidad de recursos. De conformidad con el derecho internacional, el Gobierno Federal de México es responsable del sistema judicial, ya sea a nivel federal o a nivel local. Para la inmensa mayoría de la población de México el acceso a la justicia ha de pasar por los tribunales de los Estados.

El Relator Especial desea señalar que las reformas en el ámbito de la administración de justicia no están coordinadas. Esa descoordinación puede ser un lastre para un funcionamiento global con las debidas garantías de la administración de justicia. Entre otros problemas identificados por el Relator Especial en relación con la administración de justicia, cabe citar: el incumplimiento de las sentencias de los tribunales, los obstáculos para el acceso a la justicia, especialmente en los Estados; y la falta de una investigación efectiva de las denuncias de corrupción judicial.

El Relator Especial manifiesta también su preocupación por:

La falta de imparcialidad de los tribunales militares;

La desorganización de la profesión jurídica;

Las dificultades a que se enfrentan los letrados para entrar en contacto con sus clientes encarcelados o detenidos en las comisarías de policía;

El hostigamiento y la intimidación constantes de los abogados, en especial de los que se ocupan de casos relacionados con los derechos humanos y de los defensores en ese ámbito, así como la carencia de la protección que deben facilitar las autoridades;

La mala calidad de los servicios prestados por la defensoría pública;

La violación de las normas universalmente reconocidas que han de regir los procesos con las debidas garantías, entre las que figura la de no aceptar como prueba válida las declaraciones obtenidas bajo coacción.

Los retrasos ocasionados por el procedimiento de amparo, su complejidad y su elevado coste, que obstaculizan el acceso a la justicia para todos;

Las dificultades generales para acceder a la justicia que experimentan los miembros de la comunidad indígena, la inexistencia de intérpretes y la falta de sensibilidad del sistema judicial para con sus tradiciones jurídicas;

La prevalencia de condiciones de trabajo análogas a la esclavitud entre los emigrantes indígenas en las explotaciones agropecuarias del Estado de Chihuahua;

La inexistencia de tribunales independientes para niños y adolescentes;

La ineficacia e ineptitud de las investigaciones sobre los más de 189 asesinatos de mujeres cometidos desde 1994 en Ciudad Juárez, Chihuahua;

Las desigualdades de género.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones del Relator Especial cabe citar las siguientes:

a) Debe asignarse al poder judicial un porcentaje fijo anual del presupuesto federal. La Constitución ha de consagrar la primacía de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Gobierno sobre la legislación nacional. La Constitución ha de establecer asimismo que las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos a nivel nacional y de los Estados tengan carácter vinculante para todas las autoridades, incluido el Gobierno Federal. En sus respectivas Constituciones, los Estados deben prever la asignación de un porcentaje fijo del presupuesto al poder judicial, la inamovilidad de los jueces a todos los niveles y la creación de consejos de la judicatura.

b) En lo tocante al poder judicial,

Es preciso emprender una evaluación del número de tribunales necesarios, tanto a nivel federal como a nivel de los Estados, para hacer frente a las necesidades de la población en materia de acceso a la justicia.

En la evaluación de los nombramientos judiciales y de la formación continua de carácter jurídico para los jueces, hay que hacer hincapié en las normas y disposiciones internacionales de derechos humanos, incluidas las debidas garantías que deben regir los procesos. Es menester dotar de mayor transparencia a los procedimientos de nombramiento de cargos judiciales a todos los niveles.

Con objeto de mantener su independencia e integridad, es necesario que el poder judicial disponga de las facultades, mecanismos y recursos imprescindibles para hacer efectivas sus propias sentencias.

Todos aquellos que trabajan en la administración de justicia han de tener a su disposición los textos de las leyes y de los fallos de los tribunales superiores.

Debe redactarse y publicarse un código deontológico único para los magistrados y jueces de todos los niveles de la administración de justicia.

Para abordar la corrupción judicial, podría estudiarse la posibilidad de que todos los magistrados y jueces declarasen su patrimonio ante el Consejo Judicial en el momento de ser nombrados y posteriormente con una determinada periodicidad.

c) El Consejo Judicial debe desarrollar sus actividades con independencia de la Suprema Corte y de otras instancias del Gobierno. Los procedimientos disciplinarios han de ser transparentes y ajustarse a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

d) Las autoridades civiles deben investigar los delitos supuestamente cometidos por militares contra la población civil, para disipar las sospechas de parcialidad. Es menester modificar la legislación vigente a fin de permitir que la judicatura civil pueda juzgar a miembros del ejército acusados de haber cometido delitos específicos de carácter grave contra civiles, estando fuera de servicio. Es preciso estudiar con la máxima celeridad la posibilidad de apartar a los militares de la vigilancia del orden público en la sociedad.

e) Hay que acelerar el proceso de destituir al personal incompetente e ineficaz del ministerio público para ganarse la confianza de la ciudadanía.

f) Es menester independizar la Defensoría Pública del poder ejecutivo. Los abogados de oficio deben estar adecuadamente remunerados y su volumen de trabajo ha de ser razonable. Es necesario comprobar que posean el título de abogado y que hayan recibido una formación apropiada.

g) El Gobierno debe emprender sin demora un estudio de la carrera de abogado y de las condiciones necesarias para ejercer la profesión, tanto a nivel federal como de los Estados. Sería conveniente que un órgano o una institución independiente integrado por jueces, abogados, universitarios y representantes del ministerio público supervisara y aplicara criterios uniformes en lo tocante a las condiciones que deben reunir los abogados para ejercer su profesión. La legislación debe velar por que el Colegio de Abogados esté dotado de autonomía y disponga de su propio reglamento, tanto a nivel federal como de los Estados. Toda la profesión debe regirse por un código deontológico único, de cuyo cumplimiento se encargará un órgano de disciplina creado por ley.

h) Es preciso investigar y rendir cuentas públicamente de todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las denuncias de corrupción generalizada, algunas de mucha resonancia. Sólo entonces podrá la opinión pública empezar a confiar en las instituciones estatales. En ese sentido, el Relator Especial insta a todos los miembros de la anterior administración a prestar un firme apoyo a los integrantes de la actual administración en su lucha contra el flagelo de la impunidad. En el momento en que se tenga constancia de que algún cargo público ha cometido violaciones de los derechos humanos, deberá ser destituido de su puesto.

i) La policía y las autoridades penitenciarias deben respetar el derecho de los detenidos a disponer de asistencia letrada.

j) El Gobierno ha de facilitar la protección necesaria a los abogados y defensores de los derechos humanos contra todas las formas de amenaza, hostigamiento e intimidación. Es menester investigar a fondo las informaciones sobre tales amenazas, hostigamiento e intimidaciones y poner en manos de la justicia a sus autores.

k) En cuanto a los procesos con las debidas garantías:

El Gobierno debe velar por que las confesiones obtenidas mediante coacción no puedan ser utilizadas como prueba en los juicios. No podrá otorgarse valor probatorio a las declaraciones de los detenidos, a menos que hayan sido hechas delante de un juez. Es preciso investigar debidamente todas las denuncias de tortura y procesar a sus autores.

El Gobierno deberá reabrir todo los casos en que existan motivos fundados para creer que hubo personas condenadas por confesiones obtenidas mediante coacción.

Los jueces deberán dejar de delegar en los secretarios la tarea de levantar acta de las pruebas aportadas.

No deberá autorizarse la celebración de juicios en las cárceles de máxima seguridad.

l) Es preciso proceder a una revisión del procedimiento de amparo para que resulte menos costoso, y más sencillo, rápido y eficaz.

m) El Gobierno debe examinar la posibilidad de garantizar la independencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y tribunales agrarios y de integrarlos en la judicatura.

n) Es menester aplicar los acuerdos sobre los derechos y la cultura de los pueblos indígenas firmados por el Gobierno y el EZLN y reconocer las tradiciones y normas indígenas siempre que no entren en conflicto con el ordenamiento jurídico del país. En el caso de que tengan que presentarse a juicio acusados indígenas que no hablen español, habrá que garantizar la presencia y la ayuda de un intérprete competente. Deberán tomarse medidas inmediatas para abolir las condiciones de trabajo análogas a la esclavitud que padecen los inmigrantes indígenas.

o) Deberá aplicarse sin demora la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Habrá que crear tribunales independientes que se ocupen de los menores.

p) Es preciso investigar a fondo todos los asesinatos aún no resueltos de mujeres en Ciudad Juárez y llevar a sus autores ante la justicia. Es preciso eliminar las prácticas discriminatorias contra la mujer en el lugar de trabajo. Habrá que desarrollar programas para potenciar el acceso de la mujer a la justicia.

Proyecto piloto

A fin de reforzar el imperio de la ley y la independencia del poder judicial en México, y de conformidad con las normas internacionales, el Relator Especial propone la creación de un proyecto experimental en dos Estados, que podría ponerse en práctica dentro del marco del proyecto de cooperación técnica que ha emprendido en México la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

INTRODUCCIÓN

1. El presente informe corresponde a una misión llevada a cabo en México del 13 al 23 de mayo de 2001 por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en cumplimiento del mandato establecido en la resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos, mandato renovado por las resoluciones 1997/23 y 2000/42, en virtud de las cuales se prorrogó por un nuevo período de tres años. Con arreglo a ese mandato, el Relator Especial debe investigar toda denuncia que se le transmita e informar sobre sus conclusiones al respecto.

2. El Relator Especial ha recibido información sobre la corrupción generalizada que reina entre los jueces, abogados y procuradores, así como denuncias acerca del alto nivel de impunidad. La información recibida suscitaba, en general, inquietud acerca del estado de derecho, la administración de justicia, y en especial, la independencia del poder judicial en México.

3. El 24 de enero de 2000, el Relator Especial se entrevistó con el Representante Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a fin de examinar la posibilidad de realizar una misión en México. El 19 de abril de 2000, el Gobierno invitó oficialmente al Relator Especial a llevar a cabo una misión in situ en el segundo semestre de ese año. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2000, que trajeron consigo un cambio de gobierno en México, se acordó aplazar la misión hasta después de la toma de posesión del nuevo Gobierno. Durante el 57º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra del 19 de marzo al 27 de abril de 2001, el Relator Especial se entrevistó con representantes del Gobierno de México y se acordó que la misión tendría lugar en mayo de 2001.

4. En el curso de la misión, el Relator Especial celebró reuniones con la Embajadora Especial para los Derechos Humanos, Sra. Mariclaire Acosta; el Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; el Secretario del Interior, Santiago Creel Miranda; el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha; el Procurador General Militar, Jaime Antonio López Portillo; el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes; el Director del Instituto Federal de Defensa Pública, César Esquinca Muñoa; el Director del Instituto Nacional Indigenista, Marcos Matías Alonso; los miembros de las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Senado; y los miembros de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. También participó en reuniones conjuntas con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Defensa, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría del Interior, de la Oficina del Procurador General de la República, del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se entrevistó asimismo con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Genaro Góngora Pimentel, y sus ministros; los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Federal (Sala de lo Penal) y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado Federal (Sala de lo Civil); el Consejo de la Judicatura Federal y el Director del Instituto de la Judicatura Federal, Julio César Vázquez Mellado. El Relator Especial celebró asimismo reuniones con los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el Presidente del Colegio de Abogados de México, Claus von Wobeser y miembros de éste.

5. El Relator Especial se reunió también con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (D.F.), Juan Luis González Alcántara Carrancá y magistrados y jueces del D.F.; el Director del Instituto de Defensoría Pública, D.F., Carlos Paniagua; el Procurador General del D.F., Bernardo Bátiz Vázquez; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., Luis de la Barrera Solórzano. En Chihuahua, el Relator Especial se entrevistó con el Procurador General del Estado, Arturo González Rascón; el Presidente, Pablo Zapata Zubiaga y miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Óscar Francisco Yañez Franco; y miembros de los colegios de abogados. En Ciudad Juárez, el Relator Especial celebró reuniones con la Procuradora Especial, Sra. Sally Ponce y con jueces de primera instancia. En Tepic, el Relator Especial se reunió con miembros de los colegios de abogados; con su Presidente, Jesús Ramírez García, miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura del Estado; el Procurador General del Estado, Armando Bañuelos Ahumada; el Secretario de Interior, Víctor Achondo Paredes; y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Sra. Luz María Parra Cabeza de Vaca.

6. El Relator Especial también se entrevistó con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos especializados de las Naciones Unidas.

7. El Relator Especial celebró asimismo reuniones con particulares y con representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con su mandato, como el Dr. Jorge Carpizo, el Dr. Ricardo Méndez Silva, el Dr. Héctor Fix Zamudio, la Sra. Pilar Noriega, el Sr. Israel Ochoa Lara y representantes del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (PRODH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Liga Mexicana de los Derechos Humanos y el Congreso Nacional Indígena. El Relator Especial celebró además reuniones con representantes de la comunidad empresarial.

8. El Relator Especial visitó las ciudades de México, D.F., Chihuahua y Ciudad Juárez (ambas en el Estado de Chihuahua y Tepic (en el Estado de Nayarit).

9. Al término de la misión del Relator Especial, tuvo lugar una conferencia de prensa para dar a conocer las observaciones preliminares de la misión.

10. El Relator Especial quisiera agradecer al Gobierno de México su invitación para visitar el país y la organización y asistencia prestada durante la misión. Da las gracias también a todas las demás instituciones, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y a los particulares por su cooperación y ayuda.

11. El Relator Especial desea asimismo agradecer a la oficina del PNUD en la Ciudad de México su valiosa asistencia durante la misión.

I. ANTECEDENTES GENERALES

12. México, con una población estimada de 102 millones de habitantes es una república federal integrada por 31 Estados y un Distrito Federal, a saber, México D.F., donde reside el Gobierno Federal. Desde el decenio de 1920 hasta el año 2000, ha estado gobernado por el mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, las elecciones presidenciales de julio de 2000 dieron la victoria a un candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), Vicente Fox. La nueva administración tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre de 2000.

13. En 1994, se introdujeron enmiendas de amplio alcance en la Constitución supuestamente para reformar la administración de justicia y potenciar el estado de derecho. Se trataba de medidas complementarias al discurso programático del entonces Presidente, Sr. Ernesto Zedillo, durante su campaña electoral, en el que exponía su propósito de combatir las violaciones de los derechos humanos, el tráfico de drogas, el notable incremento de la delincuencia organizada, los asesinatos políticos, las muertes de periodistas, el levantamiento de Chiapas y la corrupción generalizada. Estas enmiendas, que ascendían a 27, fueron aprobadas a toda prisa por el Congreso en el plazo de diez días y ratificadas por el número necesario de Estados al cabo de una semana. Según los informes, se redactaron en condiciones de la máxima confidencialidad sin ser comunicadas ni siquiera a los miembros del poder judicial. Como consecuencia de esas enmiendas, se disolvió el Tribunal Supremo y se redujo el número de ministros (magistrados) de ese Tribunal de 22 a 11. De ser inamovibles, esos magistrados pasaron a tener un mandato no renovable de 15 años. Otra consecuencia de esa disolución, decidida sin que se tomaran medidas de transición para asegurar la continuidad del máximo órgano judicial de México, fue el período de vacío institucional entre diciembre de 1994 y febrero de 1995 en que no existió la Suprema Corte, lo que constituye una quiebra del estado de derecho en México. Entre las demás enmiendas cabe destacar la creación del Consejo de la Judicatura Federal (Consejo Judicial). En 1997, salió a la luz el conflicto entre la oficina del Procurador General y la Suprema Corte. Parece ser que la oficina de la Procuraduría General, para no tener que asumir su estrepitoso fracaso en la lucha contra la delincuencia, responsabilizó al poder judicial del deterioro del imperio de la ley y la administración de justicia en el país, lo que dio lugar a un cruce de acusaciones públicas entre el poder ejecutivo y el poder judicial.

14. Desde 1995, el Gobierno se ha visto envuelto en un violento conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo guerrillero indígena. El conflicto se circunscribe al Estado de Chiapas. La nueva administración del Presidente Fox ha prometido resolverlo. Con tal fin, se acordó liberar a los presos del EZLN y cerrar siete bases militares en Chiapas. Se ha presentado al Congreso un proyecto de ley para reconocer los derechos de los indígenas, sobre la base de una propuesta efectuada en 1996 por la Comisión de Concordia y Paz que contaba con el apoyo de la comunidad indígena. Sin embargo las comunidades indígenas consideran que las enmiendas introducidas en este proyecto de ley por el Senado y el Congreso han socavado profundamente las garantías del proyecto. Coincidiendo con la visita del Relator Especial, este proyecto de ley estaba pendiente para su promulgación de ser aprobado por la mayoría de los Estados. Desde entonces, ha entrado en vigor tras haber sido aprobado por 17 Estados, aunque los 14 que la rechazaron son los que cuentan con un porcentaje más alto de comunidades indígenas.

15. México es parte de todos los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero no así de ninguno de los protocolos facultativos ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni de la Convención sobre los Derechos del Niño o de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Reconoce también la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. México ha recibido visitas de otros Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos: el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en agosto de 1997, el Relator Especial sobre la venta de niños en noviembre de 1997, el Relator Especial sobre los desechos tóxicos en noviembre de 1998 y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en julio de 1999. México ha recibido también visitas del Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Minorías en los meses de enero y febrero de 2000 y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en noviembre de 1999 y diciembre de 2000. Durante su visita en diciembre de 2000, la Alta Comisionada y el Presidente Fox firmaron un acuerdo sobre un programa de cooperación técnica. En el momento de la visita del Relator Especial, este proyecto se encontraba en la primera fase de ejecución.

II. LA CONSTITUCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

17. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos data de 1917. Ha sido enmendada en más de 130 ocasiones. Es una de las constituciones más largas que haya podido consultar el Relator Especial. Como se mencionó anteriormente (véase supra párrafo 13), en diciembre de 1994 se introdujeron enmiendas de gran envergadura en relación con la administración de justicia. Fue modificada nuevamente en 1996 y 1999. Las enmiendas de 1999 trajeron consigo transformaciones en los sistemas judiciales de los diferentes Estados. El Relator Especial ha tenido noticias de que el Gobierno ha creado un Comité para proceder a un examen de la Constitución.

18. El capítulo I de la Constitución prevé garantías individuales, incluido el derecho a un juicio con las debidas garantías. El artículo 13 establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. También prohíbe que los tribunales militares puedan extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército.

19. El artículo 17 dispone que tribunales independientes e imparciales administrarán justicia sin demora y emitirán resoluciones de manera pronta. Establece también la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.

20. El artículo 49 estipula la división del supremo poder de la Federación en legislativo, ejecutivo y judicial.

21. El capítulo IV del Título Tercero de la Constitución versa sobre el poder judicial. El artículo 94 establece que el ejercicio del poder judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. El artículo 94 prevé también que la administración, vigilancia y disciplina del poder judicial de la federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como también que los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia (denominados ministros) durarán en su encargo 15 años y no podrán ser nombrados para un nuevo período

22. El artículo 95 fija los requisitos mínimos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos, poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación y no haber ocupado un cargo ejecutivo o legislativo de alto nivel durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

23. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 96 dispone que el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual designará al ministro que deba cubrir la vacante. Ese mismo artículo establece que ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República si el Senado no resolviere dentro del plazo de 30 días o si la Cámara de Senadores rechazara la totalidad de la terna propuesta y una vez que el Presidente someta una nueva que fuera también rechazada.

24. Cada cuatro años, el pleno de la Suprema Corte de Justicia elegirá de entre sus miembros al Presidente, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.

25. En cuanto a los magistrados de circuito y los jueces de distrito, el artículo 97 prevé que serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal (Consejo Judicial). Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca el Título Cuarto de la Constitución. El procedimiento es similar al juicio político.

26. La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito no podrá ser disminuida durante su encargo.

27. El artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

28. El Consejo de la Judicatura Federal se rige en cuanto a su composición y funciones por el artículo 100.

29. El artículo 101 dispone que los miembros del poder judicial no podrán en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo (ya sea público o privado) salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la judicatura federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial.

30. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución, el poder judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. Ese mismo artículo prevé que la independencia de los magistrados deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los Estados. Las constituciones de los Estados deberán determinar también los requisitos necesarios para desempeñar cargos judiciales en el Tribunal Superior de Justicia que habrán de ser similares a las condiciones exigidas para los nombramientos de la Suprema Corte Federal, estipuladas en el artículo 95. Los jueces de los tribunales de primera instancia y de los demás tribunales creados en virtud de la Constitución de los Estados serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado respectivo, o el Consejo de la Judicatura del Estado, en el caso de que exista. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales y una vez confirmado su nombramiento sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones respectivas. No existe ninguna garantía constitucional análoga a nivel federal de permanencia en el cargo para los jueces de los tribunales de primera instancia ni para los de los demás tribunales de los Estados.

31. El artículo 102 establece la organización del ministerio público, que estará presidido por un Procurador General de la República designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado. Para ser nombrado Procurador se requieren condiciones similares a las exigidas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Incumbe al ministerio público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal.

III. PRIMACÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

32. El artículo 133 de la Constitución prevé que todos los tratados internacionales celebrados y ratificados por México serán la ley suprema de toda la Unión, siempre que estén de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sin embargo, en 1999, la Suprema Corte falló que los tratados internacionales tendrían primacía sobre las leyes del país. Este fallo tan favorable conlleva que si las disposiciones de los tratados internacionales son incompatibles con la Constitución o la legislación nacional de México, prevalecerán las disposiciones de los tratados.

IV. EL PODER JUDICIAL

33. El poder judicial federal en México está presidido por la Suprema Corte de Justicia.

34. La autoridad judicial en los Estados se ejerce a través de los tribunales establecidos por sus respectivas constituciones y posee en general la misma estructura que el sistema federal. La instancia suprema en los Estados es el Tribunal Superior de Justicia.

35. Los tribunales de los Estados tienen jurisdicción sobre los asuntos civiles y sobre la mayoría de los delitos cometidos en su territorio. Los tribunales federales tienen jurisdicción sobre determinadas categorías de delitos, como el tráfico de drogas o de armas y los cometidos contra el Gobierno o por funcionarios civiles federales y pueden además entender de los casos en que se invoca el recurso de amparo si se alega que se han violado las garantías individuales.

A. Tribunales, asignaciones presupuestarias y
cumplimiento de las sentencias


1. Nivel federal

36. Además de la Suprema Corte de Justicia, hay 131 tribunales colegiados, 54 tribunales de circuito y 201 juzgados de distrito a nivel federal. Los tribunales están organizados en 27 distritos. El Consejo de la Judicatura decide el número de tribunales de primera instancia.

37. Antes de crear un nuevo tribunal, se lleva a cabo un estudio social, económico y demográfico. El Relator Especial fue informado de que el Consejo de la Judicatura proyecta crear en 2001, 34 nuevos tribunales, de los 60 que considera necesarios para reducir el volumen del trabajo acumulado y facilitar el acceso al sistema de justicia.

38. El poder judicial federal ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, con miras a hacer frente al volumen de trabajo acumulado
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