Darío I restrepo, junio de 2012






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Documento de Trabajo No. 1

Espacio y poder

Darío I Restrepo, junio de 2012

Este trabajo sustenta la tesis según la cual es necesario introducir la dimensión espacial para comprender tanto la economía como la política económica, la evolución de las funciones y formas del Estado, así como las pugnas alrededor del sistema político. Nuestro objetivo es persuadir a los investigadores sociales que estudian el poder en sus manifestaciones económicas, políticas e institucionales, así como a los activistas que agencian programas alternativos, sobre la imposibilidad de entender el poder por fuera de sus configuraciones espaciales. En consecuencia pensamos que tampoco debieran formularse programas alternativos contenidos estrechamente en los entramados espaciales hegemónicos, ya que estos no son neutros, ni meros lugares en donde ocurren los acontecimientos, son un componente de los dispositivos organizadores de la dominación.1

Dimensiones espaciales del poder

Consideremos el sistema político. Las instituciones políticas, sus reglas, así como todo el sistema político es un conjunto de racionalizaciones alrededor de las soberanías, los derechos y los deberes políticos. Sobre qué se decide en el espacio público político, quién, cuando, bajo que reglas y con qué grado de incidencia; tales son las variables del poder político que siempre establecen mapas de validez y de estructuración espacial. Por ejemplo, en donde se eligen o no se eligen mandatarios locales o del nivel intermedio y con cuales prerrogativas mandatarias sobre su territorialidad, son cuestiones que concentran todas las relaciones de poder entre ámbitos espaciales: el nacional, el intermedio y el local. De esta manera se definen las prerrogativas que ordena el alcalde y los grados de mando del ejecutivo nacional en el ámbito local. Cambiando de lugar hacia las cámaras nacionales importa si estas se configuran con un criterio de representación territorial o poblacional. Es decir, si todas las entidades territoriales tienen los mismos representantes independientemente de la cantidad de habitantes, o por el contrario si la representación nacional se logra mediante la expresión de la mayoría de individuos del censo electoral. La representación proporcional de los territorios en la nación equilibra la incidencia política de cada territorio en la promulgación de leyes y la adopción de presupuestos públicos nacionales. En cambio, cuando la representación nacional está configurada con base en el número de personas votantes, los territorios más poblados, que suelen ser los más desarrollados, concentran la asignación de cargos, determinan las políticas públicas y la ejecución de los presupuestos nacionales en los territorios dominantes. De esta manera se crean y recrean colonialismos internos y se distribuyen de manera diferencial los poderes políticos entre territorios de una nación. También existe la posibilidad de tener dos cámaras nacionales, una configurada por el principio de la representación territorial y la otra por la representación individual, o una combinación entre ambos principios de representación como en Colombia, aunque en este caso con un claro sesgo a favor de la representación individual. No debe sorprender entonces que la mayoría de representantes y senadores colombianos provengan de Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Valle y que a la vez allí se concentre la mayor cantidad de población, inversión pública y privada, así como de dichas entidades territoriales han sido los ministros y presidentes en la historia nacional. El estudio de la especialidad del sistema político bastaría como aproximación para desentrañar la construcción histórica de los poderes en la historia de los países, tanto los políticos como también los económicos.

¿Qué distingue a una danesa de una colombiana?, unos derechos y deberes de ciudadanía que están determinados por las leyes y sistemas políticos de cada país. Nada parece más evidente que esta anomalía. Los derechos ciudadanos no son universales, sino locales, anclados en los Estados nacionales, los cuales con el tiempo han construido pactos y reglamentaciones sobre los derechos de los extranjeros y migrantes en territorios de acogida, así como también hemos pactado entre Estados nacionales derechos universales que debieran imperar en todo lugar.2 La lucha por los derechos globales y por la ciudadanía global no es otra entonces que la batalla por construir la espacialidad mundial como lugar de derechos para todos.3 Esta, quizás la pretensión más elevada de las reivindicaciones políticas contemporáneas, es en sentido estricto una aspiración espacial. O dicho lo anterior de manera más precisa: la realización de los derechos humanos sin discriminación alguna de tiempo, lugar y modo, aspiración que nació con “la modernidad”, solo puede lograrse cuando su vigencia tenga irrestricta plenitud planetaria.

Pasemos ahora a la administración pública. Por definición, la administración pública es la materialización de un poder administrado sobre personas que están en los territorios. En Bogotá más del 60% de las unidades prestadoras de servicios de salud se encuentran concentradas en el norte de la ciudad. Esto implica para los habitantes del sur desplazamientos más largos y costosos, así como mayor tiempo para llegar al lugar de atención. Más aun, ahora sabemos, en particular en una ciudad como Bogotá, -como en todas las grandes capitales del Tercer Mundo y cada vez más del primero también-, que las distancias que separan a las personas de los servicios implican mucho más que costos materiales, en la medida en que crean distancias simbólicas, barreras de acceso cultural y estéticas; literales fronteras entre mundos. La administración segmentada fragmenta las oportunidades, acerca los derechos para algunos y construye espacialmente la lejanía de su goce para la mayoría. La discriminación como los derechos se distribuyen territorialmente generando y manteniendo la marginalidad a raya, acercando los servicios, los placeres y la seguridad a algunos y reservando a otros una vida de precariedad administrada. El Grupo de Protección Social –GPS- del Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID- de la Universidad Nacional aplicó un análisis de equidad a la gran encuesta de calidad de vida en Bogotá.4 ¿Qué encontramos en este estudio? Qué existe una relación directa entre gradiente de clase social, menores riesgos de sufrir quebrantos de salud y afectación de la calidad de vida por enfermedad o calamidad. Al tiempo, entre más se asciende en el escalafón social mayores factores de protección, prevención y tratamientos se tienen en caso de necesidad. Entre más alta la posición de clase de la persona más seguridad en las calles y barrios, mejor infraestructura privada y pública, mejores seguros de salud, con más y mejores especialistas que practican un volumen mayor de exámenes preventivos. Además como ya se advirtió, la posición de clase asegura la cercanía de los servicios y especialistas a los lugares de residencia y trabajo. La pertenencia a la clase social alta determina una mayor esperanza de vida, menores riesgos de accidentes de trabajo y, en caso de catástrofe, menos riesgos de quedar lisiado de por vida. Por otra parte, la clase social también determina las barreras de protección contra las calamidades. Mejores seguros de salud brindan mejores tratamientos, aportan drogas de mejor calidad y en la cantidad necesaria medicadas por mejores especialistas, cuando no por equipos médicos que colectivizan sus saberes para la atención de pacientes con quebrantos. Es decir que las personas adineradas y con buenos patrimonios concentran menores riesgos y más protecciones ante la salud, la enfermedad y la calidad de vida. En el otro extremo de la gradiente social ocurre exactamente lo contrario. Los desprovistos de fortuna concentran todos los riesgos, trabajos precarios, mal pagos, inestables y sin contratos que garanticen seguridad en los ingresos. Los barrios atraen la inseguridad y los desplazamientos al trabajo recorren mayores distancias en las que se enfrentan a riesgos de seguridad y accidentalidad. Los factores de vulnerabilidad se concentran en la población pobre al punto que en la última década se ha asimilado pobreza con vulnerabilidad, es decir, con riesgos de súbito deterioro patrimonial, de la calidad de vida, de los ingresos y de la salud.5 Los barrios de pobres son los de los lisiados, accidentados frecuentes en el trabajo y la calle. Al mismo tiempo, son inobjetables las evidencias que demuestran como la clase social determina los precarios niveles de protección. Las clases bajas tiene seguros de salud menos buenos, con planes incompletos, enfermedades prohibidas para pobres, están sometidos a tratamientos truncados, a la negación de exámenes y medicamentos y al hacinamiento en los hospitales públicos. La pertenencia a la clase social baja determina claramente una mayor exposición a múltiples riesgos con instrumentos de protección más precarios. El punto que queremos señalar en este trabajo es que estas diferencias de clase se organizan en el espacio. Existe una perfecta correspondencia entre la distribución social de riesgos y protecciones con la segmentación territorial de las clases, los servicios y los seguros. Por lo tanto, a pesar de la evidente popularidad de hablar en términos de la división de la sociedad en clases, nosotros consideramos más pertinente considerar la división socio territorial de las clases. La introducción de la dimensión espacial al análisis de las clases sociales no es un mero surplus de sentido que enriquece el concepto de clase social, sino constitutivo de la creación y reproducción de las clases sociales. Para decirlo de otra manera, la creación de las diferencias de clase es al tiempo la creación de la separación de sus territorios, es la emergencia de distancias en el habitar y el trasegar, es la construcción de un orden espacial que consagra, defiende y reproduce las diferencias de clase. Toda la presencia del Estado y de la administración no son otra cosa que la concreción de los grandes aparatos de discriminación espacial entre las clases. De la misma manera, la reivindicación de una extensión universal (socio territorial) de servicios para toda la población en cuanto a derechos a la salud, la educación, la vivienda y un ingreso básico de ciudadanía6 se confunde con la pretensión del logro de una igualdad en la ciudadanía social. Por lo tanto, la lucha por extender los derechos sociales no puede ser otra que aquella por una cobertura territorial uniforme para toda la población sin discriminación por territorio, género, clase o etnia.

Hasta ahora la conclusión es la siguiente: el espacio no es solo el lugar donde ocurren las cosas, es el lugar a través del cual se organizan las discriminaciones y las oportunidades; la política siempre define espacialmente los derechos y los deberes; y la configuración espacial de la administración siempre configura la repartición de derechos, protecciones y riesgos. En este sentido, el Estado es un gran organizador y reproductor de las diferencias socio territoriales entre las clases.

Pasemos ahora a la economía. La economía siempre es espacial. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, como en la mayoría de las facultades dedicadas a esta disciplina, se habla todavía en términos genéricos de la ley de oferta y demanda, de la elasticidad de precios, del crecimiento del PIB, de la tasa general de empleo o de la informalidad laboral. Ninguno de estos conceptos tienen vigencia por fuera de su materialidad territorial, no solo porque ocurren en algún sitio, sino porque el entramado territorial en donde ocurren explica su vigencia o invalidez, si intensidad relativa, tanto como los factores que la producen. En la década del 80 y 90 en Colombia fue mayor la tasa de rentabilidad y las utilidades de las empresas que los niveles de ahorro, consumo e inversión. ¿Significa entonces que no es cierta dicha correspondencia que tanto han predicado los economistas durante el siglo XX y lo que va corrido de este?. No necesariamente, lo que pasó es que en esas décadas la tasa de interés en los Estados Unidos fue alta y muchos capitalistas exportaron sus excedentes monetarios, mientras prefirieron endeudarse en el mercado nacional a menores tasas de interés. Cuando el valor del dinero subió en Colombia los excedentes inundaron las arcas del sector financiero en vez de la economía real. Por lo tanto, la relación entre rentabilidad del capital, ahorro, consumo, inversión y flujos monetarios entre sectores económicos no obedece a ninguna ley general que escape a las relaciones económicas y políticas en el espacio. ¿Por qué la intensa emisión monetaria emprendida por las autoridades de la reserva federal de los Estados Unidos desde que desprendieron el dólar de su convertibilidad en oro en 1971 no se ha traducido en una inflación correspondiente en ese país? ¿Acaso es invalida la tesis monetarista entre el incremento del circulante monetario y la inflación?7. La respuesta a nuestro juicio es porque los Estados Unidos exportaron la inflación durante los años 70 y 80 y después forzaron-exportaron un severo ajuste en los niveles de gasto y consumo en países del Tercer Mundo para contraer la inflación general causada por su exportación de capitales. La correspondencia entre cantidad de moneda e inflación no es entonces “generalmente válida”, por lo menos no se cumplió durante los últimos 40 años en los Estados Unidos, y no lo hizo porque desplegó una estrategia espacial que anuló su efecto nacional, pero lo trasladó de sitio. Mi conclusión entonces es que no hay economía que no sea economía geográfica. Cuando uno afirma que el PIB de Colombia creció en promedio en un 4.0% en la última década no debiera ignorar que más del 65% está concentrado en Bogotá, Cali y Medellín y sus áreas de influencia, que no siquiera en sus departamentos, sino en la Sabana de Bogotá, los municipios vecinos a Cali y el Valle de Aburrá. A través del tiempo unos departamentos crecen y otros decrecen.8 Algunos crecen ligados a la economía minera, es decir aquella actividad de extracción de recursos naturales para la cual el capital, el trabajo y la tecnología vienen de afuera de la región y hacia afuera van sus excedentes. La concentración regional del PIB y la extensión tentacular en el territorio de la agroindustria, la minería y las grandes plantaciones diseñan la arquitectura del colonialismo interno, el cual alimenta los centros nacionales e internacionales de los flujos de poder. Las relaciones económicas siempre articulan y desarticulan los territorios, generan jerarquías geográficas, así como dinámicas “endógenas” o “dependientes” y centros articuladores de las actividades conectadas a través de múltiples escalas. El mapa de la geografía económica es aquel de las relaciones entre centro y periferia a nivel internacional y en cada país. Por este motivo el estudio de la dimensión espacial de la economía ayuda a superar el fetichismo que trata de leyes económicas abstractas universales como designios de la ciencia y la naturaleza, para despejar la vista a los entramados en los que se trenzan los poderes económicos y políticos en el espacio.

La vigencia actual del ordenamiento espacial

La configuración espacial de la política, el Estado y la economía están sometidas a grandes transformaciones desde la década del 80 del siglo pasado, entre las cuales los llamados procesos de globalización y descentralización son los fenómenos más vistosos. El Estado nacional habría sido el principal “ensamble” de la autoridad y los derechos dentro de los territorios de las naciones durante el siglo XX. Ahora comparte dichas capacidades con agentes privados (empresariales, sociales y políticos) que no tienen en la nación, ni en el Estado, su único lugar desde el cual actúan, sino que lo hacen desde otras arenas transnacionales y locales, muchas de ellas bajo una lógica privada y social más que formal y estatal.9 Nosotros compartimos esta constatación de Saskia Sassen, en la medida en que la coincidencia temporal de procesos de descentralización y globalización indican una reconfiguración espacial del poder, o para expresarse en la terminología de la bonaerense-holandesa: la cartografía multi escalar de los circuitos del poder está en plena mutación. No podría ser de otra manera en tiempos de crisis. David Harvey advierte que ante el agotamiento del modelo de acumulación desde los años 70 los agentes más importantes del capitalismo central despliegan una serie de estrategias espaciales para resolver el problema de la sobre acumulación financiera que no logra tasas de rentabilidad adecuadas.10 Es en los momentos de crisis que se exacerban las características de los amarres espaciales que configuran el poder económico, político y administrativo por lo que la crisis siempre aparece como un problema espacial; y su solución no podrá sino plantear un nuevo ordenamiento territorial de los fundamentos de la producción, la circulación y el consumo. Procesos que, en el decir de Harvey, transforman el actuar del imperialismo y explican la exacerbación de la depredación a escala planetaria desde los años 70 bajo la forma de guerras por el petróleo, la competencia voraz desatada alrededor de la apropiación de los recursos naturales y las masivas privatizaciones, a precios desvalorizados, de los grandes activos estatales.11 En la nueva geografía económica cambian los balances entre clases nacionales y transnacionales, las alianzas al interior de los Estados, las pugnas sociales y territoriales por los excedentes que circulan en los países, buena parte del paisaje productivo y del habitar, la geografía urbana, las infraestructuras, las relaciones entre el campo y la ciudad y la configuración misma de lo “urbano” y lo “rural”. Nosotros estamos de acuerdo con las tesis de Harvey pero consideramos que el desbarajuste del orden espacial es más profundo aun, al abarcar todo el orden político contenido dentro de los Estados nacionales dentro de un intenso sacudón, dando lugar, entre otros fenómenos, a un cuestionamiento de la estructura centralizada de los Estados nacionales, fueren estos federales o unitarios.12 Dicho desbarajuste implica re negociaciones de poder entre niveles territoriales dentro del Estado, tanto procesos de descentralización política como re-localizaciones productivas y nuevos balances de poder económico entre territorios dentro de las naciones. La segunda especificidad de nuestro aporte respecto de la contribución de Harvey es que el resultado espacial no se explica solo a partir de la lógica de la acumulación, sino de las pugnas socio territoriales al interior de la reestructuración de las relaciones capitalistas y del Estado. No es una lógica la que explica, -la del capital como si este fuera un sujeto con intención-, sino un conflicto, o más bien una multiplicidad de conflictos que provocan y literalmente se desatan con la doble crisis de la acumulación y del contenedor del Estado nacional.

Durante el siglo XX, en particular desde la década del 30 hasta mediados de la del 70, se habrían “estabilizado” ciertas relaciones entre economía, política e instituciones. Algunos llamaron a esta época el modelo fordista de acumulación para los países centrales y fordismo periférico para los dependientes.13 Un régimen de acumulación basado en la industrialización al interior de los espacios nacionales se compaginó con una fuerte intervención estatal sobre la economía mediante la política fiscal, comercial, monetaria y externa, y con la responsabilidad estatal en la reproducción del trabajo a través del desarrollo de una seguridad social con base en la asalarización. Economía, política económica y social se articularon a través de instituciones con gran incidencia estatal y de regulaciones centralizadas. La estabilización de dichos equilibrios dio lugar, después de la segunda guerra mundial, a la ilusión de que el capitalismo había superado las contradicciones internas autodestructivas. También alimentó los análisis estructurales que desde la sociología, las ciencias políticas y la economía crítica aminoraron la incidencia de la acción humana, el azar, la incertidumbre y las contradicciones inestables del sistema capitalista, para privilegiar el estudio de las grandes estructuras estables y auto reproducentes. En América Latina dicho ensamblaje fue conocido bajo el nombre de Modelo de Substitución de Importaciones – MISI -, para los que pusieron el énfasis en el modelo económico del equilibrio general, o como el Estado cepalino, desarrollista y populista para los que apreciaron la importancia de los sistemas políticos y las funciones estatales en la estabilidad social, económica y política del sistema. En dicha “fase de acumulación del capital”, o periodo de regulación, las relaciones espaciales tendieron a estabilizarse al punto de parecernos naturales. La política territorial se convirtió en una iniciativa sectorial de carácter relativamente marginal. En la década 70 regresa la importancia de “lo territorial” ligada a un conjunto de iniciativas para “ampliar e integrar” los mercados nacionales hacia más territorios, recursos naturales, personas y actividades económicas. Superar la estrechez de los mercados nacionales para ampliar la expansión territorial de los mercados, el Estado y los sistemas de integración institucional fueron objetivos cumbres que marcaron el fin de una época. Para superar la crisis de acumulación se pusieron en marcha dispositivos que integraron la dimensión espacial en los diagnósticos, tanto como en el portafolio de intervención. La estabilidad constatada por los estructuralistas y regulacionistas había empezado a sucumbir. Nuevos diagnósticos y propuestas se pusieron en marcha contrariando de manera frontal toda apelación a una necesaria intervención del Estado para superar la crisis. Por el contrario, de la mano de la ideología neoliberal se introdujo la creencia de que la intervención del Estado era el problema, la protección de los mercados nacionales de la libre competencia transnacional una manifestación crasa del pasado que se oponía al desarrollo del mercado y de la civilización. La forma centralizada de la administración pública y sus empresas participaban también de un sistema de organización territorial que contrariaba la vigencia plena de las leyes del mercado.

La ideología neoliberal no será el único dispositivo programático con diagnóstico y alternativas de solución a la crisis económica y de legitimidad estatal, pero si la más fuerte en incidencia sobre las elites de América Latina durante un par de décadas. Deberá, sin embargo, actuar con otras lecturas, intereses y estrategias que se disputan nuevos ordenamientos espaciales de la economía, la política y las instituciones. Para decirlo de una manera más completa: desde la década del 70 en Europa, 80 en América Latina, 90 en Europa del Este y 2000 en los países africanos se ha desatado una pugna por redefinir las relaciones entre centros y periferias al interior de los Estados nacionales. Lineamientos del orden espacial neoliberal han permeado la mayoría de formas de organización interna a la administración pública de los países, pero dichos ordenes están lejos de ser únicos, completos e in-cuestionados. Por el contrario, están sometidos a muchas presiones: étnicas, nacionales, sociales, políticas y empresariales. Incluso en los países que con mayor juicio han implementado la doctrina neoliberal en el manejo de la economía y el diseño de la arquitectura espacial del Estado subsisten confrontaciones por ordenamientos alterativos, así como además, una miríada grande e importante de usos, intereses y sentidos diferentes al interior de los ordenamientos dominantes.
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