Poder judicial en el estado social de derecho/poder disciplinario del juez/arbitrariedad judicial






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a. La competencia.
Se ha dicho que todos y cada uno de los jueces y magistrados de la República, son titulares de la potestad jurisdiccional, pues en ellos el pueblo soberano deposita la facultad de impartir justicia; bajo este presupuesto la competencia se define como "...la medida en que la jurisdicción se distribuye entre los distintos funcionarios a quienes corresponde administrar justicia...el lote o grupo de asuntos que le corresponde conocer a cada juez de la República..."; ahora bien, en tratándose de la facultad disciplinaria, siendo el Juez la máxima autoridad responsable del proceso, esta es inherente a la jurisdicción, pues es deber del juez, como director y máxima autoridad del proceso, garantizar que éste se adelante conforme lo ordena la ley, siendo de su exclusiva responsabilidad evitar que conductas irregulares de las partes intervinientes perturben su normal desarrollo. Por lo anterior, es inadmisible la acusación del demandante sobre ausencia de competencia del juez para imponer las sanciones de que trata la norma impugnada.
b. Las formalidades previas a la imposición de la sanción disciplinaria.
El artículo 29 de la Carta Política, señala la obligatoriedad de las formas propias de cada juicio, quiere esto decir, que las formalidades que se deben surtir de manera estricta en los casos en los que el juez haga uso de su poder disciplinario, son aquellas que la ley establece de manera específica para ese tipo de actuaciones, esto es, en el caso que nos ocupa, aquellas que se encuentran consignadas en las disposiciones impugnadas; refiriéndose a las sanciones de que trata el numeral 2 del artículo 39 del C.P.C. ha dicho esta Corporación:

"...dado el carácter punitivo de la sanción, asimilable, a la sanción de tipo penal, cuando el juez hace uso de la facultad correccional, a que alude el numeral 2 del art. 39 del C.P.C. y pretende sancionar con arresto a la persona que ha incurrido en una conducta que atenta contra el respeto debido a la dignidad del cargo, debe adelantar el correspondiente procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso (art.29 C.P.) y justificar la medida en criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirvan de causa." (Corte Constitucional, Sentencia T-351 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
No encuentra entonces la Sala argumento alguno que justifique la acusación del actor, relacionada con el presunto desconocimiento, en las disposiciones acusadas, del principio que exige la observancia de la plenitud de las formas procesales en actuaciones judiciales y administrativas, al contrario, éstas se encuentran detalladas en la norma impugnada de manera tal que configuran un procedimiento específico y sumario, que incluye el derecho a la defensa del presunto infractor, el cual se materializa a través del recurso de reposición que el afectado puede interponer.
c. El principio de la doble instancia.
La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la doble instancia ha manifestado:
" La doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso -pues la ley puede consagrar excepciones-, salvo cuando se trata de sentencias condenatorias, las cuales siempre podrán ser impugnadas, según el artículo 29 de la Carta." (Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón).
Es claro, que en el caso que ocupa a la Sala, las sanciones de tipo correccional que impone el Juez, en ejercicio de los poderes disciplinarios que la norma impugnada le otorga, como director y responsable del proceso, no tienen el carácter de "condena", son medidas correccionales que adopta excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales, consagrados en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil.
Tales medidas son procedentes, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:
Que el comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas o solicitar la práctica de las mismas; en este orden de ideas, ha dicho esta Corporación, "...debe entenderse modificado por la normatividad constitucional el artículo 39 del C.P.C." 7; que la falta imputada al infractor esté suficientemente comprobada, "...mediante la ratificación, con las formalidades de la prueba testimonial, del informe del secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia del escrito respectivo..."; que la sanción se imponga a través de resolución motivada, en la cual se precise, "...la naturaleza de la falta, las circunstancias en la que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción; que dicha resolución se notifique personalmente, señalando que contra ella procede el recurso de reposición. Cumplidos los anteriores presupuestos, se cumple de manera estricta el debido proceso.
Ha quedado plenamente demostrado que las disposiciones impugnadas no contradicen en nada el ordenamiento superior, al contrario, no obstante haber sido expedidas con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, ellas se ajustan a su filosofía y disposiciones, pues a tiempo que facultan al juez como depositario de la majestad de la justicia para imponer medidas correctivas que garanticen el normal desarrollo del proceso, del cual es director y responsable, establecen un procedimiento que garantiza el derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la C. P., el cual de no ser cumplido de manera estricta genera para el funcionario las responsabilidades que señala la ley, las cuales le corresponderá definir, y sancionar si es del caso, a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o a las autoridades disciplinarias correspondientes en el caso de funcionarios que gocen de fuero constitucional.
Finalmente, advierte la Corte que no existe contradicción entre lo dispuesto por el art. 39 del C.P.C. y lo que señala la ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, pues esta última norma es general, aplicable en todo caso cuando los respectivos Códigos de Procedimiento no hayan establecido una regulación especial.
Además, es indudable que, por su naturaleza, esta es una materia propia de las actuaciones procesales de las cuales se ocupan dichos códigos y que concierne a su regulación legal, y, en ningún caso contradice lo dispuesto en la Carta Política.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, actuando en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:
DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 2 del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 14 del artículo 1 del Decreto 2282 de 1989, expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la ley 30 de 1987, conforme a las consideraciones formuladas en esta providencia.
Copiése, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Presidente

JORGE ARANGO MEJIA

Magistrado

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

HERNANDO HERRERA VERGARA

Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

FABIO MORON DIAZ

Magistrado

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General


1 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 6 de febrero de 1989, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein

2 Corte Suprema de Justicia, Salvamento de Voto de los H. Magistrados Fabio Morón, Jairo Duque Pérez y Hernando Goméz Otálora, en relación con la decisión adoptada por Sala Plena, consignada en el Sentencia6 de 1989.


3De otto Ignacio, Estudios sobre el poder judicial. Edic. Centro de Publicaciones, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.

4 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto de 14 de julio de 1992.

5 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 6 de febrero de 1989, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein

6 Corte Suprema de Justicia, Salvamento de Voto de los H. Magistrados Fabio Morón, Jairo Duque Pérez y Hernando Goméz Otálora, en relación con la decisión adoptada por Sala Plena, consignada en el Sentencia6 de 1989.


7 Corte Constitucional, sentencia T-351 de 1993
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