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2ª. sesión.

El Estado liberal mexicano conserva la función gubernamental del cuidado de la salud de la población.

La consumación de la independencia no modifica substancialmente la organización administrativa del país en cuanto a la salubridad y a la atención médica. El imperio iturbidista reitera las Juntas Supremas de medicina, cirugía, farmacia del Protomedicato, que sin embargo no funcionaron, pero se creaban Juntas de Sanidad durante las epidemias en las provincias, apoyadas por las autoridades formales del gobierno, para enfrentar la contingencia epidémica, desapareciendo al terminarse la causa de su formación.

Es conocida la primera disposición administrativa de la Ciudad de México en materia de “salubridad, comodidad y cuantos bienes trae consigo una buena policía”, emitida por el Gobernador civil del Distrito Federal, Don. José Mendívil, que establece la obligación de asear las calles, construir letrinas y albañales en las casas.

Otro hecho importante es la preocupación del gobierno –desde Guadalupe Victoria– por el saneamiento de la ciudad de México y por la lucha contra las epidemias de cólera, de fiebre amarilla y de paludismo en todo el país.

La sustracción de fondos públicos para los hospitales por el gobierno colonial, para financiar las guerras de España en el siglo xviii y las consecuencias económicas del estatismo español, que se opuso reiteradamente al libre comercio que prevalecía en el resto de Europa, y que llevó al país a la decadencia nunca se logró que se desarrollara una industria capitalista provocó que las arcas de la Nueva España no estuvieran en condiciones de sufragar el mantenimiento de los hospitales. 75

Por otra parte, la desaparición de las encomiendas con la firma de la Cédula real del 23 de noviembre de 1718 obliga a que se pusiera mayor interés en el ramo de los tributos, “que había languidecido por dos siglos”, puesto que la Corona se había mantenido de los quintos reales de las encomiendas, hasta que fueron insuficientes.76

Las reformas borbónicas contribuyeron a la organización de la Hacienda Pública, pues los impuestos se habían ido imponiendo desordenadamente, de acuerdo a los descubrimientos de riquezas, principalmente minas y a los gastos bélicos de la metrópoli, así como por las necesidades de expansión evangelizadora y administrativa de la Nueva España.77

Sin embargo, la Corona siguió requiriendo cada vez más de los recursos de las colonias, y cuando se presenta la invasión francesa a España se descalabra toda la economía del Imperio. La guerra de independencia genera también muchos gastos a la hacienda novo hispana, de tal manera que cuando se toma el poder independiente de México la situación económica es catastrófica.

Administrados los bienes de los hospitales, unas veces por el Ayuntamiento y otras por diversas autoridades, se conservaron, sin embargo, hasta 1829, en que el Gobierno, en uso de facultades extraordinarias, vendió la mayor parte de ellos, y de los que habían quedado, se dispuso en 1842, también en uso de facultades extraordinarias, sin exceptuar algunos de los edificios mismos de los hospitales.78

La venta de los hospitales del gobierno a los particulares que efectúa Guadalupe Victoria en los años de 1828 debido a la precaria situación económica del erario público, y la misma decisión tomada por Santa Anna en 1842, por las mismas razones, afortunadamente no hace cambiar la política de salud del Estado mexicano que mantiene la preocupación por el bienestar de la población.

Cuatro aspectos han sido los fundamentales de la actividad administrativa del Estado mexicano con relación a la vida social: asentamientos humanos, asistencia pública, asistencia social y readaptación social.

(…) la segunda [asistencia pública]consiste en una responsabilidad básica de todo Estado. La tercera [asistencia social] será uno de los cometidos de la administración pública que distinguirá secularmente al Estado mexicano, hasta nuestros días79

Los establecimientos de asistencia pública, como se verá más adelante, jugaron un papel importante en el quehacer político y administrativo de México. La preocupación del gobierno independiente, desde Iturbide, hace que en 1822 se hagan declaraciones en el sentido de que la situación es precaria, puesto que la guerra de independencia ha dejado al erario público exhausto. Los establecimientos de beneficencia así se conocieron se mantenían de las aportaciones caritativas de los particulares y de la intervención estatal. Sin embargo, en aquellos tiempos, la ayuda privada se vio afectada por la guerra, puesto que los ricos españoles salieron del nuevo país, y los criollos y mestizos insurgentes que tenían bienes, habían invertido su hacienda en la guerra, por lo que desapareció la donación a los establecimientos de asistencia. Por otra parte, el gobierno estaba en una situación peor que los particulares y tampoco podía prestar su ayuda.

Lucas Alamán declara que además de la falta de recursos, la situación se complica por la desorganización que prevalece en las instituciones. Al referirse a los establecimientos dice:

(…) estos por otra parte aislados entre sí, sin un plan uniforme que simplificando su administración economice sus gastos y facilite socorros de toda especie a la humanidad doliente y menesterosa, exige que se les redujese a un sistema más adecuado a estos objetos.80

Como consecuencia de la situación y de la recomendación de Alamán, se crea, en 1823 la Junta de Beneficencia.

Otro asunto primordial en la administración pública mexicana es el proyecto, también producto de la mente de Alamán, de establecer bancos de ahorro para los jornaleros, que resulta ser un antecedente de la seguridad social y que posteriormente se implanta en el país. 81

Los hospitales que habían proliferado en los años de la colonia, disminuyeron drásticamente en el siglo xix por diversas razones. No obstante, subsistieron muchos de ellos y el Estado mexicano consideró siempre una prioridad el mantener la política social al respecto. En 1788, la capital del territorio contaba con: el Hospicio, la Casa de Cuna, y catorce hospitales, que fueron los siguientes:

(…) el de San Lázaro, el de la Concepción o de Jesús Nazareno, el de la Santísima Trinidad o de San Pedro, el Real de Naturales, el del Amos de Dios, el de San Hipólito, el de la Epifanía o de San Juan de Dios, el del Espíritu Santo, el de Betlemitas, el del Divino Salvador, el Valdivieso, el del Tercer Orden de San Francisco, el de San Andrés y el de San Antonio Abad o de San Antón. De éstos, estaban entonces a cargo de religiosos hospitalarios, el de San Juan de Dios, San Hipólito y Betlemitas.82

La mayor parte de estos hospitales sobrevivieron a la guerra de independencia y el gobierno los asumió como patrimonio de la nación. Incluso el hospital de San Hipólito, que estaba a cargo de los religiosos, pasa a depender del ayuntamiento, y el del Divino Salvador, para mujeres alienadas, vivía de la caridad privada. Al ser expulsados los jesuitas este hospital pasó a depender de la Dirección General de Temporalidades83, “bajo la conducción de la Junta Superior del Patronato del Gobierno”, hasta que el 13 de junio de 1824 se convirtió en el Hospital General de la República. (No hay que confundirlo con el Hospital General de México, creado en 1905 por el porfiriato). Noticia de este hospital se da en 1835, debido a su situación desastrosa. El gobierno, a través del ayuntamiento de la Ciudad de México rescata al hospital y le asigna recursos provenientes del ramo de multas.

Para la segunda mitad de la década de los años cuarenta, de 1846 a 1850 la preocupación del gobierno se orienta hacia los padecimientos laborales. La industria nacional ha crecido lo suficiente para que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales destaquen en el campo de la salubridad mexicana. El secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, José María Lafragua, llama la atención sobre la necesidad de que el Consejo de Salubridad tenga instrumentos administrativos y jurídicos para hacer cumplir sus recomendaciones en la higiene industrial, y propone la creación de una “corporación” con tales atribuciones. Al respecto comenta Guerrero:

La idea de Lafragua merece dos reflexiones: primero, que dicha Junta debía convertirse en una institución ejecutiva y dotada de autoridad en la materia de salubridad, haciendo que con ello el Estado interviniera más decisivamente en este campo. Segundo, la incorporación del sentido de previsión social del trabajo, noción recogida mucho tiempo después por el artículo 123 de la Constitución de 1917.84

El 14 de noviembre de 1846, los doctores Leopoldo Río de la Loza, Manuel Robredo y Joaquín Navarro integran una comisión de estudio de la situación de los hospitales en la Ciudad de México. A pesar de ser parcial no se concluyó el estudio los resultados muestran que ahora sólo existían ocho hospitales:

(…) dos sostenidos con fondos municipales, uno costeado por la Mitra de México, el municipio y el Gobierno, y el resto sostenidos por la caridad pública.85

Flores y Troncoso enumera los hospitales y casas de asilo que existieron en 1847 en la capital de la República. Estos son nueve y dos casas de infantes expósitos:

(…) el de san Lázaro, el de Jesús, el de la Santísima, el de San Hipólito, el de San Juan de Dios, el del Divino Salvador, el de “Valdivieso”, el de Terceros, el Hospicio, la Cuna el de San Andrés y el de San Pablo.

Destaca el fuerte deterioro que sufría la atención médica, en comparación con los más de treinta hospitales que funcionaban en el siglo xvii. Sin embargo, la atención del gobierno mexicano nunca cejó. Si bien el deterioro fue consecuencia en una buena parte de las condiciones políticas y económicas del territorio nacional, el Estado nunca desatendió, en la medida de sus muy precarias posibilidades, las demandas de la población necesitada de los servicios de salud.

Las Leyes de Reforma influyen substancialmente en el ejercicio gubernamental de prestación, vigilancia y control de las instituciones de salud y asistencia públicas. Entre 1859 y 1861 las órdenes religiosas que manejaban los establecimientos de salud dejaron de hacerlo, ya que el gobierno tomó las riendas de las prestaciones de esos campos.

Es interesante el testimonio que da Flores y Troncoso en la época en que escribió su monumental obra. Dice el investigador:

El número de asilos con que actualmente cuenta en México la humanidad doliente, es numeroso. Están bajo la dependencia del Gobierno y reciben la caridad oficial, según su orden de antigüedad, los siguientes:

  1. San Hipólito.

  1. Morelos” o de San Juan de Dios.

  1. El Divino Salvador.

  1. Hospicio de Pobres.

  1. La Cuna.

  1. San Andrés.

  1. Juárez” o de San Pablo.

  1. Maternidad e infancia

Y son absolutamente particulares, según el mismo orden:

  1. Jesús.

  1. Instituto oftalmológico “Valdivieso”.

  1. Asilo de la Beneficencia Española.

  1. San Luis de los franceses.

  1. Ginecológico “González Echeverría”.

  1. Concepción Beístegui”.

  1. Asilo de Tacubaya.

  1. Americano.

Hay dos hospitales militares:

  1. San Lucas y

  1. Churubusco,

habiéndose clausurado en el año de 1884 uno que estaba destinado para las enfermedades infecciosas, el de San Jerónimo, en cuyo lugar se instituyó el último.

Desde luego que el autor no hace distinción, en esta lista, entre los establecimientos hospitalarios y los de asistencia por considerarlos a todos como un sistema de beneficio social. Sin embargo, es fácil distinguir entre ellos al Hospicio y a la casa de Cuna.

Por último cabe mencionar que las asociaciones científicas también jugaron un importante papel en el desarrollo de los servicios de salud en el siglo xix, pues intervinieron en la normalización de los instrumentos gubernamentales para otorgar los servicios, para la formación de personal profesional y para asesorar en los aspectos de su ámbito a los gobernantes en casos de emergencia, como fueron las epidemias en aquel período. Destaca desde luego la Academia de Medicina, que se fundó por primera vez en 1825, desapareció para refundarse en 1830 y renacer nuevamente en 1836, ya de manera definitiva.

3ª. sesión.

La preocupación del Estado mexicano por la salud de la población se incrementó en cada una de las etapas históricas de la vida independiente del país.

La historia médica de México corre paralelamente con el crecimiento y desarrollo de las instituciones políticas. A partir de la implantación del Estado republicano liberal, la administración pública va creciendo para consolidar el dominio político y la dirección administrativa sobre la sociedad civil.

Las Leyes de Reforma significan un paso adelante en la secularización del Estado mexicano, al hacerse cargo de los hospitales y otros establecimientos de beneficencia. Una vez restaurada la República, estas Leyes se integran a la Constitución Política de 1857 y van a permanecer en la Constitución de 1917, puesto que cumplen con dos condiciones básicas para la modernización del Estado: la separación de la sociedad civil, y la tutela–servicio, que además es una de las tradiciones más antiguas y arraigadas en la prestación de salud a la población.

Durante el porfiriato, a pesar del librecambismo prevaleciente, se continúa con el modelo. Además de la creación de organismos gubernamentales como el Consejo Nacional de Salubridad, el Instituto Médico Nacional, se funda el Hospital General y el Manicomio de La Castañeda, en 1905 y 1910 respectivamente, y se publica el primer Código Sanitario mexicano antecedente de la actual Ley General de Salud.

Como antecedentes de la guerra de 1910, la lucha obrera logra algunos triunfos legislativos, como son la promulgación de las Leyes sobre accidentes de trabajo en el Estado de México en 1904 y en Nuevo León en 1906. Se presenta, en 1907 el proyecto de la Ley minera que trata de la responsabilidad de las empresas en los accidentes mineros.

Antes de la promulgación de la Constitución de 1917, entre 1912 y 1915, se expiden varias leyes sobre accidentes de trabajo y de seguridad social. Estas se concretarán en el artículo 123 de la Ley fundamental del Estado mexicano revolucionario.

En el mismo año de 1917, se crean, con base en el artículo 73 de la Constitución política, la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, el Departamento de Salubridad Pública y el Consejo de Salubridad General, órganos ejecutivo y asesor respectivamente del gobierno, en materia de atención a la salud.

La cronología de actividades del gobierno mexicano a partir de estas fechas es vertiginosa. El proceso de consolidación y de centralización administrativa se ve acelerado por las condiciones sociales, políticas y económicas de la sociedad. En el ámbito social, las consecuencias de la lucha armada han sido de gran trascendencia. La necesidad de organizar a la sociedad da lugar al cesarismo primero y al bonapartismo después, para llenar ese vacío de las clases sociales. La proliferación de Secretarías de Estado y la apropiación por el gobierno de muchas de las funciones de la sociedad, dentro del modelo de tutela–servicio, resulta en una administración pública amplia, no necesariamente eficiente, pero capaz de mantener la gobernabilidad durante un período largo. En el ámbito político, el establecimiento de pactos con las clases empresariales, así como con los obreros, campesinos pequeños y medianos comerciantes, burócratas y con la población en general, marcando claramente las reglas del juego político y garantizando la estabilidad y la certidumbre, por medio de un partido político oficial, y de corporaciones que permitieran la expresión controlada de las necesidades sociales, dio como resultado un también largo período de tranquilidad política. Por último, en el ámbito económico, la estabilidad social y política permitió un crecimiento y un desarrollo, que incluso se conoció con el nombre de “milagro mexicano”, cuando el crecimiento del PIB se mantuvo en más del 6 % anual durante muchos años.

En este período, México llegó a ser modelo de servicios de salud y de seguridad social, disminuyó considerablemente la mortalidad y se llegaron a erradicar importantes padecimientos transmisibles como la viruela, la fiebre amarilla y prácticamente el paludismo. El crecimiento de los servicios de salud fue, por decirlo así, explosivo. A pesar de los muy serios problemas de salud en las áreas rurales, por la gran extensión territorial y la dispersión demográfica, los avances en servicios de salubridad general como dotación de agua potable, disposición de desechos sólidos y orgánicos y saneamiento del ambiente, por ejemplo, fueron importantes a pesar de no haber logrado la cobertura total del país. En la atención médica, las campañas sanitarias en el campo preventivo, tuvieron resultados visibles, como ya se mencionó, y en la atención curativa, por medio de pasantes de medicina y de profesiones afines, bajo el sistema de servicio social, se llevó a lugares remotos del territorio nacional el beneficio de la atención profesional de la salud.

No se pretende aquí hacer un planteamiento ilusorio de la realidad mexicana, pero si bien la cobertura no fue completa ni total, tampoco se puede descalificar un esfuerzo real de cosas que sucedieron y que significaron un avance objetivo en el modelo mexicano de atención a la salud.
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