La pirámide jurídica del derecho comunitario europeo






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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, A C

DERECHO COMUNITARIO

TEMA I

JERARQUIA NORMATIVA
El ordenamiento jurídico comunitario, como todo sistema jurídico, se integra con diferentes normas que se hallan vinculadas entre sien una relación que importa subordinación y jerarquía. La base de la eficacia de una norma se encuentra por el lugar que ella ocupa en el orden jurídico de la Comunidad, y en su adecuación con las normas que se encuentran por encima de la misma.

Es decir, que el sistema jurídico comunitario está organizado en forma de pirámide normativa, y las normas que son creadas por los órganos comunitarios serán válidas en tanto se adecúen a la norma superior, Tratado constitutivo o fundacional que el órgano aplica, en lo que se refiere al marco de su competencia y al contenido de la regulación.
En tal sentido, para decidir cuál es la norma aplicable en un conflicto, es imprescindible conocer el orden de prelación o jerarquía del sistema
La pirámide jurídica del derecho comunitario europeo
La ubicación de las diferentes normas en la estructura jerárquica del sistema del derecho comunitario europeo, surge a partir de los Tratados Fundacionales y ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad.
En tal sentido, ningún acto integrante del plexo normativo de la Comunidad puede ser contrario a los principios y fines que justificaron el Tratado constitutivo y que quedaron plasmados en él.

Sin embargo, y en tanto el sistema de fuentes que se deriva de los tratados, y que contempla el art. 189 del Tratado de Maastricht, integrado por reglamentos y directivas, por cuanto las decisiones son individuales, no es clara en lo que respecta a su relación jerárquico-funcional. Ello se debe a que no posibilita establecer el orden jerárquico formal de tales actos. En tal sentido se ha planteado como necesidad "revisar la clasificación de los actos comunitarios, con vistas a establecer una adecuada jerarquía entre las distintas categorías de normas".
En el primer nivel, aunque no esté especificado entre las fuentes mencionadas por el art. 189 del Tratado, se encuentra como es lógico el propio Tratado Fundacional que constituye el fundamento y determina los límites de la competencia de los organismos comunitarios para dictar actos normativos. En forma similar al sistema jurídico interno de los Estados miembros, el Tratado Fundacional resulta de la Constitución comunitaria, como ya explicáramos, del que se deriva toda la pirámide jurídica del derecho comunitario. El Tratado Fundacional se integra con sus anexos, y con los protocolos adicionales y los acuerdos modificatorios que forman parte del mismo.
Luego se encuentran los tratados o acuerdos con terceros Estados o con organizaciones internacionales, que en su carácter de sujeto jurídico celebra la Comunidad. Los mismos son vinculantes para la Comunidad, para sus organismos y para los Estados miembros, en virtud del art. 228 del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Se encuentran subordinados por los Tratados Fundacionales y prevalecen sobre las normas jurídicas que se derivan del mismo.
Inmediatamente después siguen los actos normativos de las autoridades comunitarias, que se articulan en el ordenamiento dentro de un sistema que otorga competencias en la creación de normas. Estos actos, subordinados a los Tratados, son denominados como "derivados" precisamente para determinar su posición en el orden jurídico de la Comunidad.
El primer lugar lo ocupan los reglamentos, por su carácter normativo y alcance general. Es directamente aplicable a todos los Estados miembros, siendo su publicación la condición necesaria de su obligatoriedad. La directiva, por su parte, impone una obligación para los Estados miembros a los cuales se dirige para garantizar sus efectos. Pero les otorga la facultad de elegir la forma y medios para lograrlo.
Finalmente, en el último nivel están las normas de derecho interno de los Estados, que pueden ser dictadas supletoriamente por éstos, en las materias que han sido delegadas por los órganos de la Comunidad, o en los supuestos de armonización de los diferentes órdenes jurídicos internos. Nótese que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha incorporado como fuente del sistema jurídico comunitario los principios generales del derecho, a los principios generales del derecho comunitario y al derecho consuetudinario, lo que implica la posibilidad de suplir las lagunas normativas integrando el derecho comunitario, haciendo de él un orden normativo completo y cada vez más amplio, para suplir así las carencias de los Tratados Fundacionales, cuyas modificaciones son muy dificultosas. Este es un elemento muy importante para el progreso de un derecho en plena formación, como lo es el comunitario.

II – La pirámide jurídica del derecho comunitario del Mercosur
Este importante tema, relativo al orden de prelación de las normas que integran el derecho comunitario "mercosureño", no fue tenido en cuenta al redactarse el Tratado de Asunción, como hubiera correspondido en una correcta técnica de hermenéutica jurídica. En cambio, la pirámide jurídica se incorpora en el art. 19 del Protocolo de Brasilia para la solución de controversias. Dicho texto contiene la pirámide sobre la cual se estructura la jerarquía de las distintas normas del derecho comunitario.
Si bien el art. 19 parece dirigido al Tribunal Arbitral, ya que su primer párrafo se refiere a él, entendemos que no sólo este Tribunal está obligado a respetar la pirámide jurídica establecida en ese artículo, sino que deben hacerlo todos los órganos comunitarios del Mercosur, e incluso los de los Estados miembros.
En el primer escalón, el art. 19 menciona las fuentes constitucionales del derecho comunitario: el Tratado de Asunción, sus acuerdos y protocolos complementarios, es decir, los acuerdos celebrados en el marco de aquél. Estas son las normas de jerarquía superior en el ámbito del Mercosur.
En el segundo escalón, se encuentran las fuentes del derecho dictadas en consecuencia del Tratado Fundacional, es decir, las decisiones del Consejo del Mercado Común y las resoluciones del Grupo Mercado Común.
En el tercer escalón, el artículo coloca en forma subsidiaria a los principios del derecho internacional aplicables en la materia. En otras palabras se entiende que cuando existe una laguna en la pirámide que comprende las normas constitucionales del tratado constitutivo y las derivadas del mismo (decisiones, resoluciones) debería integrarse el derecho comunitario, aplicando los principios del derecho internacional.
Este es un grave error del Protocolo de Brasilia, por cuanto ata el desarrollo futuro del derecho comunitario mercosureño al derecho internacional público, volviéndose a confundir la naturaleza jurídica del derecho comunitario, suponiendo que éste es una especialidad del derecho internacional público, y no una nueva rama del derecho.
El único medio por el cual el derecho comunitario puede cumplir su objetivo, esto es, ser el soporte jurídico para el proceso de integración supranacional, es separándose del derecho internacional público. Si queda atado a éste, no sirve a dicho proceso.
Un ejemplo de lo que venimos diciendo, se halla en que mientras los tribunales internacionales se consideran obligados a interpretar restrictivamente los compromisos de los Estados, por respeto al principio de soberanía, el TJCE, por el contrario, entiende que las finalidades de la integración autorizan una interpretación amplia, aunque ésta afecte a la soberanía.
Algunas de estas falencias fueron solucionadas por una nueva pirámide jurídica introducida en art. 41 del Protocolo de Ouro Preto, el cual —al entrar en vigencia— reemplazará, evidentemente, el art. 19 del Protocolo de Brasilia.
Dicho art. 41 establece que las fuentes del Mercosur son:


  1. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios.

  2. Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos.

  3. Las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, adoptadas desde la entrada en vigencia del Tratado de Asunción.


Como puede apreciarse, comparando dicho texto con el art. 19 del Protocolo de Brasilia, en este artículo no se contemplan otros principios ajenos al derecho comunitario.



INTERPRETACION
I - Métodos
1. Introducción. Interpretar es explicar o declarar el sentido de una cosa. Es desentrañar el sentido que algo encierra, sacar ese sentido a la superficie. Esta es la tarea que tiene el juez al aplicar una norma cuando debe resolver un caso concreto. El juez es el último intérprete del derecho comunitario, que es complejo; él debe aplicar, interpretar y decidir teniendo en cuenta el derecho interno de los Estados miembros y el derecho comunitario. El primero que aplica e interpreta la norma es el juez nacional de los Estados miembros.
Coincidimos con Carlos Cossio cuando dice: "Queremos elucidar otro problema, el de la sentencia que se presenta con una íntima fuerza de convicción, esa fuerza de convicción que llamamos verdad y que se impone al espíritu de todos. Es decir, vamos a circunscribirnos al análisis del aspecto científico fundamental en la interpretación de la ley, que es éste: qué sentido de verdad puede tener, en una sentencia, interpretar la ley".
Es tarea del juez que el funcionamiento de la norma y su destino final, que es su aplicación, sea siempre razonable. En el proceso de interpretación de la norma los jueces no pueden caer en arbitrariedad. Ahora bien, si la norma aplicable permite una pluralidad de posibilidades interpretativas, es tarea de los jueces elegir entre ellas la más adecuada.
En suma, íntimamente unida a la problemática que plantean las fuentes del derecho comunitario, está la relativa a su interpretación, es decir, a la búsqueda del sentido y valor de la norma comunitaria para medir su extensión precisa y apreciar su eficacia en las relaciones jurídicas.
En el derecho comunitario se utilizan todos los métodos de interpretación propios del derecho interno y del derecho internacional.
La elección del método o métodos de interpretación de las formas jurídicas como expresión del derecho comunitario reviste gran importancia, teniendo en cuenta que ellas regulan las relaciones en el marco de la realidad comunitaria, sometida por otra parte a un cambio continuo. En esas circunstancias, la norma comunitaria debe ser interpretada seleccionando o priorizando alguno de los métodos de interpretación. De la selección del método depende su resultado.
Conviene, pues, recordar aquí los elementos de la interpretación cuya existencia sostuvo Savigny: elemento gramatical, elemento lógico, elemento histórico y elemento sistemático.
El elemento gramatical tiene por objeto la palabra, que constituye el medio para que el pensamiento del legislador se comunique con el del intérprete; consiste por consiguiente, en la exposición de las reglas lingüísticas aplicadas por el legislador.
El elemento lógico tiende hacia la estructuración del pensamiento, es decir, hacia la relación lógica en que se hallan sus diversas partes.
El elemento histórico tiene por objeto la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la ley. Esta debía intervenir en aquélla de determinada manera; y el mencionado elemento ha de evidenciar el modo de aquella intervención: lo que por aquella ley se ha introducido de nuevo en el derecho.
El elemento sistemático, por último, se refiera la conexión interna que enlaza a todas las instituciones y reglas jurídicas considerándolas como parte de una unidad.
No se trata de utilizar estos métodos separadamente, sino de que cada uno de ellos sea útil para descubrir el sentido de la ley en un caso dado.
La preferencia unilateral del texto y del lenguaje conduce a la interpretación literal y al formalismo; la acentuación excesiva de lo sistemático y lo histórico lleva al estancamiento; la consideración exclusiva de los resultados determina una jurisprudencia insegura, oscilante. El arte verdadero de la interpretación reside en el equilibrio exacto de todos sus elementos básicos.
Si bien las enseñanzas de Savigny han echado raíces, a los elementos por él indicados se han agregado otros como el teleológico, que resalta la importancia del resultado de la interpretación; el sociológico, que apunta a la realidad social actual a que debe aplicarse la ley; el comparativo, que examina las soluciones dadas a problemas semejantes en las legislaciones de otros países.
2. Método gramatical. El elemento literal o gramatical de interpretación de una norma es el primero al que se recurre en la tarea interpretativa.
Tomemos el ejemplo histórico de los métodos de interpretación elegidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. El Tribunal fue variando en la intensidad o frecuencia con que recurría a cada uno de los elementos de la interpretación, principalmente con carácter prioritario.

Efectivamente, en los albores del desarrollo histórico del derecho comunitario europeo, el Tribunal de Justicia interpretó el derecho comunitario otorgando un papel fundamental al elemento interpretativo literal o gramatical, señalando que esa interpretación debía realizarse en función de "texto, contexto y finalidad", es decir, en base, en primer lugar, al elemento interpretativo literal o gramatical, al sistemático y al teleológico o finalista, en ese orden.
El primer paso en la interpretación del derecho comunitario europeo, se dio mediante la aplicación del método literal, teniendo en cuenta que el primer tratado de integración (CECA) tuvo una finalidad lo suficientemente limitada, y por lo tanto poco susceptible de apreciaciones diversas, como para que sirviera de base a un amplio desarrollo interpretativo sistemático o teleológico.
Con la entrada en vigencia de los Tratados de la CEE y del EURATOM la normativa comunitaria europea, por su abundancia y por responder a objetivos cada vez más ambiciosos, ha ido transformándose en un sistema y, en consecuencia, la interpretación sistemática y teleológica del derecho comunitario ha ido ganando fuerza frente a la literal o gramatical.
3. Método teleológico o finalista. Este es, sin duda, el método más importante en el derecho comunitario, por ser el que mejor se adecúa a un derecho tan dinámico como el comunitario, es decir, a un derecho que pretende regular una realidad en continuo cambio, cuyo ritmo viene marcado por el de la aceleración del proceso de integración comunitaria.
La interpretación teleológica o finalista pretende descubrir el auténtico significado de la norma a la luz del objetivo que ésta persigue, es decir, a la luz de su finalidad. La invariabilidad de las palabras empleadas en las normas, las contradicciones y diferencias terminológicas que de hecho se dan al cotejar las diferentes versiones lingüísticas de las distintas normas comunitarias, y el bloqueo o la dificultad frecuente en la producción de nuevas normas por parte de las instituciones comunitarias, impiden que la interpretación literal de las normas sea idónea para alcanzar los fines reconocidos a las instituciones comunitarias en un momento dado. Por ello, es aconsejable que la interpretación se haga a la luz de los objetivos que se reconocen en la norma, más que a la luz del tenor literal de los términos en ella empleados. La aplicación del método teleológico es el que lógicamente mejor se adecúa a un derecho comunitario mínimo, original, técnico e integral.
En 1963, el TJCE invirtió los términos de preferencias anteriormente expuestos y estableció que la norma comunitaria debía ser interpretada a la luz del espíritu, de la economía y de los términos del Tratado, es decir, en función de sus fines, de su sistemática y de su letra. La interpretación teleológica o finalista pasó desde entonces a ocupar un primer lugar, en tanto que la literal o gramatical quedó relegada a un tercer lugar.
Sabido es que la interpretación y aplicación del derecho, son como el anverso y reverso de una misma moneda. A su vez, los "principios generales del derecho" son tanto una fuente de conocimiento de derecho, como un instrumento de interpretación del mismo, es decir, que los principios cumplen en este terreno de la interpretación del derecho comunitario una importantísima función.
Efectivamente, en razón de los objetivos de integración de los tratados, el Tribunal de Justicia europeo, cumpliendo la misión de garantizar el respeto del derecho en la aplicación e interpretación de los tratados, ha preferido los métodos funcionales de interpretación, es decir, considerar la finalidad general de los tratados con miras a reconstituir el espíritu de los mismos, recurriendo al método sistemático y a la interpretación teleológica. En ese camino, el Tribunal ha definido los principios fundamentales en que se basa la creación comunitaria.
Estos principios de la "Constitución económica" comunitaria constituyen el fundamento de una amplia jurisprudencia, referida tanto a la realización de la libre circulación de mercancías y personas, como a la aplicación de las políticas comunes.
La interpretación teleológica de normas comunitarias no trata de determinar los fines u objetivos de la autoridad productora de derecho, sino los objetivos o fines que a la norma en sí misma se le reconocen en el proceso de interpretación. Lo primero sería determinar cuál fue la mens legislatoris, que tiene que ver más con el elemento histórico; mientras que la interpretación teleológica busca determinar la mens legis. Si interpretáramos una norma comunitaria a la luz de lo que fueron los fines u objetivos que a la misma asignaron los "legisladores" que la pusieron en vigencia, la estaríamos interpretando al margen de la evolución que con posterioridad haya podido experimentar la comunidad específica de que se trate y, por ende, el derecho comunitario en su conjunto, con lo que tal interpretación adolecería de la misma falta de adaptación a las circunstancias que puede afectar a la interpretación literal o gramatical.
La auténtica interpretación teleológica o finalista consiste en interpretar la norma comunitaria a la luz de los objetivos o fines que en el momento en que se lleva adelante la interpretación le asignan quienes realizan esa interpretación; objetivos y fines que, por su parte, reflejan el nivel alcanzado en ese momento en el proceso de integración comunitaria.
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