2. Víctor Raúl Pinto Pérez, cédula de identidad 181. 994-4, nacido el 4 de noviembre 1938, soltero, domiciliado en Avenida San Carlos de Apoquindo 915, brigadier de Ejército en retiro sin antecedentes penales anteriores






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título2. Víctor Raúl Pinto Pérez, cédula de identidad 181. 994-4, nacido el 4 de noviembre 1938, soltero, domiciliado en Avenida San Carlos de Apoquindo 915, brigadier de Ejército en retiro sin antecedentes penales anteriores
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Santiago, cinco de agosto de dos mil dos.

PARTE EXPOSITIVA

VISTOS:

En estos autos rol Nº 1.643, del Décimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, por existir cargos fundados para atribuirles responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro, cometido el 25 de febrero de 1982, se acusó a las siguientes personas: A.- En calidad de autores:

1.- Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, cédula de identidad 2.781.681-9, nacido el 4 de septiembre 1933, casado, domiciliado en Warterloo 623, general de Ejército en retiro, procesado como autor del delito de estafa al Fisco, en los autos rol N° 793-94 por la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.

2.- Víctor Raúl Pinto Pérez, cédula de identidad 4.181.994-4, nacido el 4 de noviembre 1938, soltero, domiciliado en Avenida San Carlos de Apoquindo 915, brigadier de Ejército en retiro sin antecedentes penales anteriores.

3.- Francisco Maximiliano Ferrer Lima, cédula de identidad 4.636.998-K, nacido el 19 de Enero 1944, casado, domiciliado en Enrique Foster Sur 247 Dpto. 51, coronel de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores.

4.- Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, cédula de identidad 6.119.621-8, nacido el 5 de febrero de 1951, casado, domiciliado en Quilapilun, Parcela 25 (actualmente preso en Batallón de Policía Militar), mayor de Ejército en retiro, condenado como autor del delito de violencias innecesarias causando muertes en los autos rol Nº 1979-84 del Segundo Juzgado Militar de Santiago y como autor de homicidio calificado en los autos rol Nº 1643 bis del Décimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.

5.- Miguel Segundo Letelier Verdugo, cédula de identidad 5.347.966-9 nacido el 29 de noviembre de 1944, soltero, domiciliado en Andalucía 421 Talca, suboficial de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores. y

6.- Manuel Segundo Contreras Donaire, cédula de identidad 7.886.959-3, nacido el 11 de Enero de 1945, casado, domiciliado Sauzal 4179 Puente Alto, suboficial de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores.

B.- En calidad de cómplices:

7.- Hernán Alejandro Ramírez Hald, cédula de identidad 5. 529.105-5, nacido el 3 de noviembre de 1950, casado, domiciliado Víctor Lamas Nº 1240, Concepción, general de Ejército en retiro sin antecedentes penales anteriores.

8.- Juan Carlos Arriagada Echeverría, cédula de identidad 4.834.141-1, nacido el 15 de abril de 1953, casado, domiciliado en Calle Colón Nº 336, Chiguayante, coronel de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores. y

9.- Jorge Luis León Alessandrini, cédula de identidad 6.227.713-0, nacido el 16 de Septiembre de 1949, casado, domiciliado en Avenida Cristóbal Colón Nº 4622, Dpto. 74, Las Condes, dentista, sin antecedentes penales anteriores. y

10.- Roberto Urbano Schmied Zanzi, cédula de identidad 3.516.680-7, nacido el 22 de marzo de 1937, casado, domiciliado en Zenteno Nº 102, Santiago, brigadier de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores.

11.- Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, cédula de identidad 5.064.925-3, nacido el 22 de noviembre de 1946, casado, domiciliado en Calle Ginebra Nº3636, Dpto. 44 Población Pedro Lagos, oficial de Carabineros en retiro, Arica sin antecedentes penales anteriores.

12.- Julio Osvaldo Olivares Silva, cédula de identidad 4.818.103-1, nacido el 13 de marzo de 1945, viudo, domicilio en Los Morros 10.320, El Bosque, empleado, sin antecedentes penales anteriores.



C.- En calidad de encubridores:

13.- Juan Fernando Torres Silva, Cédula de identidad 4.483.214-3, nacido el 03 de junio de 1939, casado, domiciliado en Luis Thayer Ojeda Nº 0180 dpto. 1507, Providencia Santiago, general de Ejército en retiro, sin antecedentes penales anteriores.

14.- Hernán Ramírez Rurange, cédula de identidad 3.917.407-3, nacido el 15 de marzo de 1939, casado, domiciliado en Américo Vespucio Norte 767 Depto. 123 Las Condes, general de Ejército en retiro sin antecedentes penales anteriores.

15.- Alvaro Julio Federico Corbalán Castilla, cédula de identidad 5.745.551-9, nacido el 14 de diciembre de 1951, casado, domiciliado en Club Hípico Nº 2050, Santiago, mayor de Ejército en retiro, condenado como autor del delito de quiebra fraudulenta en los autos rol Nº 1643 bis 1 y como autor de homicidio calificado en el proceso rol Nº 1643 bis del 18º Juzgado del Crimen de Santiago y

16.- Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, cédula de indentidad 5.795.586-4 nacido el 03 de marzo de 1948, casado, domiciliado en Alameda Bernardo O’Higgins 1170 4º piso, Casado, abogado, coronel ( J ) de Ejército en retiro

Este sumario se inició mediante denuncia de la Séptima Comisaría de Renca de Carabineros de Chile, mediante parte N° 117, de fecha 25 de febrero de 1982, por la cual se da cuenta, que a las 18:30 horas, en el Camino Renca a Lampa, a 10 kilómetros al norte del Puente Peralillo, de esa Comuna, el teniente José A. del Valle Gutiérrez, de dotación de la Trigésima Primera Comisaría de Carabineros Santiago, en patrullaje que efectuaba por el sector, encontró el taxi patente GPR-700 de la I. Municipalidad de Renca, marca Datsun 150-Y, y en su interior el cuerpo sin vida de una persona desconocida, de sexo masculino, de aproximadamente 55 años de edad, frente al volante, decúbito lateral derecho, que presentaba lesiones corto punzantes en el cuello a la altura de la yugular, el que fue agredido por individuos desconocidos con arma blanca (cuchillo), causándole la muerte en el lugar del hecho. Con posterioridad se da cuenta que la identidad de la persona fallecida es la de Tucapel Jiménez Alfaro.

Por este hecho, con fecha 9 de marzo de 1982, se interpuso querella por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que corre a fojas 87; con fecha 17 de Marzo de 1982, por Haydée Fuentes Salinas, María Antonieta Jiménez Fuentes, Isabel Jiménez Fuentes y Tucapel Jiménez Fuentes, agregada a fojas 140, adhiriéndose a esta última Sara Jiménez Weber el 25 de Abril de 1982, según se lee a fojas 285; con fecha 20 de Octubre de 2000, por Rodrigo Jiménez Roa que se agregó a fojas 7955, y el 6 de mayo de 1995 se hizo parte, a fojas 1734, el Consejo de Defensa del Estado.

En el curso de la investigación se determinó que del mérito probatorio de los elementos de juicio reunidos en el expediente, hasta ese momento, se encontraban justificados los siguientes hechos:

I.- Entre los años 1980 y 1982 autoridades del Gobierno de Chile de la época, entre ellas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Dirección de Organizaciones Civiles, Secretaría Nacional de los Gremios, que formaban parte del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista ( M. R. N. S.), quienes se encontraban jerárquicamente organizados, vistiendo tenidas especiales e insignias al momento de reunirse y practicar ejercicios paramilitares con armas y explosivos; así como otras autoridades de los diversos organismos de inteligencia de la época, entre ellas la Central Nacional de Informaciones (CNI), Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE) o Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) investigaron las actividades que pudieran estar en desacuerdo con dicho Gobierno y que eventualmente llevaran a su desestabilización, circunstancias que motivaron se interesaran en las actividades del Grupo de Los Diez, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y en especial de las acciones desarrolladas por Tucapel Jiménez Alfaro en el plano político, las reuniones que sostenía con personas que no respaldaban en todos los aspectos al régimen imperante y de oposición al mismo, así como en el plano sindical, en cuanto propendía a la unidad de los trabajadores de Chile y desarrollaba acciones para un posible paro nacional, como también en sus vinculaciones con dirigentes gremiales extranjeros, especialmente estadounidenses de la AFL-CIO, los que estudiaban implementar un boicot a las exportaciones de productos de empresas chilenas.

II.- Un conjunto de personas, teniendo en consideración que Tucapel Jiménez Alfaro tenía vinculaciones con personas de figuración política interna del país, organizaciones laborales internacionales, que, en concepto de ellos, llevaban adelante acciones en contra del Gobierno de Chile de la época, que dicho dirigente sindical pretendía unificar a los trabajadores del país con el fin de obtener un movimiento gremial con mayor representatividad y, entre otros hechos, trataba de impulsar una paralización de actividades de trabajadores a nivel nacional, como forma de manifestar su descontento y presionar a las autoridades respecto de lo que consideraba una política laboral inapropiada, todo lo cual podría ser el inicio de una desestabilización para el gobierno de la época, que se dimensionó podría tener graves repercusiones, procedieron a realizar las siguientes acciones respecto de dicho sindicalista:

a) Determinaron la ubicación y vigilaron su domicilio y los lugares a los cuales habitualmente concurría;

b) Efectuaron seguimientos para precisar los distintos sitios que visitaba;

c) Establecieron los recorridos habituales que efectuaba al movilizarse en su vehículo particular, específicamente el que realizaba desde su domicilio ubicado en Panamericana Norte Nº 624 - B, departamento 22, Villa España, Comuna de Renca, para lo cual salía desde el estacionamiento ubicado frente al Nº 2.460 de la calle Juana Atala de Hirmas, para dirigirse al local de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ubicada en la Avenida del Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1.603 de Santiago;

d) Confeccionaron una carpeta con su individualización y sus principales antecedentes, determinando su grupo familiar y personas con las cuales habitualmente se reunía, tanto en su carácter privado, como en su calidad de Presidente de la referida Agrupación Nacional de Empleados Fiscales;

e) Interceptaron las líneas telefónicas que habitualmente empleaba para realizar o recibir llamados, por sus vinculaciones familiares, sociales o gremiales;

f) Grabaron sus conversaciones telefónicas, las cuales luego eran transcritas y analizadas;

g) Trataron de grabar las reuniones gremiales a las cuales asistía;

h) Se contrató al auxiliar de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales con el fin que proporcionara información en torno a sus actividades y reuniones, quien debía indicar con precisión las fechas de las reuniones, personas que asistían, horario de inicio y término de la misma, tratando de recolectar cualquier antecedente o documento que fuera de interés;

i) La información recopilada se obtuvo en un tiempo determinado y se tenía actualizada constantemente, y

j) Algunas de las personas que reunían la información usaban nombres supuestos;

III.- Las personas indicadas, relacionadas formal o informalmente, entre los años 1980 y 1982 a lo menos, considerando que el actuar de Tucapel Jiménez Alfaro era perjudicial para los intereses del Gobierno de la época, al estar relacionado con personas de reconocida figuración política nacional, con organizaciones internacionales de trabajadores, haber llamado a la unidad del mundo laboral en Chile y propender a un paro nacional de trabajadores; accionar que podría representar el inicio de actividades de desestabilización de las autoridades gubernamentales de Chile de la época, procedieron a planificar una operación especial de inteligencia destinada a la eliminación física del dirigente y para su ejecución enviaron, regular o irregularmente, a un oficial de Ejército que se encontraba con destinación extrainstitucional en la Central Nacional de Informaciones (CNI) a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), específicamente a su organización ejecutiva, el Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), actual Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), destinación que cumplió, a lo menos entre los meses de diciembre de 1981 y febrero de 1982, conformando, con algunas personas que laboraban en dicha estructura, un grupo de trabajo especial, el cual para reunirse usó las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, ubicada en Avenida Echeñique Nº 5.995 de la Comuna de La Reina, denominado Cuartel Coihueco, como también en calle García Reyes Nº 12 de Santiago; grupo al cual se le dispuso llevara adelante una operación especial de inteligencia, para cuyos efectos contaba con la información recopilada y referida precedentemente, como con aquella que obtuvieron y actualizaron por sus propios medios, además del apoyo de vehículos pintados con los colores reglamentarios de taxi, indumentaria, caracterización y armas; operación especial de inteligencia que importó se concertaran para privar en forma ilegítima de la libertad a Jiménez Alfaro y posteriormente darle muerte. Tales acciones se concretan el día 25 de febrero de 1982, para lo cual previamente se procedió a obtener la entrega forzada, junto a otra arma, del revólver marca Dan Wesson calibre 22, serie 22547, el día 24 del mismo mes, desde la Armería Italiana, internada al país bajo régimen de admisión temporal que, por lo mismo, no se encontraba inscrita ni sometida a pruebas balísticas por la autoridad competente, especie que se trasladó hasta dependencias del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE).

IV.- En horas de la mañana del día acordado, esto es el jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército procedió a seguir a Tucapel Jiménez Alfaro cuando éste salió del estacionamiento de su domicilio, por calle Juana Atala de Hirmas en dirección a la Carretera Panamericana Norte, obteniendo su detención por un conocido de la víctima, oportunidad que es aprovechada por a lo menos dos sujetos, para subirse al automóvil marca Datsun, modelo 150 Y, patente otorgada por la I. Municipalidad de la comuna de Renca GPR 700, pintado con los colores reglamentarios de taxi conducido por Jiménez Alfaro, a quien se conmina a dirigirse por el camino Renca – Lampa, en el cual a 3.700 metros al norte de la intersección de dicha arteria con el camino a Noviciado, punto equidistante de las casas más próximas, en todo caso superior a 400 metros de ellas. En este desplazamiento es vigilado, a lo menos, por otro vehículo pintado con los colores reglamentarios de taxi, el que llega hasta el mismo sector. En este lugar uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente, con el arma de fuego indicada, procedió a dispararle a Tucapel Jiménez Alfaro en cinco oportunidades en la cabeza; proyectiles que le impactaron en la región parieto occipital derecha, auricular izquierda y occipital del mismo costado y luego, encontrándose éste aun con vida, le infirieron tres heridas punzo cortantes en la región cervical. Posteriormente tales personas procedieron a limpiar completamente el vehículo y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, su Cédula de Identidad y Carnet de Conducir, documentos estos últimos que fueron dejados en distintos lugares de la ciudad de Viña del Mar;

V.- En conocimiento de los hechos descritos y participación que le asistía a algunos sujetos en tales acciones, no obstante su deber legal de denunciar lo anterior a la justicia, por su carácter de funcionarios del Ejército de Chile, diversos individuos ocultaron los antecedentes y realizaron distintas actuaciones para encubrir el hecho, entre las cuales se encuentra:

La elaboración de una planificación especial de inteligencia para sacar del país, en forma clandestina, a una persona sobre quien recaían presunciones de participación criminal en los hechos investigados en autos, esto es Carlos Herrera Jiménez;

b) Formular un ofrecimiento de pago de diferentes sumas de dinero a la referida persona, concretando la entrega de parte del mismo, sin otra justificación que su participación en los hechos que se pesquisan en este proceso;

c) Obtener que un oficial de Ejército saliera del país con destino a la República Argentina usando su propia individualización, para luego reingresar al territorio nacional desde el extranjero, usando una Cédula de Identidad de la República Argentina a nombre de Mauricio Gómez, identidad con la cual sale posteriormente del país la persona, sobre la que recaen presunciones fundadas de responsabilidad en calidad de autor de los hechos referidos en los párrafos precedentes, el día 19 de septiembre de 1991;

  1. Traslado a la persona presuntamente responsable, de parte de su grupo familiar a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 23 de diciembre de 1991;

  2. Remitir al Tribunal comunicaciones oficiales del Ejército de Chile ( fojas 1956 y 2204 ), que contienen antecedentes inefectivos o a lo menos incompletos, circunstancia que llevó al señor Ministro Instructor del proceso a orientar la investigación y realizar diligencias inconducentes, aspecto que motivo que la Excma. Corte Suprema de Justicia le ordenara cerrar la investigación en un plazo perentorio.-

Por los sucesos indicados se hizo efectiva la responsabilidad penal por la participación criminal de las siguientes personas:

1.- Carlos Herrera Jiménez, por resolución de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y dos, escrita a fojas 1219 como autor del ilícito.

2.- Ramsés Arturo Alvarez Sgolia, Víctor Pinto Pérez, Maximiliano Ferrer Lima, Raúl Descalzi Sporke, Humberto Calderón Luna y Galvarino Ancavil Hernández, como autores del delito, Valericio Orrego Salas, Misael Galleguillo Vásquez, Jorge Ramírez Romero, Raúl Lillo Gutiérrez y Nelson Hernández Franco, como cómplices, y Arturo Silva Valdés, como encubridor, por resolución de 29 de marzo de 1999, escrita a fojas 2906;

3.- Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo por resolución de fecha once de enero de dos mil, escrita a fojas 6176 como autores del ilícito

4.- Julio Olivares Silva, por resolución de fecha tres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 4394 como cómplice del delito;

6.- Roberto Schmied Zanzi, por resolución de fecha catorce de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, escrita a fojas 4496 como cómplice del ilícito;

7.- Hernán Ramírez Hald, por resolución de fecha nueve de noviembre de dos mil, escrita a fojas 8069, como cómplice del ilícito;

8.- Hernán Ramírez Rurange, por resolución de fecha 31 de Marzo de dos mil escrita a fojas 6710, como encubridor del delito;

9.- Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, por resolución de fecha siete de Septiembre de mil novecientos noventa y nueves, escrita a fojas 4428, como cómplice del ilícito;

10.- Juan Carlos Arriagada Echeverría, por resolución de fecha veintitrés de Junio de dos mil, escrita a fojas 7175, como cómplice del ilícito;

11.- Jorge León Alessandrini, por resolución de fecha diez de julio de dos mil, escrita a fojas 7242, como cómplice del ilícito;

12.- Juan Fernnado Torres Silva, por resolución de fecha nueve de Noviembre de dos mil , escrita a fojas 8052, como encubridor del ilícito;

13.- Alvaro Julio Corbalan Castilla por resolución de fecha cuatro de enero de dos mil uno, escrita a fojas 8488, como encubridor del ilícito;

14.- Enrique Gabriel Ibarra Chamorrro, por resolución de fecha 23 de Abril de dos mil uno , escrita a fojas 8926 como encubridorr del ilícito;

Mediante resolución de 16 de Junio de dos mil, escrita a fojas 7098, se dejó sin efecto el auto procesamiento que afectaba a Misael Galleguillos Vásquez, Valericio Hermenegildo Orrego Salas, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Nelson Edison Hernández Franco, Jorge Fernando Ramírez Romero, Héctor manuel Lira Aravena, y fraúl alfredo Descalzi Sporke.

Luego de cerrado el sumario se sobreseyó parcial y temporalmente a Humberto Calderón Luna, Luis Pino Moreno y Arturo Silva Valdés, por resolución de 24 de agosto de 2000; decisión que apelada fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el 10 de diciembre de 2001.

El 24 de agosto de 2000, por no existir presunciones suficientes para atribuir responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor se sobreseyó parcial y temporalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 409 N° 2 del Código de Procedimiento Penal, a Hugo Alarcón Vergara, Jorge Vargas Bories, Luis Zanrelli Ripoll, Sergio Echeverría Villarroel, Jaime Del Pozo Hope, Manuel Barros Recabarren, Ariosto Lapostol Orrego, Marcos Derpich Miranda, Osvaldo Pincetti Gac, Enrique Leddy Artaneda, Humberto Gajardo Julia, Gustavo Rivera Toro, Sergio Canals Baldwin, Gustavo Abarzúa Rivadeneira, Sergio Badiola Broberg, Francisca Cerda Galleguillos, Víctor Gálvez Gallegos, César Palma Ramírez, Leonardo Quilodrán Burgos, Patricio Roa Caballero, Elías Oyarce Parraguez, Ricardo Dodds Hermosillla, Hernan Véjar Sinning, Claudio Sepúlveda Silva, Humberto Olmedo Alvarez, José Cáceres Castro, Enrique Morel Donoso, Fernán González Fernández, Roberto Flores Cisternas, Rafael Ochoa Arce, Pablo Rodríguez Márquez, Luis Herrera Mancilla, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Hugo Salas Wenzel, Luis Marambio Riveros, Darío Tronocoso Walker, Magdalena Villena Muñoz, Patricio Lobos Rojas, Jaime Cifuentes del Campo, Luis Opazo Quiroz, Lisandro Contreras Radic, Luis Zamorano Soto, Eduardo Abarzú Cortés, Jorgre Carrasco Fuenzalida, Víctor Muñoz Prussing, René Araneda Minardi, José Roa Vera, Hugo julio Vásquez, Claudio Sepúlveda, Silva, Pedro Muñoz Flores, Rodrigo Sánchez Casillas, Jaime Izarnotegui Valenzuela, Luis Berríos Vásquez, Roberto Arancibia Clavel, Ricardo Opazo Wildner, Miguel Trincado Araneda;

En contra de los procesados, individualizados al inicio de esta sentencia, se dictó acusación de oficio, a la que se adhirió la parte querellante y el Consejo de Defensa del Estado.

La parte de los procesados contestó la acusación de oficio, adhesión y acusación particular: Miguel Hernández Oyarzo a fojas 9478, Alvaro Corbalán Castilla a fojas 9528, Víctor Raúl Pinto Pérez a fojas 9535, Hernán Ramírez Hald a fojas 9558, Roberto Schmied Zanzi a fojas 9612, Carlos Herrera Jiménez a fojas 9668, Hernán Ramírez Rurange a fojas 9683, Juan Carlos Arriagada Echeverría a fojas 9705, Jorge León Alessandrini a fojas 9739, Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo a fojas 9762, Francisco Ferrer Lima a fojas 9787, Enrique Ibarra Chamorro a fojas 9819, Fernando Torres Silva a fojas 9904, Julio Olivares Silva a fojas 9943 y Arturo Alvarez Sgolia a fojas 10.102.

Se recibió la causa a prueba, rindiéndose la documental y testimonial ofrecida por las partes.

Se trajeron los autos para los efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, dictándose medidas para mejor resolver, las que una vez efectuadas se ordenó traer los autos para dictar sentencia.
PARTE CONSIDERATIVA

CONSIDERANDO:
I.- EN CUANTO A LAS TACHAS.
1°.- Que la defensa de los procesados Víctor Pinto Pérez, en el sexto otrosí de la presentación de fojas 9535, Francisco Ferrer Lima en el noveno otrosí del escrito de fojas 9787, Fernando Torres Silva en el décimo otrosí de la presentación de fojas 9904 y Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí del escrito de fojas 10102, solicitaron se declare la inhabilidad de Carlos Herrera Jiménez por las causales de los números segundo y octavo del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se encuentra condenado por un crimen y procesado en esta causa como autor de un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio.
2°.- Que constando en autos que Carlos Herrera Jiménez fue condenado, por sentencia ejecutoriada, a la pena de presidio perpetuo por el homicidio calificado de Juan Alegría Mundaca y que se encuentra sometido a proceso en calidad de autor del homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro en estos autos, procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
3°.- Que teniendo en consideración que Herrera Jiménez ha reconocido su participación en los hechos que se le imputan en esta causa y que no sustenta alegaciones o defensas sobre la base de las incriminaciones que efectúa a algunos encausados, se desestima la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que pueda tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
4°.- Que la defensa de los procesados Víctor Pinto Pérez, en el sexto otrosí de la presentación de fojas 9535 y Francisco Ferrer Lima en el noveno otrosí del escrito de fojas 9787, solicita se declare la inhabilidad de Arturo Alvarez Sgolia por la causal del N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, como, además, la defensa del enjuiciado Ferrer, por la causal del N° 8 del citado artículo, por cuanto se encuentra procesado en esta causa como autor de un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio.
5°.- Que consta en autos que Arturo Alvarez Sgolia se encuentra sometido a proceso en calidad de autor del homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro en estos autos, motivo por el cual procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
6°.- Que Alvarez Sgolia no sustenta alegaciones o defensas sobre la base de incriminaciones que puedan afectar a otros encausados, circunstancia que lleva a desestimar la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que pueda tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
7°.- Que la defensa de los procesados Víctor Pinto Pérez, en el sexto otrosí de la presentación de fojas 9535, y Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí del escrito de fojas 10.102, solicitan se declare la inhabilidad de Francisco Ferrer Lima, por la causal del N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, a la cual se agrega la del N° 2 por el apoderado del encausado Alvarez y sólo se argumenta respecto de esta tacha por la defensa de Pinto Pérez, en el sentido que Ferrer Lima se encuentra procesado en esta causa como autor de un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio.
8°.- Que Ferrer Lima no sustenta alegaciones o defensas sobre la base de incriminaciones que puedan afectar a otros encausados, circunstancia que lleva a desestimar la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que pueda tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
9°.- Que por constar en autos que Francisco Ferrer Lima se encuentra sometido a proceso en calidad de autor del homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro, procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal por el apoderado del encausado Alvarez, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.

Se declara inadmisible la alegación sustentada en los fundamentos de la causal del N° 2 del referido artículo 460, por la defensa del procesado Pinto, por no indicarse circunstanciadamente la inhabilidad respecto de Francisco Ferrer Lima.
10°.- Que la defensa de los procesados Francisco Ferrer Lima, en el noveno otrosí del escrito de fojas 9787 y Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí de fojas 10.102, solicitan se declare la inhabilidad de Víctor Pinto Pérez por las causales de los números segundo y octavo del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se encuentra procesado en esta causa como autor de un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio.
11°.- Que consta en autos que Víctor Pinto Pérez se encuentra sometido a proceso en calidad de autor del homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro en estos autos, motivo por el cual procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
12°.- Que Pinto Pérez no sustenta alegaciones o defensas sobre la base de incriminaciones que puedan afectar a otros encausados, circunstancia que lleva a desestimar la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que pueda tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
13°.- Que la defensa del procesado Arturo Alvarez Sgolia, en el octavo otrosí de su presentación de fojas 10.102, deduce tacha en contra de Patricio Roa Caballero, por la causal prevista en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, pues se encuentra sometido a proceso por diferentes causas que indica.
14°.- Que se acogerá la tacha interpuesta en contra de Roa Caballero, pues de los partes policiales de la Policía de Investigaciones, en especial el de fojas 5003, consta que dicho individuo se encuentra con órdenes de aprehensión pendientes por las causas 3746 del 14º Juzgado del Crimen de Santiago y 186.483 del 3º Juzgado del Crimen de Santiago, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
15°.- Que la defensa de los procesados Jorge León Alessandrini, en el quinto otrosí del escrito de fojas 9739, y Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí de fojas 10.102, solicitan se declare la inhabilidad de Juan Carlos Arriagada Echeverría por las causales de los números segundo y octavo del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se encuentra procesado en esta causa como autor de un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio y ser testigo de cargo respecto de su representado.
16°.- Que consta en autos que Juan Carlos Arriagada Echeverría se encuentra sometido a proceso en calidad de cómplice del homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro en estos autos, motivo por el cual procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
17°.- Que Juan Carlos Arriagada no sustenta alegaciones o defensas sobre la base de incriminaciones que puedan afectar a otros encausados, circunstancia que lleva a desestimar la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que pueda tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
18°.- Que en el quinto otrosí de la presentación de fojas 9762, el apoderado de los encausados Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire formula la tacha del N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal en contra de Jorge Mario Saavedra Canales, puesto que en su calidad de apoderado de la parte querellante, carece de imparcialidad para declarar en esta causa.
19°.- Que procede acoger la tacha formulada en contra de Saavedra Canales, pues de autos consta, A fojas 140 y 285, que es abogado patrocinante de la parte querellante, circunstancia que le priva de imparcialidad y ciertamente tiene interés directo en el resultado del juicio, sin perjuicio de otorgar a sus dichos, el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
20°.- Que la misma defensa interpone la tacha del N°13 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal respecto del testigo Héctor Celedón Nohra, fundado en el hecho que declara por ciencia propia algo que no ha podido apreciar materialmente, por cuanto sustenta su conocimiento en reuniones entre Carlos Herrera y Jorge Mario Saavedra, las cuales no existieron.
21°.- Que se rechazará la inhabilidad, puesto que las reuniones efectuadas por el abogado querellante y el inculpado Herrera se encuentran acreditadas mediante documentos y testigos en la causa, según se expondrá en su oportunidad, antecedente al cual se une el conocimiento que tenía con el inculpado Herrera Jiménez, forma en que se enteró de los hechos expuestos al tribunal.
22°.- Que el apoderado del encausado Arturo Alvarez Sgolia tacha a Celedón Nohra por las causales de los números siete y ocho del artículo 460 del citado Código, puesto que acompañaba a Jorge Saavedra al entrevistarse con Patricio Roa a objeto de “sobornarle” para que declarara en este proceso, es autor del anónimo que entregó el sacerdote Ortega y aquél abogado es su empleador y benefactor.
23°.- Que por constar en autos que Héctor Celedón Nohra trabaja en la misma oficina del abogado Jorge Mario Saavedra, apoderado de una de las partes querellantes, se acogerá la inhabilidad fundada en el N° 7 del artículo 460 antes referido, sin perjuicio de otorgar a sus dichos, el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
24°.- Que en concepto del tribunal Celedón Nohra no carece de imparcialidad necesaria para declarar en esta causa, con motivo de tener interés directo o indirecto en sus resultados, lo cual lleva a rechazar la inhabilidad respectiva.
25°.- Que la defensa del procesado Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí del escrito de fojas 10.102, solicita se declare la inhabilidad de Miguel Letelier Verdugo, Manuel Contreras Donaire, Jorge León Alesandrini y Alvaro Corbalán Castilla por las causales de los números segundo y octavo del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se encuentran procesados en esta causa por la responsabilidad que les asiste en un crimen, circunstancia, esta última, que le priva, además, de imparcialidad, por tener interés en el resultado del juicio y ser testigo de cargo respecto de su representado.
26°.- Que consta en autos que Miguel Letelier, Manuel Contreras, Jorge León y Alvaro Corbalán se encuentran sometidos a proceso en calidad de autores los dos primeros, de cómplice el tercero y encubridor el último en relación al homicidio calificado de Tucapel Jiménez Alfaro, motivo por el cual procede acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
27°.- Que Letelier, Contreras, León y Corbalán no sustentan alegaciones o defensas sobre la base de incriminaciones que puedan afectar a otros encausados y que por este fundamento excluya la propia, circunstancia que lleva a desestimar la inhabilidad fundada en el N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por no estar acreditado el interés directo o indirecto que puedan tener en el resultado del proceso respecto de los demás enjuiciados.
28°.- Que se ha interpuesto tacha en contra de Haydee Fuentes Salinas y Tucapel Jiménez Fuentes por parte de la defensa del encausado Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí de fojas 10.102, sobre la base de las causales número 10 y 11 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, por ser cónyuge e hijo de la víctima y tener ambos la calidad de querellantes en el proceso.
29°.- Que constando en autos los antecedentes de hecho en que se sustentan las causales de inhabilidad invocadas, se acogerán las tachas formuladas respecto de Haydee Fuentes Salinas y Tucapel Jímenez Fuentes, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial, en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
30°.- Que la defensa de Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí de fojas 10.102, interpone la tacha del artículo 460 N° 11 del Código de Procedimiento Penal respecto de Hernol Flores Opazo y Rigoberto Muñoz Sasso, por tener la calidad de querellantes en este proceso.
31°.- Que se acogerá la inhabilidad impetrada, pues de fojas 87 consta la calidad de querellantes de Flores Opazo y Muñoz Sasso, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
32°.- Que el apoderado del encausado Arturo Alvarez Sgolia en el octavo otrosí de la presentación de fojas 10.102, deduce la tacha del artículo 460 N° 2 del Código de Procedimiento Penal respecto de Pedro Andrés Rodríguez Bustos, pues el mismo reconoce que se encuentra procesado por los delitos de giro doloso de cheque e infracción al Código Tributario.
33°.- Que en autos el referido testigo Rodríguez Bustos ha señalado que enfrenta cargos como autor de simples delitos, motivo suficiente para acoger la tacha sustentada en el N° 2 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de otorgar a sus dichos el valor de presunción judicial en los términos del inciso segundo del artículo 464 del citado Código, conforme lo autoriza expresamente la referida norma y la contemplada en el artículo 497 del mismo cuerpo legal.
II.- CARGOS POR LOS QUE FUERON ACUSADOS LOS PROCESADOS.
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