Contadores Públicos Certificados (cpr) Algo o mucho sobre “Dictamen fiscal “creo que ya entendimos






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ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS

COLEGIO PROFESIONAL EN PUEBLA A.C.


Contadores Públicos Certificados (CPR) Algo o mucho sobre “Dictamen fiscal “creo que ya entendimos.

“Adiós dictamen fiscal “



Bueno está claro, mejor ya ni le buscamos situaciones como de que:

¿Creo que no le entiendo que quiere decir la autoridad, sobre el dictamen?

Por ahí me dijeron etc., etc., etc. 

Estas reformas al CFF: ¿realmente a quién benefician?




Todas las modificaciones al CFF es para otorgar mayores facultades de comprobación al SAT, y resaltan la importancia del uso de medios electrónicos, para el cumplimiento.

1.-Bueno vemos primero las reformas

2.-Luego los auditores tienen que ser y demostrar son contribuyentes ejemplares

3.-También el límite de ingresos de las empresas para “Optar “por el dictamen fiscal.


Encontramos que este 23 de octubre, el Senado de la República aprobó con algunos cambios el dictamen de reformas al CFF por lo que remitió nuevamente el proyecto a la Cámara baja. Esta última aprobó el dictamen en los términos propuestos por la Cámara Baja y lo turnó al Ejecutivo para efectos constitucionales. 

Las principales modificaciones son:

Dictamen fiscal

El dictamen fiscal se presentará a más tardar el 15 de julio de cada ejercicio y será opcional para contribuyentes con (art. 32-A, CFF, Reforma):

  • ingresos mayores a 100 millones de pesos

  • activos con valor superior a 79 millones de pesos

  • por lo menos 300 trabajadores

Quienes opten por dictaminarse no presentarán la declaración informativa sobre situación fiscal prevista en el artículo 32-H del CFF.

Los Contadores certificados CPR, no podrán dictaminarse las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Revisión del dictamen

Disminuye a seis meses el plazo máximo de la revisión del dictamen con contador público registrado (CPR) que lo hubiese formulado (art. 52-A, fracc. I, segundo párrafo, Reforma).

Excepción a la revisión secuencial

La autoridad hacendaria requerirá directamente al contribuyente, además de los supuestos conocidos, cuando (art. 52-A, quinto párrafo, incisos g al k, Adición):

  • el objeto de los actos de comprobación sea sobre los efectos de la desincorporación de sociedades o la compañía integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado

  • se revisen conceptos modificados por el causante que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión del dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones

  • se hubiese dejado sin efectos el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI)

  • se realicen revisiones electrónicas

  • el dictamen se hubiese presentado extemporáneamente

Sanción para el dictaminador

Para que el dictamen tenga validez, el CPR tendrá que estar al corriente de sus deberes tributarios en el mes de su presentación; además, la autoridad hacendaria podrá exhortarlo o amonestarlo o suspenderlo hasta por tres años –actualmente dos años– (art. 52, fracc. V, Reforma).

El CPR acreditará su cumplimiento ante los particulares con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.

“Esta disposición es desmedida, no creo que este bien sustentada jurídicamente, pero ya lo investigaremos, ya que no es acorde al principio pro persona, pues tildar de inválido el dictamen porque el CPR omitió una obligación fiscal, implica una sanción para el contribuyente que contrató sus servicios y no para el omiso, situación no permitida en nuestro sistema jurídico “.

Devolución de saldos a favor 

Se eliminará la posibilidad de realizar la declaratoria por CPR para la devolución de saldos a favor del IVA (art. 52, Reforma).

Por lo tanto, quienes opten por dictaminarse llenarán todos los anexos del programa electrónico F3241 (art. 83 y 84, RCFF y regla II.2.2.1.). 

Responsables de delitos

Serán responsables de los delitos fiscales, además de los actualmente conocidos, quienes (art. 95, fracc.  VIII y IX, Adición):

  • tengan la calidad de garante derivado de:

  • una disposición jurídica

  • los estatutos sociales

  • un contrato

Que es Garante.

El garante es la persona constreñida a salvaguardar los bienes jurídicos en su ámbito de dominio (Terragni, Marco Antonio, Delitos de omisión y posición de garante en Derecho Penal, Editorial Rubinzal Culzoni, Argentina, p.13); en ese tenor, el representante legal, o los socios o accionistas de una corporación pudieran ser responsables penalmente.

Si debido a la conducta fuera de la legalidad por parte del garante, el resultado se produce, se responderá de un delito de comisión por omisión.

El origen de este compromiso puede obedecer a varias razones, como las obligaciones nacidas de la regulación legal para ciertas profesiones que incorporan en su actividad el deber formal de protección de determinados bienes jurídicos.

Se convertiría en sujeto activo del delito de omisión impropia por el hecho de contar con la responsabilidad jurídicamente impuesta de hacer lo posible para evitar la consecuencia, esto es, de vigilar el cabal cumplimiento de los deberes tributarios derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas, cuya ejecución directamente incida en la comisión de un delito fiscal.

Así, los asesores, economistas, mercadólogos, administradores de negocios,  contadores, abogados, etc., serán responsables al dirigir una estrategia de negocio, si su ejecución conlleva la comisión de un delito fiscal

Si bien desaparecieron los artículos que contenían la figura de la responsabilidad penal para asesores, se incluyeron dos supuestos en los cuales también se tipifica, pero de manera amplia y sin restricción alguna para brindar certeza a los contribuyentes, las conductas en las que a juicio de la autoridad hacendaria se pudiera ser responsable penalmente, es decir, la mayoría de los prestadores de servicios independientes encuadran en esos casos.

Los socios o accionistas de la responsabilidad solidaria

La responsabilidad de cada socio o accionista procederá en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral, en el porcentaje de participación que cada uno tuviese en el capital social suscrito al momento de la causación, y estará sujeta a que la sociedad incurra en los siguientes supuestos (art. 26, fracc. X, Reforma):

  • no inscribirse en el RFC

  • cambiar de domicilio sin presentar aviso una vez ejercidas las facultades de comprobación o determinado un crédito

  • no llevar contabilidad, ocultarla o destruirla

  • desocupar el domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio respectivo

Además, se aplicará solo si los socios o accionistas tienen o hubiesen tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones causadas en relación con las actividades realizadas por la corporación cuando tenían tal calidad.

De igual manera se indica la fórmula para determinar el monto de la responsabilidad con base en el porcentaje de participación en el capital social.

A diferencia de lo sugerido por el Ejecutivo Federal, se limitó la actuación de la autoridad hacendaria para poder fincar esa responsabilidad, incluso se añade un requisito (control efectivo) para poder hacerlo, acotando su impacto en los contribuyentes.

También son responsables solidarios el albacea o representante de una sucesión (art. 26, fracc. XVIII, Adición).

Más sobre el domicilio fiscal

Se amplía el concepto de domicilio fiscal de las personas físicas al considerar como tal el proporcionado a las entidades financieras y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando no hubiesen manifestado algún otro, o se encuentren como no localizados en esos sitios  (art. 10, fracc. I, inciso d, Adición).

Asimismo, las personas morales y físicas que hubiesen abierto una cuenta a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas a contribuciones, estarán obligadas a solicitar su inscripción en el RFC (art. 27, Reforma).

Otra reforma la contabilidad electrónica

El registro de los asientos contables se delimita, para hacerlo uniforme de una manera estructurada.

Se constriñe al causante a ingresar su información de manera mensual a la página de Internet del SAT  (art. 28, Reforma).

Ya sabemos sobre la factura digital obligatoria

Desaparecerá la facilidad de emitir comprobantes simplificados e impresos con código de barras bidimensional (arts. 29-B y 29-C, Derogación).

En consecuencia, la autoridad hacendaria contará con toda la información a través de los CFDI’s y en un futuro se podría eliminar el deber de presentar declaraciones informativas de retenciones y de expedir constancias.

En cuanto a los comprobantes con CBB, al derogarse el precepto que contemplaba la posibilidad de emitirlos, en principio no se podrán seguir expidiendo a pesar de que la RMISC previera esa facilidad, ya que una disposición de carácter administrativa no puede ir más allá de lo previsto en el CFF.

Ahora bien, si el fisco federal no modificara la actual RMISC en donde se permite utilizarlos bajo ciertos parámetros, existiría un conflicto jurídico porque una regla administrativa está infringiendo el principio de reserva de ley.

Sin embargo, no pasa por alto la existencia del artículo segundo, fracción III de las disposiciones transitorias dentro de la iniciativa de reforma al CFF, en el cual se señala que toda norma contraria a la misma queda sin efectos, ergo, se entendería que todas las reglas de la RMISC en donde se establecieran aspectos vinculados con los comprobantes impresos también se dejan sin efectos.

Otra declaración informativa

Presentarán declaración informativa sobre su situación fiscal a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio, estos contribuyentes (art. 32-H, Adición):

  • quienes tributen en términos del Título II de la LISR, que en el último ejercicio fiscal hubiesen declarado ingresos acumulables o superiores a $644’599,005.00

  • quienes al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores y que no se encuentren en cualquier otro supuesto de los aquí señalados

  • las sociedades mercantiles del régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en los términos del Capítulo VI, Título II de la LISR (integración)

  • las entidades paraestatales de la administración pública federal

  • las personas morales residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades desarrolladas en dichos establecimientos

  • cualquier persona moral residente en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero

De las operaciones a declarar

Los causantes exhibirán la información de las operaciones señaladas en las formas oficiales que en su caso apruebe la autoridad, dentro de los 30 días siguientes a su celebración (artículo 31-A, Adición).

Las revisiones electrónicas

La autoridad hacendaria estará facultada para llevar a cabo revisiones de manera electrónica, esto es, realizar todo la secuela del acto de fiscalización a través del buzón tributario emitiendo una pre liquidación (arts. 42, fracc. IX y 53-B, Adición).

Sobre el plazo de pago de contribuciones omitidas

Se reducirá de 45 a 30 días el plazo para pagar las contribuciones omitidas determinadas por la autoridad hacendaria derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación (art. 65, Reforma).

De los comprobantes sin efectos ( En las empresas se llama para comprobar gastos)

Si el fisco federal se percatara de que los emisores de los comprobantes fiscales no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes, o que están como no localizados, podrá dejar sin efectos esos documentos al haber sido expedidos por actos o actividades inexistentes (art. 69-B, CFF, Adición).

De ser el caso, esta situación se haría saber al causante por el buzón tributario, la página de Internet del SAT y el DOF.

Quienes hubieran dado efecto a los comprobantes expedidos por un contribuyente ubicado en las hipótesis descritas, corregirán su situación fiscal, salvo que acrediten que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios soportados en tales documentos.

Las operaciones amparadas en esos comprobantes se considerarán actos o contratos simulados (art. 109, fracc. IV, CFF), y esa conducta se equipara al delito de defraudación fiscal.

Lo que ya sabemos sobre notificaciones por buzón tributario

Se formalizará la creación del buzón tributario para que la autoridad pueda notificar electrónicamente a los contribuyentes mediante esa herramienta. En consecuencia, se ajustan las referencias en las demás disposiciones aplicables del CFF (art. 17-K, Adición).

Asimismo, en cuanto a las notificaciones personales, de no encontrar al buscado, se dejará un citatorio en el domicilio del particular para la espera al día siguiente, de no estar presente, se practicará con quien se encuentre en el lugar o con un vecino y si éstos se negaren a recibirla, se hará por medio del buzón tributario (art. 137, Reforma).

Se notificarán electrónicamente (arts. 22, 42, fracc. II, 50, primer párrafo, 177 y 196, penúltimo párrafo, Reforma):

  • requerimientos en materia de devoluciones

  • solicitudes de información y documentación

  • pago de contribuciones omitidas

  • inicio de facultades de comprobación

  • abandono de los bienes embargados que pasaran a propiedad del fisco

  • convocatoria de remate

Sobre el aseguramiento y embargo precautorio

En ambas figuras se establecerán claramente los supuestos en los cuales procederán, los montos por los que se efectúa, el orden al señalar los bienes, la notificación y el procedimiento para dejarlo sin efectos o levantarlos (arts. 40, 40-A y 145, Reforma).

Muy delicado la inmovilización de cuentas bancarias

Se precisa la forma en que aplicará la medida, esto es, ya no será consecuencia de un embargo, y tampoco será por una cantidad mayor al crédito determinado a la fecha en que se adopte.

Adicionalmente, se fijarán plazos para la notificación del acto y para iniciar la transferencia de recursos (arts. 156-Bis y 156-Ter, Reforma).

Del Recurso de revocación

El medio de defensa se presentará vía el buzón tributario, dentro de los 30 días siguientes (actualmente 45) al cual hubiese surtido efectos la notificación, o podrá enviarlo a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto según los medios autorizados por el SAT (art. 121, Reforma).

En el escrito de interposición del recurso se anunciarán pruebas adicionales o dentro de los 15 días posteriores, actualmente el plazo es de un mes (art. 123, Reforma).

La interposición del recurso de revocación se hará hasta la convocatoria de remate en la mayoría de los casos, ya no dependiendo de la etapa del procedimiento administrativo de ejecución (PAE) en la que se encuentre.

De la Garantía del interés fiscal

Será forzoso garantizar el interés fiscal a satisfacción de la autoridad hacendaria dentro de los 30 días siguientes (actualmente 45) al día en el que surta efectos la notificación, de lo contrario se iniciará el PAE (arts. 141 y 144, Reforma).

Del remate

Una vez embargados los bienes propiedad del contribuyente, se reducirán los plazos para efectuar el remate de 30 a 20 días, y de la subasta de ocho a cinco días (arts. 176 y 183, Reforma).

Plazo de la Prescripción de créditos

El plazo de la prescripción no podrá exceder en ningún caso de 10 años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido, incluyendo cuando este se hubiese interrumpido (art. 146, penúltimo párrafo, Adición).

El término descrito en el párrafo anterior será aplicable para los créditos fiscales que hubiesen sido exigidos a partir del 1o de enero de 2005 (art. segundo transitorio, fracc. X).

Tratándose de los adeudos previos a esa fecha, el SAT tendrá un plazo máximo de dos años para hacer efectivo su cobro, contados a partir del 1o de enero de 2014, si son créditos que no se encuentren controvertidos en dicho periodo; de impugnarse, el término máximo de dos años será suspendido.

Ello no configurará responsabilidad administrativa para los servidores públicos encargados de la ejecución y cobro de créditos fiscales, si realizan las gestiones de cobro correspondientes.

El hecho de aplicar el plazo máximo de 10 años a créditos exigibles desde 2005 y previos, transgrede el derecho adquirido de los contribuyentes con ese tipo de adeudos de limitar a la autoridad su facultad de cobro a cinco años a partir de su exigibilidad, aplicando de manera retroactiva una disposición, situación no permitida en nuestro sistema jurídico en contravención del artículo 14 constitucional.

Otra más……. de los delitos

Se considerará defraudación fiscal si además de los ingresos hay recursos provenientes de operaciones con recursos ilícitos (art. 108, tercer párrafo, Reforma).

Aparte de eso, cometerá un delito el causante que desocupe o desaparezca de su domicilio fiscal sin dar aviso después de la notificación de la orden de visita domiciliaria, revisión de gabinete o de que se hubiera notificado un crédito fiscal antes de haberse garantizado, pagado o dejado sin efectos (art. 110, fracc. V, Adición).

Por otro lado, la persona que modifique, destruya o provoque la pérdida de la información contenida en el buzón tributario para obtener un beneficio propio o para otro, o ingrese de manera no autorizada para recabar datos de terceros actualizaría una conducta delictiva (art. 110, fracc. IV, Adición).

El Contador Público registrado debe ser contribuyente ejemplar y deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales, de lo contrario el dictamen no tendrá efectos



El contador público registrado que emita dictámenes (CPR) tendrá que estar al corriente de sus deberes tributarios

Los dictámenes emitidos por los contadores públicos registrados (CPR) solo tendrán validez si estos profesionistas se encuentran al corriente de sus deberes fiscales, lo que deberán acreditar a sus clientes mediante la presentación de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, de acuerdo con las reformas al CFF que aún están pendientes de publicarse en el DOF.

Nuevas excepciones a la revisión secuencial

A su vez, otro de los cambios aprobados se encuentra en el artículo 52-A del CFF, en el que se incorporan nuevos supuestos en los cuales la autoridad hacendaria podrá requerir directamente al contribuyente:

  • el objeto de los actos de comprobación sea sobre los efectos de la desincorporación de sociedades o la compañía integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado

  • se revisen conceptos modificados por el causante que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión del dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones

  • se hubiese dejado sin efectos el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI)

  • se realicen revisiones electrónicas

  • el dictamen se hubiese presentado extemporáneamente

El CPR “no podrá” dictaminar empresas con ingresos de menos de 100 millones‏ anuales.

Las empresas con ingresos menores a 100 millones de ingresos, ya no se pueden dictaminar por contador públicos certificado, toda vez que es opcional y solo para empresas que sus ingresos sean superiores a 100 millones, como desprende de la reforma al artículo 32-A del CFF para el ejercicio 2014, que a la letra dice:   

"Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $100,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto  emita  el  Servicio  de  Administración   Tributaria,  sea  superior  a $79,000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus  trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo  las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado. 

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. 

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria  en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen. 

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la obligación de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H de este Código." 

Los dictámenes del 2014, que corresponden a 2013 los Contadores certificados lo podrán realizar conforme a las disposiciones aplicables al mencionado ejercicio.

Obtenemos conclusiones

Como se aprecia, la mayoría de los cambios aprobados permitirán a las autoridades fiscales reforzar sus facultades de comprobación por lo que los contribuyentes deberán incrementar sus controles administrativos a fin de asegurarse de que cumplen con todas las disposiciones fiscales.

Para terminar.

Debemos estar pendientes de todos los cambios de la autoridad ya que debemos tomar en cuenta que ya está en marcha el proceso la entrada en vigor el 1º. de enero del 2014 de las nuevas disposiciones y lo único que espero es que este sencillo resumen sobre el cumplimiento de esta nueva disposición sea de interés de nuestros asociados, y así que no descuidemos esta parte del proceso de trabajo ya que el no atenderlo a su debido tiempo podrá y puede causar problemas en las empresas que asesoremos en su CUMPLIMIENTO, y de existir duda en algún tema asesorarse por todos los medios con temas y personas capaces y expertos en la materia para evitar conflictos con las autoridades hacendarias.

Gracias

Sin Otro Particular Deseando sea de utilidad esta información, reciban un cordial saludo.

C.P.C. Cecilio Romero Rodríguez

Vicepresidencia de Actividades Fiscales

Consejo Directivo 2013 – 214


51 Poniente No. 505 Plaza América Local 25, Col. Residencial Boulevares. Puebla, Pue.

Teléfono: (222) 237 19 74 y 237 49 38

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