Carmen esther gómez cabrera






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Ponencia de la Magistrada CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA.

 

En el juicio que por cobro de diferencia de acreencias laborales sigue el ciudadano AMÍLCAR RAMÓN CASTEJÓN ROSENDO, representado judicialmente por los abogados Alirio Palencia y Amilcar Antequera, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), representada judicialmente por los abogados Adolfo Cuicas Graterol, Yván Robles, Roselyn García Navas, Noreyma Josefa Mora, Ángel Sánchez, María Auxiliadora Monagas, Alexis Beaumont Moreno, Mauricio Rodríguez Yañez, Ever Reyes Pineda, Teodoro Caballero Achoy, Julio González, María Fernanda Matos Pomenta, María Antonieta Ceccarelli Astudillo, Peggy Beatríz Paiva Colmenero, Pamela Alexandra Quiroz, Incary Guerra Torres, Ángel Yohans Sánchez Rodríguez, Adriana Blanco, Orquidia Azorín, Ygnacio Hidalgo, Marlyn Yulier Useche Chacón, Sandra Guevara, Diurbys Requena Rotundo, María Andreína Leañez Guzmán, Luis José Hostos Salazar, Joelle Josefina Vegas Rivas, Keissy Nereida Lozada Correa, Alexis Calderón Becerra, Julio Alejandro González Benavente, Johanna María Tablante Arriojas, Leonor Alexandra Canelo Colmenares, Charles Wladimir Frías Duarte, Víctor Oswaldo Esqueda Blanco, Ricardo Suárez, Giacinta Tatoli Varesano, Dayanira Dueñes Cárdenas, Marcos Acevedo Valery, Yoly Esperanza Sánchez González y Liliam Delgado; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, mediante fallo de fecha 17 de septiembre del año 2012, declaró parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y demandada respectivamente, y parcialmente con lugar la demanda, modificando el fallo apelado en lo que respecta a la procedencia del pago por Seguro Colectivo de Vida, a la improcedencia del pago doble por concepto de antigüedad, así como de los intereses de mora y la indexación de dicha prestación.

 

Contra la sentencia de alzada anunciaron recurso de casación los abogados Yván Robles y, posteriormente Amilcar Antequera Lugo, en sus caracteres de apoderados judiciales de la parte demandada y actora respectivamente, los cuales una vez admitidos, fue remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

Recibido el expediente, en fecha 30 de abril del año 2013, se dio cuenta en Sala, designándose Ponente a la Magistrada Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera.

 

Fueron formalizados ambos recursos de casación anunciados. No hubo contestación.

 

En fecha 15 de octubre del año 2014, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Social, fijó la audiencia pública y contradictoria para el día 13 de noviembre del mismo año, a la cual comparecieron las partes y expusieron sus alegatos.

 

Concluida la sustanciación del presente asunto y siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 13 de noviembre del año 2014, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones:

 

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden en que fueron presentados los escritos de formalización, y procede a conocer en primer lugar el formalizado por la parte accionante.

 

RECURSO DE CASACIÓN FORMALIZADO POR LA PARTE ACTORA

-I-

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el formalizante denuncia que el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción, en los siguientes términos:

 

(…) se denuncia que el fallo recurrido es contradictorio en virtud de que, por una parte, expresa que se condena a la accionada en pagar la “Indexación o Corrección Monetaria sobre los conceptos condenados a pagar desde la fecha de terminación de la relación de trabajo el 27 de noviembre de 2007, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia, para lo cual se deberá tomar en consideración la tasa activa fijada por los seis (06) principales bancos del país”, y por otra parte, establece que se condena a pagar a la demandada la “Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela. Así mismo, expresa que la demandada debe pagar la indexación sobre el Seguro Colectivo de Vida desde la fecha de notificación de la parte demandada aun cuando en la sentencia indica que la indexación debe ser calculada sobre todos los conceptos condenados (incluyendo el Seguro Colectivo de Vida) en el fallo desde la fecha de terminación de la relación de trabajo el 27 de noviembre de 2007.

De lo antes expuesto, resulta palmaria la contradicción de la sentencia, toda vez que las declaratorias de la parte motiva y su parte dispositiva resultan excluyentes entre sí, haciéndola inejecutable, ya que al fijar los parámetros que han de tomarse en cuenta para determinar la Indexación o Corrección Monetaria a través de la Experticia Complementaria del Fallo, indica que debe tomarse en cuenta tanto la tasa activa fijada por los seis (06) principales bancos del país como la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela y que debe calcularse la referida indexación desde la fecha de la terminación de la relación laboral pata todos los conceptos condenados y luego se contradice al expresar que sobre uno de los conceptos condenados (Seguro Colectivo de Vida) debe ser calculada la indexación desde la fecha de la notificación de la demandada, cuando lo correcto era establecer que la referida indexación se debe calcular en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor fijado por el Banco Central de Venezuela desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo (el 27 de noviembre de 2007), en lo que respecta a la antigüedad, y desde el (sic) fecha de la notificación de la demandada en lo que respecta al resto de los conceptos condenados, lo que permite concluir que se constituye en el fallo recurrido el vicio de inmotivación por contradicción y así pido se declare.

 

Delata el formalizante que el sentenciador de la recurrida incurrió en contradicción en los motivos del fallo, al condenar al pago de la indexación o corrección monetaria por el concepto de Póliza de Seguro Colectivo de Vida, respecto al momento desde el cual debe ordenarse dicho cálculo y en cuanto a los parámetros que se deben tomar en cuenta para ello.

 

Ha señalado esta Sala que existe contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí, quedando éste desprovisto de fundamentación:

 

En sentencia N° 133 de 5 de marzo de 2004 la Sala estableció que en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la falta de motivos debe entenderse literalmente, aun y cuando no lo precisa la norma, como la falta absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, es decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, porque como ya se ha expresado, la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación pues en tal caso la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho; la contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí; el error en los motivos, no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes; y, la falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.

 

En ese sentido, para verificar lo denunciado por la parte recurrente, es necesario transcribir lo expuesto por la recurrida al respecto:

 

(…) En consecuencia, siendo la Póliza de Seguro Colectivo de Vida un concepto procedente en el presente caso y no pagado hasta el presente momento o al menos, no demostrado así por la parte demandada, siendo su obligación de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ordena la Indexación o Corrección Monetaria de ese monto y por no ser un concepto derivado de la prestación de antigüedad, se ordena que su cálculo se realice a partir de la fecha de notificación de la parte demandada, conforme a lo establecido por la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras decisiones, en la Sentencia No.1.345, de fecha 18 de noviembre de 2010, (…)

 

(Omissis)

 

Del mismo modo, se acuerda la Indexación o Corrección Monetaria sobre los conceptos condenados a pagar desde la fecha de terminación de la relación de trabajo el 27 de noviembre de 2007, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia, para lo cual se deberá tomar en consideración la tasa activa fijada por los seis (06) principales bancos del país. Del mismo modo se establece que, a los fines del cómputo de la Indexación acordada, se deberán excluir los lapsos de paro y vacaciones tribunalicias, así como los lapsos en los que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, en casos fortuitos o fuera mayor. (…).

 

(Omissis)

 

Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, los Intereses Moratorios y la Indexación, se calcularán mediante Experticia Complementaria del Fallo, siguiendo los parámetros que se indican a continuación:

 

(Omissis)

 

5.- La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

 

Efectivamente, constata la Sala que existe contradicción en los motivos señalados por el sentenciador de la recurrida, al ordenar la indexación o corrección monetaria del pago del concepto de Póliza de Seguro Colectivo de Vida, a partir de la fecha de notificación de la parte accionada, y luego indica que será desde la fecha de terminación de la relación de trabajo; y establece asimismo, que se deberá tomar en consideración la tasa activa fijada por los seis (6) principales bancos del país, y luego, que se tomará en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

 

Ahora bien, conforme a criterio fijado por esta Sala de Casación Social en sentencia N° 1.841 de fecha 11 de noviembre del año 2008, lo procedente es ordenar la indexación o corrección monetaria por el concepto antes mencionado, desde la fecha de notificación de la demanda -16 de septiembre de 2008-, hasta la oportunidad de pago efectivo, con base en la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, y excluyendo del cómputo, los lapsos en los cuales la causa se hubiere paralizado por acuerdo entre las partes o por motivos no imputables a ellas, como caso fortuito o fuerza mayor, vacaciones judiciales, paros o huelgas tribunalicias.

 

En atención a lo antes expuesto, debe esta Sala declarar con lugar la presente denuncia, por haber incurrido el sentenciador de alzada en el vicio de inmotivación por contradicción.

 

Dada que la declaratoria de procedencia de la presente denuncia, acarrea la resolución con lugar del recurso de casación interpuesto por la parte actora, resulta inoficioso para la Sala emitir pronunciamiento sobre las restantes delaciones contenidas en el escrito de formalización, así como conocer el recurso de casación formalizado por la parte demandada.  En consecuencia, esta Sala de Casación Social declara con lugar el recurso de casación anunciado por la parte actora, ANULA el fallo recurrido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a decidir el fondo de la controversia, en los siguientes términos:

 

DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

 

Señala la parte actora en su libelo de demanda, que en fecha 25 de septiembre de 1978, comenzó a prestar servicios personales por medio de un contrato laboral a tiempo indeterminado, para la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), posteriormente denominada COMPAÑÍA ANÓNIMA ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE (ELEOCCIDENTE), la cual fue absorbida por CADAFE, que forma parte de CORPOELEC.  Que el último cargo desempeñado fue el de Lector Cobrador, hasta el 02 de abril del 2007, cuando fue suspendida la relación de trabajo, debido a un primer reposo otorgado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por presentar enfermedad denominada Hernia Discal, hasta su definitiva desincorporación certificada en fecha 10 de mayo de 2007, por la Comisión Regional para la Evaluación de Invalidez del estado Falcón, que lo evaluó con un 67% de incapacidad absoluta y permanente para el trabajo, derivado de enfermedad laboral u ocupacional; por lo que la relación laboral duró 29 años, 2 meses y 2 días. Que en fecha 11 de abril del año 2008, la empresa le pagó la cantidad de Bs. 111.837,06, por concepto de prestaciones sociales y otros beneficios laborales.

 

Que conforme a la cláusula 16, literal “C”, del numeral 1 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, el tiempo durante el cual un trabajador esté en reposo médico ordenado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o por el servicio médico de la empresa, no se excluirá a los efectos del cálculo de la indemnización por antigüedad, siempre que no exceda de 52 semanas, prorrogables por 52 semanas más.

 

Que la cláusula 60 de la Convención Colectiva, establece la oportunidad y forma de pago de las indemnizaciones que la empresa debe pagar a sus trabajadores con ocasión a la terminación de la relación de trabajo. Que conforme al numeral 5 de la cláusula 60 de la Convención Colectiva, al trabajador le corresponde según la cláusula 20, cuando la relación de trabajo termine por fallecimiento o discapacidad total y permanente a consecuencia de una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, percibir las indemnizaciones establecidas en la cláusula 20 de la Convención, que se encuentra estructurada en 7 numerales, dentro de los cuales no se encuentra enmarcado el supuesto fáctico del accionante. Por lo que en atención a la consecuencia y a la causa de infortunio, se le debe calcular las prestaciones como si se tratara de un despido injustificado, conforme lo estipula el numeral 10 del anexo E de la Convención Colectiva CADAFE 2006-2008.

 

Que el numeral 2 de la cláusula 46 de la Convención Colectiva, referente al Seguro Colectivo de Vida, indica que la cobertura de riesgos por desmembramiento, que a los tres meses de ser certificada la discapacidad por accidente o enfermedad, el trabajador recibirá o se le pagará además de lo que se haya pagado por lesiones accidentales, un monto equivalente al capital asegurado.

 

Que es uso y costumbre de la empresa demandada, además de otorgarle a los trabajadores que hayan sufrido un infortunio laboral, pagar la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, el doble de la prestación de antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el doble del preaviso correspondiente, el concepto por seguro colectivo de vida, y un 5% por cada año de servicio contado a partir del año siguiente al quinquenio de labores ininterrumpidas.

 

Por su parte, la demandada en la contestación señaló que existen dos momentos distintos dentro de la relación laboral, uno cuando termina la prestación efectiva del servicio, y otra cuando culmina la relación laboral, aduciendo que no es aplicable la cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, ya que aduce es aplicable solo para el caso del trabajador que sufra un accidente de trabajo y no para el caso de enfermedad ocupacional, por lo que no se puede tratar de cobrar el pago de prestaciones sociales calculadas como si se tratara de un despido injustificado.

 

Niega, rechaza y contradice que la empresa haya pagado de manera parcial, la cantidad de días de salario a que se hizo acreedor por ciertos conceptos laborales y que se le adeude una diferencia. Niega la aplicación de las cláusulas 60.3; 60.5 y 20.1, relativas al doble de la indemnización de antigüedad, consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, el preaviso establecido en el artículo 104 ejusdem y el numeral 10 del Anexo “E”.

 

Niega, rechaza y contradice que al trabajador se le adeude la indemnización consagrada en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que este concepto le fue cancelado por un monto de Bs. 12.808,13; deberle la diferencia de la indemnización doble de antigüedad, alegando que no está dada la situación de despido injustificado y que no hay pronunciamiento de la Comisión Tripartita. Que le adeude la indemnización por preaviso, alegando que no existe fundamentación jurídica para que el demandante pretenda tal beneficio. El pago adicional del 5% por cada año de servicio siguiente al quinquenio ininterrumpido de labores. Así como, el pago de intereses, por cuanto señala que las prestaciones fueron canceladas con los respectivos intereses. Finalmente, señala sea declarada sin lugar la demanda.

 

En fecha 14 de junio del año 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen como para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por el accionante de autos.

 

Contra esa decisión de instancia, ambas partes interpusieron recurso de apelación. Posteriormente, en fecha 17 de septiembre del año 2012, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, declaró parcialmente con lugar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, parcialmente con lugar la demanda, modificando el fallo apelado respecto a la procedencia del pago del Seguro Colectivo de Vida, y la improcedencia del pago doble de la prestación de antigüedad, intereses de mora, y los derivados del incumplimiento forzoso de la decisión y la indexación, todo en relación con la prestación de antigüedad, confirmando así el resto del fallo apelado.

 

Pues bien, teniendo esta Sala la facultad de emitir la sentencia de fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictarla bajo las siguientes consideraciones, no sin antes advertir, que la distribución de la carga probatoria, así como el análisis de las pruebas se realizará a la luz de la legislación vigente y la jurisprudencia emanada de esta Sala de Casación Social.

 

De la forma como fue contestada la demanda, quedó admitida la relación laboral habida entre las partes, el motivo de terminación de la misma –por jubilación concedida como consecuencia de la incapacidad total y permanente para el trabajo habitual-, el último cargo desempeñado por el trabajador –Lector Cobrador-, así como la fecha de inicio y término de la relación laboral -25 de septiembre de 1978 y 27 de noviembre de 2007-; quedando como hechos controvertidos la procedencia o no de la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo –equivalente al salario de dos años-, del doble de la indemnización por prestación de antigüedad, del doble de indemnización por concepto de preaviso, del Seguro Colectivo de Vida, del pago adicional del 5% por cada año de servicio sobre la sumatoria del doble por concepto de antigüedad y preaviso, de los intereses sobre las prestaciones sociales, intereses moratorios e indexación sobre la diferencia reclamada.

 

En este sentido, se observa de las actas que conforman el expediente, que en la oportunidad correspondiente, ambas partes promovieron las pruebas que consideraron pertinentes, de la siguiente manera:

Pruebas de la parte actora:

Documentales:

Marcado “A”, cursante al folio 154 de la primera pieza del expediente, copia simple de Certificación de Incapacidad del accionante, de fecha 13 de abril de 2007, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con sello húmedo de la Comisión Evaluadora de Discapacidad del estado Falcón, en el que se identifica al ciudadano Amílcar Castejón Rosendo, describiéndose la incapacidad que padece, así como el porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo del 67%.

 

Marcado “B” –folio 155 de la primera pieza del expediente- copia simple de la Certificación N° 0088-2007 emanada de la Diresat del estado Falcón, de fecha 27 de noviembre del año 2007, suscrita por el Médico Especialista de Salud Ocupacional, en la cual certifica que el ciudadano Amilcar Ramón Castejón Rosendo padece de: 1.- Hernia Discal C3-C4 y C5-C6, 2.- Hernia discal lumbar L4-L5 y L5-S1, con compresión radicular en ambas, consideradas enfermedades ocupacionales, trastornos musculo-esqueléticos, códigos CIE 10: M511 y M542, que le originan una discapacidad total permanente para el trabajo habitual.

 

Ambas documentales constituyen documentos públicos administrativos, los cuales, por emanar de un funcionario público competente para tales efectos, están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad en su contenido y por lo tanto, deben considerárseles ciertos hasta prueba en contrario. Dichas documentales no fueron atacadas de forma alguna por la parte demandada, por lo que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que la Comisión Evaluadora de Discapacidad del estado Falcón evaluó al demandante en fecha 13 de abril de 2007, quien le certificó una discapacidad total permanente para el trabajo habitual de un 67% por enfermedad ocupacional.

 

Marcados “C” –cursante al folio 156 y 157 de la primera pieza del expediente- copia simple de reposo médico a nombre del accionante de fecha 02 de abril del año 2007, emanado de la Unidad de Rehabilitación Médica y Salud Ocupacional “Sagrada Familia”, suscrito con sello húmedo del Dr. Oscar Hernández y copia simple del Servicio Médico de Eleoccidente del estado Falcón, de la misma fecha y a nombre del actor. Al no haber sido impugnadas por la parte contraria, se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Marcado “D” –folio 158 de la primera pieza del expediente- contentivo de copia simple de Hoja de Liquidación de Prestaciones Sociales del actor, de fecha 26 de marzo de 2008, emanada de Recursos Humanos de Eleoccidente, por la cantidad de Bs. 127.284,82; evidenciándose el pago efectuado por concepto de prestaciones sociales, por los conceptos de antigüedad, vacaciones, bono vacacional y bonificación de fin de año. A esta documental se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contraria.

 

Marcado “E” –folio 159 de la primera pieza del expediente- contentivo de Hoja de cálculo de prestaciones sociales, a nombre del hoy accionante, por un monto total de Bs. 127.284,82, y deducciones por Bs. 15.447,77.  Al no haber sido impugnada por la parte contraria, se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Marcado “F” –folio 160 de la primera pieza del expediente- contentivo de Memorando de notificación de jubilación, emanado de la Coordinación de Recursos Humanos de CADAFE en fecha 27 de noviembre del año 2007, y dirigido al demandante, según el cual le notifican el otorgamiento del beneficio de jubilación por causa de incapacidad total y permanente, así como la desincorporación de sus labores.  A esta documental se le otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al no haber sido impugnada por la parte contraria.

 

Marcado “G” –folios 161 al 164 de la primera pieza del expediente- copia certificada del escrito de contestación de demanda efectuada por la empresa accionada en otra causa signada bajo el Nro. D-001078-2008.  A esta instrumental no se le otorga valor probatorio por cuanto no guarda relación con el asunto que nos ocupa.

 

Exhibición:

De Hoja de Liquidación de Prestaciones y Beneficios Personales, elaborada en fecha 26 de marzo de 2008, debidamente sellada y firmada por la Dirección General de CADAFE y la Coordinación de Recursos Humanos de ELEOCCIDENTE, C.A. (filial de CADAFE), a nombre del ciudadano Amilcar Castejón, por un monto de Bs.127.284,82, y de Hoja de Cálculo de Prestaciones y Beneficios Personales, elaborada por la empresa, a nombre del accionante.  Esta prueba no fue evacuada, al considerar el Juez de Juicio inoficiosa su evacuación, por cuanto los documentos solicitados exhibir, se encuentran agregados al expediente y otorgándoles valor probatorio al no haber sido impugnados.

 

Informes:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, solicitó se oficie al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección de Salud Centro Hospital Cardón estado Falcón (Comisión Evaluadora de Discapacidad del estado Falcón), a fin de que informe si el ciudadano Amilcar Castejón fue evaluado por esa Comisión Estatal para la Incapacidad, colocándole un porcentaje de incapacidad de 67% de discapacidad por enfermedad ocupacional y si el referido ciudadano trabajaba para la empresa Eleoccidente, C.A. o Cadafe.  Cursa al folio 208 de la primera pieza del expediente, Oficio Nro. CHC-CE-112-011 suscrito por la Directora del Centro Hospital Cardón Dr. Juvenal Bracho del estado Falcón, mediante el cual informa al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, que el ciudadano Amílcar Ramón Castejón Rosendo, quien se desempeñaba como lector cobrador, fue evaluado el día 05 de abril de 2007, por la Comisión Evaluadora del estado Falcón, obteniendo el 67% de la Incapacidad. Por cuanto los hechos informados no resultan controvertidos, no se les otorga valor probatorio.

 

Inspección Judicial:

Sobre documentos específicos del expediente laboral del ciudadano Amílcar Castejón, que se encuentra en la oficina principal de Eleoccidente, C.A. en el estado Falcón. Esta prueba fue declarada desistida por el Tribunal A-quo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto la parte promovente no compareció a la evacuación de dicha prueba, por lo que no hay sobre lo cual valorar.

 

Pruebas de la parte demandada:

Mérito Favorable de los Autos:

El cual no constituye un medio de prueba, por lo que no hay sobre lo cual valorar.

 

Documentales:

Marcado “B” –folio 167 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 03144 de fecha 14 de noviembre de 2006, a nombre de Amilcar Castejón.

Marcado “C” –folio 168 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 41394 de fecha 14 de diciembre de 2006, a nombre del actor.

Marcado “D” –folio 169 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 34236 de fecha 15 de enero del 2007, a nombre del actor.

Marcado “E” –folio 170 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 29036 de fecha 14 de febrero del 2007, a nombre del actor.

Marcado “F” –folio 171 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 17376 de fecha 14 de marzo del 2007, a nombre del actor.

Marcado “G” –folio 172 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 15258 de fecha 14 de abril del 2007, a nombre del actor.

Marcado “I” –folio 174 de la primera pieza del expediente-, copia simple de nómina de pago Nro. 11472 de fecha 12 de septiembre del 2008, a nombre del actor.

 

Dichas pruebas fueron promovidas en copias simples e impugnadas por la parte accionante en la Audiencia de Juicio, sin embargo, la parte demandada no presentó los originales, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no se le otorga valor probatorio.

 

Marcado “H” –folio 173 de la primera pieza del expediente-, Certificación de Incapacidad Nro. 0282-07 Coro, de fecha 13 de abril de 2007, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con sello húmedo de la Comisión Evaluadora de Discapacidad del Estado Falcón, en el que se identifica al ciudadano Amílcar Castejón Rosendo, describiéndose la incapacidad que padece, así como el porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo del 67%.  Dicha documental fue de igual forma promovida por la parte actora, por lo que como antes se estableció, se le otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que la Comisión Evaluadora de Discapacidad del Estado Falcón evaluó al demandante en fecha 13 de abril de 2007, quien le certificó una discapacidad total permanente para el trabajo habitual de un 67% por enfermedad ocupacional.

 

Por otra parte, la Audiencia de Juicio fue suspendida para ordenar la comparecencia a posteriori del demandante a fin de tomarle declaración de parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a quien se le preguntó lo siguiente: 1.- ¿Si en el tiempo que trabajó para la empresa, siempre le pagaban su mensualidad? Contestó que siempre le pagaban los quince y último. 2.- ¿Si firmaba las nóminas de pago? Contestó que no porque le hacían depósitos a su cuenta. 3.- ¿Si le pagaron la indemnización del artículo 571 de la de la Ley Orgánica del Trabajo? Contestó: ‘Como a nosotros nos depositaban en la cuenta, cobraba mis horas extras de trabajo, sobre tiempo y esas cosas, bonos dominicales cuando trabajábamos los domingos, pero la indemnización de ese artículo no me acuerdo que me lo hayan pagado; no me lo pagaron’. 4.- ¿Ud. recuerda que para el 12 de septiembre de 2008, haya cobrado la cantidad de Bs. 13.688,79? Contestó. No. 5.- Ud. Sabe a qué se refiere esa indemnización? Contestó: ‘Bueno, no es sobre la incapacidad’. ¿Ud. tenía cuenta en la que la empresa le hacía sus depósitos, en Bancoro. Sabe lo que es su código de Imputación? Contestó: No.

 

Ahora bien, de la declaración de parte quedó evidenciado que al demandante no le fue pagada la indemnización establecida en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, referida para casos de accidente o enfermedad profesional que produzca incapacidad absoluta y permanente para el trabajo. Así se decide.

 

Analizadas las pruebas de autos, nos encontramos que el accionante Amílcar Ramón Castejón Rosendo, trabajó para la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), en el cargo de Lector Cobrador, devengando un último salario variable promedio mensual de Bs. 4.277.068,42, como quedó admitido y según se evidencia de la hoja de cálculo de prestaciones sociales cursante al folio 159 de la primera pieza del expediente. De igual forma, quedaron admitidos los siguientes hechos: fecha de inicio y culminación de la relación laboral -25 de septiembre de 1978 y 27 de noviembre de 2007-; tiempo de duración de la relación laboral 29 años, 02 meses y 02 días; fecha de desincorporación del trabajador a las actividades -01 de agosto de 2007-; el pago efectuado por la empresa al actor en fecha 11 de abril de 2007, por la cantidad de Bs. 120.177,06 por concepto de prestación de antigüedad; el salario utilizado para el cálculo de la prestación de antigüedad de Bs. 3.955.547,67 para un primer corte y de Bs.4.277.068,42 para un segundo corte; la causa de terminación de la relación laboral por incapacidad absoluta y permanente calificada al trabajador, por lo que la empresa le concedió el beneficio de jubilación en aplicación a la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008.

 

En tal razón, queda controvertido lo siguiente: Si la empresa le adeuda al trabajador la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo. Si le corresponde el pago del Seguro Colectivo de Vida consagrado en la Cláusula 46 numeral 2° de la Convención Colectiva de CADAFE y sus Empresas Filiales 2006-2008, el pago doble de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, y el pago doble del preaviso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, todo ello según lo previsto en la cláusulas 20 y 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008

 

Respecto al pago adicional del 5% por cada año de servicio, contado a partir del año siguiente al quinquenio de labores ininterrumpidas, sobre el monto total que se origine de la sumatoria del doble por concepto de antigüedad y preaviso del trabajador, fue desistido por los apoderados judiciales de la parte actora.

 

En primer lugar, procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de pago de la indemnización contemplada en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto alega el accionante que el mismo es procedente conforme lo establecen los numerales 3 y 5 de la Cláusula 60 y del numeral 1 de la Cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, al indicar que las indemnizaciones y prestaciones sociales deben pagarse como si se tratara de un despido injustificado.

 

El artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que en caso de accidente o enfermedad profesional que produzca incapacidad absoluta y permanente para el trabajo, la víctima tendrá derecho a una indemnización equivalente al salario de dos (2) años, la cual no excederá de la cantidad equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos.

 

Ahora bien, ha establecido esta Sala de Casación Social que sólo podrá exigírsele al patrono el pago de las indemnizaciones derivadas de un infortunio laboral por responsabilidad objetiva –como lo es la consagrada en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo-, si el trabajador discapacitado no disfruta del Sistema de Seguridad Social, lo cual no se corrobora en el caso que nos ocupa, por cuanto quedó evidenciado de las pruebas aportadas al proceso, específicamente del Certificado de Incapacidad emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales –folio 154 de la primera pieza del expediente-, que el trabajador gozaba del Seguro Social Obligatorio, por lo que resulta improcedente el pago por parte de la empresa de este concepto, debiendo en consecuencia el accionante dirigir su petición ante el referido Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a fin de hacer efectivo su reclamo, y así se establece.

 

Como segundo punto, en cuanto a la solicitud de pago del Seguro Colectivo de Vida consagrado en la Cláusula 46 numeral 2° de la Convención Colectiva de CADAFE y sus Empresas Filiales 2006-2008, es preciso señalar lo contemplado en la referida Convención Colectiva:

 
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