La relacion juridica: la persona






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Florencia Carrizo Crisorio


UNIDAD N° 5

LA RELACION JURIDICA: LA PERSONA

PUNTO 1

El sujeto de la relación jurídica

El sujeto activo o titular de la relación jurídica es la persona que puede ejercer la prerrogativa a que ella se refiere. Si se trata del derecho de propiedad es quien puede usar, gozar y disponer de la cosa y exigir de los demás integrantes de la sociedad el respeto de su prerrogativa.

El sujeto pasivo de la relación jurídica es quien debe soportar inmediatamente el ejercicio de la prerrogativa del titular. Así, tratándose de una obligación de dar una cosa, el sujeto pasivo es el deudor constreñido a entregar dicha cosa al acreedor.

Hay relaciones jurídicas que carecen de sujeto pasivo individualizado. Son las que corresponden a los derechos llamados "absolutos" Porque no se ejercen contra una persona determinada, sino indeterminadamente contra quienquiera se oponga a su ejercicio, es decir, se ejercen "erga omnes". El sujeto pasivo es toda la sociedad. En las otras relaciones jurídicas además de este sujeto pasivo universal, hay un sujeto pasivo individualizado.
Concepto jurídico de persona

El derecho designa con la palabra "persona" a todo ente dotado de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es la noción que suministra el art. 30 del Código Civil:

"Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones".
La razón de ser de la relación jurídica

 El eje de toda relación jurídica es la persona, ya sea en su relación con otra persona, con una cosa o con hechos. Así López de Zavalía define a la relación jurídica como “el conjunto de conexiones jurídicas unificadas cuyo núcleo fundamental consiste en las relaciones jurídicas entre una persona mirada como fin y un ente del mundo exterior a ella, considerado como medio”.
Clasificación:

Nuestro ordenamiento jurídico "reconoce" dos especies de personas: a) Las personas de existencia visible; y b) Las personas de existencia ideal. Así lo dice el art. 31, parte primera, del Código: "Ias personas son de una existencia ideal o de una existencia visible..."
a) Personas individuales o naturales o humanas

Las define nuestro código en el art. 51: "Todos los entes que presentasen signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible".

Para Llambías, el ser humano es aquí aludido en forma bastante pueril, con resonancia de antiguos prejuicios sobre la existencia de monstruos o prodigios que pudieran nacer de la mujer.
b) Personas ideales o de existencia ideal o personas morales

El derecho considera también sujetos de derecho a personas morales o colectivas, las llamadas "personas jurídicas". Nuestro código en su art. 32 establece: “Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas”.

Si el ordenamiento jurídico "reconoce" en el ser humano el carácter de "persona" para la obtención de fines vitales, debe igualmente reconocer el mismo carácter en sustratos compuestos por más de un individuo humano, formados con el objeto de satisfacer sus fines vitales.
Identificación o diferencia entre persona ideal y persona jurídica: sistema del codificador y de la Ley 17711

Si queremos atenernos a la terminología del Código Civil, conviene nombrar a esta clase de personas, como "personas de existencia ideal".

En doctrina suelen usarse otras denominaciones, como "personas ficticias", "personas civiles" "personas colectivas", "personas morales" o "personas jurídicas". Esta última denominación, acuñada por Savigny, es la corrientemente aceptada en el derecho moderno, pero entre nosotros tiene el inconveniente de haber sido reservada para una determinada clase de personas de existencia ideal, las que llamaba Freitas "personas públicas" que son aquellas de existencia necesaria, o las que nacen en virtud de un acto administrativo expreso que las contempla especialmente. Por eso nos abstenemos de usar la denominación "personas jurídicas" para referirnos a toda clase de personas ideales o morales".

Con respecto al sistema del codificador, Vélez Sarsfield en el art. 30 define a las personas en general, y en el art. 32 señala que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible son personas de existencia ideal o personas jurídicas. Este artículo no da los elementos que caracterizan la esencia de estos entes distintos de los individuos, pero debe interpretarse que tal sustancia debe ser humana.

Por otra parte, el art. 33 en su redacción anterior, se refería personas de una existencia necesaria o de una existencia posible. Actualmente el criterio adoptado por la ley 17.711 es dividir a las personas jurídicas en públicas y privadas.
Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público:

1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.

2°. Las entidades autárquicas.

3°. La Iglesia Católica.

Tienen carácter privado:

1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.

PUNTO 2
Personas naturales o de existencia visible
Persona y ser humano

En el concepto expuesto se identifica la noción de "persona" con la de cualquier ente dotado de la aptitud para la adquisición de derechos.

Pero interesa conocer si esa aptitud que lo constituye al ente en persona del derecho le viene al sujeto de sí mismo, de alguna calidad esencial existente en él que no es posible desconocer, o es una vestidura externa que le llega al sujeto por obsequio del ordenamiento jurídico. En esto se toca una diferencia radical entre la corriente del "positivismo jurídico" y la del derecho natural.

Para el positivismo jurídico persona y hombre son realidades diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión "persona" denota un concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines: el concepto "hombre" alude a una realidad natural, el ser humano. En esta línea de pensamiento aparece Kelsen, para quien La persona, jurídicamente hablando, no es algo concreto y externo al Derecho; es simplemente un centro de imputación de normas.

Para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación arbitraria del legislador, sino una disciplina instrumental de la conducta al servicio de los fines humanos. El derecho no es el amo del hombre, sino que, a la inversa, está a su servicio, desde que el hombre y sólo, el hombre es el protagonista y destinatario del derecho. De aquí se sigue que el ordenamiento jurídico no puede dejar de "reconocer" en todo hombre la calidad de persona o sujeto de derechos, no puede dejar de reconocer al hombre, cualquiera sea su condición o raza, el carácter de persona. Por tanto, el orden jurídico, para ser verdaderamente tal, exige la calidad de persona en todos los hombres.
El valor trascendente de la persona.

Ontológicamente, todos los hombres están subordinados al derecho, pero el hombre posee un derecho transhumano.

No hay otro modo de ser hombre sino invistiendo el carácter de persona humana que nos comunica la infusión del alma que Santo Tomás define como el principio primero por el cual vivimos, sentimos, nos movemos y entendemos. Pues si el hombre es el compuesto de alma y cuerpo, no se advierte qué clase de vida humana puede haber que no sea presidida por el alma.

Para Goldsmishdt, la justicia permite que el hombre adquiera el carácter de persona. El hombre se realiza en una de sus esferas de la vida, en el derecho, que debe tener un cause justo para que se dé la justicia, que debe procurar un reparto equitativo del bien común.
Evolución histórica

Nuestro Código Civil, de conformidad con un principio de derecho natural, establece que todos los seres humanos son personas, sin exclusiones posibles.

El principio de que todos los hombres son personas en el sentido jurídico de “sujetos potenciales de derechos y deberes” no fue, sin embargo, siempre y en todo lugar del mismo modo aceptado. Si nos remitimos a la antigüedad, encontramos legislaciones que instituían la esclavitud y la muerte civil, lo que implicaba la negación o privación de la personalidad jurídica de los esclavos y de los declarados muertos civilmente, que eran seres humanos existentes.

Así, en Roma si bien en su legislación se encuentran textos que establecen categóricamente que los esclavos no son personas (servus nullum caput habet), se encuentran otros que conformas excepciones al principio general, reconociéndoles cierta personalidad jurídica. Se le reconocían vínculos de sangre (cognatio servilis) de los que surgían impedimentos matrimoniales; podían contraer deudas, que constituían obligaciones naturales, y el derecho consuetudinario que les permitía ser dueños de su peculio.

En lo relativo a la muerte civil, institución en virtud de la cual se consideraba muerto a un ser humano vivo y por consiguiente carente de la personalidad jurídica aunque naturalmente existiera, se reconocían sin embargo algunos derechos en las legislaciones.
Caracteres del concepto de persona

En la acepción jurídica de persona se descubren dos elementos: el ente y la capacidad jurídica, esto es, la cualidad atribuida por el Derecho de ser titular posible de derechos y deberes.

Resulta así que la personalidad jurídica que poseen las personas requiere dos elementos: el substratus y la cualidad.

La personalidad jurídica es, pues una cualidad, una forma ideal o intelectiva, que atribuye el Derecho a los hombres para convertirlos en sujetos pasible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Diversos periodos

Todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones es persona, según Freitas y nuestro codificador. Pero cada persona tiene distintos grados de capacidad, de acuerdo al período de vida de que se trate. Así distinguimos:

- Personas por nacer: desde la concepción en el seno materno hasta el nacimiento

- Menores impúberes: desde el nacimiento hasta los 14 años de edad.

- Menores adultos: de 14 a 18 años de edad.

- Mayores de edad: aquellos que han cumplido 18 años en adelante.
La igualdad civil

De acuerdo a nuestro código todos los hombres son reconocidos en el carácter de "personas" (conf. arts. 31 y 51 del Cód. Civil). Con ello el codificador ha logrado un adecuado ordenamiento jurídico. Conformado a los principios básicos instituidos por la Constitución Nacional que garantiza la igualdad de todos los habitantes ante la ley (art 16, Const. Nac).

Pero esta igualdad de los hombres en cuanto "personas" no exige un tratamiento igualitario de todos en cuanto a su "capacidad". Supuesta la "personalidad" de todos los hombres que por esto el derecho se limita a reconocer, puede convenir y de hecho conviene para la mejor obtención del bien común, un tratamiento diferencial de la "capacidad" de cada cual en función de las mil circunstancias en que el hombre puede encontrarse.

PUNTO 3
Personas por nacer
Definición y naturaleza del nasciturus.

En nuestro derecho se reconoce la existencia de la personalidad humana desde la concepción del ser en el claustro materno. Así lo dice el art. 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. . .". Consecuentemente el art. 63 del mismo Código declara: "Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno".

En esta forma Vélez adapta el derecho a la realidad biológica. Pues desde que ha comenzado a existir el nuevo ser, por la fecundación del óvulo materno, es innegable que se está en presencia de un individuo de la especie humana que existe antes del nacimiento ya que este hecho sólo cambia, aunque substancialmente, el medio en que se desarrolla la vida del nuevo ser.
Comienzo de su existencia física y jurídica: criterios diversos y sus consecuencias jurídicas

La existencia jurídica del ser humano como persona, es decir, como sujeto potencial de derechos y deberes, comienza según nuestro Código Civil, en el mismo instante en que, con la fecundación del óvulo materno, tiene principio su vida.

Freitas en la nota al art. 221 de su Esbozo el jurisconsulto brasileño se apartó del sistema general del derecho romano, seguido todavía por las legislaciones posteriores, según el cual se ubica el momento inicial de la existencia de las personas en el día de su nacimiento. Vélez aceptó el punto de vista de Freitas y adelantó el momento inicial de la vida humana, para el derecho, hasta cubrir el período de la concepción en el seno materno, y desde entonces el ser humano concebido tiene existencia real como persona. Aunque subordinando la consolidación de la personalidad jurídica y los derechos adquiridos antes de nacer a la condición resolutoria del nacimiento con vida.

Actualmente, los códigos extranjeros por lo común, establecen que la existencia jurídica del ser humano comienza con el nacimiento. Algunos, como el alemán, en su artículo 1º, destacan que comienza con la consumación del mismo, y otros con la separación completa del seno materno. Otros códigos exigen, como el francés, que el nacido tenga viabilidad, o sea, aptitud para la vida; y otros como el español, que transcurran 24 horas del desprendimiento del seno materno.

Esos códigos que atribuyen personalidad jurídica a los seres humanos sólo después del nacimiento, sin embargo, conceden una protección al concebido como persona futura, o protegen los derechos a la eventual personalidad jurídica del no nacido. Si bien no se acepta como persona existente al concebido, se le considera como si ya hubiera nacido en caso que se trate de algún beneficio. Si muere antes de nacer, todo queda frustrado por falta de sujeto.
Criterio del codificador en el art.63 y su nota.

El derecho civil argentino aprehende este nuevo ser, que se presume humano, y le atribuye personalidad jurídica. Pero mientras es embrión o feto, es decir mientras dura su vida intrauterina, le asigna la denominación persona por nacer o nasciturus.

En este sentido el art. 63 establece: “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno”

En su nota señala que: “Las personas por nacer no son personas futuras, pues ya existen en el vientre de la madre. Si fuesen personas futuro no habría sujeto que representar. El código de Austria dice: los hijos que aún no han nacido, tienen derecho a la protección de las leyes, desde el momento de su concepción. Lo mismo el Código de Luisiana y de Prusia. En cambio el Código chileno dice que la existencia legal de toda persona principia al nacer. Pero si lo que aún no han nacido no son personas, ¿por qué las leyes penales castigan el aborto premeditado? ¿Por qué no se puede ejecutar una mujer cuando está embarazada?”.
Personalidad condicionada o adquisición de derechos condicionada: discusión.

Aun en nuestro sistema legal el hecho del nacimiento tiene también trascendencia respecto de la personalidad adquirida anteriormente por la persona "por nacer".

El art. 74 del Código dispone refiriéndose a los seres por nacer que "si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido".

Esto significa que el hecho del nacimiento sin vida actúa como una condición resolutoria de la personalidad del "nasciturus". La personalidad de la persona por nacer no es perfecta sino imperfecta en cuanto está subordinada a la condición resolutoria del nacimiento sin vida.

Es la consolidación de la personalidad jurídica y de los derechos que hubiera ya adquirido la persona por nacer, y no la personalidad jurídica misma ni los derechos en cuanto a su adquisición, la que se halla subordinada al hecho del nacimiento con vida dentro de los plazos legales con signos característicos de humanidad.

Por otro lado, si el concebido muriese antes de estar completamente separado de su madre, esta muerte antes de nacer operará como una condición resolutoria respecto de la personalidad jurídica y de los derechos efectivamente ya adquiridos.

La Cátedra afirma que no hay personalidad condicionada sino que solo es condicionada la adquisición de los derechos, los cuales serán irrevocablemente adquiridos si la persona nace con vida.

Podemos resumir entonces la situación jurídica de la persona concebida en el seno materno, en la siguiente forma, ya atendiendo a su personalidad, ya considerando su capacidad:

a) Desde el punto de vista de la personalidad el concebido es "persona" para el derecho, pero ostenta esa investidura "sub-conditione".

b) Desde el punto de vista de la capacidad de hecho es persona absolutamente incapaz (art. 54, inc. º), ya que no puede celebrar por sí mismo acto alguno. Su representante es quien ejerce sus derechos.

c) Desde el punto de vista de la capacidad de derecho es persona de capacidad restringida. En principio goza de amplia capacidad para adquirir bienes pero según la generalidad de la doctrina no para obligarse. Es siempre la vieja idea según la cual se confiere personalidad a la persona "por nacer" para favorecerla, pero no para imponerle gravámenes a cargo suyo. Nosotros pensamos que la afirmación no traduce exactamente la situación del "por nacer".
Persona humana y vida humana: la posición de Orgaz

Este autor ha criticado el sistema del Código sosteniendo que no está de acuerdo con el concepto de persona humana "que alude al hombre sólo después del nacimiento, es decir, cuando ha adquirido vida individual y autónoma". Entiende Orgaz que el sujeto debe ser autónomo de otro cualquiera.

"Es indudable —dice—que la vida humana comienza con la concepción, pero otra cosa es establecer desde cuándo existe persona humana, concepto éste más estricto y que supone, según dijimos, la vida individual y autónoma: desde la concepción hay «vida» humana, pero sólo desde el nacimiento hay «persona», porque solamente desde este momento se dan aquellas notas características.

La concepción: concepto

Se denomina concepción al hecho biológico de la formación de un nuevo ser en el seno materno. Marca el momento inicial de la vida humana y asimismo de reconocimiento de la personalidad jurídica del nuevo ser.
Época

La ley valiéndose de una experiencia secular sobre la normal duración del embarazo de la mujer y partiendo del día del nacimiento, ha llegado a fijar cierto período dentro del cual necesariamente ha debido tener lugar la concepción de una persona determinada. Es el período o época de la concepción.
Carácter de los plazos legales después de la ley 23264: importancia de los plazos.

La importancia de esta determinación es fundamental para establecer la suerte de los derechos que pudiere haber adquirido el concebido y para fijar el estado de familia de éste.

Los derechos adquiridos por la persona por nacer quedarán desvanecidos si en función de la fecha de nacimiento de esa persona se llega a establecer que la transmisión de los derechos se produjo antes de la época de la concepción, pues en tal situación ha faltado el sujeto que pudiese recibir los bienes de que se trate. Igual importancia tiene la época de la concepción para determinar el estado de familia de la persona nacida. Así si el período de la concepción cae antes de la celebración del matrimonio de la madre o después de su disolución, el hijo no será tenido como matrimonial.

Para establecer en el tiempo el período o época de la concepción, la ley aplica nociones empíricas de larga data sobre la duración máxima y mínima del embarazo de la mujer, las que indican que no hay embarazo que dure más de 10 meses ó 300 días ni menos de 6 meses ó 180 días. Por tanto superponiendo ambos cómputos queda libre un período de 120 días, durante el cual ha debido tener lugar necesariamente la concepción de la persona nacida.

La ley 23.264 atenuó la rigidez de la presunción de concepción admitiendo la prueba en contrario, recogiendo así las críticas de nuestra doctrina que señalaba que los adelantos científicos permiten demostrar la posibilidad del nacimiento antes de 180 días o después de 300 días dé la concepción, y por otro lado, que el mantener el carácter absoluto de la presunción atenta contra la verdad biológica y también contra la legitimidad, impidiendo adecuar el caso concreto a una solución de justicia.
Art. 76. La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de tiempo comprendido entre el máximum y el mínimum de la duración del embarazo.

Art. 77. El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Art. 77 (DEROGADO por ley 23264): El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción NO admite prueba en contrario.
La fecundación extrauterina in vitro: noción y cuestiones jurídicas y morales implicadas

Los adelantos científicos que han logrado que la concepción pueda producirse fuera del seno materno, mediante los procedimientos denominados de fecundación asistida corpórea o extracorpórea es una novedad que no aparece contemplada estrictamente en el Código Civil.

Las distintas técnicas de reproducción asistida, consisten en acudir a la acción médica para conseguir el traslado al útero femenino del espermatozoide masculino proveniente del marido o de un tercero. Otra variante consiste en el logro de la fecundación del óvulo fuera del seno materno, con el semen del marido o de un tercero, para luego implantar el embrión en el vientre de la mujer a la que se le extrajo el óvulo o de una mujer distinta.

Todas estas técnicas plantean importantes cuestiones jurídicas referidas a la maternidad o paternidad de los embriones, como también de índole moral.

Llambías opina que es comprensible la intención generosa de quienes intentan remediar la imposibilidad de procrear de una pareja, pero no basta esa intención para justificar arbitrios que lesionan la moral social y degradan la honestidad del acto sexual.

En cuanto a la naturaleza jurídica del embrión, resulta claro que la sola circunstancia de que la concepción se haya producido fuera del seno materno, no constituye obstáculo alguno para considerar que ese embrión es también persona.

Es que la interpretación literal del art. 70 del Código Civil debe ser complementada con lo dispuesto en el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, a partir del momento de la concepción.

Más allá de las distinciones que hacen la medicina y la biología, para el derecho la concepción se produce en el mismo momento en que se une el óvulo y el espermatozoide para formar un nuevo ser.
Embarazo: definición, plazos.

El embarazo es el estado biológico de la mujer que ha concebido, mientras dura el período de la gestación.

El nuevo artículo 77, establece que los márgenes acerca del máximo de 300 días y el mínimo de 180 días admiten prueba en contrario, y por lo tanto nos encontramos ante una presunción iuris tantum. Sobre el cómputo de los plazos, sostiene Spota, que los 300 días del plazo máximo deben ser considerados días plenos, es decir, sin computar el día del matrimonio y disolución, así como tampoco el día del nacimiento. Y que, además, el plazo del embarazo se debe computar del modo más favorable al hijo.

Personas autorizadas a denunciarlo

Según lo dispuesto en los arts. 65 y 66 del código, pueden proceder a la denuncia del embarazo, las siguientes personas:

1º) La madre dé la posible criatura concebida que es quien está en mejores condiciones para conocer el hecho del denunciado.

2º) El marido de la madre embarazada que conforme a la presunción "juris tantum" del art. 243 (texto según la ley 23.264) resulta ser el padre de la criatura.

3º) "Los parientes en general del no nacido..." (art. 66, inc. 1º). La ley no distingue clases de parentesco ni grados. En cuanto a lo primero, se ha de entender que comprende tanto a los parientes legítimos cuanto a los ilegítimos de la madre, o del padre que haya reconocido como hijo al "por nacer". En cuanto a lo segundo, consideramos que se refiere a parientes en grado sucesible.

4º) ". . .y todos aquellos a quienes los bienes hubieren de pertenecer si no sucediere el parto, o si el hijo no naciera vivo, o si antes del nacimiento se verificare que el hijo no fuera concebido en tiempo propio". Los aquí aludidos son los herederos o legatarios del marido, que aun teniendo un interés contrapuesto al de la persona "por nacer" pueden formular la denuncia del embarazo a fin de pedir las medidas autorizadas por la ley para impedir la suposición o sustitución del parto.

5º) "Los acreedores de la herencia" (art. 66, inc. 2º) . Estos no tienen un derecho subordinado al nacimiento del concebido, pero se les permite la denuncia del embarazo para que pueda instituirse la representación de éste y ventilarse con el representante el cobro del crédito que tuvieren los acreedores sin necesidad de esperar hasta que ocurra el nacimiento.

6º) "El Ministerio de Menores" (art 66, inc. 3º). Su mención se explica por ser el organismo al que se ha confiado la representación promiscua de todos los incapaces de hecho.
Reconocimiento

La prueba del embarazo se establece por la simple denuncia de ese estado, por cualquier persona interesada, sin que quepa discusión o controversia sobre el punto. Es lo que expresa el art. 65 del Código: Se tendrá por reconocido el embarazo de la madre por la simple declaración de ella o del marido, o de otras partes interesadas.

Por consiguiente, basta la simple denuncia de parte interesada para que se tenga por comprobada, provisionalmente, la existencia del embarazo, y para que se proceda a la institución de representante, si hubiere interés en ello por la necesidad de gestionar algún derecho patrimonial actual del concebido.

Estable establece el art. 67 del código en los siguientes términos: "Las partes interesadas aunque teman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo sin embargo el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean necesarias. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del nacimiento".

El principio legal es tan terminante que los tribunales han considerado que los parientes del presunto padre natural de la persona por nacer, no pueden oponerse a que la mujer embarazada inicie la sucesión de aquél, antes del nacimiento del hijo.

Por otra parte la prohibición de toda discusión hasta que acontezca este nacimiento, alcanza a la misma mujer denunciada como embarazada, como resulta del art. 68 del Código: "Tampoco la mujer embarazada o reputada tal, podrá suscitar litigio, para contestar su embarazo declarado por el marido o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá la representación determinada en este código".

Medidas de seguridad

En torno a la verificación del embarazo y del parto suelen entrar en conflicto el interés de la madre del concebido con el de los parientes del padre, especialmente si éste ha fallecido, pues la presencia del concebido puede alterar el orden sucesorio: así la esposa del causante no excluye de la herencia a los padres de éste que se llevan la mitad del caudal, pero si la esposa ha concebido, el hijo del causante excluye a sus abuelos quedando la herencia para repartirse por partes iguales entre el concebido y su madre.

Todavía si la mujer embarazada no estaba casada con el causante, la existencia del hijo concebido puede provocar grandes alteraciones en la distribución de la herencia, pues no llegando a ocurrir el nacimiento o teniendo lugar el nacimiento sin vida, la persona del "por nacer" no será jurídicamente computable y entonces la herencia tocará a los ascendientes del causante y en defecto de éstos a los parientes colaterales del difunto. Pero si el concebido naciere con vida podrá heredar al causante en iguales condiciones que los hijos matrimoniales.

Por tanto, en estas situaciones pueden ocurrir diversos fraudes que la ley ha de tratar de evitar. Estos posibles fraudes hacen que a veces sea necesaria la adopción de medidas adecuadas para prevenirlos:
a) MEDIDAS TENDIENTES A VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL EMBARAZO. Estas clases de medidas están por completo radiadas de nuestro sistema legal. El art. 78 es terminante al respecto: "No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada... ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido, ni a requerimiento de éste o de partes interesadas"

La única manera por la cual puede quedar desvirtuada la denuncia de embarazo que se hubiese efectuado anteriormente es por el transcurso del lapso máximo del embarazo, pues por el carácter irrefragable de la presunción legal de duración del embarazo quedaría demostrada la falsedad de la denuncia por el transcurso de aquel lapso sin que se produjera el nacimiento de la criatura.
b) MEDIDAS TENDIENTES A VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL PARTO. Si es clara la solución del punto anterior, no ocurría otro tanto tratándose no ya de la verificación del embarazo, sino del parto mismo. Por un lado el art. 78 sigue diciendo: "No tendré jamás lugar. ...ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar, ni a requerimiento de la propia mujer..."

Pero ya el art. 67 abre alguna fisura en ese frente compacto del precepto transcripto cuando dice: "Las partes interesadas, aunque reman suposición de parto, no pueden suscitar pleito alguno sobre la materia, salvo, sin embargo, el derecho que les compete para pedir las medidas policiales que sean ^necesarias".

En ningún caso se admiten medidas judiciales tendientes a la verificación del embarazo o del parto. Sólo si hay peligro de la comisión de algún delito se prevé la adopción de medidas no judiciales, sino policiales, encaminadas a prevenir tal delito o procurar su castigo, según fuere el caso.

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