Sumario: I. Introducción. II. La noción de poder de policía en la historia. III. El concepto de "poder de policía" en el derecho argentino. IV. Conclusión






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títuloSumario: I. Introducción. II. La noción de poder de policía en la historia. III. El concepto de "poder de policía" en el derecho argentino. IV. Conclusión
fecha de publicación15.09.2015
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Poder de policía (historia, jurisprudencia, la doctrina)





 





Autor: 

Legarre, Santiago (*)




Publicado en: 

LA LEY 2000-A, 999





SUMARIO: I. Introducción. - II. La noción de poder de policía en la historia. - III. El concepto de "poder de policía" en el derecho argentino. - IV. Conclusión.




I. Introducción (1)

En este trabajo me propongo abordar, en primer lugar, los orígenes históricos de la compleja idea de "poder de policía". La aproximación al tema tiene un carácter instrumental, ya que arribé a su estudio como consecuencia de una indagación más amplia sobre el concepto constitucional de moralidad pública (2). La elucidación de este último me llevó a tener que aclarar antes la idea de poder de policía pues la promoción de la moral pública es, en el derecho constitucional argentino y comparado, una de las funciones o aspectos del poder de policía.

Para entender mejor el tema, me remontaré a sus antecedentes en el derecho comparado. Como es sabido, nuestro derecho público tiene dos vertientes, una continental, relacionada con el derecho administrativo, y una norteamericana, relacionada con el derecho constitucional. Esto ha sido señalado por Mairal, el autor que más ha destacado, acertadamente, esta dicotomía de fuentes. Pero Mairal la subraya como un fenómeno negativo que introdujo confusión en nuestras instituciones públicas. Por el contrario, creo que la versatilidad de nuestros tratadistas, que dominaban a la perfección las dos tradiciones en cuestión, enriqueció el derecho argentino de una manera ausente tanto en el continente europeo como en los Estados Unidos, que forman dos sistemas aislados entre sí, y que se ignoran mutuamente a raíz de una insularidad con raíces culturales profundas. Por otra parte, no es cierto que los grandes administrativistas argentinos -pienso ahora en Villegas Basavilbaso y Bielsa, que escribieron obras monumentales- desconocieran o menospreciaran el derecho estadounidense. En cambio, sus tratados trasuntan una maestría notable en el manejo de los autores norteamericanos y de la jurisprudencia de la Corte del país del Norte.

Continuaré con una reseña de la jurisprudencia de la Corte de nuestro país sobre el tema "poder de policía", desde los comienzos hasta nuestros días. Después abordaré la doctrina de los tratadistas nacionales, tanto constitucionalistas como administrativistas. Recién entonces me deslizaré al análisis del concepto de moralidad pública con especial referencia al art. 19 de la Constitución Nacional. Repasaré la jurisprudencia y la doctrina al respecto y ofreceré, por último, algunas conclusiones críticas sobre la base del material expuesto en las secciones anteriores.

II. La noción de poder de policía en la historia

A pesar de estar el hombre dotado de una naturaleza inmutable, ésta se halla imbuida de la historicidad que caracteriza al ser humano. El hombre es hijo de su tiempo, dice con acierto la sabiduría popular. Y dado que el protagonista exclusivo del derecho y la política es la persona, el estudio de los orígenes históricos de las realidades y de los conceptos jurídico-políticos siempre ayuda a su más acabada comprensión. Por otra parte, el análisis de la historia permite detectar y corregir confusiones que muchas veces afectan las ideas de los autores y que son transmitidas, en ocasiones, como auténticos dogmas, con el consiguiente perjuicio para las nuevas generaciones que heredan esos errores sin beneficio de inventario. De ahí que los buenos tratados introduzcan cada tema con una sección de antecedentes históricos. Aunque, cabe reconocer, muchas veces dichas secciones carecen de la seriedad requerida y quizás por eso son generalmente omitidas en la lectura de dichas obras. Ojalá que ello no ocurra con este trabajo, que dividiremos, con fines exclusivamente didácticos, en tres partes. La primera cubrirá los siglos XVII y XVIII, y la segunda el XIX y el XX. En la tercera parte ofreceré una conclusión.

a) Primera Parte: de Pufendorf a Kent

El vocablo "poder de policía" es de origen relativamente tardío. Fue introducido en 1827 por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Brown v. Maryland (3). Pero la noción correspondiente se remonta mucho más atrás en el tiempo, aunque con un nombre ligeramente distinto: "policía", a secas. Este concepto, dice Mayer, tiene una historia compleja, llena de vicisitudes(4). Su origen etimológico es el término latino "politia", proveniente a su vez del griego "politeia" y "polis". Todos significaban el ordenamiento político de la ciudad(5). Ahora bien, ¿cuándo comenzó a usarse el término policía? ¿Cuándo vio la luz del día esta idea? Estas preguntas son de difícil respuesta, si no imposible. De acuerdo con mi investigación, guiada por una referencia que al pasar hace Kent(6), los orígenes del empleo de la palabra policía se remontan al siglo XVII, poco después del nacimiento de los Estados nacionales. En 1672 Pufendorf escribió su opera magna de filosofía política, donde se preguntaba: ¿cuál es el poder del príncipe "en Commonwealths [en sentido amplio puede traducirse como "Estados"]... donde las propiedades de los súbditos no dependen originariamente del gobierno?". Responde que "el soberano no tiene más poder sobre ellos de lo que fluye inmediatamente de la naturaleza del poder supremo en sí mismo, salvo que los súbditos consientan libremente en otorgarle un poder más amplio". ¿Cuál es entonces la extensión de este poder? Aunque no usa para ello la palabra "policía", Pufendorf claramente se ocupa del concepto correspondiente al contestar esa pregunta:

"Este poder del que estamos hablando aquí puede, pienso, ser reducido a tres títulos: Primero, el derecho de hacer leyes para ordenar la proporción del uso y el consumo de ciertos bienes y mercancías, en cuanto lo requiera el buen estado del Commonwealth. Segundo, el derecho de recaudar impuestos. Tercero, el ejercicio del derecho de dominio eminente. Al primer título podemos reducir todas las leyes suntuarias, como las que prescriben limitaciones a gastos innecesarios, que con el curso del tiempo traerían la ruina de las familias privadas y en consecuencia, debilitarían al Estado mismo, pues desviarían los fondos públicos a países extranjeros, en donde generalmente reina el humor o vanidad del lujo y el dispendio. Por otra parte, la inconveniencia que ese tipo de leyes tienden a prevenir es ésta: que las gentes no derrochen sus fortunas extravagantemente y se hagan de tal manera incapaces de servir al público... A este título también pueden ser reducidas las leyes contra el juego, la prodigalidad... También pueden incluirse en este título todas las leyes que determinan las tasas y cualidades de posesiones y propiedades... Y también todas las leyes que determinan la cantidad y las medidas de los préstamos y legados... Como también las leyes que prohiben a ciertos súbditos la posesión de cierta clase de bienes...Más aún, leyes contra la existencia de desocupados y vagabundos..." (7).

Si bien, como señalé, Pufendorf no usa la palabra "policía", los casos a los que apunta -v.gr.: leyes contra el juego y la vagancia-, son típicos ejemplos de lo que con el tiempo serían regulaciones de policía.

El otro autor que he elegido a los efectos de esta compulsa histórica es Emerit de Vattel, que escribió su ambicioso tratado de derecho internacional y teoría política a mediados del siglo XVIII. Vattel usa expresamente el vocablo "policía" cuando se refiere a los poderes del príncipe:

"Debe observarse también que los particulares no son tan libres en la economía o el gobierno de sus bienes como para no estar sujetos a los reglamentos de policía dictados por el soberano (énfasis añadido)" (8).

A partir de la doctrina de estos autores (y otros); la idea de policía comenzó un cursus honorum destacado tanto en el continente europeo como en las Islas Británicas. En estas últimas el primer uso oficial de la palabra fue aparentemente en una ordenanza de la reina Ana, de 1714, que creo los Commissioners of Police (comisionados de policía) para la administración general del reino(9). De todas maneras fue Blackstone, asiduo lector de Pufendorf, a quien cita en numerosas ocasiones(10), el primer tratadista que empleó el vocablo "policía", en sus Comentarios a las Leyes de Inglaterra, al referirse a los "crímenes contra la policía pública".

"Por la policía pública y economía entiendo la debida regulación y orden domestico del reino: por el cual los individuos del Estado, como miembros de una familia bien gobernada, están obligados a conformar su conducta general a las reglas de propiedad, decoro y a ser decentes, industriosos e inofensivos en sus respectivas tareas"(11).

Blackstone enumera entre los crímenes contra la policía pública muchos de los que Pufendorf enunciaba en el pasaje que he transcripto más arriba: ofensas contra el matrimonio, la decencia pública, la embriaguez, la vagancia...

Como es sabido la titánica obra de Blackstone, ejecutada cuando asumió la primera cátedra de common law del mundo, en la Universidad de Oxford, tuvo mucha más influencia en los Estados Unidos que en su propio país, Inglaterra. En lo que a nuestro tema se refiere, fue precisamente en Blackstone en quien se apoyo el primer constitucionalista estadounidense, James Kent, para introducirla idea de policía en su país, en los albores del siglo XIX. Kent distinguía los poderes reconocidos de los Estados en: poderes de tributación, de dominio eminente y de regulación. Describía este último de la siguiente manera:

"Aunque la propiedad se halla así protegida, debe entenderse, sin embargo, que el legislador tiene el derecho de prescribir la manera de usarla, en la medida en que fuera necesario para prevenir el abuso del derecho que pudiera dañar o molestar a los otros o al público. El gobierno puede, por medio de regulaciones generales, prohibir aquellos usos de la propiedad que pudieran crear molestias y devenir peligrosos para las vidas o la salud o la paz o el bienestar de los ciudadanos. Negocios inapropiados, mataderos, operaciones ofensivas a los sentidos, depósitos de pólvora, la construcción con materiales combustibles, y el entierro de los muertos, pueden todos ser prohibidos por la ley, cuando tienen lugar en sitios densamente poblados, sobre la base del principio general y razonable de que cada persona debe usar su propiedad de manera de no dañar a sus vecinos, y que los intereses privados deben estar al servicio del interés general de la comunidad"(12).

Es evidente, por tanto, que entre estos autores (Pufendorf, Vattel, Blackstone, Kent) existe una transmisión histórica, explícita en algunos casos, implícita en otros; y un consenso inteligible acerca de la existencia de una actividad estatal determinada, a la que llamaban "policía", que ya no desaparecería nunca del escenario de las instituciones del poder. Esta conclusión de tipo histórico es de una gran importancia, pues nos ayudará a comprender que paso a partir de allí, tanto en el continente europeo, como en los Estados Unidos.

b) Segunda Parte: las dos tradiciones, en los últimos dos siglos

b.1) La tradición norteamericana

Ya dije que fue Kent quien, sobre la base de las enseñanzas de Blackstone, introdujo en el derecho constitucional de los Estados Unidos el concepto de "policía", aunque mediante el término "poder de regulación", al cual le daba un significado coincidente. Corwin señala con acierto que, mal que le pesare a su pionero, el poder de regulación devino en el poder de policía del derecho norteamericano(13). Sería la Corte Suprema quien se ocuparía desde entonces de darle forma a esa idea que se convertiría en una de las claves de bóveda del sistema institucional del país del norte.

Si bien el primer fallo en el que el tribunal se refirió explícitamente al poder de policía fue Brown v. Maryland(14), ya antes el presidente de la Corte, John Marshall, había insinuado la idea. En efecto, en Dartmouth College v. Woodward (15) el tribunal afirmó que "los autores de la Constitución no desearon restringir a los Estados en la regulación de las instituciones civiles adoptadas para su gobierno interno" (bastardilla agregada).

Encontramos aquí la palabra "interno", una noción clave en la comprensión de la policía que había esbozado Blackstone (16). Después, en Gibbons v. Ogden (17), que también precedió a Brown, nuevamente Marshall, escribiendo para la Corte, había sostenido que "el reconocido poder del Estado para regular su policía, su comercio domestico y para gobernar sus ciudadanos le permite legislar sobre estos temas con alcance considerable" (bastardilla agregada). En este caso, por tanto, la expresión "policía" ve por primera vez la luz del día en el case law de los Estados Unidos. En Brown v. Maryland, finalmente, Marshall habla expresamente del poder de policía de los Estados como una materia residual que engloba lo que queda del poder estadual cuando se restan sus otras grandes prerrogativas, el dominio eminente y la tributación.

Como se observa en los fallos aludidos, el concepto de poder de policía que la Corte definió era sumamente amplio (18). Más tarde el tribunal agregaría un concepto más restringido que se limitaba a algunos aspectos de la potestad residual amplia: el poder de promover y proteger la salubridad, seguridad y moralidad públicas. Pero es importante señalar que estos dos conceptos, llamados respectivamente broad y narrow, convivieron en todo momento en la jurisprudencia y la doctrina (19).

La expresión "poder de policía", especialmente en su sentido restringido, pasó a formar parte indiscutible del vocabulario jurídico reconocido, se estableció firmemente y demostró ser potencialmente valiosa para el dictado de toda legislación que, aunque no específicamente autorizada, pudiera constituir una interferencia legitima en el ejercicio de los derechos de las personas, en interés de la seguridad, salud y moral públicas. Puede decirse, en fin, que el poder de policía había llegado al derecho constitucional estadounidense para quedarse para siempre.

b.2) La tradición europea

Los tratadistas de la Europa continental heredaron, como era previsible, las enseñanzas de los escritores, también europeos, de los siglos XVII y XVIII. Dado que el derecho constitucional en el continente no tuvo por entonces un gran desarrollo, a diferencia de lo que ocurría en América del Norte, fueron los cultores de la ciencia política y el derecho administrativo quienes profundizaron más en estas cuestiones. Escogeré dos de los que escribieron a fines del siglo XIX, no arbitrariamente, sino porque son quizás los más citados por nuestra temprana y más conspicua doctrina administrativista.

León Duguit, el primero de ellos, afirmaba en su celebre obra que:

"Un reglamento de policía es toda disposición general que aporta de una manera preventiva restricciones a la libertad individual con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas... el dominio de la policía es aquel en el cual la autoridad pública puede intervenir preventivamente para asegurar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas" (20) (itálicas agregadas).

Párrafos antes daba ejemplos de reglamentos de policía:

"... el decreto del 2 de octubre sobre la residencia de extranjeros en Francia; el decreto del 13 de noviembre de 1896 sobre la vigilancia de vagabundos; los decretos del 10 de marzo de 1899 y del 10 de septiembre de 1901 sobre la construcción y circulación de automóviles... el decreto del 24 de marzo de 1914 que incluye un reglamento general de policía sobre las vías de navegación interior" (21).

Dos reflexiones me merecen estos textos del autor francés. En primer lugar, vemos como la terminología empleada no es la de "poder de policía", de uso exclusivo norteamericano, sino la tradicional proveniente de la tradición continental: "policía". En segundo término, es remarcable que los ejemplos que da Duguit coinciden con los que había dado la tradición, que por otra parte se superponen también con los casos citados por Blackstoney Kent. Insisto pues, entonces, en que el concepto de "policía" se mantuvo incólume con el paso de los siglos, sin perjuicio de que la definición de sus contornos siempre estuvo lejos de lo deseable.

Otto Mayer, el segundo autor que he elegido, sigue la misma línea que Duguity autoriza a sacar las mismas conclusiones. Afirma Mayer que:

"La palabra [policía] lleva el sello de su origen, que tuvo lugar en el Renacimiento. Cuando paso a Alemania, el vocablo "policía" significaba el buen estado de la cosa común (guter Stand des Gemeinwesens), que es el fin que debe perseguir la autoridad pública. Es así como ese nombre se aplicaba a las medidas por las cuales la autoridad podía contribuir al logro de dicho fin, con excepción de la justicia civil y penal y de las otras instituciones de derecho público ya existentes. Al principio, esta idea se originó únicamente en la ciudad y para la vida comunal.

Cuando se separo de ella, la policía no abarcaba todavía más que un círculo restringido de objetos que se ven figurar, con cierta regularidad, en las ordenanzas de policía del Imperio y de los territorios.

Al advenimiento de la época moderna, la policía toma gran preponderancia, llegando hasta caracterizar al Estado en todas sus relaciones con el súbdito: el ejercito y la justicia permanecen aparte, todo lo que fuera de ellos puede hacerse para fortalecer el orden interno y la cosa común, pertenece a la policía" (22).

Como surge de la doctrina de estos autores, en Europa se usaba la palabra "policía" tanto para referirse en general a la masa de poderes gubernamentales, excluidos unos pocos, como la justicia y las relaciones exteriores, como para aludir al poder de proteger algunos bienes en particular, esto es, la salubridad, tranquilidad y moralidad publicas. De allí el error de nuestra doctrina cuando afirma que el concepto prevalente en Europa -supuestamente adoptado por nuestra Corte Suprema- era exclusivamente el restringido (23).

c) Conclusión

A la luz de lo visto, concluyo que la idea de "policía" no trasunta un significado diferente de lo que en los Estados Unidos se llamaba contemporáneamente "poder de policía". Esta última expresión, como vimos, también fue precedida en el lenguaje de Kent y de los primeros fallos de la Corte Suprema de dicho país por el término "policía" a secas. Cuando este empezó a dejarse de usar, a partir del caso Brown v. Maryland, y el de "poder de policía" fue preferido por la Corte y por la doctrina, no hubo, sin embargo, solución de continuidad en cuanto al contenido connotado por la nueva frase. Todo ello nos permite arribar a una conclusión final: es artificial la distinción propuesta por la mayor parte de la doctrina argentina entre "policía" y "poder de policía".

III. El concepto de "poder de policía" en el derecho argentino

a) Introducción

Ya he recordado que nuestro sistema de derecho público se nutre principalmente de dos fuentes, una norteamericana y otra continental. También mostré que ambas tradiciones tienen, en lo que se refiere al tema del poder de policía, un tronco común que se remonta a Pufendorf y a los demás pensadores y filósofos políticos del siglo XVII, que acunaron la noción de "policía". Esta conceptualización de una parte del poder del Estado se trasladó a los Estados Unidos, mediante las enseñanzas del profesor inglés Blackstone, adoptadas por Kent y sus sucesores. A partir de 1827, cuando la Corte Suprema de aquel país fallo en Brown v. Maryland, la terminología correspondiente varió levemente y se pasó a hablar de "poder de policía". No obstante, el significado se mantuvo incólume. En el continente, por otra parte, merced a las obras de los administrativistas de los siglos XIX y XX, como Duguit y Mayer, se mantuvo el vocablo "policía", heredado de los filósofos de la ilustración mencionados anteriormente. Pero, y esto es vital para entender lo que ocurriría en nuestro país, tanto en los Estados Unidos como en Europa, "poder de policía" y "policía" tenían y tienen un doble significado. En primer lugar significan el poder del Estado en sentido amplio, cuando se restan algunas potestades específicas como la de tributación, el dominio eminente y el manejo de las relaciones exteriores. Todo el residuo que dejan estas potestades es el poder de policía o actividad policial del Estado. Este es el llamado concepto broad (amplio). Al lado de este, convivió desde los comienzos, sin distinguirse claramente de el, un concepto narrow (restringido). "Poder de policía" y "policía", en este último sentido, designan la porción del poder estatal dirigida a promover la salubridad, seguridad y moralidad públicas.

Ahora bien, surge de lo expuesto que si la Argentina abrevo de las dos tradiciones, y en estas a su vez convivían los dos conceptos de poder de policía, mal puede afirmarse, como lo hace la mayor parte de nuestra doctrina, que nosotros adoptamos el sentido restringido seguido en Europa y no el amplio prevaleciente en Estados Unidos (24). Tampoco tiene sentido, por las mismas razones, especular con la existencia de diferencias significativas entre los conceptos de "policía" y "poder de policía", siendo que ambos tienen un tronco común y que sus contenidos son sustancialmente los mismos en los dos sistemas jurídico políticos que los adoptaron. Valga esto a modo de introducción y síntesis de lo ya expuesto.

b) El poder de policía en el texto de la Constitución Nacional

La Constitución Nacional no contiene una disposición específica sobre el poder de policía (25). En esto se asemeja a la de los Estados Unidos. No obstante, en ambos sistemas constitucionales, la existencia de una potestad policial fue afirmada desde los albores del constitucionalismo, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Ahora bien, ¿a quién pertenece el poder de policía, a las provincias, o al Estado federal? En los regímenes federales, en principio (26), los poderes no delegados por los Estados o provincias al gobierno federal son retenidos por aquellos (27). El poder de policía parece ser uno de estos poderes. En este sentido, la Corte sostuvo que les corresponde a las provincias "exclusivamente darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, de policía, higiene y, en general todas las que juzguen convenientes a su bienestar y prosperidad" (28) (bastadilla agregada). Poco después esta doctrina fue reafirmada: "pertenece a las provincias decidir con entera independencia de los poderes de la Nación sobre todo lo que se refiere a su régimen, su progreso y su bienestar interno" (29). Ya más cerca de nuestros días, la Corte mantuvo esta doctrina que defiende los intereses provinciales. En cierta ocasión sostuvo que "las facultades provinciales para defender el orden, la tranquilidad o la moral pública, no pueden ser puestas en duda como inherentes a la autonomía que se han reservado" (30); y en otra, que las leyes relativas a poderes de policía "constituyen el ejercicio de un poder reservado por las provincias" (31).

No obstante el silencio del texto constitucional sobre el poder de policía, la doctrina nacional afirma que ciertos artículos de la Constitución, particularmente los que se refieren a la restricción de los derechos y garantías (por ejemplo, los viejos arts. 14 y 28), confieren una base normativa al poder de policía (32). Dicha afirmación se halla en sintonía con la idea prevaleciente en la doctrina, de entender al poder de policía en el contexto de las limitaciones permanentes de los derechos individuales (33).

El silencio de la Constitución federal respecto del poder de policía es, seguramente, una manifestación de que su existencia era, al tiempo de sancionarse la Constitución, un principio afianzado y reconocido unánimemente por la jurisprudencia y la doctrina.

La importancia de la institución policial en el derecho público ha sido repetidamente subrayada tanto en los Estados Unidos como en la Argentina (34). A tal punto que los autores coinciden con asombrosa unanimidad en que las legislaturas no pueden enajenarlo ni desprenderse de el bajo ningún pretexto (35).

c) El poder de policía en la doctrina

Es a todas luces evidente que el tema del poder de policía era de mucho mayor interés para nuestros primeros tratadistas que para los contemporáneos. Los constitucionalistas de los inicios de nuestra vida institucional se ocupan sin excepción del tema, mientras que en las obras de la mayoría de los actuales la cuestión es tratada si acaso brevemente. Quizás las excepciones más significativas sean las primeras obras de Linares Quintana (36) y de Bidart Campos (37), pero sus primeras ediciones ya hace décadas que vieron la luz del día. Otro tanto cabe decir de los escritores en el campo del derecho administrativo. A título de ejemplo, Villegas Basavilbaso dedica al tema un tomo entero, de más de 700 páginas: una enormidad si se lo compara con el tratamiento que le asignan los autores actuales que, por otra parte, se limitan en buena medida a resumir y reeditar lo producido hasta los años '60. Este fenómeno tiene un paralelismo notable en los Estados Unidos, donde pareciera que el extraordinario libro de Freund, publicado en 1904 (38), fue la ultima palabra sobre el tema. ¿A qué se debe este fenómeno? No se puede responder esta pregunta sin caer en especulaciones que desafían todo rigor argumentativo. No obstante, es probable que la notoria consolidación del concepto de poder de policía haya aminorado la necesidad de profundizar en el tema. En efecto, para bien o para mal, los teóricos argentinos y estadounidenses ya no discuten que el Estado tenga autoridad para promover la salubridad, seguridad y moralidad publicas. Hay quienes proponen lisa y llanamente la supresión del término (39), pero no cuestionan el concepto ni la realidad que éste entraña. Aunque, por supuesto, si se cuestione el alcance de la restricción de los derechos individuales justificada por la tutela de esos valores.

La doctrina nacional coincide con la extranjera en que el concepto de poder de policía es de difícil definición (40). A pesar de asumir que en nuestro país "poder de policía" debe entenderse en sentido narrow, nuestros tratadistas opinan sobre los méritos del concepto broad. Sus opiniones son válidas e interesantes aunque, de estar a lo que muchos de ellos mismos sugieren, solo se aplicarían a un problema existente en los Estados Unidos. No sorprende, por tanto, que algunos lleguen a las mismas conclusiones que los tratadistas de aquel país (41). Elegiré un administrativista (Bielsa) y un constitucionalista (Bidart Campos), que son quienes, a mi juicio, han expuesto mejor la opinión que considero acertada. El primero dice que "...en su acepción más amplia [policía] significa el ejercicio del poder público sobre personas y bienes, acepción que no tiene por su extensión conceptual valor heurístico, y, por consiguiente, importancia jurídica" (42). Bidart, por su parte, sostiene:

"Si llamamos poder de policía a todo cuanto le incumbe al Estado para limitar razonablemente los derechos, en rigor estamos frente al poder liso y llano como elemento del Estado, con lo que en verdad nada nuevo agregamos con la fórmula específica del "police power''. De ahí que personalmente no aceptamos esta acepción amplia, porque es innecesario crear una categoría especial de poder si con ella connotamos directamente al poder en cuanto capacidad total de que dispone el Estado para cumplir su fin de bienestar común público" (43).

Ambos autores coinciden -y aciertan- en negar la conveniencia de mantener el concepto amplio de poder de policía. Aunque agrega bien Bidart que "[q]uede bien en claro que cuando proponemos suprimir la noción dilatada de 'poder de policía' solo nos dirigimos a eliminar esa construcción doctrinaria (o 'concepto') pero en modo alguno negamos que por las mismas razones y causas que esa construcción postula se puedan limitar los derechos" (44) .

¿Que decir, entonces, de la noción narrow de poder de policía? Seguiremos también en esto a Bidart Campos:

"Hecho este descarte, y suprimida la noción conceptual amplia del poder de policía, transamos en mantener la expresión poder de policía para demarcar la "porción" del poder estatal que tiene un objeto bien determinado y especifico, cual es el de protegerla salubridad, la moralidad y la seguridad públicas. Tal es el concepto restringido de poder de policía que emplea la doctrina europea'.

Poder de policía sería, pues, para nosotros, el mismo poder del Estado cuando se ejerce nada más que en orden a la protección de la salubridad, moralidad y seguridad publicas, con el consiguiente efecto de limitar los derechos para hacer efectivos esos objetivos concretos (45).

En definitiva, sin perjuicio de reconocer la coexistencia de un concepto amplio de poder de policía, que tiene raíces históricas innegables, llego a la conclusión, después de este largo recorrido, de que el poder de policía es el poder mismo del Estado en cuanto se dirige a proteger y promover los bienes comunes de la seguridad, salud y moralidad públicas.

d) El poder de policía en el derecho público provincial

Como vimos, el poder de policía es de competencia de los gobiernos locales, tanto provinciales como, por delegación, municipales. Otro tanto ocurre en los Estados Unidos. Una compulsa de las 50 Constituciones de los Estados norteamericanos me llevó a la conclusión de que más de la mitad tienen provisiones expresas sobre el poder de policía o cuestiones directamente relacionadas. Dados los fines de este trabajo, no tiene mayor, sentido transcribir todas las disposiciones pertinentes. Baste con apuntar que están ordenadas bajo los siguientes títulos:

-Los gobiernos tienen la obligación de recurrir frecuentemente a principios fundamentales de virtud y moralidad.

-Los gobiernos promoverán la templanza y la moral pública.

-El pueblo de los Estados tiene el derecho exclusivo de regular su gobierno y policía internos (bastardilla agregada).

-La moral pública es un límite al ejercicio de los derechos.

-Las legislaturas tienen la obligación de promover la salud pública y el bienestar general.

Esta presencia de una normativa constitucional local relevante me hizo pensar que podría haber disposiciones semejantes en nuestro constitucionalismo provincial. En efecto las cartas supremas de las provincias contienen diversas normas relevantes (46), algunas de las cuales demuestran cierto paralelismo con las del país del Norte. En lugar de copiarlas textualmente en una enumeración sin sentido, las agruparé por temas comunes, dando a pie de página las referencias correspondientes. La Constitución local citada en primer término será la que al pie de la letra transcribiré en el texto. Las citadas a continuación, siempre en las notas, serán otras constituciones que contienen disposiciones semejantes.

Poder de Policía a cargo del Poder Ejecutivo Provincial.

"El gobernador es el representante legal del Estado Provincial y jefe de la Administración con los siguientes deberes y atribuciones: ... Ejerce el poder de policía" (47).

"Las decisiones administrativas que afecten el poder de policía, el interés general... deberán ser cumplidas" (48).

Poder de Policía a cargo del Poder Legislativo Provincial

"Corresponde a la Cámara de Diputados: ... Proveer lo conducente a la prosperidad de la provincia, a la justicia y la seguridad social, a la higiene y la moralidad..." (49).

"Atribuciones del Poder Legislativo: ... Reglar el poder de policía en materia de autorización y represión de juegos de azar, cuyo ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos que ella determina" (50).

Poder de Policía a cargo de las Municipalidades

"La provincia reconoce a los municipios y a las comunas las siguientes competencias: ... Ejercer sus funciones político-administrativas y en particular el poder de policía, con respecto a las siguientes materias: ... b) Higiene y moralidad pública" (51).

"Atribuciones del Concejo Deliberante: ... Dictar ordenanzas y reglamentos sobre: ... Salubridad y moralidad pública" (52).

Poder de policía a cargo de las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"Las comunas ejercen de manera concurrente las siguientes competencias: ... el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la comuna..." (53).

Policía del Trabajo

"La autoridad administrativa del trabajo tendrá a su cargo el ejercicio del poder de policía y seguridad laboral" (54).

Policía de Salud

"La provincia reserva para si la potestad del poder de policía en materia de legislación y administración de salud" (55).

Policía Minera "Las fuentes de energía de propiedad de la provincia no podrán ser explotadas por empresas privadas. Cuando una fuente de energía sea explotada por organismos nacionales, la provincia ejercerá el poder de policía minera" (56).

Policía de Cultura

"El Estado ejercerá el poder de policía para preservarlos testimonios culturales por medio de personal capacitado en la materia" (57).

Promoción de la Moralidad Pública

"La libertad de asociación, trabajo, industria y comercio es un derecho garantizado a todo habitante de la provincia, siempre que su ejercicio no ofenda y perjudique a la moral y a la salud pública..." (58).

"Son atribuciones y deberes del gobierno municipal:

... Velar por la moralidad pública" (59).

"Las leyes que organicen y reglamenten la enseñanza primaria, deben ajustarse a las siguientes normas: ...Las escuelas privadas están sujetas a la inspección y control de la autoridad competente, por razones de higiene, moralidad, orden público... " (60).

La Moral como limitación al ejercicio de los derechos... El Estado garantiza a todos sus habitantes el derecho al libre ejercicio de cultos religiosos que no se opongan a la moral pública y buenas costumbres..." (61).

"Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden o la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados" (62).

Podemos extraerlas siguientes conclusiones de la investigación precedentemente expuesta. En primer lugar, todas las provincias menos una contienen disposiciones constitucionales relevantes en materia de poder de policía (63). Ello habla a las claras del consenso de los constituyentes provinciales sobre la existencia de dicho poder. Segundo, el poder de policía es entendido en el constitucionalismo provincial indistintamente en sus dos sentidos amplio y restringido. Finalmente, es digno de subrayar que el poder de policía está a cargo no sólo del Poder Legislativo sino también, por delegación en los municipios, y en el Poder Ejecutivo.

e) El poder de policía en la jurisprudencia

Al parecer en nuestro país fue también la Corte Suprema quien conceptualizó el poder de policía. Ello habría ocurrido por vez primera en 1866 (64), ocasión en que la Corte reconoció a las provincias y, por delegación, a las municipalidades, el poder de reglamentar y aun limitar por causas de utilidad general la libertad de trabajar y ejercer industria lícita, para promover "lo concerniente a la seguridad, salubridad, ornato, limpieza y fomento de la ciudad". Más claramente, en Empresa "Plaza de Toros" c. Provincia de Buenos Aires, la Corte afirmó que:

"Es un hecho, y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las provincias esta a cargo de sus Gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos; y que por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantizado por el art. 14 de la Const. Nacional a los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción a las leyes que reglamenten su ejercicio..." (65) (itálica agregada).

Es de remarcar que en este caso la Corte uso la idea de poder de policía -valiéndose solamente de la palabreja "policía"- con el preciso sentido en que ya se hallaba asentada en el derecho norteamericano. Y la moralidad pública, al igual que en aquel ordenamiento, era parte del trípode a cuya protección el poder de policía se ordenaba.

Unos años después, en el caso de los saladeristas de Barracas (66), la Corte sostuvo que una provincia tenía poder para alejar los saladeros hacia lugares inofensivos para la salud pública.

En 1903, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de una ley que reprimía el juego, una materia de regulación a la que se dirige típicamente el poder de policía (67). Para convalidar la norma sostuvo que el azar es contrario a la moral pública; y que el juego no responde a los propósitos económicos de propiedad o trabajo de la Constitución Nacional.

El siguiente fallo relevante es de 1911 (68). En esa ocasión lo que se hallaba en juego era la protección de la salud pública pues se cuestionaba la distribución de un determinado medicamento. La Corte, recordó que toda industria lícita está sujeta a regulación (69) y que motivos inherentes a la salubridad pública -así como también a la moral, seguridad, cultura y otros- justifican la limitación de las garantías consagradas por la Constitución. Otro tanto se argumentó en Fallos 128:85(70), donde nuevamente se planteó una cuestión relativa a la salubridad pública, v.gr. la regulación del expendio de leche.

En otro caso; de 1929, se planteo la extensión del derecho constitucional de reunión. Dijo el tribunal:

"Si las facultades policiales de los poderes locales para velar por el orden, la tranquilidad, la moral y la higiene pública han sido reconocidas como inherentes a las autoridades provinciales (Fallos: 7:150). No puede negarse a las autoridades del distrito federal el derecho de tomar injerencia sobre las reuniones públicas ni la posibilidad de dictar leyes y reglamentos generales o edictos, ius dicendi, encaminados a llenar aquellos fines..." (71).

El tema de los juegos de azar fue retomado en Fallos: 168:83. La Corte afirmó "el supremo derecho de policía que corresponde [a la Provincia de Tucumán] para velar por el bienestar social y económico y por la moralidad misma de los habitantes de la provincia" (itálica agregada) (72). En los años posteriores, y hasta la actualidad, la jurisprudencia se mantuvo estable (73), como también ya vimos que ocurrió con la doctrina. El mismo fenómeno, ya lo hemos destacado, se dio en los Estados Unidos.

Es de notar que la jurisprudencia de nuestra Corte se refirió al poder de policía entremezclando sus significados amplio y estrecho, como surge de la reseña expuesta. Ello confirma la conclusión a la que ya había arribado: la Corte nacional no ha adoptado un típico sentido de poder de policía, con supuestas raigambres exclusivamente europeas, en perjuicio del otro. Antes bien, ambos -broad y narrow- convivieron desde los comienzos hasta la actualidad.

IV. Conclusión

La primera conclusión es que el poder de policía tiene antiguas raíces históricas tanto en el continente europeo como en el mundo anglosajón. Especialmente en este último ámbito es un poder que ha crecido con el correr del tiempo, en la medida en que el Estado necesita una justificación para restringir los derechos individuales.

En segundo lugar la doctrina nacional, siguiendo a la europea y a la norteamericana, ha aceptado desde los comienzos, con contadas excepciones en los últimos temas, que el Estado tiene poder de promover la salud, seguridad y moralidad publicas. A este poder se lo denomino poder de policía, en sentido restringido. Este concepto convivió desde los comienzos con una idea más amplia del poder de policía, que incluye la defensa de los intereses económicos (sentido broad).

La jurisprudencia también, desde tiempos inmemoriales, afirmó la existencia del poder de policía, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos.

Finalmente, encontramos en el derecho público provincial numerosas manifestaciones del poder de policía, lo cual se corresponde con el esquema federal plasmado en la Constitución Nacional.


(*) Este trabajo fue realizado en el contexto de un seminario de investigación en la Universidad Austral. El autor agradece la colaboración de los participantes, especialmente a Federico Colombres Alfredo del Carril, Daniel de Urquiza, María Laura Fraternali, Carolina Marshall y María José Muñoz.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723).


(1) Sobre el tema véase el trabajo de BARRAZA, Javier Indalecio y SCHAFRIK, Fabiana Haydée, "Actualidad en la jurisprudencia sobre el poder de policía en la Constitución Nacional", La Ley 1998-F, 1051.
(2) Los primeros frutos de esta investigación se volcaron en un trabajo titulado "Ensayo de Delimitación de las Acciones Privadas de los Hombres" (La Ley, 1999-B, 1266).

(3)12 Wheat. 419 (1827).


(4) MAYER, O., "Derecho Administrativo Alemán", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1950, traducción del francés ("Le Droit Administratif Allemand", Otto Mayer, V Giard & E. Brière, Paris, 1904.), t. II, 3-4.
(5) VILLEGAS BASAVILBASO, B., "Derecho Administrativo" t. V 14, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1954.
(6) KENT, J., "Commentaries on American Law", t. I, 415, decimoprimera edición, Little, Brown, and Company, Boston, 1866.
(7) PUFENDORF S., "The Law of Nature and Nations: or A General System of the most important principles of Morality, Jurisprudence and Politics" (quinta edición del original latino de 1672, traducida al inglés por Basil Kennet, Londres, 1744).
(8) VATTEL, E. de, "Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliques a la conduite et aux affaires des Nations et des Souveraines", Vol. I, n. 255, 95, primera edición, Aleide, 1758.
(9) "The Compact Edition of the Oxford English Dictionary" (Oxford University Press, Oxford, 1971), Vol. II, 2227.
(10) BLACKSTONE, Sir W, "Commentaries on the Laws of England" (facsímil de la primera edición de 1765-1769, University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1979). Algunas de las muchas citas de Pufendorf se hallan en el Vol. I, ps. 43 y 101 y en el Vol. IV ps. 7 y 31.
(11) BLACKSTONE, Vol. IV 162.
(12) KENT Vol. II, 415.
(13) CORWIN, E. S., "Liberty against Government. The Rise, Flowering and Decline of a Famous Juridical Concept" (Lousiana State University Press, Baton Rouge, 1948).
(14) 12 Wheat. 419 (1827).
(15) 4 Wheat. 518 (1819).
(16) No obstante que Blackstone usa la expresión "doméstico", que en este contexto significa lo mismo (Vol. IV 162).
(17) 9 Wheat. 1 (1824).
(18) Véase también Barbier v. Connolly 113 U.S. 27 (1885), donde el tribunal se refirió al "poder de policía en su sentido amplio", que incluía "toda legislación y prácticamente toda función del gobierno civil".
(19) "Las palabras "poder de policía" son susceptibles de dos significaciones: una omnicomprensiva, que incluye en sustancia todo el campo de la autoridad del Estado, y una más estrecha, que incluye sólo el poder del Estado de lidiar con la salud, la seguridad y la moral del pueblo". Dakota Cent. Teleph. Co. V. South Dakota ex rel. Payne. 250 U.S. 163 (1919).

En razón de ello yerra la doctrina de los autores en la Argentina cuando afirma que en los Estados Unidos rige el criterio amplio. Se quiere contraponer esto al criterio supuestamente imperante en Europa, que sería el restringido. También esto último es un error, como veremos. Por ello es equivocada la conclusión que la mayoría de nuestra doctrina extrae, v.gr.: que nuestra Corte adoptó la noción restringida proveniente de Europa.


(20) DUGUIT L., "Traité de Droit Constitutionnel" (troisième edition, Ancienne Librairie Fontemoing & Cie. Editeurs, Paris, 1927), t. III, 728.
(21) DUGUIT, t. III, 727.
(22) MAYER, t. II, 3-4.
(23) Bielsa, por ejemplo, dice: "La doctrina dominante, principalmente la francesa y la italiana, restringe el concepto de policía limitándolo a la protección de la seguridad, la moralidad y la salubridad, mientras que la doctrina norteamericana lo extiende al ámbito económico y social, y tiene en mira el bienestar general de la comunidad y la regulación de la vida económica" ("Compendio de Derecho Público. Constitucional, Administrativo y Fiscal", Tipografía Llord S.R.L., Buenos Aires, 1952, 13).
(24) Algunos, como Villegas Basavilbaso, matizan esta afirmación al sugerir que en nuestro país inicialmente se había adoptado el concepto restringido europeo, pero que fue abandonado a partir del caso "Ercolano c. Lanteri de Renshaw", en 1922, que habría implicado un giro hacia la doctrina norteamericana (Derecho Administrativo, t. V 91 ss). En la misma línea, Bidart Campos, al reconocer que todas las limitaciones que por vía de reglamentación han sido reconocidas por la Corte como razonables se han fundado en el poder de policía, afirma que de esa manera el criterio norteamericano penetró nuestro derecho judicial (BIDART CAMPOS, "Manual de la Constitución Reformada", t. II, 344, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998). Se advierte a la luz de lo expuesto, no obstante, que a pesar del matiz el error histórico subsiste en ambos casos.
(25) La Constitución de 1949, en cambio, contiene varias disposiciones relevantes, vgr. el art. 37, inc. 15 dice: "El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad"; en el art. 37, inc. 18 se afirma, en la misma línea: "... todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social; en el art. 37 inc. 36 se sostiene: "Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con (a moral y el culto; finalmente, con mayor claridad, el art. 68 inc. 16 dice: "Corresponde al Congreso... Proveer lo conducente a la prosperidad del país, a la higiene, moralidad, salud pública y asistencia social".
(26) Hay excepciones a esta regla general en el derecho comparado. Véase, por ejemplo, la Constitución de la India.
(27) En nuestra Constitución esto se halla resaltado por el viejo art. 104 (hoy, 121): "Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". Además, el artículo 105 (hoy 122) afirma a continuación con referencia a las provincias que se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.

La décima enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que contiene la misma idea, pero con menor claridad conceptual, dice así: "Los poderes no delegados por la Constitución a los Estados Unidos, ni prohibidos a los Estados, están reservados respectivamente a los Estados o al pueblo".


(28) Fallos: 7:373.
(29) Fallos: 9:278. La referencia al "bienestar interno" remite implícitamente a Blackstone, que sostiene que la policía hace a la administración domestica del Estado.
(30) Fallos: 110:391.
(31) Fallos: 134:401.
(32) Véase, por ejemplo, MACHADO DONCEL, Juvenal, "El poder de policía', LA LEY 5-55, sec. dot.
(33) "Permanentes" en oposición a "excepcionales", como las restricciones durante el estado de sitio.
(34) LEVY L., y otros, "Cyclopaedia of the American Constitution", Vol. IV 1986, voz "State police power", a cargo de H. Scheiber, 1744.
(35) Véase en los Estados Unidos, GUTHRIE,W D., "Lectures on the Fourteenth Amendment to the Constitution of the United States" (Little, Brown, and Company Boston, 1866), 76; y THORPE, "The Essentials of American Constitutional Law" (G.P Putnam's Sons, New York, 1917), 68. En la jurisprudencia, véase Stone v. Mississippi 188 U.S. 321 1903).
(36) "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado", Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1955-1957.
(37) "Derecho Constitucional", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1966.
(38) FREUND, E., "The Police Power. Public Policy and Constitutional Rights" (Callagham & Company, Chicago, 1904; reprinted by Arno Press, New York, 1976).
(39) Por ejemplo, GORDILLO, A., "Tratado de Derecho Administrativo", cap. V tercera edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998.
(40) AMOS, Sir M. S., "Commentaries on the Constitution of the United States" (Dennis pub., Buffalo, New York, 1938), 59.
(41) Véase, por ejemplo, Guthrie, 74.
(42) BIELSA, 11.
(43) BIDART CAMPOS, "Manual de la Constitución Reformada", vol. II, 345. Cabe subrayar, para que no parezca que hay aquí una contradicción inexistente con algo que dije anteriormente, que Bidart ya había expuesto estas ideas en su Derecho Constitucional de 1966. Son notables, dicho sea de paso, las diferencias entre estas dos obras. La más antigua está impregnada de erudición y manejo de jurisprudencia nacional y extranjera, sin perder en ningún momento la claridad y lucidez que caracteriza a este autor. La última, quizás por tener una finalidad distinta -se dirige a un público estudiantil-, carece de notas al pie de página y se limita a exponer las ideas del autor.
(44) idem.
(45) Vol. II, 345.
(46) También aborda el tema FARRANDO, Ismael en su artículo titulado "Poder de Policía y Derecho Público Provincial" en la obra colectiva, "Derecho Público Provincial", 275 sigtes., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1991.
(47) Constitución de La Rioja, art. 123 inc. 9°; Chubut (art. 85); Tierra del Fuego, art. 135 inc. 16. Textos Río Negro art. 181 inc. 17; San Juan, art. 189 inc. 12; Jujuy, art. 137 inc, 15; Neuquén, art. 134 inc. 16.
(48) Constitución de Chubut, art. 85.
(49) Constitución de Chaco, art. 115 inc. 30; Rio Negro, art. 139 inc. 17.
(50) Constitución de Córdoba, art. 110 inc. 37.
(51) Constitución de Tierra del Fuego, art. 173 inc. 8°; Río Negro, art. 229 inc. 15; San Luis, art. 261 inc. 17; art. 115 inc. 4°; Santa Cruz, art. 148 inc. 2°; Santiago del Estero, art. 220 inc. 7°.
(52) Constitución de San Luis, art. 258, inc. 1°.
(53) Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 128 inc. 2.a.
(54) Constitución de Tierra del Fuego, art. 16 "in fine"; Catamarca, art. 59; Jujuy, art. 52; Salta, art. 44; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 44, parr. 2° y art. 104 inc. 12.
(55) Constitución de Tucumán, art. 125, último párrafo; Córdoba, art. 59, párr. 3°; Formosa, art. 81.
(56) Constitución de Santa Cruz, art. 52.
(57) Constitución de Jujuy, art. 65.
(58) Constitución de Catamarca, art. 17.
(59) Constitución de Catamarca, art. 252 inc. 11.
(60) Constitución de Corrientes, art. 172 inc. b).
(61) Constitución de San Juan, art. 21; Salta, art. 11; Entre Ríos, art. 7°.
(62) Constitución de Jujuy, art. 23 inc. 1°; Salta, art. 12; Neuquén, art. 14; Mendoza, art. 34.
(63) La excepción es la Provincia de Buenos Aires.
(64) Caso "Varios puesteros próximos al Mercado del Centro, contra el empresario del mismo Mercado" (Fallos: 3:468).
(65) Fallos: 7:150 (1869).
(66) "Podesta, Bertam, Anderson, Ferrer y otros c. Provincia de Buenos Aires", Fallos: 31:273 (1887).
(67) "Urquiza, Montero y otros, por infracción a la ley 4097" (Fallos 98:233).
(68) "Departamento Nacional de Higiene c. Indraccolo Sauver" (Fallos: 115:82).
(69) Nótese que la regulación esta emparentado con la policía (cfr. más arriba, la parte histórica de este trabajo).
(70) "Belamendia c. Provincia de Buenos Aires" (1918).
(71) "Comité Radical Acción c. resolución del Jefe de Policía de la Capital" (Fallos: 156:81).
(72) "Faustino de la Rosa, su concurso civil c. Provincia de Tucumán" (1933).
(73) Véase, por ejemplo, Fallos: 207:231; 200:451; 270:377 (La Ley, 131-110); 270:16(74) Otras obras consultadas

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