Caso amia comision interamericana de derechos humanos






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"Obsevaciones a la respuesta del Estado Argentino"


PRESENTAN OBSERVACIONES A LA RESPUESTA DEL ESTADO

Sr. Jorge Taiana
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., NW
20006, Washington D.C

Ref. Caso Nº12.204 - A.M.I.A.- Argentina

22 de septiembre de 2000

Sr. Jorge Taiana:

MEMORIA ACTIVA, con el copatrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), Human Rights Watch/Americas y el Dr. Alberto Luis Zuppi, respetuosamente nos dirigimos a Ud., con el objeto de presentar nuestras observaciones a la respuesta del Estado argentino de fecha 3 de agosto de 2000, referidas al caso en cuestión.

I. Introducción

Llegamos a esta altura del proceso luego de más de 1 año desde la presentación de la petición, el 16 de julio de 1999, en la que se denuncia al Estado argentino por violar el derecho a la vida, a la integridad física y a la tutela judicial de las víctimas y los familiares de las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA).

Con fecha 23 de noviembre de 1999 los peticionarios presentamos un escrito de información adicional relatando con detalle la pérdida de una de las pruebas más fundamentales del atentado: los escombros. Con fecha 14 de diciembre de 1999 presentamos un segundo escrito con información adicional, esta vez demostrando la violación del deber de prevenir el atentado por la custodia absolutamente ineficaz que tenía el edificio. Ese mismo mes la Comisión acusó recibo de la respuesta del Estado a la denuncia, y ésta fue contestada por los peticionarios en el mes de febrero de 2000. El 23 de mayo de 2000 presentamos un tercer escrito con información adicional al caso. En esta tercera oportunidad, informamos con detalle sobre una de las irregularidades del magistrado en el trámite de tan importante causa: el episodio en el que el juez fue filmado negociando la declaración de uno de los detenidos por el pago de una cuantiosa suma de dinero invocando la supuesta publicación de un libro.

Ésta es la primera oportunidad que tienen las nuevas autoridades que asumieron el poder el pasado 10 de diciembre de 1999 de responder en el caso. En primer lugar, y sin desconocer el principio de continuidad jurídica -también remarcado en el escrito del Estado- esta parte desea destacar la gran diferencia que encuentra entre la respuesta anterior y ésta.

Ello porque el Estado argentino esta vez rechaza los términos absolutamente despectivos y agresivos de la anterior respuesta respecto a los peticionarios, y retoma la forma de litigar en foros internacionales de derechos humanos que desde hace varios años lo caracterizó, sobre todo en un caso como el presente que tiene en resguardo el alto interés de las víctimas y los familiares de las víctimas del más grave atentado criminal en la historia argentina. Pero además porque reconoce explícitamente la legitimación procesal de los peticionarios -Memoria Activa- y se aparta de criterios numéricos carentes de sentido lógico o jurídico alguno que, por otra parte, serían claramente rechazados por esta Comisión de acuerdo con los estándares de legitimación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En segundo lugar, la respuesta del Estado acerca a la Ilustre Comisión y a los peticionarios una propuesta, que consiste en aceptar la participación de un veedor internacional durante la tramitación del juicio oral. Esta parte rescata el aporte del Estado, que se basa en una de las peticiones que Memoria Activa reclamaba a fin de garantizar la transparencia del proceso. En este sentido, estimamos esencial -antes de pronunciarse sobre esta propuesta- poder conversar y plantear algunas consideraciones al respecto en la próxima audiencia del mes de octubre.

Como cuestión preliminar, teniendo en cuenta que el Estado en su respuesta ha mencionado las causas civiles por daños y perjuicios tramitadas en el país, Memoria Activa quisiera resaltar nuevamente que el objetivo de esta presentación internacional nada tiene que ver con cuestiones de reparación económica, y que las causas civiles que se iniciaron contra el Estado -presentadas antes del 18 de julio de 1996 para evitar la prescripción de nuestro ordenamiento jurídico- se basan en una decisión individual de cada uno de los familiares, que encuentra fundamento en el derecho legítimo a obtener una indemnización por los sufrimientos y daños ocasionados. Además, el hecho que el Sr. Procurador del Tesoro de la Nación haya sido autorizado a asumir la representación del Estado en las distintas causas civiles a más de 4 años de iniciadas, de ninguna manera puede incluirse entre las acciones tendientes a conocer la verdad de los hechos y la identificación y castigo de los asesinos.

II. La admisibilidad de la denuncia. El agotamiento de los recursos internos

Es necesario remarcar que el caso resulta plenamente admisible. Ello porque, como afirmamos en nuestra denuncia inicial, en este caso deben aplicarse dos excepciones al requisito del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna: la ineficacia de los mismos y la demora injustificada en la investigación y tramitación del caso.

Como ya afirmamos en nuestras anteriores presentaciones, no existen recursos judiciales o de otro tipo que puedan agotarse ya que a más de 6 años de ocurridos los hechos, todavía no se han tomado por el Estado argentino medidas efectivas tendientes a impedir que este crimen quede en la total impunidad, lo cual implica la aplicabilidad de las excepciones al agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención en concordancia con el artículo 37.2 del Reglamento de la Comisión.

La Corte Interamericana ha establecido en reiteradas oportunidades que carece de sentido pretender el agotamiento de un recurso que no puede alcanzar su objetivo. En este sentido, en ocasión de presentar nuestro reclamo ante la Comisión, dijimos que no debía exigirse agotar los recursos que pone a disposición el procedimiento doméstico cuando la cuestionada se trata de una investigación inexistente y que sólo constituye una cáscara vacía sin propósito ni contenido. Sosteníamos entonces -y hoy volvemos a reafirmar- que existe una total falta de voluntad gubernamental por parte de las autoridades argentinas para lograr la aclaración de los hechos. Esta razón quita sentido a cualquier recurso puesto a disposición de los familiares o las víctimas el que siempre será ineficaz.

Por otro lado, porque 6 años de una investigación que no arribó a ningún resultado concreto es un plazo absolutamente irrazonable que configura otra de las causas previstas como excepción al agotamiento de los recursos internos.

El Estado en su respuesta sostiene que el caso es inadmisible por no haberse agotado los recursos internos pero que, como prueba de su "espíritu de colaboración", requiere a esta Ilustre Comisión "... que postergue todo pronunciamiento sobre este caso hasta que haya concluido el juicio oral y público".

Al respecto, resulta necesario formular una serie de aclaraciones sobre el juicio oral. En primer lugar, este juicio -que se supone tendrá lugar el próximo año y sobre el cual el Estado tiene tantas expectativas- no pondrá fin de ninguna manera al caso AMIA.

Ello por varias razones.

1. Porque la instrucción con relación a quienes van a ser juzgados oralmente, lejos está de haber concluido ya que corresponde mejor preguntarnos si alguna vez comenzó.

2. Porque los hechos que están sometidos a juicio ante el TOC atienden a la responsabilidad de un acusado -Carlos Telleldín- por haber sido propietario del motor del vehículo que estalló, y desatiende una enorme cantidad de imputados de responsabilidad igual o superior a Telleldín, sin que pueda esgrimir el tribunal una razón jurídica que justifique el diferente tratamiento.

El otro grupo de inculpados son ex policías de la provincia de Buenos Aires que habrían recibido de Telleldín un vehículo como parte de la extorsión a la que lo sometían. Si bien se ha probado que extorsionaron a Telleldín, la prueba esgrimida en su contra respecto a su participación en el atentado es endeble.

Con estos elementos resulta claro que la verdadera investigación sobre los autores del atentado y sus adláteres locales tramita en lo que se llama o conoce como "AMIA residual" -y que es la instrucción que continúa el juez Galeano- y que es el verdadero problema que justifica nuestra presentación ante esa Comisión.

Y por ser ésta la única investigación que podría arrojar resultados sobre la responsabilidad penal del atentado, nos preocupa no sólo que continúen al frente los mismos actores judiciales que permitieron las irregularidades, sino también que se encuentre paralizada. Y esta afirmación se basa en que recientemente la Cámara de Apelaciones le "ordenó" al juez" "la realización de nuevas medidas de prueba", a las que éste se había negado, y peor aún -a pesar de la "orden" de la Cámara-, el Tribunal no hizo nada.

3. Porque lamentablemente el cúmulo de irregularidades que padeció la investigación de la instrucción podría hasta generar la nulidad de este juicio o quizás dejar muy poco espacio para que pueda juzgarse algo, de contenido nítido e insospechable.

Es preciso remarcar, como lo hicimos en nuestra denuncia, que la instrucción está colmada de anormalidades procesales como la creación de figuras inexistentes en el procedimiento argentino, la negociación de declaraciones a cambio de dinero, el llevado de causas paralelas y legajos fuera de todo control de las partes, la pérdida de pruebas de fundamental importancia y la destrucción de otras, todo esto con el consentimiento complaciente del juez, secretarios y fiscales en estas violaciones, que constituyen pruebas irrefutables que lo que se eleva a juicio oral es el producto de la arbitrariedad jurídica y de la negligencia criminal para evitar llevar adelante una investigación seria y responsable. Las violaciones comprobadas por parte del Estado argentino para llevar adelante este encubrimiento será objeto de información adicional que enviaremos en los próximos días como explicamos más adelante.

4. En este mismo sentido, no es cierto afirmar -como lo hace el Estado- que los "peticionarios" solicitamos la elevación a juicio oral como prueba de la expectativa que nos generaba y por expresión de nuestra libre y decidida voluntad a dar ese paso. Por un lado, porque MEMORIA ACTIVA, peticionarios en este proceso internacional, no es parte del proceso penal y sólo algunos de sus miembros sí lo son. Pero además, porque si bien un grupo de los familiares nucleados en MEMORIA ACTIVA solicitó la elevación a juicio, fue por estar obligado a hacerlo para no quedar fuera del proceso. Estar fuera del proceso importaba no poder seguir testimoniando sobre las groseras violaciones al derecho que se vienen sosteniendo en nuestras presentaciones. Además no puede olvidar esa Honorable Comisión, como se lo hicimos saber en nuestra presentación de febrero de 2000, que el requerimiento fue hecho bajo todo tipo de reservas y protestas que rechazaban dar por finalizada una instrucción, por lo menos en cuanto a los requeridos.

Por las razones expuestas es que los peticionarios sostenemos que el juicio oral no puede significar de ningún modo un obstáculo para el agotamiento de los recursos o un paso fundamental para el juzgamiento de los responsables del atentado. Y por ello, adelantamos que aún aceptando la propuesta formulada por el Estado, ésta de ninguna manera podría significar la paralización del trámite o bien, impedir un pronunciamiento de la Comisión sobre la admisibilidad del caso, pues sería un error conceptual considerar que en el juicio oral terminarían las irregularidades reveladas en esta denuncia.

III. La violación al deber de prevenir, investigar y sancionar a los responsables

Al respecto, en nuestra denuncia inicial fundamentamos de manera elocuente el cúmulo de irregularidades cometidas por el Estado argentino en este caso. Diversos hechos significaron la clara violación del Estado argentino de derechos contemplados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocidos por su jurisprudencia Luego, presentamos varios escritos adicionales que ilustraron con detalle algunos de los hechos más graves cometidos por el Estado argentino.

El Estado en su respuesta no refuta ninguno de los hechos denunciados en la presentación inicial o en los escritos con información adicional, omitiendo en todo momento hacer referencia a las múltiples acusaciones que le hemos formulado en nuestros escritos. Si bien declara la enorme significación que le otorga al esclarecimiento del atentado y al castigo de los culpables, lo que asume como "obligación indelegable", y enumera una serie de medidas dispuestas durante el anterior gobierno y durante esta administración, lo cierto es que no aporta a la Comisión elemento alguno que permita desvirtuar las graves afirmaciones formuladas por esta parte.

En este apartado, por un lado, demostraremos que las irregularidades denunciadas no sólo no pueden ser controvertidas por el Estado, sino que además, algunas hasta son reconocidas. Por otro lado, en cuanto a las medidas que el Estado enumera haber adoptado con posterioridad al 10 de diciembre de 1999, sostendremos que -si bien tenemos en cuenta que han transcurrido sólo 10 meses desde entonces- ellas tampoco han significado aportes relevantes a la investigación del atentado. La Comisión podrá advertir que en su respuesta, el Estado no puede aportar resultado concreto alguno.

Varias veces repetimos a la Comisión que el deber de investigar y sancionar a los responsables no implica una obligación de resultados. Pero cuando la investigación no es seria, objetiva ni responsable y cuando no se logra siquiera una aproximación al objetivo de perseguir penalmente a aquellos responsables de hacer fracasar el juicio y castigo a los responsables de las 86 víctimas fatales -justamente por la grave y manifiesta complicidad de funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad- entonces estamos frente a una clara violación por parte del Estado del derecho a la vida, la integridad física y al derecho de los familiares de las víctimas a obtener una investigación seria y responsable.

1. Las medidas adoptadas desde el 10 de diciembre de 1999 no logran revertir los hechos denunciados
En su respuesta, el Estado hace una reseña de las actuaciones de los tres poderes del Estado para "favorecer las investigaciones y facilitar las tramitaciones judiciales en curso". Más allá de sus intenciones o declaraciones acerca de la importancia de sancionar a los responsables del terrible atentado, a más de 6 años sin resultados, no alcanza con que el Estado dé "muestras convincentes de que existe la firme resolución de avanzar decididamente en el esclarecimiento del atentado"; es necesario que se avance decididamente en el esclarecimiento. Lo cual, lamentablemente, no ha ocurrido.

La respuesta del Gobierno vuelve a utilizar el criterio cuantitativo para evaluar la marcha de una investigación afectada de vicios y groseros horrores procesales de los que hemos dado cuenta en nuestra respuesta anterior, sólo que esta vez los números han aumentado por el paso del tiempo y los efectos son exactamente idénticos: se sigue hoy sabiendo lo mismo que cuando nos debimos presentar ante la Comisión el 16 de julio de 1999.

Sin embargo, y como lo acreditaremos con un escrito de información adicional que será acercado a la Comisión a la brevedad, hasta un Prosecretario del Tribunal del juez Galeano -del que aportaremos la versión taquigráfica ante la famosa Comisión Bicameral- denunció judicialmente y ante todos los medios de prensa con pruebas absolutamente irrefutables la veracidad de lo que venimos señalando desde el inicio: que se encubrió a los autores, que se carece de voluntad política para resolver la causa y que tanto el juez, los fiscales como el propio Gobierno argentino son responsables de lo sucedido hasta un nivel que era apenas sospechable acusándolos concretamente de la comisión de encubrimientos, extorsiones, falsificación de documentos y negociaciones incompatibles con la función pública.
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