Caso amia comision interamericana de derechos humanos






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CASO AMIA – COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS -  

Sr. Jorge Taiana
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889FSt1 NW
20006, Washington D.C


Estimado Embajador Taiana:

MEMORIA ACTIVA, con el copatrocinio del Centro de Estudios Legales y sociales (CELS), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), y el Dr. Alberto Luis Zuppi, respetuosamente nos dirigimos a Ud., con el objeto de denunciar al Estado argentino por violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la Declaración Americana") y la Convención Americana sobre Derechos Humanos , de la cual Argentina es parte desde su ratificación en septiembre de 1984' en perjuicio de las más de 80 personas fallecidas y más de 300 personas heridas víctimas del atentado a la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina (AMIA) -se adjunta una lista con sus nombres y de sus familiares.

MEMORIA ACTIVA es una asociación civil sin fines de lucro, creada con el fin de perseguir la ¡investigación del atentado a la A.M.l.A. Está formada por familiares y amigos de las víctimas, y se autoconvoca hace 260 semanas, cada lunes, para reclamar por el esclarecimiento y la justicia de estos horrendos crímenes,

En esta presentación, denunciaremos, en primer lugar, al Estado argentino por violar el derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, derechos consagrados en el art. ¡(derecho a la vida y a la integridad> de la Declaración Americana y el art. 4 y 5 (derechos a la vida y a la integridad física, respectivamente) de la Convención Americana. Asimismo, en segundo lugar, por la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales' locales, consagrados en el art. XVIII (derecho de justicia> de la Declaración Americana y en los arts. 8 (garantías judiciales> y 25 (protección judicial) de la Convención Americana; todos ellos en relación con el art. 1.1 de la Convención.


A los efectos de esta denuncia, constituimos domicilio en 1630 Connecticut Ave., NW Suite 555, 20009-1053, Washington DC.

1. INTRODUCCIÓN

El Estado argentino ha violado el derecho a la vida y a la integridad física de las innumerables víctimas del atentado, en virtud de su obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción (art. 1.1 CADH). El Estado no garantizó la vida y la integridad física de estas personas, al haber omitido cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar el atentado.

Por otro lado, el Estado argentino ha violado el derecho de las víctimas y sus familiares a obtener justicia de parte de los tribunales locales. Sostendremos que el Estado argentino violó el derecho a las garantías judiciales, a que sean efectivamente investigadas las causales del hecho que los dañara, el derecho a que se siga un proceso regular contra los responsables de haberlo producido y, en su caso, que se sancione a los culpables e repare a las víctimas.

Es preciso aclarar a esta Honorable Comisión que esta denuncia no intenta desconocer la complejidad de la investigación de un caso como el que motiva la presente petición; por el contrario, está basada en el hecho de que a 5 años del inicio de la investigación, los resultados de ésta siguen siendo prácticamente los mismos que los conocidos en la primera semana. Además, en este proceso judicial, son los familiares de las víctimas los únicos que impulsan la investigación, Como más adelante explicaremos, las pocas pruebas aportadas, lo poco que se ha avanzado, ha sido gracias a la insistencia de los familiares.

No se trata de exigir del Estado resultados concretos e inmediatos en la investigación de un hecho tan atroz de terrorismo internacional -resultados, que por otra parte, a veces no se alcanzan aún en investigaciones serias-, ni de hacer un reclamo por una investigación defectuosa, aunque bien intencionada. Mediante esta denuncia se reclama al Estado argentino por no poner la debida diligencia en la investigación de manera de hacer todo lo posible por el esclarecimiento de lo ocurrido y la posibilidad de castigar a sus responsables. De lo que se trata, entonces, es de exigir una investigación que cumpla con los estándares internacionales reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, esta denuncia se encuentra motivada en el peligro que genere para el esclarecimiento completo de lo sucedido aquel nefasto 18 de Julio de 1994 que la investigación finalmente se cierre. En este sentido, la causa se encuentra en pleno cierre de la instrucción1 a punto de ser "elevada a juicio oral", para juzgar lo antes posible" a las personas imputadas hasta el momento. Teniendo en cuenta los defectos de la investigación y la ausencia de pistas claras para continuar con ella, el cierre de esta etapa procesal, en este momento, pone en serio riesgo la posibilidad de una investigación completa y profunda sobre el total de las circunstancias y el total de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

Esquema de la denuncia

En la presente denuncia comenzaremos explicando los hechos que dieron lugar a la investigación que hoy son objeto de esta petición; esto es, nos referiremos al atentado a la AMIA (apartado ~. Luego explicaremos la violación al derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas del atentado (apartado 3); específicamente nos detendremos en la falta de prevención, que permitió la perpetración del atentado o, en todo caso, que por la falta de preparación para catástrofes, los efectos hayan sido peores (3.a), y la falta de investigación del atentado <3.b.>.

En el apartado 4 nos referiremos a la violación al derecho a obtener justicia de los familiares; así, describiremos brevemente la situación de la causa judicial ~n este sentido demostraremos que los datos obtenidos por la investigación, siguen siendo prácticamente los mismos que los conocidos durante la primera semana de instrucción-
En los últimos apartados explicaremos los requisitos de admisibilidad de esta denuncia

2. HECHOS

El 18 de julio de 1994, a las 9.83 hs. de la mañana, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, estalló frente al edificio de la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina
A raíz de este primer atentado, el Estado argentino había dispuesto la custodia permanente de cada uno de los edificios pertenecientes a instituciones judías. En el caso de la AMIA, la custodia debía estar a cargo de dos agentes de la Policía Federal -provistos por la Comisaria 50 y 70 de la Capital Federal-, y su patrullero debía encontrarse estacionado en la puerta del edificio de la calle Pasteur al 600; sin embargo, tal cual explicaremos más adelante, teniendo en cuenta el antecedente de 1992, la custodia de uno de los edificios judíos más grandes de la ciudad no fue la adecuada.

Desde entonces, hasta la fecha, se ha realizado una investigación judicial que no ha aportado datos concretos sobre los hechos y los responsables del atentado. Y lejos de permitir conocer la verdad de lo ocurrido, en ciertas ocasiones ha confundido aún mas los hechos, Por otra parte, la investigación adolece de graves irregularidades1 que además de impedir el avance y la claridad sobre lo ocurrido, ponen en serio peligro la posibilidad de alguna vez juzgar y condenar a los responsables.


3. LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA YA LA INTEGRIDAD FISICA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (~Corte I.D.H."), estableció que es obligación de los estados prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, ha dicho que esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos" (Corte i.D.H.1 Caso Velázquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, N0 4, par. 166. El destacado nos pertenece).

En el caso que aquí se denuncia, el Estado argentino ha omitido cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones al derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas (muertos y heridos) del atentado. El derecho a la vida y a la integridad personal, y su garantía y respeto por los Estados, no pueden ser concebidos de modo restrictivo. Ellos no sólo suponen que a nadie se le pueda privar arbitrariamente de tales derechos (obligación negativa); exigen de los Estados, tomar todas las providencias apropiadas para prevenir, proteger y reparar lo que incluye investigar y sancionar a los responsables- (obligación positiva>.

3.a. El Estado argentino no adoptó las medidas necesarias para prevenir el atentado

( La falta de investigación del atentado contra la Embajada de Israel posibilitó la perpetración del atentado contra la AMIA. La consumación del segundo atentado confirmó la incapacidad del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para prevenir y/o conjurar este tipo de hechos y para seguir, investigar y conocer el accionar del o de los grupos mafiosos y terroristas capacitados para llevarlos a cabo.

( La sede de la AMIA no tuvo la suficiente custodia, El Estado argentino había reconocido que el edificio de la AMIA, al igual que toda institución judía, necesitaba vigilancia: sin embargo dicha custodia fue incompetente e inútil. Así, a partir del atentado a la Embajada de Israel se habla dispuesto custodia permanente en cada uno de los edificios de instituciones judías. En el caso de la sede de la AMIA, la custodia era provista por la Comisaría 50 y 70 de la Capital Federal, debía contar con dos efectivos y un patrullero. El propio vehículo policial que custodiaba el edificio de la AMIA tenía una batería descargada que le impedía ponerse en marcha y obviamente hacer funcionar su radio con la cual comunicarse para solicitar ayuda, en caso de precisaría. El único medio de comunicación consistía en un walkie-talkie provisto por los propios custodios de la mutual israelí. Se sabe que al momento del estallido, los dos agentes asignados
( Además, no se prestó la debida atención a una advertencia del atentado. A pesar de la alarma en que había puesto al país el primer atentado de 1992, la cónsul argentina en Milán no prestó la debida atención a una advertencia recibida en los primeros días del mes de julio de 1994, de parte de un ciudadano brasileño llamado Wilson Dos Santos. Éste se comunicó con la cónsul por aquellos días y le dijo que sabía que el atentado contra la embajada de Israel había sido obra de una organización de iraníes que en ese momento preparaban un nuevo ataque contra una institución judía en Buenos Aires. La cónsul Norma Fasano, recién informó a la Cancillería argentina el 19 de julio, al día siguiente del atentado, diciendo que Wilson Dos Santos recién acababa de presentarse" Ante el cúmulo de evidencias contrarias, admitió que no le habla dado importancia, y que ni siquiera lo había comunicado a la delegación de la SIDE en Roma.

3.b. El Estado argentino ha violado su obligación de investigar

Además, el Estado tiene el deber de investigar adecuadamente violaciones de los derechos humanos para poder juzgar a los responsables y evitar futuros abusos Ya lo sostuvo la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez donde estableció que la falta de investigación representa una infracción al deber jurídico que tiene todo Estado de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención en relación con el artículo 4~1 del mismo cuerpo normativo, que es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente.

El deber de investigar no ha sido cumplido por el Estado argentino en el presente caso, tal cual explicaremos en detalle mes adelante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha confirmado que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir e investigar violaciones al derecho a la vida, y que la falta de planificación y de una investigación adecuada resulta una violación al derecho a la vida (Cf. TEDH, «ErgI. Turkey", 66/1997/85011057, sentencia del 28 de julio de 1998, par. 52 a 86). Aclara que este deber es independiente de la participación de agentes del Estado en los hechos; en sus propias palabras: "[aunque el Estado no actuó en el acto mismo de terrorismo, el deber de investigar deviene ipso facto cuando se entera de la muerte de alguien a una obligación -. a llevar a cabo una investigación efectiva" (TEDH, "Erg c. Turkey, oit.).

4. LA VIOLACIÓN A LA GARANTIA EN UN JUICIO JUSTO

El artículo a de la Convención incluye distintos derechos y garantías que provienen de un valor o bien jurídico común y que, considerados en su conjunto. conforman un derecho único no definido específicamente pero su propósito es, ante todo, asegurar el derecho que tiene cada persona a un proceso justo. El derecho a un proceso justo constituye uno de tos pilares fundamentales de una sociedad democrática. Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocido en la Convención, porque representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.

El articulo 25 de la Convención dispone que toda persona tiene derecho a acceso a un recurso, a interponer, seguir y ser oída en procedimientos judiciales ante un tribunal competente y a que la autoridad competente tome una decisión. Conforme a lo consignado en el articulo 25 de la Convención
Americana:

"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención".

Dicho articulo 25 requiere de los Estados partes, proveer un remedio judicial "idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla" (Corte l.D.H., Opinión Consultiva 00-9/87, "Garantías Judiciales en Estados de Emergencia", párr. 24). De acuerdo con la interpretación de la Corte, este artículo establece "la obligación a cargo de los Estados de ofrecer; a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales"
La obligación de proveer protección judicial no se satisface simplemente con la existencia de normas o de tribunales. Los Estados deben tomar medidas concretas para asegurar la vigencia efectiva de la protección judicial . En efecto, el articulo 25.1 de la Convención incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos (Corte l.D.H., Opinión Consultiva OC-sial, cit, párr. 24; Corte I~D~H.; Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr 63). En este sentido, la Corte ha dicho que: "No pueden considerarse efectivos aquellos recursos, que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios

Las irregularidades en la investigación configuraron una violación tanto a los derechos de las víctimas como a los de sus familiares, específicamente el derecho a un debido proceso, articulo 8 de la Convención, que de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Interamericana en el caso Blake ...comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales" (Corte I.D.H.1 Caso Blake Sentencia del 24 de enero de 1998, párrafo 97). En esta sentencia la Corte estableció claramente que el articulo 8.1 de la Convención Americana confiere a los familiares ... el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala, a que se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes; ya que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos familiares

En este sentido, hemos alegado que el Estado argentino ha violado en perjuicio de los familiares de las víctimas, el derecho a las garantías judiciales1 a que sean efectivamente investigadas las causales del hecho que los dañara, el derecho a que se siga un proceso regular contra los responsables de haberlo producido y, en su caso, que se sancione a los culpables e indemnice a las víctimas (art. 8 y 25 CADH).

Dichas irregularidades sumadas a la obstaculización de la investigación por parte de las autoridades configuran la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención. Así también, por medio de este accionar,

El Estado argentino ha vulnerado el derecho a la integridad psíquica de los familiares de las víctimas, ya que a cinco años de producido el atentado todavía tienen la incertidumbre sobre quienes fueron los autores del hecho que costó la vida de sus seres queridos.

4.a. Datos sobre la causa: la gran movilización de recursos no implicó avance alguno en la investigación

La causa sobre el atentado recayó en manos del juez federal Juan José Galeano ----Juzgado Federal N0 9-, por encontrarse éste de turno el dia del atentado, y por corresponder normativamente la competencia federal y se denomina ~Pasteur 633, si atentado -homicidio, lesiones y daños" .

Si bien al momento del atentado el Juzgado Federal del Dr. Galeano, contaba con un equipo de colaboradores similar al que se encontraba en otros juzgados, y su tribunal conocía de los mismos tipos de causas penales que sus colegas del fuero federal, poco tiempo después fueron creadas al menos dos secretarias extra, de manera que excepto una secretaría dedicada a la tramitación de las causas anteriores al atentado todo el juzgado está destinado entera y exclusivamente a esta investigación; además, el número de su personal fue ampliado, así como la cantidad de policías puestos a su disposición (en un principio eran sólo 8 agentes y un automóvil, actualmente ha alcanzado el número de 80 agentes y 20 empleados del juzgado).

De acuerdo con lo establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, corresponde al Juez de primera instancia, la investigación de los delitos de acción pública, que no se delegue por éste al Ministerio Público Fiscal (ci arts. 26 y 196 CPPN>, circunstancia ésta que no se dio en el caso. Entonces, conforme con el procedimiento procesal aplicable, la investigación se concentra principalmente en manos del juez instructor, que como cabeza del procedimiento, es el encargado de conducir la investigación. De allí, la relevancia de su actuación en el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, es deber de los fiscales intervinientes promover y ejercer la acción penal (art. 65 CPPN); en igual sentido, la Constitución Nacional prescribe que el Ministerio Público "tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad... (art. 120). Vale aclarar que aunque en esta causa actúan dos fiscales ad-hoc (Eamon Mullen y José Barbaccia), que tienen el deber de promover la acción y controlar su legalidad, es muy poco lo que han aportado o sugerido para el avance de la investigación.

Además es preciso mencionar que el Código Procesal Penal aplicable contempla la facultad de las víctimas y sus familiares de constituirse en parte querellante, y como tal el derecho a "impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir (art. 82 CPPN). En este sentido, en la presente causa se han constituido varias querellas. Sin lugar a dudas, fue a instancias de la querella (particularmente desde agosto de 1997> que se pudo avanzar algo en la causa. Desde esa fecha a la actualidad, la querella ha solicitado aproximadamente 300 medidas de prueba, muchas de las cuales permitieron arrojar luz sobre los pocos hechos hoy conocidos.

La causa está constituida por más de 500 cuerpos. de 200 fojas cada uno, lo que constituye aproximadamente un total de 100.000 fojas. En este sentido, otra vez por insistencia de los familiares, la Cámara Federal ha ordenado al juzgado incorporar al expediente un sin número de legajos tramitados de manera separada: en las últimas semanas, el juzgado ha ido incorporando esos expedientes, aunque de manera desordenada y apresurada, sin permitir el suficiente control por las partes, agravado el hecho por el apresuramiento en cerrar la instrucción. Esto provoca el desconocimiento cabal de la causa, y constituye una seria irregularidad en la tramitación del expediente que afecta el debido proceso (en perjuicio de la querella y la defensa).

Declararon en la causa casi 1500 testigos, se produjeron aproximadamente 200 allanamientos y se intervinieron casi 400 líneas de teléfono (más de 292.000 horas de "escuchas telefónicas">. Al día de la fecha de presentación de esta denuncia hay 20 imputados, aunque la gran mayoría se encuentran acusados de delitos menores (extorsión y duplicación de rodados, entre otros) y no directamente como responsables del atentado.

Asimismo, el juzgado cuenta con recursos de moderna tecnología y alta calidad como, por ejemplo> el sistema Excalibur>?, programa electrónico de entrecruzamiento de datos-; y con una gran cantidad de recursos económicos para llevar a cabo la investigación. Además, no obstante el código de rito establecer plazos máximos de duración, el juez ha obtenido de parte de la Cámara de Apelaciones -aduciendo la complejidad del caso-, distintas prórrogas de la instrucción. Hasta el 18 de julio de 1999 han transcurrido 5 años, 60 meses, exactamente 1825 días de investigación.

Por otra parte, en 1996, se creó en el ámbito del Poder Legislativo, una Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la AMIA, que tiene como misión colaborar en la investigación; sin embargo ésta tampoco ha significado avance alguno en la causa, ni siquiera ha podido ejercer un verdadero contralor a las gravísimas irregularidades que son objeto de esta denuncia.

Ahora bien, como demostraremos en las páginas que siguen, toda esta movilización de recursos no ha significado de forma alguna el avance de la investigación. Por el contrario, la investigación judicial del crimen se vio permanentemente obstaculizada por una continua sucesión de, al menos, dramáticas y bochornosas negligencias, de ninguna manera justificables dada la magnitud e importancia del episodio de que se trata, que impidieron avanzar en la investigación y hasta confundieron aún más los hechos.

Es por eso que hoy sabemos lo mismo que sabíamos una semana después del atentado. Tenemos las mismas pocas certezas y las mismas grandes dudas que entonces. En tal sentido, a las 13.40 hs. del mismo día del atentado, la policía determinó la calidad del explosivo utilizado («amoral"). Poco menos de una semana después se supo que el atentado había sido ocasionado desde un automóvil1 estilo «Trafic". Para el 31 de julio de 1994, ya constaba en el expediente que el motor de la camioneta "Trafic» encontrado entre los escombros, pertenecía originalmente a una camioneta "Renault Trafic" que se habla incendiado, que luego había sido vendida en esas condiciones por una Compañía Aseguradora a una firma de Automóviles (2 semanas antes del atentado); que tal firma de Automóviles le habla vendido el auto a Carlos Telleldín quien fue detenido días más tarde; que luego de un proceso de arreglo, la camioneta había sido publicada en un diario para la venta. También para entonces ya constaba en el expediente que la camioneta utilizada para el atentado había estado estacionada en un estacionamiento a escasas cuadras de Pasteur al 600, durante los cuatro días anteriores al suceso.

No se supo entonces, ni tampoco se conoce a 5 años, quiénes fueron los autores materiales e

intelectuales del atentado, si la camioneta fue comprada o refaccionada por encargo, por qué manos pasó hasta llegar al estacionamiento, por quién fue retirada de allí, y qué sucedió hasta las 9.53 hs. de
ese lunes 18 de Julio. Lo único que se conoce hoy en día, es que a las 9.53 hs. del lunes 18 de julio de 1994, estalló en las escalinatas de subida de la AMIA un vehículo "Trafic"1 que tenía el motor de una Trafic" que le habla pertenecido a Carlos Telleldín, con una cantidad hoy indeterminada (entre 100 y 400 kg.) de explosivos "amonal", que produjo una todavía indeterminada cantidad de muertos y heridos.

4.b. Sobre las irregularidades de la investigación

1. Pérdida y destrucción de pruebas relevantes

En la tramitación de un caso tan complejo como el presente, es la etapa de instrucción la más importante en materia probatoria. Si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente permite la producción de pruebas en el debate, lo cierto es que en un caso como el que aquí se discute, la única posibilidad de su total esclarecimiento consiste en la recolección de todas las pruebas durante la etapa de la instrucción, de manera de llegar a la etapa del juicio o debate con un cúmulo de evidencias de imposible reproducción que permita juzgar a todos los responsables.

En este apartado relataremos algunos ejemplos de pruebas perdidas o destruidas. Son muchas las irregularidades en materia probatoria. Sintéticamente, diremos que la instrucción de esta causa; 1> permitió que se perdieran muestras de la tierra utilizada para dirigir la bomba (la bomba fue rodeada de tierra, lo que permitió que sea dirigida como si fuese un cañón); 2> no realizó las pericias necesarias para determinar su procedencia
; 3> no llevó adelante medidas diligentes para la recolección de restos del vehículo implicado; 4) no se constato o corrigió las diferencias en las autopsias donde aparecen hasta grupos sanguíneos erróneos para las víctimas; 5) se permitió la entrega de erectos sin registrarlos y de videos o cassettes sin siquiera transcribirlos; y 6) no se realizó la reconstrucción del suceso.

Para explicar con detalle este punto, por un lado haremos hincapié en algunos ejemplos de elementos probatorios extraviados o destruidos «misteriosamente"; también explicaremos algunos casos de pruebas ofrecidas por la querella (fundamentalmente a partir de 1997), que fueron desestimadas a pesar de la gran relevancia de su producción -importancia que muchas veces fue confirmada por el propio juzgado, accediendo a su producción, aunque varios años después-. En este sentido, un importante ejemplo es el del allanamiento de Ribelli. Cuando este imputado fue detenido, la querella solicitó su inmediato allanamiento, el que no fue permitido por el juez sino un año después, dando por resultado el conocimiento de dos personas que hoy son dos de los más importantes testigos de cargo contra este ex policía.

Aunque esta parte no desconoce la facultad discrecional del magistrado para evaluar su pertinencia o utilidad, no podemos dejar de advertirle a esta Honorable Comisión que en la instrucción de la presente causa, se ha dejado de profundizar, abandonado, omitido u olvidado de seguir con pistas y líneas investigativas que surgen de la lectura del expediente, las que pueden ser generadoras de pistas que sirvan para encontrar los vehículos involucrados en la explosión, o para demostrar las mendacidades de los implicados o generar nuevas pruebas destinadas a descubrir la forma en que ocurrió el atentado y quiénes fueron sus autores e instrumentos.

Por otro lado, nos referiremos a las irregularidades en materia de pruebas testimoniales (personas que fueron citadas con una demora tal que o bien hizo imposible su declaración, o bien causó su pérdida de valor por la falta de certeza de sus testimonios).
¡.a. Sobre otras pruebas perdidas, destruidas o desestimadas
Son numerosos los casos de elementos con importantísimo valor probatorio descuidados, perdidos y hasta destruidos.

( Los escombros de la explosión se perdieron para siempre. Tal vez, éste sea el caso paradigmático en materia de pérdida de pruebas relevantes. Vale decir que éstos fueron levantados en aquel momento
~ por palas mecánicas y que, a pesar de contener piezas de mampostería, restos de vehículos y hasta ~ restos humanos, fueron puestos sin ningún orden dentro de contenedores. Unos días después del
atentado, el juez informa que los escombros estaban siendo recolectados y ordenados en el patio de una comisaria. Sin embargo, tiempo después, y sin sentido alguno, fueron abandonados en un predio al aire libre, en las vecindades de la Ciudad Universitaria (dudad de Buenos Aires). Aunque esta situación fue reiteradamente denunciada -y aunque supuestamente se encontraban en custodia de la Policía Federal-, estos restos fueron saqueados en varias oportunidades. Finalmente, en el mes de mayo de 1997, el juez Galeano autorizó que fueran usados como relleno de la costa en el Río de la Plata, perdiéndose para siempre importantísimas pruebas.

( También se perdieron para siempre distintos objetos importantes que fueron secuestrados durante los allanamientos. En tal sentido1 luego de los numerosos allanamientos efectuados se procedía al secuestro de objetos que podrían contener elementos probatorios. No obstante, en varias ocasiones estos elementos eran descuidados y extraviados- Por ejemplo, se puede mencionar el caso de los rollos de fotos, disquetes y agendas secuestrados del domicilio de Carlos Telleldín (el primer implicado), que luego desaparecieron de su lugar de custodia o aparecieron mutilados. Es llamativo observar las diferencias que pueden encontrarse entre los elementos que aparecen en el acta del allanamiento al domicilio de Telleldín, los elementos que se registran e ingresan a las dependencias policiales y los elementos que finalmente se entregan al juzgado. Vale aclarar que estos elementos habrían desaparecido del Departamento de Protección al Orden Constitucional
, encargado de su detención. Así, su agenda manuscrita fue encontrada recortada con tijera; en el juzgado aparece un escrito que supuestamente perteneció a Telleldín
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