Consejero ponente: mauricio fajardo gomez






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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo dos mil catorce (2014)
Radicación número: 25000232600020030106201(30179)
Actor: JOSE DIDIER LEZCANO VALDERRAMA
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL


Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA


Procede la Sala a resolver los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 24 de noviembre de 2004, mediante la cual se dispuso:
PRIMERO: DECLARA[N]SE no probadas las excepciones denominadas “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, propuestas por la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- DECLARASE administrativamente responsable a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL por los daños causados al señor JOSE DIDIER LEZCANO VALDERRAMA como consecuencia de la FALLA EN EL SERVICIO en que incurrió al expedir el informe técnico No. 32188 del 9 de enero de 2002 sobre el vehículo marca Chevrolet Corsa de placas EPB 288, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído.
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENASE a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, a reconocer y pagar al señor JOSE DIDIER LEZCANO VALDERRAMA por concepto de indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, el valor de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($24.415.360).
CUARTO.- Denegar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Dar cumplimiento de esta sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo”.

I. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda.
En escrito presentado el día 19 de mayo de 2003 (fl. 10 c 1), el señor José Didier Lezcano Valderrama, actuando en causa propia dada su condición de Profesional del Derecho en ejercicio, formuló demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se le declarare administrativamente responsable por el daño a él causado con ocasión de la “aprehensión el 9 de noviembre/02 y decomiso definitivo del automotor de servicio particular marca Chevrolet – CORSA, modelo 2000 (…), placas EPB 288 del Espinal (…)”.
En este sentido, se solicitó en la demanda el reconocimiento de las siguientes sumas:
Por daño emergente, el monto de $ 21’800.000 correspondientes al valor comercial del vehículo para la fecha de presentación de la demanda.
Por concepto de lucro cesante, la suma de $ 100.000 diarios, a partir del 9 de noviembre de 2002, “hasta cuando se produzca el pago del vehículo incautado, por concepto de gastos de desplazamiento a diferentes lugares de la ciudad y fuera de ésta a poblaciones circunvecinas (…)”.
Por perjuicios morales, el equivalente a 150 SMLMV “en consideración al sufrimiento de la víctima al ser desposeído del automotor, instrumento necesario para su congrua subsistencia y la de su familia, así como el haberse afectado su autoestima, amor propio, tranquilidad y la de su familia, habida consideración de tratarse de abogado litigante, con más de treinta (30) años de ejercicio profesional. Pedimento viable en atención a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado”.
2.- Los hechos.
Los hechos narrados en la demanda pueden sintetizarse de la siguiente forma:
2. Con el fin de atender adecuadamente el transporte diario, dentro y fuera de Bogotá en asuntos propios del ejercicio profesional, el demandante tenía un vehículo de servicio particular, camioneta SUBARU LEGACY (…).
3. En procura de mejorar, el Demandante celebró CONTRATO DE PERMUTA, el 24 de Abril/02, con el señor JAIRO MANUEL MUÑOZ SANTOS (…) operación en virtud de la cual a cambio de la camioneta SUBARU LEGACY (…) y de $2.800.000, representados en 4 cheques personales, se recibió el automóvil (…) marca CHEVROLET – Corsa, modelo 2000, placas EPB 288 matriculado en Espinal (T), motor No. DN 0003229 (…) inscrito a nombre del aludido PERMUTANTE, como figura en la LICENCIA DE TRANSITO 02-800588. Es decir, que el precio del contrato fue de $21.800.000,oo.
4. (…) [E]l demandante exigió, antes de concluir la negociación con el permutante (…) exhibiera y entregara prueba de haber sometido a REVISION ante la POLICIA NACIONAL – DIJIN, el vehículo Chevrolet – CORSA (…), lo cual entregó fotocopia de la misma, amparada bajo número D-32118, autorizada por la Jefatura del Grupo de Automotores DIJIN, la Jefe de KARDEX AUTOMOTORES DIJIN y el Jefe de la Sala Técnica Automotores DIJIN (…).
5. La seguridad absoluta de tratarse de vehículo ajeno a investigaciones o denuncias penales, gracias a la REVISION física, material del vehículo EPB 288, número D-32118, se convirtió en factor determinante, sin el cual no se hubiera consumado el CONTRATO DE PERMUTA, en todo caso celebrado con absoluta buena fe de las partes.
(…)
7. Ante la Oficina de Tránsito y Transportes de Chía, el señor JAIRO MANUEL MUÑOZ SANTOS había presentado solicitud de traslado de cuenta del Espinal (T) y una vez concluyera, haría fácil al suscrito radicar el formulario de traspaso firmado oportunamente por el referido. Por dicha circunstancia, el rodante, al momento de su aprehensión figuraba a nombre del aludido.
(…)
9. El pasado 9 de Noviembre/02 cuando en compañía del Doctor ALEXANDER BERMÚDEZ GARCIA, el demandante se desplazaba por la autopista de Occidente, a cumplir actividades de profesión de Abogado (…) fue obligado a detener la marcha por parte del patrullero de la Policía Nacional (…) quien habiendo examinado el automotor CHEVROLET – CORSA (…) determinó que era necesario incautarlo y ponerlo a disposición de las autoridades por “PRESENTAR INCOSISTENCIAS EN LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACION PARA ESTUDIO TÉCNICO Y CONFRONTACION DE DOCUMENTOS”.
10. A partir de esa fecha, la Policía Nacional practicó exámenes, habiendo encontrado que la REVISION practicada por la misma DIJIN (…) a pesar de ser genuina, llevada a cabo por personal autorizado, no corresponde a la verdad porque, como hizo saber la misma Policía Nacional (…) al automotor CHEVROLET – CORSA placas EPB 288, le corresponden las placas CSF 089 y figura ante las autoridades como HURTADO”.

3.- Contestación de la demanda.
Notificada del auto admisorio, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que había ausencia de legitimación en la causa por activa, comoquiera que el demandante no acreditó su condición de propietario del vehículo objeto de la presente litis.
Sostuvo que también se presentaba una falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que el ente demandado no era responsable del contrato de permuta que se había suscrito por el demandante, motivo por el cual la controversia era de origen contractual y ajena a las actividades desarrolladas por la Policía Nacional.
De igual forma agregó:
No es viable ser responsable y condenado a una indemnización. Pues en este caso no se demostró la responsabilidad de la entidad, por cuanto la DIJIN POLICIA NACIONAL certificó que los sistemas de identificación del vehículo de Placas EPB 288, es decir a la fecha de la certificación 09-01-02 no le aparecía ningún pendiente y los sistemas de identificación del vehículo eran correctos, por tanto no se puede comprometer con ello la responsabilidad de la Institución; Cosa distinta es que con posterioridad a la fecha de certificación emitida por la DIJIN-POLICIA NACIONAL, el vehículo hubiera presentado inconsistencias en los sistemas de identificación”.
4.- Alegatos de conclusión en primera instancia.
4.1.- La parte demandante.
Advirtió que, según las pruebas obrantes en el proceso, se encontraba demostrada la existencia de una falla en el servicio imputable a la entidad demandada consistente en la “expedición del REVISADO D- 32118, sin realizar efectivamente ningún examen al automotor; irresponsable comportamiento de funcionarios que sospechosamente no cumplieron su deber”, irregularidad que condujo finalmente a la incautación y decomiso del vehículo objeto de la presente controversia.
Finalmente, en relación con la afirmación de la entidad demandada según la cual las inconsistencias en los sistemas de identificación del automotor ocurrieron con posterioridad a la expedición del mencionado certificado, el demandante señaló:
[A]ntes de inscribirse el nombre del señor JAIRO MANUEL MUÑOZ SANTOS, como propietario CHEVROLET CORSA EPB 288, se presentó denuncio criminal por HURTO del mismo vehículo, en ese entonces con placas CSF 089 (las genuinas), ilícito que dio lugar a la investigación adelantada por la Fiscalía Seccional 123 (…) según denuncia 1207 (…), despacho ante quien SEGUROS DEL ESTADO hizo saber su condición de asegurador para obtener finalmente que, habiéndose pagado el siniestro, era obvio solicitar para sí la entrega del bien a pesar de haber sido alterados sus sistemas de identificación y dolosamente matriculado a nombre de la persona arriba citada.
En resumen, históricamente primero fue la adquisición del vehículo por parte de quien razonablemente lo aseguró contra HURTO ante la referida compañía, en segundo lugar sucedió el HURTO del rodante, en tercer lugar, estando el bien en poder de los antisociales, seguramente con la complicidad del señor JAIRO MANUEL MUÑOZ SANTOS, en la Oficina de Tránsito de Chia (Cund.) se hizo su inscripción como nuevo dueño, esta vez con placas EPB 288 y de ahí en adelante, los episodios acabados de narrar”.
4.2. La parte demandada.
Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
El Ministerio Público guardó silencio.
5.- La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, mediante sentencia proferida el 24 de noviembre de 2004, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Indicó que el señor José Didier Lezcano estaba legitimado en la causa por activa, comoquiera que demostró su condición de poseedor del vehículo incautado, circunstancia que en los términos de los artículos 762 y 2342 del Código Civil, lo habilitada para comparecer al presente proceso en calidad de extremo activo de la litis.
Acerca de la responsabilidad de la entidad demandada, consideró lo siguiente:
De lo anterior se infiere que a pesar de que el Grupo de Automotores de la Policía Nacional realizó efectivamente la Revisión Técnica No. 32118 el 9 de enero de 2002 sobre el vehículo marca Chevrolet, de “placas EPB-288, número de motor DN000326”, tal como se desprende de la comunicación del 4 de marzo de 2003 y la copia del libro radicador que obra a folios 7 y 10 del cuaderno de pruebas, ésta no se realizó de forma cuidadosa y diligente; pues en dicha revisión, es claro que no se determinó la falsedad de los sistemas de identificación del vehículo al punto de establecer que no correspondían a los originales del mismo, pues de lo contrario, se habría determinado que tal rodante había sido objeto de adulteración que a la postre obedeció al hurto de que fue objeto, evitando que el actor adelantara la permuta, incurriendo la demandada con tal conducta en una FALLA DEL SERVICIO.
(…)
Se tiene además, que el señor JOSE DIDIER LEZCANO VALDERRAMA, actuó de buena fe y con diligencia al solicitar la revisión del carro por las autoridades competentes y al averiguar sobre los antecedentes del mismo, antes de proceder a realizar el contrato de permuta, procedimiento que es común dentro del giro ordinario de los negocios de compraventa de vehículos, con lo cual se tiene que no le asiste razón a la Policía Nacional al señalar que “con el transcurso del tiempo los vehículos pueden presentar alteraciones o pendientes” y al afirmar que la controversia se derivó exclusivamente del contrato de permuta”.
Finalmente negó el reconocimiento de los perjuicios solicitados por concepto de lucro cesante y morales, al no existir prueba que los acreditara.

6.- La apelación.
6.1. La parte demandante.
Argumentó que en el presente caso había lugar al reconocimiento de los perjuicios materiales solicitados, consistentes en las sumas que tuvo que pagar con ocasión de los desplazamientos que debió efectuar a distintos sitios de la geografía nacional, en la medida en que existían varias declaraciones que así lo corroboraron.
Indicó que resultaba en extremo difícil, cada vez que hacía un desplazamiento, suscribir un contrato u obtener recibos, razón por la cual, en su momento, aportó varias cotizaciones de empresas dedicadas al arrendamiento de rodantes, de las cuales se deducía que el promedio mensual del costo por este servicio era de $ 3’000.000 mensuales.
Respecto de los perjuicios morales, arguyó:
Sobre este particular es absolutamente incomprensible la determinación anotada no tanto por su simplismo como son vapuleadas las razones aducidas para reclamarlos sino por falta de motivación consecuente con los hechos y las condiciones particulares de la víctima. Decir que “no obra en el expediente prueba que los acredita” es desconocer lo que representa en la vida de cualquier persona en todo el mundo el impacto síquico, psicológico, sentimental, emocional, afectivo, espiritual, etc…, una defraudación de la envergadura de la que se ocupa este proceso porque la víctima ha sido privada de un instrumento indispensable para trabajar, a tiempo que se trata de su único patrimonio logrado a través del ahorro y del trabajo cotidiano; es birlar lo que una persona honesta ha conseguido con mucho esfuerzo, aspectos no susceptibles de cuantificar con medidas, aparatos o sistemas especiales, porque el legislador ha querido el criterio de equidad y el arbitrio del Juez, sean los puntuales para decidir.
(…)
En cuanto a los PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS, hácese indispensable incursionar al ámbito particular de la víctima, quien por el mismo hecho de ser Abogado en ejercicio, conocedor de la ley, con reconocimiento en su entorno familiar, social y profesional, sobreviene otra perspectiva del daño; es su imagen de hombre cauto y previsivo quien fácilmente es engañado empero, al resultar víctima del timo, su proyección se afecta considerablemente porque propios y extraños lo consideran descuidado, improbo, vulnerable, ingenuo porque hipotéticamente de nada le sirvió la condición de abogado experimentado para “caer” merced de la FALLA EN EL SERVICIO invocada”.
6.2. La parte demandada.
Reafirmó que en el presente caso no se configuró falla en el servicio por las siguientes razones:
No existe falla en servicio que determine que la Policía Nacional es administrativamente responsable, toda vez que los Policiales obraron en cumplimiento de un deber legal. En efecto, obra en el plenario el informe suscrito por el Mayor OSCAR IVAN GARCIA SANTOS, de fecha febrero 21 de 2002, en el que se indica claramente que la Policía Nacional efectuó la revisión técnica No. D-32118 al vehículo de placas EPB 288, el cual no presentaba inconsistencia y la incautación fue posterior, es decir diez meses después de haberse expedido el correspondiente certificado de revisión técnica; pues por obvias razones la Policía Nacional en ningún momento puede responder por los cambios o anomalías que por una u otra circunstancia presenten los vehículos después de efectuarse una revisión técnica, situación ésta que es totalmente ajena a la Nación – Policía Nacional”.
De igual forma reiteró lo expuesto en relación con la falta de legitimación en la causa por activa.
7.- Alegatos de conclusión en segunda instancia.
Las partes reiteraron lo expuesto en cada una de las etapas del proceso y el Ministerio Público guardó silencio.
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