Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa.






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títuloResumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa.
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32 Tarigo, Enrique E.: Las conminaciones económicas... cit. Pag. 542 y 543

33 Suma de la sentencia publicada en la Revista de Derecho Procesal Nº1 de 1993, pag. 223 caso 1178. Ver también casos N 12312,12550 y 14662 de oct/002 de La Justicia Uruguaya (LJU), Sent. 4/99 de la Sala Civil de 4to Turno publicada en el Anuario de Derecho Administraivo Uruguayo (ADA), Pag. 170, FCU, Mdeo. 2000. Ver caso Nº 48 del Anuario de Derecho Civil Uruguayo (A.D.C.U)., tomo 26

34 Publicada en LJU suma 136019

35 Flores Dapkevicius, Rubén: Amparo, Habeas Corpus y Habeas data, Euros editores, Buenos Aires 2011, 3ra edición actualizada y ampliada

36 El privilegio no es bilateral porque los bienes de los particulares son embargables.

37 Adherimos a la doctrina que entiende a las diligencias preparatorias como un especie de medidas cautelares.

38 Es decir en el seno de la Administración

39 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Constitucional , Tomo I y II , La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010

40 El Art. 150. del Decreto 500/91 (que regula el procedimiento administrativo común, el recursivo y el disciplinario en la Administración Central) dispone: “. Fuera de los casos preceptivamente fijados por la ley, en los recursos administrativos interpuestos ante la Administración, ésta podrá, a petición de parte interesada o de oficio, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte recurrente daños graves y que de la mencionada suspensión no se siga perturbación grave a los intereses generales o de los derechos fundamentales de un tercero.

La reglamentación podrá asimismo preveer la suspensión para todos o para determinada clase de actos, en las condiciones que se establezcan

Del mismo modo, se podrá disponer toda otra medida cautelar o provisional que, garantizando la satisfacción del interés general, atienda al derecho o interés del recurrente durante el término del agotamiento de la vía administrativa, con el fin de no causarle injustos e inútiles perjuicios”.

41 El principio se deduce, implícitamente, del propio principio de suspensión de la ejecución de los actos, art2 de la ley 15869, 62 del TOCAF, y 150 del Decreto 500/91

42  Diccionario de la Real Academia Española cit T. 2 pag. 867, Madrid 1989

43 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Constitucional , Tomo I y II , La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010

44 En Uruguay no existe otra medida en el contencioso anulatorio. En el proceso reparatorio patrimonial proceden, especialmente, las medidas de no innovar ya que, como se observó supra, los bienes del Estado son inmembargables.

45 Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, pag. 374 , Abeledo Perrot, Bs. As. 1965

46 Flores Dapkevicius, Rubén: La acción de nulidad y responsabilidad del Estado, Carlos Alvarez editor, Mdeo. 2008

47 Fiorini Bartolomé. Derecho Administrativo. Tomo I, Pág. 348. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1976

48 Institutos prevalentes a la ejecutividad, en el supuesto de duda, por garantizar los derechos del hombre en un Estado de Derecho Material personalista.

49 Dromi, Roberto: Derecho Administrativo, pag. 249 y , especialmente 250 in fine, Ediciones ciudad de Buenos Aires, Bs. As. 1997. El autor se expresa en forma contraria a lo que se viene diciendo. Así expresa: “La ejecutoriedad puede ser administrativa o judicial. La primera es la regla, la segunda la excepción”.

50 Prat, Julio A: Derecho Administrativo, T. 3 Vol 2,cit. pag. 157

51 Es decir hacia el futuro. Por ello si hubo comienzo de ejecución debe tolerarse en el estado que produjo antes de la medida.

52 Tales caracteres surgirían de la legislación; no de la Constitución . En este estado el autor no manifiesta conformidad con los mismos. Simplemente señala lo que afirma la doctrina tradicional apoyada en el art. 2 de la ley ley 15869 . La excepcionalidad se funda en la protección del interés público, para algunos prevalente. Para los contemporáneos esa prevalencia no es de principio y necesita texto expreso. Es decir que la doctrina contemporánea sostiene que, de admitirse primeramente el interés colectivo ante el individual, en el supuesto de duda, el orden jurídico dejaría de ser un Estado de Derecho material democrático. Por lo expuesto el principio, aplicable en el supuesto de duda, es que ante la misma siempre prevalecen los derechos del hombre y no del Estado. Por ello el principio de ejecutividad cede, ante la duda, especialmente en sede jurisdiccional, frente a la suspensión de la ejecución del acto dañoso. Otra solución legal es inconstitucional, art. 7, 10 y 72 de la Constitución de la República.

53 Los autores tradicionales siguen, mayormente, las antiguas afirmaciones mayoritarias de las primeras décadas del siglo pasado. Estas doctrinas se encontraban influenciadas por la reciente evolución del Estado Policial al de Derecho Democrático . La evolución posterior, por la lejanía de los autores actuales, de los Estados de Hecho absolutistas, es notoria.

54 Flores Dapkevicius, Rubén: La acción de nulidad y responsabilidad del Estado, Carlos Alvarez editor, Mdeo. 2008

55 El TCA ejerce función jurisdiccional de excepción al principio general que la atribuye al Poder Judicial, art. 233 de la Carta. Por tanto su competencia es taxativa, y de interpretación estricta, que no admite interpretaciones extensivas.

56 En Uruguay , para que una ley sea declarada inconstitucional , debe ser manifiestamente contraria a la Constitución por motivos de forma o contenido.

57 La ley es restrictiva ya que autoriza, únicamente, este momento. La legislación comparada, en general, es más amplia permitiéndose, por ejemplo, antes y durante el proceso principal

58 Flores Dapkevicius, Rubén: La acción de nulidad y responsabilidad del Estado, Carlos Alvarez editor, Mdeo. 2008, nota al referido artículo

59 Nuevamente observamos un privilegio de la Administración que debe ser equilibrado con la efectividad de la garantía que se analiza

60 La norma dispone que "Dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiestamente ilegal".-



61 Ello por la presencia del Estado, el interés general, las prerrogativas públicas y sus garantías, etc..

62 Aunque se entienda que, en general, puede ser la parte más débil en el litigio

63 Situación diversa a la expuesta supra para el contencioso administrativo de anulación

64 Es facultad del Tribunal : “Exigir la prestación de contracautela suficiente, salvo el caso excepcional de existir motivos fundados para eximir de ella al peticionario” .

65 Lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de que la situación puede ser a la inversa si el actor es la Administración. En estos supuestos las normas competencias, de principio, son diferentes . Así serán competentes los juzgados según las materias del caso. Por ejemplo, civil, etc..

66 Es competente para entender en la medida cautelar, si la misma fuere solicitada como diligencia preliminar, el tribunal que lo es para entender en el proceso posterior. De ser solicitada la medida en el proceso el juez del principal entiende en el incidente.

67 Flores Dapkevicius, Rubén: Amparo, Habeas Corpus y Habeas Data, B de F euros editores, Buenos Aires 2011, 3ra, edición actualizada y ampliada

68 Por otra parte no olvidemos que lo común en Uruguay es solicitar la suspensión de la ejecución del acto mediante una acción de amparo

69 Flores Dapkevicius, Ruben: Acción de Amparo y Astreites, L.J.U., T. 117, pag. 3, Mdeo. 1997

70 Fernández Vázquez, Emilio: Diccionario de Derecho Público, pag. 45, Astrea, Bs.As 1981

71 Flores Dapkevicius, Rubén: Amparo, Habeas Corpus y Habeas data, Euros editores, Buenos Aires 2011, 3ra edición actualizada y ampliada

72 El caso 14538 de LJU dijo que quien comparece en representación del depositante ... no reviste la calidad de abogado o procurador exigido por el art. 38 del CGP,no obstante en la particularidad del proceso de amparo, sometido a un plazo breve de caducidad, a quien comparece se propone como pariente por consanguinidad en segundo grado y en representación de extranjero residente en el exterior, se admite su comparecencia en calidad de procurador oficioso, art. 41 CGP

73 Muñoz Guillermo A: Régimen jurídico del amparo, pag. 295 publicado en Revista de Derecho Administrativo Año 7 Nº 18 a 20, Depalma, Bs. As. 1995.

74 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Administrativo , Tomo I y II La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010

75 Así lo ha entendido la jurisprudencia mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el propio art. 5.

76 De conformidad con la acordada 7673, de 17 de setiembre de 2008, debe constituirse domicilio electrónico

77 Flores Dapkevicius, Rubén: Amparo, Habeas Corpus y Habeas data, Euros editores, Buenos Aires 2011, 3ra edición actualizada y ampliada

78 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Administrativo , Tomo I y II La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010

79 Se destaca que la improcedencia debe ser “manifiesta”, término idéntico al utilizado cuando de ilegitimidad se legisla . El caso que a continuación se cita (14532 de LJU) que solicita la contestación de la demanda para observar la improcedencia manifiesta es paradigmático

80 Ver caso LJU Nº 14532

81 Salvo solicitud de inconstitucionalidad por el actor o por el oficio

82 Flores Dapkevicius, Rubén: El procedimiento disciplinario , Amalio Fernández, Mdeo. 2009, 3ra edición ampliada

83 Ver caso Nº 6 del Anuario de Derecho Administrativo Uruguayo, tomo VIII, FCU, Mdeo. 2000, que refiere a la incomparecencia del demandado. Se entiende que de acuerdo al art. 6 de la ley 16011 resulta aplicable el art. 340 nral. 3 del CGP y, por ello, si el inasistente fuere el demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato y tendrá por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no se haya probado lo contrario.

84 La sentencia publicada en La Justicia Uruguaya caso 14534 refiere a prueba en segunda instancia. Al respecto entiende aplicable, subsidiariamente, el viejo Código de Procedimiento Civil(CPC), derogado. Expresa que las normas procesales vigentes al momento de la ley 16011 eran las contenidas en ese Código y la ley de abreviación de los juicios 13355. La ley establecía la posibilidad de prueba en segunda instancia. Sin embargo, en su considerando cinco dice que de considerarse lo dispuesto por el art. 544 del CGP tampoco correspondía prueba en segunda instancia porque no se trata de documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa y, siendo anteriores no se afirmó bajo juramento no haber tenido conocimiento de ellos, no acreditando hechos nuevos. No compartimos esa posición porque el CGP fue promulgado antes de la ley de amparo.

85 Ver LJU caso 14532

86 La sentencia publicada en La Justicia Uruguaya caso 14534 refiere a prueba en segunda instancia.

87 Flores Dapkevicius, Rubén: Amparo, Habeas Corpus y Habeas data, Euros editores, Buenos Aires 2011, 3ra edición actualizada y ampliada

88 Peticiones y recursos administrativos

89 El principio surge implícito del art. 2 de la ley 15869 , art, 62 del TOCAF y 150 del Decreto 500/91

90 Si el actor no recurrió el acto, o lo hizo defectuosamente, debe rechazar la demanda porque no podrá solicitar la suspensión de la ejecución del mismo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sede de nulidad del acto, art. 2 ley 15869

91 Si se retira el permiso municipal del campo de Golf de Punta del Este , o el de las Puntas de las Carretas, la cautelar evitaría el destrozo, reparable en años, del green de juego

92 Como se dijo supra las diligencias preparatorias son una especie del género medidas cautelares. Por ello el autor remite a su estudio realizado precedentemente. A continuación se observan los rasgos diferenciales que determina su existencia relativamente autónoma.

93 Destacamos que el propio Código General de Proceso descarta la aplicación de estas medidas, y su regulación, en el contencioso administrativo de anulación. Por ello el análisis que sigue resulta de aplicación al contencioso administrativo de reparación

94 Recordamos que las astreintes no son aplicables en los juicios donde intervienen Personas de Derecho Público

95 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Administrativo , Tomo I y II La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010

96 Flores Dapkevicius, Rubén: Tratado de Derecho Administrativo , Tomo I y II La Ley , Buenos Aires- Montevideo, 2010



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