Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa.






descargar 198.8 Kb.
títuloResumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa.
página1/5
fecha de publicación14.09.2015
tamaño198.8 Kb.
tipoResumen
ley.exam-10.com > Derecho > Resumen
  1   2   3   4   5
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, Y LA TUTELA URGENTE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN URUGUAY, CON ESPECIAL ESTUDIO

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CGP

RUBÉN FLORES –DAPKEVICIUS1
RESUMEN: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. En el mismo se analizan las medidas cautelares y preparatorias en los procesos contenciosos administrativos uruguayos. Especialmente nos detenemos en el estudio de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos, ya sea en el proceso contencioso de anulación o en la acción de amparo, y en la prohibición de innovar en el contencioso reparatorio patrimonial. La legitimación activa, los medios de tutela que ordena el juez y su eficacia con relación a la decisión final, la contracautela , etc. son analizados en el área correspondiente a cada proceso Por otra parte la jurisprudencia más relevante sobre el tema se incorpora en el área teórica respectiva. Previa, y necesariamente, realizaremos la presentación del sistema contencioso administrativo uruguayo, que posee ciertas características, dignas de destaque. Las garantías que nos convocan, aplicables de principio como contra preso necesario de la serie de prerrogativas públicas, reafirman con su vigencia la existencia de un Estado de Derecho Material Personalista

SUMARIO : 1. INTRODUCCIÓN: . 2. DERECHO CONSTITUCIONAL Y TUTELA URGENTE ADMINISTRATIVA . 3. LOS PRIVILEGIOS DE LAS PERSONAL PUBLICAS LITIGANTES: A. Concepto General, B. Las astreintes. C. Inembargabilidad de los bienes del Estado 4. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 5 . PROCEDIMIENTO Y TIPOS DE MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE ADOPTAR EN URUGUAY: A. La suspensión de ejecución del acto administrativo en el proceso contencioso de anulación B. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo de reparación. C. La acción de amparo. 6. MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS. 7. CONCLUSIONES. 8. BIBLIOGRAFÍA



  1. INTRODUCCIÓN:

En los países democráticos los conflictos de intereses se resuelven, de acuerdo al principio de separación de poderes, por el Poder Judicial2 .En ese sentido en los procesos de Derecho Público, de principio, correspondería la aplicación de las normas procesales comunes al tipo de proceso de que se trate. Sin embargo, estando en juego el interés general y la presencia del Estado, existen determinadas características propias de esa rama del derecho que ha dado lugar al nacimiento del Derecho Procesal, Constitucional, o Administrativo 3.

El primer sistema contencioso administrativo general, aunque imperfecto ya que se desarrolló en un sistema de justicia retenida por el Gobierno, porque juzgar a la Administración era, entonces, administrar, es el que surge en Francia con la creación napoleónica del célebre Consejo de Estado Francés. Posteriormente se delegó la facultad de resolver pasándose, de esta manera, a la denominada justicia delegada. Este órgano, y su sistema, es el que inspira a los regímenes contencioso administrativos en general 4 . En Francia se dice que L´organisation d´une jurisdiction administrative comporte normalement deux éléments: 1° d´une part, des tribunaux administratifs separés á la fois des tribunaux judiciaries et des autorités administratives; 2° d´autre part, un organe chargé de trancher les conflits de compétence qui peuvent s´élever entre les dux juridictions administrative et judiciaire, c´est –á-dire un juge des conflits 5. Ese sistema se caracteriza porque “Il y a lieu de distinguer quatre espèces de contentieux administraif: le contentieux de l´ annulation, celui de la pleine jurisdiction, celui de l´interprétation, celui de la repression “6. A continuación desarrollaremos las referidas especies.

Bajo la expresión contencioso administrativo se comprende : 1. la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, la organización de los tribunales administrativos; 2. la materia contencioso administrativa, o sea, el asunto del conflicto y; 3. el procedimiento contencioso administrativo 7.

El contencioso administrativo, en general y preliminarmente, puede definirse como el conjunto de normas que regulan los procesos jurisdiccionales donde el Estado es actor o demandado. Es, por definición, una contienda o conflicto de intereses (contencioso) y es administrativo en tanto se regla por normas esencialmente de Derecho Público. Es una especie de contencioso donde el Estado, necesariamente, es parte, en virtud de la existencia de otros tipos de contenciosos como el amparo, hábeas corpus, habeas data, inconstitucionalidad de la leyes, expropiatorio, etc..

Se ha señalado que los autores pecan de cierta imprecisión en la determinación de los elementos esenciales que integran el concepto porque cada doctrino se apoya en el sistema de su país 8, situación relativamente lógica.

En el Derecho Comparado existen diversas soluciones imposibles de determinar en detalle. Las mismas se desarrollan de acuerdo a diferentes decisiones sobre la existencia de tribunales especiales administrativos; quiénes pueden accionar y, por último en este momento y sin cerrar las múltiples posibilidades, los poderes de esos tribunales. Los mismos podrán tener poderes plenos, o no, respecto a la anulación, supresión, modificación, etc. de actos administrativos, imposición de multas, condenas al Estado o a sus contrapartes, etc..

De acuerdo al primer criterio existirán sistemas judicialistas , de tribunales especiales, o mixtos 9. Son sistemas judicalistas aquellos donde el contencioso administrativo se encuentra en la órbita del Poder Judicial. El sistema de tribunales especiales es aquel donde la competencia contencioso administrativa se encuentra en órganos jurisdiccionales que no integran ese poder . Sistemas mixtos son los que atribuyen competencia a órganos que pertenecen al Poder Judicial respecto de determinada especie del contencioso administrativo y, otras especies, a órganos especiales. Ejemplo de este sistema es el uruguayo que establece la competencia anulatoria en un órgano ajeno al Poder Judicial y, a éste, la acción de reparación patrimonial de los daños causados por los actos administrativos. . Las soluciones, como se refirió sucintamente, son múltiples y, en algunos supuestos están teñidos de la forma que se interprete el principio de separación de poderes. Ello es así porque, por definición y en virtud de la evolución del Estado de Derecho Democrático Personalista, se entiende que no resulta conveniente, de principio, que un Poder del Estado pueda tener tal ingerencia que anule el acto de otro 10.

El segundo criterio, esto es, quiénes pueden accionar, o cuál debe ser la legitimación activa en el contencioso administrativo, nos presenta los contenciosos subjetivos u objetivos .

El tercer criterio propuesto se desarrolla a continuación afirmando que existen cuatro grandes ramas o formas de observar y regular el contencioso administrativo, desarrollado en los diversos países, de acuerdo a los criterios expuestos recientemente, con especial énfasis en los poderes del juez competente.

En ese sentido la primer forma de determinar los poderes de decisión del juez es el que se denomina contencioso administrativo de plena jurisdicción. En esta especie el juez puede no sólo anular el acto, sino también modificarlo o sustituirlo, disponer la reparación del daño, pudiendo, inclusive, imponer condenas pecuniarias, etc..

La segunda forma es el contencioso de anulación. Destacamos que nuestro sistema distingue el contencioso reparatorio del anulatorio. El proceso contencioso administrativo anulatorio, competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (T.C.A. ) repara el derecho, fuente de la lesión, mediante la declaración de nulidad del acto, con efecto ex tunc. Ello significa que declarada la nulidad del acto administrativo este desaparece del mundo jurídico con efectos hacia el pasado y el futuro.

En tercer lugar observamos el contencioso represivo cuyo objeto es imponer multas que emanan de la ley que condena determinadas conductas de los particulares.

Por último se observa el contencioso de interpretación cuya finalidad es permitir actuar la competencia del órgano jurisdiccional que debe resolver el fondo del asunto. El tribunal administrativo resuelve una cuestión prejudicial como consecuencia de la incompetencia del Poder Judicial para interpretar los actos administrativos individuales, fuera de ciertos casos, y observar la legalidad de los actos administrativos . En Uruguay no existe esta especie de contencioso y, por ello, los jueces ordinarios serán los que interpretarán los actos administrativos, a los efectos de su validez y eficacia, salvo los supuestos que les está vedado como el caso del proceso de la nulidad

Habiendo observado el sistema contencioso general y, sin perjuicio de las consideraciones previas realizadas, corresponde decir que el régimen uruguayo se caracteriza por la creación constitucional de un órgano jurisdiccional denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que no integra el Poder Judicial. Esa característica determina la actuación del referido tribunal. En efecto, siendo un desgajamiento del Poder juzgador, el Tribunal sólo tiene competencia en aquello que la Constitución expresamente le atribuye, arts. 307 y 309 de la Constitución Nacional. Es decir que entenderá en las demandas de nulidad presentadas contra actos administrativos definitivos 11 . El Tribunal es competente , entonces, en el contencioso de anulación de los actos administrativos.

Siendo la competencia del Tribunal a texto expreso, en los supuestos de inexistencia de éste o si existieren dudas al respecto, será competente el Poder Judicial. Así acontece, por ejemplo, respecto de la ejecución de sus sentencias 12.

El otro gran proceso contencioso administrativo, esto es, el contencioso de reparación patrimonial es competencia del Poder Judicial.

A este poder también compete la acción de amparo que es la medida más efectiva para lograr la medida cautelar más característica del Derecho Público 13.

Un tema fundamental , en el sistema contencioso de derecho público uruguayo, es la relación entre la jurisdicción anulatoria y la reparatoria patrimonial

El tema se encuentra regulado en el art. 312 de la Constitución que expresa : ”La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que se refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se tratare. El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado. En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación”.

El tema es sumamente claro en el sentido de la relación entre la acción reparatoria patrimonial y la acción de nulidad 14.

El actor puede optar e ingresar una acción de nulidad. En ese supuesto podrá, luego, demandar reparación si obtiene la anulación o la reserva la acción. También puede ingresar la reparatoria patrimonial sin exigir previamente la nulidad. Allí la opción. Sin embargo, en este supuesto, no puede luego ir por la nulidad del acto eventualmente lesivo. La regulación del tema no parece correcta porque existirán casos donde, necesariamente, por la naturaleza de las cosas deba acudirse a la nulidad. El ejemplo surge en el supuesto de un funcionario público ilegítimamente destituido. Ese funcionario puede optar entre la nulidad y la reparación. Pero si decide ir primeramente por la reparación no podrá reingresar al ejercicio de la función pública. En otras hipótesis la situación no será de tal importancia. Por ejemplo en sede de contratos administrativos cuando el oferente perdidoso injustamente opta por una u otra acción.

La doctrina y la jurisprudencia no es unánime respecto de un aspecto fundamental. El art. 312 de la Constitución al referirse a los actos administrativos del art. 309, dicen algunos, parece exigir el necesario agotamiento de la vía administrativa mediante los recursos correspondientes 15.

Otros entienden que las jurisdicciones son independientes y por ello no es necesario el referido agotamiento 16.

Por su parte la jurisprudencia comienza a tomar posición, aunque ésta todavía no es definitiva17.

Los poderes urgentes de los jueces cuya competencia se señaló recientemente , que intervienen en los procesos contenciosos referidos supra , se analizan a continuación
2. DERECHO CONSTITUCIONAL Y TUTELA URGENTE ADMINISTRATIVA .

Constitucionalmente el principio de tutela judicial efectiva surge de diversas disposiciones constitucionales especiales 18. En forma general podemos observar que, en todo caso, el mismo es un derecho que surge meridianamente de lo dispuesto por el art. 72 de la Constitución Nacional 19.

El principio de Tutela Judicial Efectiva también surge de los tratados aprobados por la República. Así el art. 8 de la Convención Americana de Derechos humanos, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley . Ello debe acontecer en cualquier causa penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones en materia civil, laboral, fiscal , etc.. Por su parte el art. 25 de dicha convención determina la existencia del derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende: A) La opción libre de acceso al Poder Judicial eliminando los elementos procesales y de otras naturalezas que pudieran impedirlo 20. Esta característica permite iniciar el proceso más allá del poder de los litigantes . Por ello los jueces deben posibilitar el acceso de las partes al juicio . También deben interpretar las leyes procesales, en lo que refiere a la legitimación, ampliamente21 . Esto significa que no se puede rechazar las acciones por interpretaciones restrictivas que solo vulneran el principio a la tutela judicial efectiva. El principio es a favor de la acción , es decir, “in dubio pro accione”.

Por otra parte, y en lo que hace relación al tema que estamos analizando, surge el derecho a la doble instancia que permite la revisión de las resoluciones judiciales por otro juez o tribunal al que las dictó. Esta revisión debe proceder respecto a la evaluación de los hechos alegados y el derecho aplicable

  1. El principio de tutela judicial efectiva también comprende el derecho de que exista una sentencia final, en un tiempo razonable, sobre el proceso iniciado.

La posibilidad de acceder al Poder Judicial es a los efectos de cumplir determinado fin. Este es la resolución del conflicto por sentencia fundada. Ello no garantiza , ni lo podría hacer, que la decisión sea favorable a la pretensión incoada. Sin embargo determina que la sentencia debe ser fundada y expedida en tiempo razonable.

C) Por último del principio surge que la sentencia producida pueda ser ejecutada .

El sub principio es el corolario final y determinante de su existencia . Si luego del proceso la decisión no se cumple, en tiempo razonable, determinaría su inexistencia. Para ello la legislación consagra diversos instrumentos. Por ejemplo las astreintes.

La tutela urgente administrativa es una especie del género tutela judicial efectiva. Constitucionalmente no tiene norma específica o genérica. Sin embargo la protección de los derechos humanos surge en Uruguay del art. 7 de la Constitución que dice : “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general” .

Por su parte, la otra norma fundamental es el art. 72 de la Carta que establece : “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

Ambas normas, de filiación ius naturalista, permiten las garantías de los derechos humanos, aún sin texto expreso. Esta conclusión resulta fundamental en todo este desarrollo.

3. LOS PRIVILEGIOS DE LAS PERSONAS PUBLICAS LITIGANTES

A. CONCEPTO GENERAL

En Uruguay la tutela judicial efectiva administrativa se encuentra parcialmente retaceada porque existen diversos privilegios respecto a las personas públicas litigantes y, en algunas ocasiones, por ser bilaterales, la solución se vuelve en contra de la Administración . Por ejemplo en el supuesto de astreintes, donde el Estado no puede solicitarlas, ni ser condenado a su pago.

Hace años Hauriou afirmaba “La gestion d´office de l´Administration... les prérrogatives implique les responsabilités qu´elle entrainte 22. Sin embargo no siempre es así porque los gobernantes de turno no respetan , en algunos casos cabalmente, su mandato de representación . Es por ello que el Derecho Administrativo intenta conciliar las prerrogativas públicas estatales con las garantías de los particulares. Esta idea es central en la rama de derecho que nos ocupa. El tema es especialmente delicado en lo que refiere al principio de libertad, art. 10 de la Carta.

“ La Libertad individual se puede definir como la posición del individuo dentro de la que tiene la posibilidad de desarrollar su actividad natural, actuando según su propia voluntad, para alcanzar los fines y la satisfacción de los intereses que pueden obtener como hombre, es decir, con independencia de su condición de miembro del Estado, y que no estén prohibidos por el Derecho positivo.” 23

Se entiende por privilegio o prerrogativa toda situación especial y distinta del régimen general, sea favorable o desfavorable, aumente o restrinja la capacidad o competencia de la Administración.

Frente a los privilegios encontramos las garantías que son prevalentes en el supuesto de duda. Las garantías pueden ser judiciales 24 o administrativas como el procedimiento administrativo común, la motivación de los actos.

Garantías judiciales son, por ejemplo, la presunción simple establecida en contra del Estado, en el proceso contencioso administrativo de anulación, si la Administración no agrega los antecedentes administrativos, el amparo, etc..

Los autores hablan de privilegios hacia fuera y hacia adentro.

Los primeros hacen referencia a la actuación de la Administración frente a los administrados. Por ejemplo posibilidad de ejecutar sus decisiones, presunción de legitimidad de las mismas, revocación de oficio de sus actos, etc..

Los privilegios hacia adentro son los que refieren al carácter subjetivo de la Administración. Son normalmente independientes de su actuación. Es por ejemplo la necesidad de recurrir el acto y lograr la definitividad del mismo 25

Las prerrogativas públicas son, entonces, determinadas soluciones que se establecen en beneficio de la sociedad y no del propio Estado. Es decir, las prerrogativas pertenecen y son para el pueblo y no para el Estado en su concepto orgánico funcional, en tanto ejerce actividad orientada al bien común , y no como asociación política. Por ejemplo la prerrogativa de la expropiación por causa de utilidad o necesidad pública. Frente a la misma encontramos la garantía del debido proceso administrativo expropiatorio.
  1   2   3   4   5

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconLa tutela: precedentes. Ideas fundamentales sobre el sistema vigente....

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconPrograma I. La evolución histórica. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconY al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconAccion de tutela contra providencia judicial un auto ilegal que,...

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconResumen: derecho al honor. Tutela judicial efectiva. Actuaciones...
«indicios racionales» de que han sido vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,...

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconAccion de tutela contra decisiones que se adoptan en proceso de tutela

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconAccion de tutela-informalidad/revision fallo de tutela-alcance

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconLa aplicación directa de la constitución por parte de la jurisdicción...

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconAccion de tutela – Procedente si el mecanismo ordinario es ineficaz...

Resumen: el presente trabajo refiere al principio de tutela jurisdiccional efectiva, y su sub especie, la tutela judicial urgente administrativa. iconJudicial eficaz/accion de tutela






© 2015
contactos
ley.exam-10.com