Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, jueves 8 de octubre de 2009,

Previsiones frente a eventuales acciones radicales de electricistas

Gobernación no descarta aplicar la fuerza del Estado, en caso necesario

Fabiola Martínez

La Secretaría de Gobernación (SG) analiza escenarios ante la movilización del grupo que encabeza Martín Esparza en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y no descarta aplicar la fuerza del Estado en caso necesario.

Las autoridades federales toman previsiones en coordinación con el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), para hacer frente a eventuales acciones radicales de este gremio, de acuerdo con fuentes consultadas.

Para este jueves, el SME convocó a una marcha a las cinco de la tarde y, en el litigio laboral, el ala identificada con Esparza no descarta emplazar a huelga por violaciones al contrato colectivo con Luz y Fuerza del Centro.

Este organismo y sus trabajadores (afiliados al SME) suministran energía eléctrica a la zona centro del país, incluido el Distrito Federal.

Por este motivo, el gobierno federal, a través del Consejo de Seguridad Nacional toma las medidas necesarias para actuar ante una eventual contingencia provocada por este conflicto.

Destaca la coordinación con las entidades federativas que son áreas de servicio de Luz y Fuerza del Centro, en especial con la administración capitalina a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon.

En el análisis preliminar de Bucareli se incluye la perspectiva de que fuerzas políticas como el PRD ya se han desmarcado del conflicto en el SME (aunque los diputados de este partido manifestaron públicamente su apoyo), mientras que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) mantiene un apoyo marginal.

En los próximos días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje deberá emitir su veredicto acerca de la pasada elección interna en el SME.
La Jornada, jueves 8 de octubre de 2009,

Perredistas, petistas y mineros se suman al respaldo a electricistas

Rechaza el PAN injerencia de la STPS en el caso del SME

Gabriel León Zaragoza, Alma Muñoz, Alfredo Méndez, Georgina Saldierna y Ángel Bolaños

Mientras el sindicato minero convocó a las agrupaciones laborales a sumarse a las protestas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en demanda del respeto a la autonomía sindical y en contra de la intervención del gobierno en la vida de los gremios, los partidos políticos manifestaron posiciones encontradas sobre el tema.

El PAN insistió en respaldar la decisión de la Secretaría de Trabajo de negar la toma de nota a la dirigencia de los electricistas y pidió que las medidas de inconformidad que realicen, se apeguen a la ley.

Jesús Ortega, presidente nacional del perredismo, consideró que la división en el SME está propiciando la intervención del gobierno, por lo cual llamó a los dirigentes sindicales a unirse para terminar con esa injerencia, pues teme que sea la oportunidad para utilizar la infraestructura de Luz y Fuerza para un negocio de fibra óptica y añadió que Martín Esparza debe evidenciar, si es que existe, la intervención de César Nava.

Por su parte, Luis Maldonado, presidente de Convergencia, consideró necesario investigar todo lo que de antemano suponga que está violentando el orden legal. Puntualizó que Esparza debe aportar mayores elementos para conocer si en realidad ha habido injerencia anticipada del gobierno federal en el proceso de elección del SME.

El senador petista Alberto Anaya se manifestó porque se indague al presidente del PAN, y llamó a cerrar filas en torno al sindicato, porque el dirigente legítimo es Esparza. Si no paramos esta embestida de la derecha hacia las organizaciones sindicales se va a generalizar contra todo el movimiento democrático.

Por su lado, Manuel Oropeza, presidente del PRD en el Distrito Federal, consideró que es muy clara la intención del gobierno federal, a través del golpeador favorito de Felipe Calderón, Javier Lozano, de descabezar a un sindicato independiente, porque representa un dique que le impide avanzar en su política privatizadora del servicio eléctrico.

A su vez, José González Morfín, secretario general del blanquiazul, rechazó que la actuación de la Secretaría del Trabajo sea injerencista en la vida de los sindicatos. Cuando se aplica la ley nadie puede acusar de injerencia, subrayó. Sobre al señalamiento de que la dependencia tolera irregularidades en sindicatos como el de Pemex y el SNTE, dijo que si alguien tiene elementos concretos lo denuncie.

Por su lado, el sindicato minero advirtió que el trasfondo de las acciones de la administración de Felipe Calderón en contra de los electricistas y de su gremio es para desmantelar a los sindicatos independientes como solución a la crisis y para emprender una privatización en los sectores energético y educativo.

Para el ex diputado federal José Antonio Almazán, detrás de la negativa de toma de nota a Martín Esparza se encuentra la intención del gobierno de someter a las organizaciones opositoras a las políticas de Calderón. El estallido social está a la vuelta de la esquina, advirtió.
La Jornada, viernes 9 de octubre de 2009,

Demanda a la Junta de Conciliación resuelva a la brevedad la validez de los comicios

Aprueba la Cámara de Diputados exigir a Lozano entregue toma de nota al SME

Los acuerdos fueron adoptados por mayoría, con la excepción del PAN; Nueva Alianza se abstuvo

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría –con excepción del PAN y de Nueva Alianza– exigir al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, entregar de manera inmediata la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezada por Martín Esparza, y a la Junta de Conciliación y Arbitraje resolver a la brevedad la validez de los comicios en ese gremio.

Desde la tribuna, diputados de PRI, PRD y PT cuestionaron la estrategia gubernamental hacia el SME, se manifestaron por un respeto irrestricto del derecho de los trabajadores a definir la vida interna del gremio y criticaron la tolerancia con la que el gobierno de Felipe Calderón actúa frente a liderazgos como el de Elba Esther Gordillo en el SNTE.

El tricolor estableció que la Secretaría del Trabajo no puede constituirse como abogado de una de las partes en conflicto. Heliodoro Díaz Escárraga sostuvo que, en medio de la crisis económica y la frustración social, el gobierno federal debiera evitar discusiones y enfrentamientos que sólo contribuyen a la crispación social. La administración panista, expuso, no debe actuar bajo falsas premisas de democracia sindical a ultranza, de dirigentes químicamente puros, de corrientes buenas y malas, y el PRI no puede avalar, de ninguna manera, acciones que vulneren los derechos y conquistas de la clase trabajadora.

Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, alertó que Lozano Alarcón pretende hacer caer a los electricistas en una doble trampa: Negar la toma de nota y congelar los fondos sindicales. Lo que quieren es que el sindicato pierda la paciencia, se vaya a la huelga y requisar la empresa como antecedente para la privatización.

Se trata, dijo, de buscar la privatización por la vía del conflicto de intereses y la liquidación de los organismos defensores de la soberanía nacional como el SME, que sigue siendo un sindicato revolucionario y símbolo histórico.

Muñoz Ledo exigió una investigación de la cesión para la operación de fibra óptica a la empresa WL Telecomunicaciones, en un mecanismo similar al que se ha seguido desde 2000 en la transferencia de contratos de Pemex a parientes y amigos para precipitar la privatización. Fue el caso del secretario de Gobernación que murió trágicamente, (Juan Camilo) Mouriño.

El PAN cuestionó los que llamó excesos de Martín Esparza, y el ex coordinador de asesores de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Gil, atribuyó al sindicato las deficiencias en el servicio y las altas tarifas en la energía eléctrica doméstica.

El punto de acuerdo fue anunciado desde el miércoles por el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, al PRI, que lo analizó durante su reunión plenaria. Al principio hubo reticencias sobre el respaldo a Martín Esparza, pero terminó imponiéndose la postura en favor del SME, lo cual resultó en la postura que presentó Díaz Escárraga.

Al defender su propuesta, Hernández Juárez lamentó que Lozano Alarcón mide a las organizaciones (sindicales) según sean aliadas o contrarias al gobierno, y rige su acción pública por sus preferencias y fobias personales, convirtiéndose en perseguidor de ciertas dirigencias, pero consiente simulaciones y negocios como los contratos de protección.

El líder de los telefonistas se refirió expresamente a Ramón Gámez Ramírez, zar de ese tipo de contratos para empresas nacionales y trasnacionales que se dedican a la prestación de servicios, laboratorios, importación y exportación, cines, supermercados, almacenes comerciales, petroquímica, construcción y telecomunicaciones, pero que, acusado de abuso sexual contra una menor, hoy está libre.

En el caso del SME, sostuvo, la Secretaría del Trabajo comete un atropello a la ley al no concluir con el trámite de la toma de nota, y ello representa un nefasto precedente de intervención en la vida sindical.

Con los votos de Acción Nacional en contra, el exhorto se consideró de urgente y obvia resolución y se abrió el debate. Felipe Cantú (PAN), presidente de la Comisión de Energía, señaló que el papel de la Cámara no debe ser defender a una facción para ponerla por encima del pueblo.

El ex alcalde de Monterrey –al que se recuerda por la exhumación de cadáveres en el panteón municipal para dar paso a la ampliación de la avenida Ruiz Cortines– sostuvo que la discusión no debía centrarse en el liderazgo de Esparza, sino en los excesos, en las duelas de bambú, de las condiciones de lujo que ya quisiera un magnate para un domingo, y que no se despilfarren los impuestos en los gustos exóticos de nadie.

En contraste, Rodolfo Lara Lagunes (PRD) resaltó el hecho de que al PAN y a los empresarios les irrite que los trabajadores del SME ganen buenos salarios y se jubilen en condiciones humanas, y quisieran que laboraran 12 horas, como los trabajadores chinos.

Reprochó  que si Lozano Alarcón está preocupado por la legalidad en los sindicatos, en el caso de Elba Esther Gordillo dejó pasar su relección sin haber convocado al congreso respectivo. Vemos aquí la doble cara, la doble moral, y le exigimos al secretario del Trabajo que cumpla con la ley. Y queremos dejar muy claro: el SME no está solo.

El punto de acuerdo fue votado por la mayoría opositora, y mientras los panistas rechazaban el exhorto, Reyes Tamez Guerra, coordinador del Panal –partido ligado a Gordillo– se abstuvo… mientras hablaba por teléfono.
La Jornada, domingo 11 de octubre de 2009,

La medida, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, dice el Ejecutivo

Decreta Calderón la extinción de Luz y Fuerza; es inconstitucional: SME

No indica qué instancia asumirá sus funciones

Ofrece pleno respeto a los derechos laborales

Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Agustín Salgado

Casi a la medianoche –una hora después de que militares y policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC)–, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la extinción de ese organismo descentralizado.

El argumento nodal para la liquidación es que, por su comprobada ineficiencia operativa y financiera, representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y dispone expresamente que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.

Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.

La compañía conservará su personalidad jurídica única y exclusivamente para realizar dicho proceso.

Desde hace semanas comenzó a correr la especie de que LFC sería liquidada. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó sobre esa posibilidad cuando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó a filtrarse información acerca de que se negaría la toma de nota al comité que encabeza Martín Esparza, lo cual ocurrió el pasado lunes, a pesar de que el litigio no se ha resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los trabajadores afirmaron que atrás de la negativa y de los señalamientos que descalificaban su proceso electoral –realizado del 16 al 26 de junio pasados– estaba la intención de acabar con la empresa y con el sindicato, que agrupa a más de 41 mil activos y 25 mil jubilados.

Finalmente, la decisión dada a conocer anoche tomó casi por sorpresa a dirigentes y trabajadores del SME, quienes habían señalado que esperarían el lunes la respuesta de Los Pinos, donde el jueves pasado, luego de una multitudinaria marcha en protesta por la negativa a la toma de nota, el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, recibió a Martín Esparza y otros miembros del comité y escuchó sus demandas.

En el decreto dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre: primero, se estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC es excesivo y superior casi tres veces al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dice que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. A junio de 2009, LFC perdió 30.6 por ciento de energía, mientras la CFE perdió 10.9.

Segundo, asegura que en 2008, LFC perdió 32.5 por ciento de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52 por ciento de ventas del organismo, y en tercero añade que, en el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta LFC son 176 por ciento superiores respecto de los costos de la CFE.

En la exposición de motivos el presidente Calderón sostiene que, desde su creación, el organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, lejos de disminuir, se han incrementado en años recientes.

De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración. Se asegura que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.

De 2003 a 2008 registró ventas por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433 mil 290 millones (incluyendo la energía comprada a la CFE); el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones a personal jubilado.

Se insiste en que sus resultados son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, incluso a los que ha reportado la CFE. Señala que el pasado 28 de septiembre la Secretaría de Energía propuso la desincorporación por extinción de LFC y que el lunes 5 la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.

El decreto tiene siete artículos y tres transitorios, en los que el Presidente dispone que para el proceso de liquidación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por sí o por conducto de terceros intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento. Corresponderá a la Secretaría de Energía sentar las bases para llevar a cabo la liquidación. Gobernación velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones oficiales.

Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo se coordinarán a efecto de que las indemnizaciones a los empleados sean pagadas en el menor tiempo posible, y las dos primeras se encargarán de que el liquidador reciba los recursos necesarios.

Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).
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