Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, lunes 20 de julio de 2009,

Autoridades federales y estatales manipulan la lucha de las comunidades más pobres

Campaña contra indígenas que apoyan la resistencia al no pago de la energía eléctrica

Hermann Bellinghausen

Enviado

San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de julio. Al ser un terreno de lucha especialmente sensible y elocuente para las comunidades y barrios populares, la resistencia a los abusos y la desigualdad en el servicio eléctrico ha resultado fértil para el descontento y la organización, y por tanto es perseguido o manipulado por las autoridades federales y estatales.

El estudio Las experiencias de resistencia civil al no pago de la energía eléctrica del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (Ciepac, diciembre de 2008) hace eco a lo que sostienen las comunidades en resistencia al pago: Los programas asistenciales de gobierno no son más que migajas del presupuesto federal disfrazadas de beneficios. Promueven la individualización, generan dependencia, desmovilizan y no combaten las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

No sólo eso: su objetivo principal es favorecer la división. Por medio de ellos, los gobiernos federal y estatal buscan deshacer el tejido social. Son usados de forma estratégica, aprovechándose de la pobreza de las comunidades, e intentan deslegitimar el proyecto de autonomía de las bases zapatistas.

Sus efectos en comunidades en resistencia son claros, afirma Ciepac. El programa Oportunidades Energético funciona como mecanismo de presión, haciendo coincidir la entrega bimensual del apoyo financiero con el de luz, algo absurdo frente al hecho de que muchas comunidades indígenas y campesinas llevan más de 10 años en resistencia al pago.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promueve la formación de lecturistas comunitarios entre los propios habitantes para forzar los pagos, y condiciona el salario de los lecturistas al pago de recibos, lo que induce división y conflictos.

El condicionamiento de los programas ha tenido como objetivo debilitar la resistencia civil. Las instituciones exigen el pago para entregar programas asistenciales y servicios elementales. Para obtener o renovar una credencial de elector, el Instituto Federal Electoral ha exigido como comprobante de domicilio el último recibo de luz con sello de pago, en ocasiones negándose a recibir cualquier otro comprobante.

La Jornada documentó en la zona norte del estado que antes de los comicios del 5 de julio, los propios partidos políticos retuvieron los recibos pagados de sus electores, hasta pasadas las elecciones.

De acuerdo con Ciepac, que además de documentar las experiencias de resistencia a los pagos de energía eléctrica, ha acompañado a la Red Estatal de Resistencia Civil, el más reciente intento de la CFE y el gobierno de Chiapas para provocar división comunitaria y debilitar el movimiento de resistencia es el programa Luz Solidaria, presentado como el más importante de la historia, un acto de justicia social. Esto coincide con que la entidad registra más usuarios en resistencia al pago.

Para diciembre de 2004 incluía 290 mil 673 personas; en junio de 2008, 427 mil 420. (Es probable que estas cifras oficiales, como las de educación, salud y población, ignoren o subregistren a las comunidades autónomas).

Ante esto, la CFE ha recurrido a los cortes masivos de energía, todo un desmantelamiento (que) arrasa con el cable para evitar que las comunidades vuelvan a conectarse, aunque haya sido comprado e instalado por los mismos habitantes.

En los operativos de corte, la CFE nunca trabaja sola. Se mueve con policías municipales y estatales. En 2008, solamente en comunidades de la Red Estatal se dio en promedio un corte por semana.

Son muchos los movimientos en Chiapas. El Consejo Regional Autónomo de la Costa sostiene una resistencia organizada y razonada en comunidades de Tonalá y Pijijiapan. Otro tanto hace Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte. Ambos movimientos han sido adherentes muy activos de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Jornada, domingo 26 de julio de 2009,

Vecinos del monstruo de Laguna Verde deben ser eximidos

Desde la cárcel, El Potro sigue la lucha contra el pago de luz

Luz María Rivera

Especial para La Jornada

Veracruz, Ver., 25 de julio. El ex diputado local panista Francisco Fernández Morales, alias El Potro, sigue preso en el penal de Ignacio Allende acusado de extorsión por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a su lucha por buscar que no paguen recibo de luz más de 120 mil familias radicadas en torno a la nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el municipio de Alto Lucero.

En entrevista, a unos días de que un juez federal revise la demanda de amparo que interpuso contra la acusación, dice estar tranquilo, pero reconoce que sus correligionarios panistas lo abandonaron y no lo han llamado ni para decirle: “Potro, eso querías”.

El 17 de diciembre pasado –día de su detención– recibió un mensaje: “juegue por la diputación federal y lo dejamos ir; el delito no es grave…”

Continúa recibiendo recados como ese, pero tras concluir su periodo como diputado local en 2007 decidió abandonar las filas de Acción Nacional, pese a que su posición doctrinaria sigue interesándole. Ellos dicen estar por el bien común. Si eso se pusiera en práctica otra cosa sería el país; pero apenas llegan al poder y se les olvida...

Cuatro doctorados

Fernández Morales, de 50 años y complexión mediana, sólo estudió la primaria, pero afirma tener cuatro doctorados por las vueltas que le ha dado la vida, y ahora siente que llegar a la política fue su ruina aunque al principio quedó convencido al ver a Diego Fernández de Cevallos debatir por televisión, y decidió ser activista del PAN en su natal Trapiche del Rosario, municipio de Actopan.

Como El Jefe Diego lo alentó, hizo campaña con apenas 37 mil pesos y arrebató al PRI la diputación local en 2004. Durante su participación en la 60 Legislatura del Congreso de Veracruz, y ya con cientos de denuncias de la CFE en su contra, denunció las altas tarifas e impulsó la huelga de pagos de energía eléctrica.

Conoció e hizo campaña por Felipe Calderón. Sin embargo, dice, “El Potro no hace nada por escrito. He sido toda mi vida como los armadillos, con la cola pa’dentro y rodando cuesta abajo. Todos los acuerdos que hice fueron verbales, y Felipe me dijo: ‘Adelante, vas bien’, pero mira donde estoy…”

Primero fue objeto de tentaciones: emisarios de la CFE le ofrecían canonjías, mujeres y mucho dinero para que abandonara el liderazgo de un movimiento social donde participan al menos 30 mil personas y que ya obtuvo amparo de la justicia federal desde 2004 para que más de mil familias no paguen su recibo de luz.

Le llegaron ofertas hasta de 500 mil dólares por dejar el movimiento, que demanda extender el beneficio a 120 mil familias que habitan en un radio de 60 kilómetros a la redonda de Laguna Verde, como, según señala, estipula el Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE) de la central.

A su juicio, la lucha se justifica ya que la planta nucleoeléctrica no tiene salidas de emergencia ni presupuesto de apoyo a las familias del perímetro. Es un monstruo que tenemos ahí, pero sus dividendos de más de un millón de dólares mensuales le permiten atender a la gente que sufre su presencia y eximirla de pagar la luz.

Además, dice, Laguna Verde produce 7 por ciento de la energía eléctrica del país y beneficia a dos estados, pero en Veracruz tenemos luz más cara y maltratos para la gente que lo reclama.

Fernández Morales usa ademanes resueltos y parece tranquilo, pero se le nublan los ojos claros y se le quiebra la voz al recordar a su madre de 79 años, quien lo visitó recientemente en la cárcel y le dijo: Aún si te saco muerto de aquí, estaré orgullosa de haberte parido...”
La Jornada, martes 28 de julio de 2009,

Revoca la comunidad de Paso de la Reina permiso para realizar estudios de prospectiva

Ejidatarios de Oaxaca se alistan para luchar contra presa de CFE

sol-09El proyecto abarca 3 mil 100 hectáreas y requerirá una inversión de 600 mdd; pone en peligro

sol-09patrimonio natural y cultural, advierten activistas

sol-09Señalan que el gobierno ignora a pobladores

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Oaxaca, Oax., 27 de julio. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias ignoraron la oposición de varias comunidades indígenas y mantienen el proyecto de construir una presa en tierras ejidales que atraviesa el río Verde, aun cuando los afectados exigen cancelar la obra y ya se movilizan para detener los trabajos preparatorias.

Los ejidatarios de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, en la región de la costa, revocaron a la paraestatal un permiso para efectuar estudios de campo, y junto con las demás comunidades opositoras al proyecto, agrupadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), exigieron cancelar las tareas de prospectiva.

En conferencia de prensa acompañado de Juan Gómez Gómez, miembro del Copudever en Tataltepec de Valdés, el presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, Filogonio Martínez Merino, dijo que desde el martes pasado, en asamblea general, los ejidatarios cancelaron la autorización que el 27 de junio de 2007 otorgaron por escrito a la CFE y otras dependencias.

Con este permiso y otro otorgado verbalmente en agosto de 2008, la paraestatal hacía estudios de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico “Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina”, en el río Verde.

Según Martínez Merino, la obra implica una inversión de 600 millones de dólares y abarca 3 mil 100 hectáreas donde se asientan pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos.

En la asamblea regional efectuada el 23 de noviembre de 2008, recordó, los pueblos de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec y San Pedro Tututepec rechazaron la construcción de la presa por considerar que atenta contra su patrimonio cultural y natural.

Esta decisión se dio a conocer a la CFE y al presidente Felipe Calderón, “pero no ha sido respetada” y desde mediados de junio personal de la paraestatal e investigadores de los institutos Politécnico Nacional (IPN) y Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) han ido al ejido Paso de la Reina a proseguir con los estudios previos y de impacto ambiental.

Ante la postura de la CFE, ejidatarios y pobladores de Paso de la Reina instalaron el 11 de julio un campamento en el paraje El Zanate, para impedir el paso a los investigadores y cuadrillas de trabajadores.

El comisario de bienes ejidales responsabilizó a la CFE de cualquier confrontación que pidiera ocurrir y aseguró que el priísta Antonio Iglesia Arreola, diputado federal electo y ex presidente municipal de Santiago Jamiltepec, respalda el proyecto.

“Esta persona cree que ganar las elecciones es un respaldo a la presa, y como propietario de una gran extensión de terreno espera ser indemnizado, pero se equivoca, pues muchos de sus votantes rechazan el proyecto hidroeléctrico”, advirtió Martínez Merino.

A su vez, Juan Gómez Gómez, representante de los ejidatarios agrupados en el Copudever, demandó a las autoridades respetar el derecho ejidal y la decisión “libre e informada” de los pueblos indígenas, como lo prevén los convenios internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano.
La Jornada, jueves 30 de julio de 2009,

El precio ha aumentado 54 por ciento desde que el PAN llegó a la Presidencia en 2000

Miles de usuarios dejan de pagar el consumo de electricidad por altas tarifas

sol-09La CFE tuvo utilidades por $2 mil 785 millones en el primer semestre, un incremento de 27.4%

Luis A. Boffil Gómez, Ángeles Mariscal, René Alberto López y Elio Henríquez, corresponsales, e Israel Rodríguez, reportero

Miles de usuarios de prácticamente todo el país han dejado de pagar los consumos de energía eléctrica en protesta por las elevadas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de que en las administraciones a cargo del Partido Acción Nacional (PAN), el aumento en los precios de la electricidad es de casi 54 por ciento, nivel 14 por ciento por encima de la inflación acumulada entre diciembre de 2000 y junio de 2009, la cual fue de 47 por ciento.

Solamente, en el primer semestre de 2009, la CFE obtuvo utilidades netas por 2 mil 785 millones de pesos, un crecimiento de 27.4 por ciento superior a las registradas en el mismo periodo del año pasado, pese a que sus ventas de electricidad cayeron 16 por ciento. Según la empresa este resultado se obtuvo principalmente por fluctuaciones cambiarias favorables y “otros ingresos”. La CFE registró 999 millones de pesos en el rubro de “otros ingresos”, cifra 90.8 veces superior a los 11 millones de pesos registrados por este rubro en enero-junio de 2008.

Sin embargo, sus ingresos por venta de energía fueron 19 mil 761 millones de pesos menores respecto de los 123 mil 536 millones de pesos registrados en el primer semestre de 2008, al sumar en la primera mitad de 2009, 103 mil 775 millones de pesos.

Las protestas por los altos precios de la electricidad van en ascenso desde el año 2000, cuando Alfredo Elías Ayub, director de la empresa desde principios de 1999, en la fase final del último gobierno priísta, fue ratificado por el entrante gobierno de Vicente Fox y posteriormente por el de Felipe Calderón. Aunque desde los primeros años de la década de los 90 ya había casos en los que los usuarios no pagaban el servicio, fue en 1994 cuando la medida se generalizó en la mayoría de los municipios del sureste y se ha extendido a todo el país a partir de las administraciones del Partido Acción Nacional.

Esto en un contexto en el que 40 por ciento de la generación de electricidad en México es generada por empresas privadas extranjeras, en su mayoría españolas, que venden sus excedentes de energía a la CFE. Estas empresas, entre las que figuran Endesa, Acción Energía, Eurus-Sapi y Unión Fenosa, producen electricidad en cualquiera de las modalidades de autoabastecimiento, coogeneración, producción independiente, exportación e importación.

Mientras, miles de usuarios domésticos que se debaten entre el desempleo, la insuficiencia de ingresos y el deterioro del poder adquisitivo enfrentan tarifas impagables en términos de la actual situación económica del país y los hogares, y además sufren por la criminalización de la protesta. Los miles de afectados se encuentran indefensos porque la CFE, acusan, impone tarifas arbitrarias, alejadas de los consumos reales y de la situación de los municipios marginados.

Por ejemplo, el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas de la región de Candelaria, Campeche, se declaró en alerta permanente ante el acoso de policías federales que pretenden ejecutar las órdenes de aprehensión contra 29 activistas de este movimiento, a quienes se acusa del delito de secuestro.

Los activistas se declararon en morosidad de pago de las tarifas bimestrales de la CFE debido a que los recibos llegan hasta por 6 mil pesos para las familias de los campesinos que no poseen más que lo indispensable en sus hogares.

El pasado 10 de julio, fueron detenidos cinco integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica contra las Altas Tarifas Eléctricas, entre ellos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Guadalupe Lizcano y Élmer Castellanos, a quienes un juez federal les dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro. El motivo de las detenciones se remonta a noviembre pasado cuando un inspector de CFE intentó cortar el suministro, los pobladores lo impidieron y retuvieron por algunas horas, lo que motivó que la paraestatal denunciara los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En otras regiones del sureste del país, casi medio millón de usuarios de la CFE de las regiones de Chiapas, Villa Hermosa, La Chontalpa y Los Ríos, estas últimas en Tabasco, también se han declarado en moratoria de pagos en protesta por lo que consideran cobro injustificado del servicio.

“Es un verdadero atraco” lo que la CFE comete en contra de la ciudadanía tabasqueña, acusó sumamente molesto en una estación de radio Manuel Ortiz, quien alega que antes pagaba 300 o 400 pesos de consumo y ahora le llegan los recibos de luz de 3 mil 500 y 4 mil pesos “y yo no tengo paletería ni fábrica de hielo”. El quejoso vive en una colonia popular con sólo un clima, una televisión y un refrigerador.

Los casos se multiplican y las inconformidades de la gente aumentan. Sofía Garrido, que tiene su domicilio en la zona de la Ciudad Deportiva, en Tabasco considerada residencial, pagaba un consumo de 3 mil 200 pesos, pero en los últimos meses las cantidades se han triplicado al ascender a 10 mil 338 pesos. Por los altos precios de la energía acumula una deuda de 50 mil 421 pesos. “Y va uno a la CFE sólo a perder el tiempo y hacer coraje porque te dicen que esa es la cantidad que señala el sistema y punto”.

Sin embargo, para la CFE las protestas y el número de usuarios en franca resistencia no son motivo de preocupación. Estefano Conde, vocero de la empresa eléctrica, aseguró que la cartera de morosos en CFE no es elevada y las protestas son de grupos aislados, aunque nunca precisó sobre el monto del quebranto por estas acciones de resistencia civil.

Pese al Acuerdo Solidario Compensatorio (ASC) firmado en octubre de 2007 entre el gobierno federal y Tabasco, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos de usuarios morosos, a un año y nueve meses de pactarse el convenio la inconformidad entre la población tabasqueña aumenta contra CFE al persistir los “abusos” en la facturación del servicio de energía.

En Chiapas, un ejemplo de la presencia del movimiento de resistencia está en San Juan Canuc, uno de los 100 municipios del país con menor índice de desarrollo humano tiene 8 mil 735 usuarios en 47 comunidades y 3 mil 991 –casi la mitad– están en resistencia de pago. Esto contrasta con la energía que aporta Chiapas, pues con sus cuatro centrales (La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas), esta entidad representa más de 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica total en operación de la paraestatal.

Adicionalmente, el 22 de junio pasado, unos 3 mil pobladores de los municipios de Comitán, Las Margaritas y Chicomuselo, en Chiapas, retiraron de sus casas los medidores de energía eléctrica y los dejaron frente a las oficinas de la CFE, en protesta de las altas tarifas.
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