Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, miércoles 14 de octubre de 2009,

Deberá presentarse el miércoles 21, esta vez ante el pleno

Rehúye Lozano comparecer ante comisiones en San Lázaro

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Por causas de fuerza mayor, Javier Lozano, secretario del Trabajo, no asistió a comparecer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. En respuesta, el coordinador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas, obligó a la Junta de Coordinación Política a manifestar su profunda extrañeza por la actitud del funcionario, a quien se citó para el miércoles 21 de octubre, esta vez ante el pleno.

Desde el lunes, el presidente de la mesa directiva, Francisco Ramírez Acuña recibió el oficio SEL/300/3226/09 de la subsecretaría de Enlace Legislativo de Gobernación, firmado por Manuel Minjares, en el cual se informa de la inasistencia de Lozano Alarcón. No obstante, el legislador panista omitió dar cuenta al pleno del oficio, sobre todo porque la asistencia del titular del Trabajo se constituía en el tema del día por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Francisco Hernández Juárez (PRD) solicitó a Ramírez Acuña que incluyera el oficio que el presidente de la Cámara de Diputados había omitido presentar ante el pleno y que, como el resto de la documentación turnada por el Senado o el gobierno, debe pasar por el conocimiento de los diputados.

La respuesta del ex gobernador de Jalisco fue una orden a la secretaría para que diera a conocer el contenido del artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones. Éste establece que sólo por resolución del pleno, a propuesta de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día.

No obstante el PRD, con Alejandro Encinas, Agustín Guerrero y Guadalupe Acosta Naranjo, y el PT, con Laura Itzel Castillo, Amadeo Espinoza y Gerardo Fernández, presionaron para que incluyera el oficio en el orden del día.

Ramírez Acuña ignoró los reclamos y Encinas se dirigió al pleno para encontrarse con Josefina Vázquez Mota (PAN) y Francisco Rojas (PRI). Les mostró el oficio enviado por Gobernación y los tres determinaron iniciar un receso.

El perredista regresó a su curul para reunir a los integrantes de la Junta de Coordinación y desde ahí incorporar el tema en el orden del día. Itzel Castillo reclamó que el pleno es soberano y entre sus atribuciones se encuentra la de modificar el orden del día.

Ramírez Acuña insistía en imponer su criterio. Carlos Ramírez Marín (PRI) le dijo: Lo que motiva la inquietud, señor presidente, es precisamente la falta de acuerdo en el último párrafo que usted tuvo a bien leer, que regula la introducción de nuevos puntos en el orden del día. Por tanto, le estamos solicitando que se declare un receso a fin de que los coordinadores puedan ponerse de acuerdo en torno al punto que se está solicitando incluir en el orden del día.

Arrinconado, el panista se vio obligado a ceder y decretó el receso. Hora y media después se reanudó la sesión con un orden del día que ya incluía la solicitud de Hernández Juárez, que endureció la postura de la Cámara de Diputados ante el secretario del Trabajo.

Georgina Trujillo, secretaria de la mesa directiva, dio lectura al acuerdo: “Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso, la Junta de Coordinación Política expresa su profunda extrañeza por la situación generada ante una solicitud de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para programar, por causa de fuerza mayor, la comparecencia del secretario del Trabajo prevista para hoy a las 17 horas, por un acuerdo de este órgano colegiado, votado por el pleno en su sesión del 8 de octubre pasado. En tal virtud, esta Junta de Coordinación Política convoca a comparecer al secretario del Trabajo el próximo miércoles 21 de octubre, ante el pleno.
La Jornada, miércoles 14 de octubre de 2009,

El Congreso no autorizó a Calderón para extinguir Luz y Fuerza

Grupo legislativo prepara controversia

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Las fracciones de PRI, PRD, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados integrarán un grupo de trabajo que redacte una controversia constitucional contra la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LFC), a partir de lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde en 1975 y 1989 el Congreso autorizó al Ejecutivo constituir la empresa y, por tanto, debió solicitar autorización para extinguirla.

El acuerdo se logró luego de que la mayoría parlamentaria –la mitad de la diputación del PRD se abstuvo– desechó una propuesta del PT para solicitar que fuera el presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, el que iniciara la controversia en nombre de la Cámara, y un punto de acuerdo del sol azteca para que el pleno exhortara a Felipe Calderón a derogar su decreto del sábado.

En cambio, el PRI determinó presentar en la sesión de mañana un punto de acuerdo para conformar un grupo plural que redacte la controversia y ésta se vote en el pleno la próxima semana.

El diputado Emilio Serrano (PRD) dijo en tribuna que la extinción de LFC constituye un golpe de Estado: Felipe Calderón corre el riesgo de ser dictador. Luego se dirigió a los panistas: Ustedes, que tienen acceso a Calderón y les hace caso, díganle que reflexione. En este momento tiene una guerra contra el narcotráfico, que no ha ganado, y todavía así le pone leña a la hoguera.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo (PT) llamó a la Cámara a ejercer sus facultades establecidas en el artículo 73 constitucional, de conceder licencia al Presidente o aceptar su renuncia, y constituirse en colegio electoral para designar un mandatario interino.

De otro modo vamos a arrepentirnos. El que da un golpe de mano a una empresa del Estado, ¡puede dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión! Desde que entró por la puerta de atrás, este gobierno ha mostrado ser fraudulento, mentiroso y golpista, dijo.

Aseguró que al incorporar trabajadores de la CFE para sustituir a los del Sindicato Mexicano de Electricistas, el gobierno está haciendo esquirolismo, y señaló que si bien la relación obrero-patronal subsiste, el contrato de los usuarios fue con Luz y Fuerza. Ya no tenemos a quién pagarle, y no estoy haciendo una invitación a huelga de pagos, aseguró.

Francisco Rojas, coordinador del PRI, aseguró que el punto de acuerdo presentado por Jaime Cárdenas (PT) no tenía sustento jurídico. Diputados priístas explicaron que, desde el lunes, se le pidió al legislador petista que su propuesta se enfocara en constituir el grupo de trabajo para que éste le diera forma a la querella. No obstante Cárdenas no modificó su propuesta y el PRI no la acompañó.

Aun así, la controversia retomará uno de los puntos centrales en la iniciativa de Cárdenas Gracia, quien explicó que con el decreto de extinción de LFC, Calderón violó la Constitución, pero sobre todo el artículo cuarto transitorio, párrafo segundo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que al concluir la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Meridional de Fuerza y Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías. El decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus fines.

El mismo transitorio fue modificado por el Congreso el 21 de diciembre de 1989, para instruir al Ejecutivo a disponer lo necesario para dar celeridad a los procedimientos de liquidación de las citadas empresas, para que al concluirlos se constituya el organismo que se ordena crear: Luz y Fuerza del Centro.
La Jornada, miércoles 14 de octubre de 2009,

Puso en marcha una campaña de desprestigio y acciones fascistas, afirman senadores

Al liquidar LFC, Calderón violentó la Constitución: PRD, PT y Convergencia

La medida, apegada a derecho: PAN, PVEM y PRI

Beltrones rechaza presentar controversia

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) polarizó ayer el debate en el Senado, ya que las fracciones de PAN y Verde Ecologista respaldaron la postura gubernamental, en tanto que las de PRD, PT y Convergencia advirtieron que Felipe Calderón violentó la Constitución y puso en marcha una campaña de desprestigio y acciones de tipo fascista para acabar con un gremio combativo, como es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de avanzar en la privatización de la electricidad.

A su vez, el grupo parlamentario del PRI consideró apegado a derecho el decreto de Calderón y, en entrevista, Manlio Fabio Beltrones dijo que no apoyarán la presentación de una controversia constitucional, pero se mantendrán atentos a que haya transparencia en todo el proceso de liquidación de Luz y Fuerza, para evitar las tentaciones privatizadoras que asisten a buena parte de los integrantes de este gobierno.

Beltrones recalcó que las intenciones privatizadoras en torno a la energía eléctrica son muy similares a las que se dieron hace pocos meses en el caso del petróleo, y por ello no van a permitir la opacidad.

Denunció que en su afán recaudador el gobierno calderonista incluyó en la ley de ingresos recursos por más de 20 mil millones de pesos, que pretenden obtener por la venta a un particular de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el caso de Luz y Fuerza es la misma opacidad con que se ha manejado la fibra óptica, hecho al que se opone el PRI, ya que lo más conveniente es que esa red, que se puede usar para brindar servicios de telecomunicaciones, quede en manos del Estado para rentarla a empresas de transmisión de datos, de voz y de imágenes, evitando la conformación de un nuevo monopolio.

Durante la sesión, el panista Rubén Camarillo y el senador del Verde Javier Orozco Gómez repitieron los argumentos contenidos en el decreto de liquidación e insistieron en que Luz y Fuerza es una empresa ineficiente, que requería un subsidio de más de 40 mil millones de pesos, que tiene 22 mil 650 jubilados y por ello un pasivo laboral de 240 mil millones. Abundaron en la ineficiencia y dispendio de recursos en LFC.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, recalcó que se trató de un asalto a la Constitución y a la legislación laboral, ya que antes de que se publicara el decreto presidencial, Calderón ordenó la ocupación policiaca de las instalaciones de Luz y Fuerza. Advirtió que el Partido del Trabajo no será cómplice de los métodos fascistas y totalitarios empleados contra el SME. Están prendiendo el cerillo a la hoguera, advirtió.

A su vez, el senador Dante Delgado, de Convergencia, planteó que el Congreso debe iniciar juicio político a los secretarios de Estado y demás servidores públicos que suscribieron el ilegal decreto de Calderón.

La fracción del PRD, por conducto del senador Graco Ramírez, deploró los ataques contra el SME y que se escandalicen cuando una empresa pública tiene dificultades financieras y linchan a los trabajadores que luchan por sus demandas y prestaciones, pero aplauden el rescate de quebrantos privados.

Con Luz y Fuerza, dijo, se usó la estrategia neoliberal de descapitalízalas, endéudalas, desprestígialas y véndelas. Les quitaron primero la generación de electricidad, los convirtieron en maquiladores, CFE les vende la energía a 68 centavos y ellos deben venderla a 32 y subsidiar a los industriales, y todavía la acusan de ineficiente y de poco productiva, dijo.

Ramírez Garrido Abreu pidió que se recuerde que fue el SME el que electrificó poblados y colonias pobres, el que levantó el servicio de electricidad al otro día del sismo de 1985, el que siguió la lucha de la Tendencia Democrática de Rafael Galván. Advirtió que el PRD no va a permitir que se profundice la privatización de Luz y Fuerza.

Ante el pleno de Xicoténcatl, se manifestó por una salida legal al conflicto. Se equivocan, dijo el senador morelense, quienes le apuestan al enfrentamiento, a las venciditas.

La senadora de Nueva Alianza Irma Martínez, integrante del sindicato magisterial, rechazó también las medidas unilaterales y de fuerza aplicadas contra los trabajadores del SME. Llama a sospechas la forma en que el gobierno decidió la liquidación de la paraestatal.
La Jornada, miércoles 14 de octubre de 2009,

Gómez Mont emprende campaña mediática en pro del decreto que extingue LFC

De la redacción

En su propósito por continuar la defensa de la decisión del gobierno federal de liquidar Luz y Fuerza del Centro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, realizó ayer un periplo mediático en radio y televisión reivindicando la legalidad de esa medida. Inevitablemente los cuestionamientos llegaron al punto del incumplimiento de pago de la luz de la residencia oficial de Los Pinos.

–¿(Manuel) Esparza dijo que no pagan la luz ni en Los Pinos? –se le cuestionó en W Radio.

–Híjole mano, yo no estoy metido en estas cuestiones de administración –esquivó el funcionario.

–¿Pero usted supone que sí?

–Ni te lo afirmo ni te lo niego. Sí hay un régimen especial para eso ¿no?

Su recorrido mediático lo llevó, en otra entrevista en televisión, a referirse a las comparaciones que se han hecho sobre el trato diferenciado al Sindicato Mexicano de Electricistas con otros gremios igualmente cuestionados, como el de petroleros o el del magisterio.

El funcionario negó que fueran condiciones similares. Destacó que en otros casos se han podido alcanzar convenios de modernización que con los electricistas nunca pudieron concretarse.

–O sea, ¿no hay ninguno en el escenario del SME? –le cuestionó  Primero Noticias.

–No, en estas condiciones pues, gracias a Dios, no, si no la situación del país sería mucho más grave –respondió el responsable de la política interior del país.

En las entrevistas aludió a un escenario en que pudiera haber presiones a trabajadores para que no cobren sus liquidaciones: el gobierno no va a tolerar actos de violencia sobre persona alguna, tiene que garantizar la integridad. No se vale que se someta a este tipo de presiones. No se vale que el sindicato se radicalice y se torne contra sus propios miembros, pues eso sería contradictorio a lo que dicen sostener.
La Jornada, miércoles 14 de octubre de 2009,

Debemos tener el valor de jerarquizar los recursos y no destinarlos a mantener privilegios

La de LFC, decisión difícil; no se tomó en décadas sabiendo que era correcta: Calderón

Claudia Herrera Beltrán

Huatlatlauca, Pue., 13 de octubre. El cierre de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión difícil pero correcta, aseguró el presidente Felipe Calderón al sostener que prefiere destinar dinero a 25 millones de pobres que a las prestaciones y privilegios de 44 mil personas.

Al día siguiente que el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, lo retó a debatir sobre la extinción de la paraestatal y el despido de sus 44 mil empleados, Calderón endureció su discurso señalando que la prioridad de su gobierno es beneficiar a los pobres de México que no tienen voz, no tienen manera de presionar, no tienen grupos de poder.

Sin mencionar al SME repitió en varias ocasiones los argumentos conocidos y utilizados en contra de ese gremio, al señalar que debemos tener el valor de jerarquizar los recursos públicos, que son pocos, y no destinarlos a mantener ineficiencias, privilegios, gastos desmesurados. La misión del gobierno, añadió, es administrar con austeridad y con eficiencia sus empresas, y eso es lo que estamos haciendo.

Junto con Mario Marín, el gobernador priísta conocido como el góber precioso por las grabaciones que lo involucran en la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho, el Presidente hizo una rápida visita a la capital poblana y al municipio de Huatlatlauca, en la región mixteca.

En ambos puntos si bien cuestionó los privilegios de los empleados de LFC, también aseguró que los ha atendido con justicia, con responsabilidad y que respeta íntegra y pulcramente todos sus derechos, ofreciéndoles indemnizaciones por encima de la ley.

¡Gracias, doctor Valdemar!

En la apertura del hospital general de zona número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Presidente elogió a Valdemar Gutiérrez, líder del sindicato del IMSS, porque sin los acuerdos alcanzados, en particular en el ámbito laboral (que recortaron las pensiones de sus trabajadores), la institución seguiría entrampada.

En medio del conflicto con el SME, alabó al sindicato del IMSS porque estableció una relación constructiva y de cooperación con el gobierno federal. Muchísimas gracias, doctor Valdemar Gutiérrez, expresó al también diputado del PAN, quien estaba presente.

En su intento por justificar con planteamientos económicos el decreto que puso fin a LFC el sábado pasado, señaló que con el subsidio que se le otorgaba, de 42 mil millones de pesos al año, se hubieran podido hacer cada año 90 hospitales como el que inauguró este día.

Calificó esta decisión como compleja y difícil, razón por la cual dijo que quizá no se había tomado en varias décadas sabiendo que era la determinación correcta. Puntualizó que en la medida en que enfrentemos nuestros problemas sin evadirlos, por muy difíciles que sean y costosas sus consecuencias, será mejor el país.

“Frente a esos problemas –añadió– no puede tener cabida ni ineficiencia, ni las visiones patriomonialistas ni el descuido en el manejo de los recursos públicos o de los bienes que no son de un grupo, sino de todos los mexicanos”.

No los invitaron o qué

Luego, Calderón y Marín entregaron obras en la región mixteca, de la que es oriundo el gobernador poblano. Ahí, el Presidente se enteró que los habitantes del pueblo de Emiliano Zapata, beneficiados con un nuevo sistema de alcantarillado, no pudieron ingresar a la ceremonia a causa de las medidas de seguridad.

No sé si haya gente de Emiliano Zapata en esta reunión, exclamó, y al ver que nadie respondía, preguntó: no los invitaron o qué, y fue cuando la gente empezó a gritar: no los dejaron entrar. Por eso, ordenó a uno de sus ayudantes del Estado Mayor Presidencial verificar la situación, pero transcurrieron los minutos sin que aparecieran los de Emiliano Zapata.

Frente a los campesinos, volvió a pedir al Congreso de la Unión que tome una decisión difícil y apruebe su propuesta de reforma fiscal, la cual incluye el cobro de un impuesto de 2 por ciento, ya que beneficia a la gente más pobre.

Así, a cada señalamiento que Calderón hacía sobre el dinero que entregaría a los pobres, se escuchaban aplausos y gritos como bravo, bravo y ¡Felipe, Felipe!
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