Iteso – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales






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La Jornada, lunes 12 de octubre de 2009,

El Sistema de Enajenación de Bienes será el encargado de elaborar el plan de liquidación

Apresura el gobierno la publicación de las bases para la extinción de la empresa

El SAE podrá transferir o ceder los contratos o cualquier otro instrumento jurídico de LFC

Israel Rodríguez J.

La Secretaría de Energía (Sener) expidió en una edición vespertina extraordinaria del Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en las que se establece que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) elaborará y remitirá, dentro de los primeros 30 días, el plan estratégico para la liquidación de la empresa.

Además, deberá levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en liquidación (LFC). A partir de éste, realizará el balance inicial de liquidación. En caso de existir diferencias entre los registros con los que cuenta el organismo en liquidación y el inventario que se levante, deberá informarlo a las autoridades competentes para los efectos conducentes.

El SAE es el organismo que transfirió a bancos extranjeros los más de 205 millones de dólares incautados en 2007 en una residencia de las Lomas de Chapultepec al mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, presunto traficante de metanfetaminas, lo que ocasionó que el dinero dejó de ser una prueba del presunto delito.

El SAE fue creado en 2003 por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, como remanente de lo que fue el Fideicomiso Liquidador y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior y las gestiones para recibir los bienes de la Dirección General Adjunta de Cartera de Activos no Monetarios, además de recibir los bienes incautados al crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República.

Este organismo fue el que también, entre el 3 y 4 de septiembre pasados, remató a precios de ganga los bienes confiscados a presuntos narcotraficantes, entre los que destacaban aviones, veleros, yates y automóviles de lujo, entre otros.

De acuerdo con la edición extraordinaria del DOF, una vez aprobado el proceso de liquidación, el SAE, conforme a las instrucciones que dicte la Sener, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes de LFC que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto de extinción correspondiente venía prestando, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Asimismo, podrá celebrar convenios con entidades federativas u organismos sociales, con el propósito de que los activos que no se requieran para la prestación del servicio público de energía eléctrica o para el desarrollo del proceso de desincorporación puedan enajenarse para la consecución de las funciones, actividades u objeto de éstos.

También someterá al dictamen del auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública los estados financieros inicial y final de liquidación, así como los anuales intermedios que correspondan.

Procederá a la liquidación de todos los trabajadores de LFC, por lo que podrá elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar. Para ello solicitará la participación que corresponda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

De manera previa a que el SAE presente a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización antes mencionado, deberá recabar la opinión de las secretarías de Hacienda y del Trabajo.

Pagará las pensiones que correspondan a los jubilados, para lo cual someterá a la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad el plan correspondiente.

El liquidador destinará los recursos, bienes y activos de la empresa en liquidación para cubrir los pasivos y contingencias que se originen de la misma, así como los gastos de preparación, preoperativos y de administración. Con base en las indicaciones de la Subsecretaría de Electricidad, el SAE podrá celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico de LFC.

El liquidador elaborará el libro blanco del procedimiento, en términos de las disposiciones aplicables. Concluido el proceso de extinción, deberá conservar los libros y documentos de LFC, en términos de la normativa aplicable.

La Subsecretaría de Electricidad será la facultada para interpretar las disposiciones contenidas en estas bases, para todos los efectos administrativos, en cuyo caso podrá adecuarlas y adicionarlas.
La Jornada, lunes 12 de octubre de 2009,

La CFE vende a Luz y Fuerza la electricidad en horas pico más cara que a los industriales

El problema en LFC, el robo de energía de las grandes empresas: ex funcionario de Sener

Israel Rodríguez J.

Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que el problema en Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan.

Consideró que la eventual privatización del organismo sería un error, porque es una empresa viable, de una gran tradición sindical y obrera, a la que se puede sacar mucho fruto; sin embargo, reconoció que también es irresponsable.

Creo que en el problema con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un conflicto del gobierno con un gremio que es muy fuerte, señaló, y advirtió que bajar el switch en la zona centro del país es un grave riesgo.

Por su parte, José Luis Apodaca, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, indicó que la liquidación de LFC tiene como propósito allanar el camino para su privatización, con dedicatoria principalmente para las empresas extranjeras.

Nicéforo Guerrero, subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox y relevado en el cargo el 23 de marzo de 2004, después de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía, señala en entrevista con La Jornada que la carga de la empresa no es sindical.

El subsidio es alto sí, 40 mil millones de pesos, pero también hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo.

El ahora también presidente municipal de Guanajuato, surgido de la coalición PRI, PRD y PT, al preguntarle cómo se resolvería el problema de electricidad en el valle de México, respondió: poniendo una planta en Lerma y otra en Teotihuacán, ambas de ciclo combinado mediante gas, que hoy es barato, y se resolvería de manera eficiente el anillo que genera la distribución de la electricidad para estos lugares.

–¿Hay cuentas especiales?

–Sí. Liverpool tiene su propia autogeneración eléctrica y cuenta con 75 megavatios disponibles para la ciudad de México, que sería de energía distribuida. Todas las grandes empresas podrían producir energía distribuida y venderla a la empresa; esa sería una forma de salvar a Luz y Fuerza con la venta de excedentes, pero a precios razonables, no a precios de la CFE, que le cobra en la hora pico más a LFC que a los industriales.

Señaló que fusionar LFC es una buena opción, en la medida que el gobierno hubiera pactado con los trabajadores una adecuada liquidación y no un conflicto. Lo ideal era mantener una sola empresa y que una de las divisiones fuera Luz y Fuerza, como lo fue hasta la época de Carlos Salinas, cuando la convirtió en empresa descentralizada.

Aseguró que el contrato colectivo de trabajo no es el gran problema de LFC, sino la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la ciudad de México. Explicó que si CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a ocho centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza.

Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal. Es lo que pasa con el gas y otros productos, que son los llamados precios de transferencia entre las subsidiarias de Pemex, que generan este error, concluyó Nicéforo Guerrero.
La Jornada, lunes 12 de octubre de 2009,

Trabajadores han colocado rótulos contra la presencia federal en las instalaciones

Miles de policías y militares en 104 sedes de LFC

Gustavo Castillo García

Más de 5 mil policías federales se encargarán el tiempo que sea necesario del resguardo perimetral de las 104 instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en tanto que cientos de efectivos del Ejército apoyarán para que los más de 3 mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuman el control del flujo eléctrico en el centro del país, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Defensa Nacional.

Este domingo el reporte de la Policía Federal fue sin novedad.

Aun así, se desarrolla un plan para evitar fallas en el suministro en caso de atentados o fallas en los sistemas, que incluye la interconexión de las áreas de producción y suministro del norte y sur del país hacia la ciudad de México, indicaron las fuentes.

En la ciudad de México casi todas las instalaciones se encuentran resguardadas en apariencia por grupos de entre 30 y 100 elementos, pero en el edificio sede, en Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Tlaxpana, más de mil agentes vigilan y en el perímetro fue colocada una valla metálica de más de dos metros de altura.

De acuerdo con funcionarios de Seguridad Pública (SSP) federal, los reportes policiales no han dado cuenta de presencia de electricistas en ninguna de las estaciones y subestaciones, pero sí se han reportado grupos de trabajadores que han colocado cartulinas con leyendas contra la presencia de la Policía Federal y de militares en oficinas administrativas, como en las ubicadas en la avenida Guerrero casi esquina con Puente de Alvarado, colonia Guerrero.

En la subestación conocida como Pensador Mexicano, en la colonia Guerrero, más de 70 elementos controlan el acceso a pie y con patrullas a la zona y cerraron el paso al tránsito vehicular en la calle Pensador Mexicano desde el el Eje Central hasta Valerio Trujano.

La sede de Calzada de Guadalupe y Clavé, colonia 7 de Julio, en el norte de la ciudad, fue tomada a las 11 de la noche del sábado y permanecen 30 agentes federales.

Instalaciones como la subestaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa y Jamaica, en Iztacalco, así como la sede del denominado Sector Cables, delegación Cuauhtémoc, eran vigiladas por grupos de casi 60 elementos y, de acuerdo con fuentes consultadas, grupos de ingenieros militares certificaron la operación normal de los equipos hasta que personal de la CFE los sustituyó este domingo.

Otros 4 mil elementos federales se encuentran repartidos en cuatro entidades para custodiar la zona perimetral de instalaciones de LFC en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos.
La Jornada, lunes 12 de octubre de 2009,

Menú para que los despedidos inviertan adecuadamente

De la Redacción

Como parte del paquete de ofertas al Sindicato Mexicano de Electricistas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, informó que “la instrucción que tenemos el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y el del Trabajo y Previsión Social es brindar un menú de opciones a quienes por razón misma de esta causa de fuerza mayor terminarán sus relaciones individuales de trabajo con el extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro para que puedan, por un lado, contar con orientación, apoyo especializado para el uso de su indemnización y cursos de capacitación para adecuadamente poder invertir estos recursos en negocios propios.

También estamos buscando la instrumentación de programas de autoempleo y formación de empresas, insisto, para que con la indemnización correspondiente los trabajadores puedan iniciar un negocio propio y también a través del Servicio Nacional de Empleo todo el portafolio de servicios, primero, de vinculación entre oferta y demanda laboral, pero también en capacitación muy especializada y, desde luego, de una nueva modalidad de contingencias laborales que vamos a instrumentar precisamente para dar cabida al mayor número de trabajadores que, con motivo de esta causa de fuerza mayor, quedarán sin empleo.
La Jornada, lunes 12 de octubre de 2009,

Presentará el PRD controversia constitucional

Fabiola Martínez, Enrique Méndez y Víctor Ballinas

El PRD en la Cámara de Diputados anunció que presentará una controversia constitucional contra el decreto presidencial que liquida a Luz y Fuerza del Centro (LFC), porque para una decisión de ese tipo, dijo, el Ejecutivo requería la aprobación del Congreso de la Unión.

Anoche, la comisión política y el secretariado del PRD convocaron a la ciudadanía a la más amplia solidaridad con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con el propósito de detener la embestida. Convocó a la formación de un gran frente unitario de organizaciones políticas, sociales y de ciudadanos que despliegue sus acciones en defensa de los trabajadores, invariablemente por la vía pacífica, legal y constitucional, y de la misma manera rechazamos cualquier provocación o violencia.

En conferencia de prensa, el presidente del PRD, Jesús Ortega, anunció que hoy se tomará el acuerdo con los grupos parlamentarios para presentar la controversia, a partir de que sólo el Congreso puede autorizar desincorporaciones.

Si bien el presidente Felipe Calderón tiene la facultad de emitir decretos, dijo, debe hacerlo conforme a la Constitución y las leyes. No puede emitir el decreto que se le pegue la gana. Porque no es un soberano, no ejerce un poder absoluto. ¡No es un rey!, expresó.

El coordinador de los diputados perredistas, Alejandro Encinas, dijo que el Congreso puede revertir el decreto, pues para liquidar una empresa paraestatal se requiere la aprobación de los legisladores, conforme al artículo 73 constitucional.

Antes, en conferencia de prensa en la Cámara, acompañado de legisladores y del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, Encinas sostuvo que la ocupación de LFC es ilegal, una acción que muestra la incapacidad del Ejecutivo para construir acuerdos.

Constituye un paso hacia la privatización del sector energético y sienta mal precedente para el movimiento sindical, los movimientos sociales y cualquier organización que no esté de acuerdo con el gobierno.

Jesús Zambrano, vicepresidente de la mesa directiva, afirmó: Lo peligro es el precedente que representa esta decisión, porque el gobierno trasluce que puede hacer lo que se le pegue su gana.

El senador Graco Ramírez Garrido, secretario de la Comisión de Energía, condenó las acciones contra LFC y sus trabajadores. La grave situación de la empresa, agregó, no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los gobiernos tecnócratas de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, que implementaron una política intencional de desmantelamiento para justificar hoy su desaparición.
La Jornada, martes 13 de octubre de 2009,

En la sesión de este martes discutirán la eventual aprobación de un punto de acuerdo

Pedirán diputados a la mesa directiva inicie una controversia por la extinción de LFC

También buscarán que comparezca la secretaria de Energía para que explique esa decisión

Enrique Méndez y Angélica Enciso

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó poner a debate en la sesión de hoy un punto de acuerdo para solicitar al presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Ramírez Acuña, que inicie una controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La aprobación de esa solicitud requiere de la mayoría simple de los diputados presentes en la sesión, explicó el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, quien presentó la propuesta en la junta.

Además del debate político sobre el tema, los coordinadores revolverán hoy la viabilidad de que sea la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien comparezca mañana ante el pleno, en lugar del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, para que explique la disolución de Luz y Fuerza del Centro.

También, el PAN aprovechó la propuesta del PRD y del PT de que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, compareciera esta tarde ante el pleno, para que la junta resolviera reconsiderar el calendario de comparecencias, con lo que logró no establecer una fecha ni lugar para la presentación del funcionario.

La intención de que se inicie la controversia, explicó el legislador petista, es revertir el manotazo del gobierno de Felipe Calderón, que violentó derechos constitucionales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Explicó que la controversia se basa en tres puntos: la violación de los artículos 14 constitucional, que garantiza el derecho de audiencia, “y a los trabajadores les decretaron la desaparición de su fuente de trabajo sin ser escuchados ni vencidos en un juicio; 16 constitucional, el cual señala que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y 123 constitucional, de los derechos laborales.

“Un contrato colectivo de trabajo forma parte del derecho público y como tal se violenta porque se desaparece de facto al sindicato y al propio contrato, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo”, detalló.

También, el presidente del Partido de la Revolución democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, dijo en entrevista que es viable presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia porque, expuso, para constituir la Compañía de Luz y Fuerza el Congreso autorizó al Ejecutivo a emitir un decreto.

En el mismo sentido, a nuestro juicio se necesita de un proceso legislativo para desaparecer una institución de la administración pública federal, y es lo que verá un grupo de constitucionalistas que elabora la controversia, afirmó en entrevista en San Lázaro.

El PAN, por su parte, admitió que los problemas económicos de la empresa no son atribuibles exclusivamente a los trabajadores.

A pregunta expresa sobre por qué si los supuestos privilegios a los electricistas han provocado el aumento desproporcionado de las transferencias a la empresa, la liquidación de toda la planta laboral –equivalente a dos años de salario– sólo costará 20 mil millones de pesos, el presidente de la Comisión de Energía, el panista Felipe Cantú, respondió: Evidentemente la ineficiencia tiene que ver con las prácticas, las condiciones en las que opera (Luz y Fuerza), también su esquema de organización es deficiente. Por eso no se puede atribuir exclusivamente a los trabajadores, que muchos de ellos ni siquiera son beneficiarios de los despilfarros de algunos liderazgos.

La coordinadora de la bancada panista, Josefina Vázquez Mota, rechazó definir –en conferencia de prensa– si es necesario también acabar con los privilegios en el SNTE y en el sindicato petrolero.

Antes, al concluir la ceremonia de arranque de la Semana de Salud de Cáncer de Mama, sostuvo que el país está en un momento de decisiones fuertes, insistió en que no habrá privatización y en que más allá de cualquier costo político el gobierno tomó la decisión pensando fundamentalmente en los ciudadanos, que esperaban un mejor servicio desde hace muchos años.
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