Versión estenográfica del taller “fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para el control social de la acción gubernamental”. Evento celebrado el 8 de noviembre de 2012 en el salóN “siqueiros”, del hotel benidorm de la ciudad de méxico






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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL TALLER “FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS CIUDADANAS PARA EL CONTROL SOCIAL DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL”. EVENTO CELEBRADO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL SALÓN “SIQUEIROS”, DEL HOTEL BENIDORM DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Maylí Sepúlveda: Buenos días a todos. La jornada de hoy está en la agenda que encontrarán en sus lugares. Ante todo muchas gracias por estar aquí, yo sé que está el seminario internacional que organizó el InfoDF y Fundar, pero esta visión también requiere un espacio de discusión y de análisis.
Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy y les pediría que antes de ver la agenda que tenemos y para ir ganando tiempo si nos podemos presentar por favor y les pediría que dijeran su nombre y su procedencia, por favor.

Presentación de los asistentes


  • Francisco Álvarez, buenos días, de la Contraloría del Gobierno de Oaxaca.




  • Peter Winkel, buenos días, vengo de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo.




  • Carlos Zetina, buenos días. INCIDE Social.




  • Mónica Zárate, buenos días, vengo de la organización “Bitácoras, Liderazgo Social con Equidad”.




  • Ana Luis Viveros, buenos días, consultora e integrante de REDDERE, A.C. Pro-Rendición de Cuentas, A.C.



  • Elisa Saldaña Malagamba, de REDDERE, A.C. Pro-Rendición de Cuentas, A.C.




  • Beatriz Camacho, de Alianza Cívica




  • Ernesto Isunza, del Centro de Contraloría Social del CIESAS.




  • Bernardo Haenz, Presidente del Congreso Ciudadano de Jalisco y académico de la Universidad de Guadalajara.




  • Tania Sánchez, consultora.




  • María Eugenia Torres, del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”.




  • José Bautista, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Participo también en un colectivo de organizaciones ciudadanas “Ciudadanos por municipios transparentes” y en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información del Capítulo Jalisco.




  • Paulina Gutiérrez, del Centro de Contraloría Social del CIESAS.




  • Moisés Domínguez, buenos días, vengo de “Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad”, EPADEQ. Nos dedicamos a hacer evaluaciones, estudios e investigaciones sobre cuestiones de género, algunas cosas sobre participación ciudadana que voy a comentar más adelante, y cuestiones de desarrollo social y derechos humanos.




  • Jacobo Espinosa, de Guardianes de los Volcanes y del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada, Incalli Ixtahuicopa, Centli. Nosotros trabajamos en la zona del estado de México en 11 municipios y tres delegaciones del lado del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl hasta el lago Tláhuac-Xico en cuestiones ambientales.




  • Isela Ramírez, del Grupo de Mujeres y Guardianes de los Volcanes, en Tlalmanalco. Nos dedicamos a la herbolaria y medicina tradicional.




  • Manuel Murillo, del municipio de Valle de Chalco.




  • Candelaria Ochoa, Regidora en el ayuntamiento de Guadalajara, presidenta de la Comisión de Transparencia. Tengo un trabajo de muchos años en Movimiento Feminista, en las ONG’s y demás, y en la universidad.




  • Mercedes López, trabajé en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal en el área de vinculación con la sociedad. Instituimos un diplomado para organizaciones de la sociedad civil en el que hay varios actores involucrados que trabajaron como docentes o coordinadores académicos. Se capacitaba a las organizaciones en el tema y se brindaba financiamiento.




  • Localis, una organización que está ubicada en Querétaro y que tenemos dos temas importantes: el desarrollo local y transparencia y rendición de cuentas, yo estoy más ubicado en esta área. Participé en la reunión que se organizó en Guadalajara.


Maylí Sepúlveda: Muchas gracias. La idea sería que hoy trabajemos desde las 9:00 hasta las 4:00 de la tarde, está previsto que comamos a la 1:00 de la tarde aquí abajo en el restaurante y las personas que tienen habitación hay que entregarla antes de la 1:00.
Y la idea sería que, primero, presentarles qué pasó desde la vez pasada, desde el primer taller que tuvimos aquí donde les presenté un primer documento que en realidad era un primer bateo, un pretexto para iniciar un debate, y una vez que yo lo presente abríamos una ronda de preguntas y comentarios.
Después José Batista nos va a hacer una intervención también, nos va a presentar una experiencia de Guadalajara. Tendríamos a Jacobo Espinosa, originalmente había previsto que fueran dos colonos de Chalco-Amecameca que cuenten una experiencia muy local y muy de base.
¿Por qué? Si ustedes van viendo son distintos actores los que vamos a tener, un académico que trabaja con sectores medios, fundamentalmente, después una experiencia de colonos que es trabajo de base y a continuación el licenciado Álvarez nos presentaría una experiencia muy interesante que tiene el gobierno del estado de Oaxaca en materia de control social para después de la comida escuchar un proyecto de agua que están haciendo los Guardianes de los Volcanes también en la zona de Amecameca, del estado de México.
Y, al final, cerraríamos con comentarios sobre la página Controla tu Gobierno que algunos de ustedes ya conocen y que en realidad es nada más una presentación muy general para ver qué les parece.
Si están de acuerdo les voy a presentar los resultados, no sé si tienen preguntas o algo antes de iniciar.
Voy a empezar con la presentación de los resultados, si ustedes ven el nuevo título que le puse a esta iniciativa que estoy tratando de armar es “Fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para el control social de la acción gubernamental”.
El planteamiento original, como ustedes recuerdan, se dirigía a construir indicadores para evaluar la capacidad de las organizaciones civiles, es decir, identificar las características que debían tener las organizaciones para que fueran elegibles para hacer tareas de contraloría social.
Para ese fin consulté, como muchos de ustedes ya escucharon en el taller pasado, bibliografía especializada, revisé el marco jurídico federal y estatal de la Contraloría Social y de algunos mecanismos de participación ciudadana.
Revisé las actividades de las áreas gubernamentales que manejan contraloría social de los gobiernos estatales, reportadas en sus portales electrónicos y revisé también los portales de los órganos de transparencia para identificar su vinculación con la sociedad civil.
Sobre esa base elaboré unos indicadores estructurados en tres dimensiones: una dimensión jurídica, una dimensión política y una dimensión social. Este documento lo presenté en dos talleres, uno que hice aquí en el D.F. y otro que hice en Jalisco.
Apliqué nueve entrevistas a expertos algunos de los cuales están aquí presentes o estarán por llegar en las que les pregunté su opinión sobre la propuesta de indicadores y en general el planteamiento del documento, primero los indicadores y luego lo siguiente.


  • ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la Contraloría Social como mecanismo de control y vigilancia ciudadana en la gestión pública?




  • ¿Cuáles han sido los principales logros de la comunidad de práctica en cuanto al control social de la gestión pública y cuáles son las tareas pendientes?




  • ¿Qué sectores de la sociedad civil tendrían que involucrarse más en la exigencia de una mayor rendición de cuentas y por qué?




  • ¿Existen condiciones para ampliar el trabajo que actualmente se hace en México en materia de control social de la gestión pública?




  • ¿Los movimientos sociales que actualmente se encuentran activos en México por ejemplo 132, Sicilia, etcétera, pueden incentivar un mayor control de la gestión pública, por qué sí o por qué no?


¿Cuáles fueron los resultados de este proceso? Sobre el documento original los indicadores propuestos, llegué a esta conclusión.
Los indicadores propuestos no son indicadores, sino criterios; las dimensiones propuestas no son las adecuadas; es necesario abrir la perspectiva a otros actores y no restringirse a organizaciones civiles; y también es necesario definir con claridad el concepto de contraloría social y de control social de la gestión púbica.
El balance de todas las entrevistas es lo que les voy a presentar a continuación y probablemente muchos de ustedes vean aquí sus palabras, no es mi idea, sino es un resumen de todo lo que recabé en campo.
La primera idea es que la contraloría social institucionalizada pone énfasis en la vigilancia de recursos públicos y en el apego a la norma, por ejemplo, vigilar presupuestos, indicadores, objetivos, metas, materiales de la obra pública, es decir, en este nuevo marco de la gestión por resultados.
Esto significa centrarse en decisiones que son ajenas a los ciudadanos en las que no han sido consultados ni han intervenido. La escasez de capital social que muestran todas las encuestas propicia que la contraloría social se construya desde el Estado, que no se desarrolle desde abajo, sino que es impuesta desde arriba. Este es el problema principal de la contraloría social.
Este tipo de contraloría social se centra en la vigilancia ciudadana. Los ciudadanos interesados en vigilar la acción gubernamental pueden encontrar en la contraloría social un mayor conocimiento y un mecanismo eficiente para conocer cómo funciona su gobierno.
No todas las personas tienen que estar metidas en este tema, además la contraloría social es una fuente de legitimidad. La participación orientada al control de las políticas públicas legitima tanto los resultados como el proceso, incluso su contenido.
Esta es una primera perspectiva, la otra perspectiva involucra a las personas en todas las fases de la política pública e incluye un componente de democracia deliberativa. Se trata del control social de la acción gubernamental que se centra en la participación ciudadana. Esta perspectiva fomenta una participación más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas que les conciernen o por lo menos en aquellas decisiones que toma el gobierno y que afectan su calidad de vida.
Este involucramiento, es decir, participar en tareas de control social potencialmente constituye un contrapeso al poder político desde la sociedad civil, es un tema de participación política entendida en términos amplios en la polis, en la dirección de nuestra sociedad.
Esta contraloría social requiere un ciudadano que se concibe a sí mismo como un sujeto de derechos, capaz de exigirle al gobierno que garantice sus derechos como marca la ley. Se requiere entonces de un proceso de aprendizaje para poder relacionarse de otra manera con el gobierno. Estas serían dos perspectivas, la estatista y la óptica desde la participación ciudadana.
Respecto a los ciudadanos y a los funcionarios, del lado de los ciudadanos existe una carencia de organización colectiva, hay una debilidad de la sociedad civil agudizada por la crisis de las relaciones de confianza entre la propia ciudadanía.
Del lado del gobierno hay una profunda desconfianza hacia los ciudadanos organizados derivada del temor a ser vigilados en el ejercicio de sus políticas, hay una actitud defensiva de los políticos y funcionarios no electos hacia la capacidad de los ciudadanos de intervenir, de tal forma que por esta razón buscan controlar cualquier instancia ciudadana de contraloría.
Existe, además, una incapacidad de ejecutar las políticas públicas debido a la falta de profesionalización de la burocracia gubernamental. Es muy bajo su nivel cooperativo y su capacidad técnica, de tal forma que implementar una política resulta para ellos muy complicado.
Y esto tiene que ver con la ausencia de un verdadero servicio civil de carrera en el servicio público mexicano y muy particularmente en los municipios que es donde se supondría que podrían encontrarse las instancias más efectivas de contraloría social puesto que es ahí donde se pueden organizar mejor los ciudadanos para vigilar micropolíticas públicas.
Pero resulta que ahí está el nivel de gobierno más débil de todos y como es el más débil de todos es el menos capaz de implementar políticas y el que más desconfianza tiene en la ciudadanía.
En general cualquier intervención de la ciudadanía en las políticas públicas estará acotado a aquellos que tienen conocimiento técnico, financiero y político para poder hacerlo, entonces los ciudadanos que pueden participar son pocos.
Cualquiera de estas actividades para que sea exitosa, fructífera y realmente democrática exigirá siempre la auto organización de los ciudadanos, es decir, la existencia de una sociedad civil autónoma respecto al poder político.
No es tanto lo que sucede en un periodo corto de tiempo lo que importa, sino la sostenibilidad a largo plazo de esa experiencia. En México tenemos muy pocos casos, pero muy pocos, que sean sostenibles en el tiempo a largo plazo y son precisamente los casos que son significativos e importantes de analizar y sacar experiencias.
Muchos de los buenos experimentos se hacen a nivel municipal, pero tenemos gobiernos municipales de tres años y conforme se acaba el gobierno en turno llega un nuevo gobierno que perfectamente da al traste con muchas de las buenas experiencias realizadas.
También el ciclo sexenal a nivel federal o estatal contribuye a que incluso buenas experiencias tengan una durabilidad limitada lo cual nos habla entonces de su fragilidad política.
El carácter efímero de estas experiencias indica que no son social y políticamente sostenibles.
No tenemos experiencias sostenidas ni la acumulación de experiencia y conocimiento, sino una especie de reinicio cíclico de experiencias participativas y significativas de los ciudadanos.
Los casos exitosos todavía dependen de un pequeño número de activistas sociales, académicos y políticos que sostienen estos pequeños experimentos en ausencia de un verdadero compromiso de la clase política y también con frecuencia en ausencia de un apoyo civil más enérgico.
El hecho de que los logros se puedan contar con los dedos de la mano nos habla de un problema muy serio. Un común denominador de estas experiencias es su alta dependencia de sectores muy pequeños de activistas civiles. La escasez de actores civiles y de actores gubernamentales realmente interesados en estas prácticas es lo que caracteriza el control social de la gestión pública en nuestro país y hace que los ejemplos exitosos sean tan pequeños.
En resumen, estamos ante dos visiones, una, que haya organizaciones especializadas en hacer contraloría entendida como el análisis de la información generada por el gobierno. Hay organizaciones que profesionalmente se pueden dedicar a eso; esto hay que verlo como una actividad profesional.
Desde el punto de vista de la profesionalización de la acción de la contraloría social lo más importante es ver si los resultados del gobierno corresponden a lo ofrecido.
La otra visión de este lado está la participación ciudadana como el aspecto nodal. La gente no va a participar por el gusto de saber qué hace el gobierno, sino que participa en tanto que quiere saber si se resolvió o no el problema. Si los recursos para su problema fueron o no utilizados adecuadamente.
Cuando se habla de participación ciudadana vista como fenómeno social lo que le interesa a los ciudadanos es si se tomó en cuenta o no su planteamiento. No se trata de ver si el dinero se gastó conforme a lo presupuestado, sino si el presupuesto se hizo de acuerdo con las demandas y necesidades ciudadanas.
Esto es el control social sobre la acción gubernamental, no sobre la información gubernamental.
El control social sobre la información, por cuestiones técnicas, requiere de acciones especializadas y aunque es una dimensión necesaria es incompleta e insuficiente.
Cuando se fomenta el control social sobre la información no se transforma la cultura de la relación entre el gobierno y la sociedad. Esta relación sólo va a cambiar cuando la sociedad diga: a mí me toca decir qué se va a hacer y cómo se va a hacer y quién lo hace.
El balance de todas estas entrevistas y talleres de todo este debate apunta a que hay que cambiar la manera en que entendemos la contraloría social. ¿Y cuáles serían las tareas pendientes?
En este momento es importante reconsiderar la forma en que se ha utilizado el concepto de contraloría social o contraloría ciudadana. Esta ha sido una forma muy circunscrita a la propia cultura política nacional, muy circunscrita a una visión instrumentalizada de la participación ciudadana y que por lo tanto es un tipo de visión de las cosas que restringe el campo potencial para poder pensar la participación ciudadana como control democrático.
La participación ciudadana no es una parte de las políticas, es la forma en que los ciudadanos son los últimos depositarios de las decisiones, de la soberanía para decidir lo que se hace en lo público. No es un apéndice que tendría que estar en todas las políticas.
Hay que empezar por las políticas públicas municipales. Eliminar procedimientos que generan falsos representantes y abrir espacios de interlocución entre Estado y sociedad donde se decidan las cosas.
Si existen este tipo de espacios la política se resuelve de manera institucionalizada con participación. Se trata de pensar cómo se modifica la arena para que en una auténtica disputa por la representación social la ciudadanía busque formar parte de esos espacios.
Se requiere de una reforma política. Cuando hablamos de reforma política y de régimen político tendríamos que retomar el sentido original que tienen estos conceptos. Una reforma política que reforme al régimen político implica que lo que se modifica es la relación entre sociedad y Estado, particularmente el momento de control democrático que existe entre elección y elección.
Lo grave es que la propia inteligencia civil no tiene como tema central el modificar la relación sociedad-Estado, en el sentido de que la participación se convierta en el centro de la reforma política. Esta es la máxima prioridad, es la cuarta pata de la rendición de cuentas efectiva.
En la agenda actual de la comunidad de práctica la participación ciudadana se está tomando como un aspecto complementario, accesorio. Existe la posibilidad u oportunidad de una reforma política en este momento y no se tiene claro que la participación ciudadana es un tema central en la propuesta de reforma política.
Esto implica que la oportunidad pase de nuevo sin que haya una verdadera modificación en términos de la participación y su relación con la rendición de cuentas.
Para que se pueda avanzar más hay que entrar en serio en una reforma política, tiene que haber un arreglo de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo donde la participación y la información tendrían que ser un elemento fundamental.
La participación ciudadana y la información ciudadana es fundamental para que sea posible esta participación que se propone. Sin embargo, la contraloría ciudadana no puede suplir lo que deja de hacer el equilibrio de poderes, en teoría, constitucionales. Esto si no me equivoco lo dijo Canto. El equilibrio consiste en que un poder vigile al otro y que existan mecanismos muy claros para que esto ocurra.
Hay cuatro temas en los que hay que hacer un balance: transparencia, representación, control y participación. Hemos llegado a un punto de madurez de la discusión en el que se puede considerar moderadamente conseguido el avance en términos de transparencia. Es una herramienta, existen horizontes claros hacia dónde y cómo. Digamos eso ya está establecido y ganado.
En cuanto a la representación estamos en el segundo periodo signado por una profunda crisis de lo que es el sistema representativo, sin embargo, tenemos muy claro cuáles son los pros y cuáles son los contras. Desde la década pasada está claro cuáles son los puntos que hay que modificar en términos de representación.
Respecto a la participación y el control es ahí donde el balance es mucho más pesimista y donde tendríamos que tomar más en serio los siguientes pasos. Sobre el control por ejemplo. Los controles internos en el Estado necesitan una profunda rectificación, no solamente en términos de la agenda de partidos y de órganos del Estado, de agentes políticos, sino también de los agentes sociales.
Ahí hay propuestas elaboradas por la comunidad de práctica que se agrupa alrededor de la rendición de cuentas. Esta comunidad identifica ciertos cambios institucionales y legales muy claros, entre ellos, los siguientes:
El fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, particularmente el fortalecimiento de lo que hoy conocemos como la Auditoría Superior de la Federación otorgándole autonomía constitucional.
Y, segundo, la creación del ministerio público como un órgano constitucional autónomo no sólo como el garante de un debido proceso iniciado por una institución fortalecida, sino fundamentalmente como una institución que permite la lucha contra la corrupción y, al mismo tiempo, la protección de los derechos.
Es indispensable tomarse en serio la participación ciudadana. No se tiene la voluntad política de poner en el centro de la reforma política la participación ciudadana, siguen pensando la participación como algo elitista. Es una participación diferencial si eres pobre o eres rico, y se sigue prensando que la participación es un detalle decorativo de la reforma política y de la rendición de cuentas.
Hay que invertir un mayor porcentaje de nuestra inteligencia y esfuerzo en poner en el centro la participación ciudadana y dejar otras ideas u otras iniciativas en un papel menos protagónico.
La participación ciudadana debe formar parte de dispositivos claros y fuertes, de control democrático de las políticas públicas. Se requiere de un gran pacto nacional en el que la participación no puede estar desarticulada, ni tampoco circunscrita a la periferia, sino que tiene que estar en el centro y no de cualquier política, sino de las más sentidas.
O aquellas políticas que van dirigidas a resolver los problemas o hacer vigentes los derechos más sentidos de la sociedad. Y en este sentido hablaba Ernesto de educación, salud, seguridad y agua.
Esta propuesta revolucionaría la gestión púbica porque tomarse en serio la participación y que las decisiones ciudadanas modifiquen o limiten una política o limiten actividades de los burócratas en una política, por supuesto que la va a revolucionar.
Y al hacer esto realidad claro que va a ser un espacio donde la participación va a ser competida, es decir, la participación ciudadana solamente va a ser fundamental cuando llegue a espacios donde se decidan cosas y donde llegarán los mejores cuadros organizativos civiles para hablar al tú por tú con los burócratas o funcionarios responsables de esas políticas.
Hay otras tareas pendientes. Se requieren acercamientos entre sociedad civil y funcionarios públicos, ninguno confía en el otro, ninguno está dispuesto a haber qué tiene que decir cada uno.
Del lado de los funcionarios no existe un interés real de involucrar a los grupos ciudadanos en la toma de decisiones, en ningún tipo de decisiones y cuando lo hay los propios funcionarios encuentran un tope dentro de su misma estructura en niveles más altos.
Por otro lado, se requieren fondos para que las organizaciones puedan continuar su trabajo, sobre todo si se recurre al litigio, a la denuncia legal. ¿Cómo se patrocina una denuncia legal, el costo político, el costo financiero, el tiempo, el desgaste?
Se necesita mayor articulación en un contexto que es adverso. Hemos encontrado poca tendencia a hacer alianzas realmente efectivas.
En materia de resultados hay que valorar logros intermedios que se tienen. No se puede valorar este tipo de trabajo a partir de logros finales, hay muchos otros logros como fortalecer a las organizaciones, fortalecer a las comunidades. Un cambio de mentalidad en el sentido de cómo se relacionan las comunidades con el gobierno.
Hay por ejemplo un mayor conocimiento de la gestión pública y hay, en ocasiones, pero la hay, un cambio de lógica de los funcionarios en relación a los ciudadanos.
Ninguna de las acciones de contraloría social tiene efectos vinculantes, pueden existir idealmente organizaciones y grupos ciudadanos muy preparados con la capacidad técnica de análisis, con acercamientos, con negociación, pero sus acciones no tienen impacto en la gestión pública.
El reto de esto es cómo generar las condiciones para que los grupos sociales puedan participar en la toma de decisiones y haya algún efecto vinculante.
¿Qué mecanismos podrían existir que hagan que en procesos ordenados con procedimientos claros y reglas claras podamos ser considerados en la toma de decisiones?
Se requiere abrir espacios de asesoría legal y denuncia que haga vinculantes los resultados de la contraloría social.
¿Qué instrumentos jurídicos tiene el ciudadano para que una vez agotadas todas las instancias sea posible controlar? Jurídicamente son pocos.
Se tiene la idea de que la contraloría social la están haciendo las ONG’s, sin embargo, los resultados de toda esta investigación que hicimos indican que cualquiera puede hacerlo, el requisito es que haya cierta organización. Todo grupo que quisiera estar interesado en una acción de este tipo tendría que tener el acceso a las posibilidades de formación y financiamiento.
Ofrecer herramientas muy prácticas, esa es otra propuesta. Existe el interés y ciertas capacidades en las organizaciones, pero no necesariamente se sabe el cómo, hay que considerar el contexto y el programa porque la complejidad de la acción que se va a vigilar cambia, según estas características.
Finalmente tendría que haber más financiamiento para grupos locales, hay pocos, se necesita un financiamiento específico para sufragar el costo del tiempo para el acompañamiento, o sea, que las organizaciones más empoderadas acompañen a las que están menos empoderadas.
Las organizaciones tendrían que repensar su rol y verse a sí mismas como un contrapeso del gobierno, no como operadoras de programas públicos.
Para pasar a la siguiente etapa hace falta ponerle dientes a la contraloría social. Los dientes pueden tener varias formas, limitarse a la capacidad de sanción, puede ser una camisa de fuerza debido a que es sumamente difícil determinar culpables.
En los casos en los que intervienen por ejemplo tres o cuatro instituciones distintas, cada uno comparte la responsabilidad de un hecho dado. Un enfoque legalista te lleva a la dificultad de mostrar culpables individuales.
Respecto a las preguntas sobre si existen condiciones para pasar a una segunda etapa, la mayoría dijo que sí hay condiciones. Es necesario crear un gran proceso de articulación para que los ciudadanos denuncien lo que se está haciendo mal, pero que también propongan cosas y que expongan lo que ellos están haciendo en torno al asunto que les preocupa.
En este sentido no se trata de proyectos chiquitos, sino de fortalecer lo que ya esté en proceso. Actualmente las políticas públicas son de arriba abajo, hay un estamento burocrático con saberes jurídicos y técnicos que sabe qué es lo que necesita la sociedad, o sea, tiene la varita mágica y que se lo está dando para un consumo pasivo. Están en una lógica de empresa productora de servicios donde en dado caso quien puede regular esto es el mercado.
Respecto a las alianzas. La importancia de la escala es crucial, para superar la idea de que un problema es meramente local. La escala significa documentar qué tan general es el problema para llegar con capacidad de negociación y estar en condiciones de reclamar el derecho de ser escuchado.
En este proceso se articulan muchos potenciales mecanismos de contraloría social. Cuando se limita a una comunidad, sólo a una comunidad determinada, le resta el potencial de escalar el proceso y desarrollar una estrategia integral con mayor impacto.
Las alianzas entre organizaciones civiles. El problema es que a nivel de las organizaciones civiles hay un déficit de debate. Estos temas ya no se discuten y entonces siempre se está a la espera de un liderazgo que finalmente convoque a las masas. Estas cosas hay que discutirlas técnicamente con base en la experiencia de manera plural y diversa.
No hay espacios para la discusión actualmente, esto es necesario pero no existen esos espacios porque la desconfianza no sólo es entre las organizaciones y el gobierno, sino entre las propias organizaciones.
Hace falta trabajo en red, pero es difícil porque existe fuerte competencia por los recursos. La mayoría de las organizaciones tienen poco apoyo. Falta generar sinergias para que los proyectos que emprendan algunos grupos para controlar la acción gubernamental no se extingan después de un tiempo.
El problema es que se lanzan iniciativas, se da capacitación con gente experta y muy buena en los temas, pero lo que sigue es difícil de controlar. Son los ciudadanos quienes tienen que generar sus propias alternativas.
Está demostrado internacionalmente que si la clase política no facilita la participación efectivamente, ésta no produce resultados duraderos ni trascendentes. Tenemos una clase política muy reacia a cualquier forma de intervención de la sociedad.
Por eso es necesario formar a la clase gobernante, a la burocracia misma y ya hay algunos esfuerzos, por ejemplo, Jacobo en Amecameca están haciendo un trabajo con los municipios de la zona para formar a los funcionarios municipales en materia de agua, específicamente.
Las alianzas con los medios. La relación con los medios es un tema que combina lo técnico con lo político. Es necesario que quien hace contraloría social tenga credibilidad ante los medios. Debe saber, además, cómo presentar el caso de una forma que facilite a los medios recuperar el tema. Y esto lo decía, por ejemplo, Jonathan Fox refiriéndose específicamente a que cuando hay un escándalo el tema se centra en un funcionario, lo que él llama el final de la tubería, y no se pone atención en todo un sistema integral que es el que propicia que ese funcionario falte a las normas o a sus obligaciones.
Es necesario que los medios aprendan a presentar los casos de una forma que se vea como un problema sistémico; al contrario de la estrategia del escándalo. Para convencer a un periodista es necesario saber cómo contarle la historia, tener un pensamiento estratégico.
En cuanto a las alianzas con la academia, estas alianzas tienen que ver con macroreformas y, por consiguiente, es un problema de retos políticos, por ejemplo, una de las cosas que hay que impulsar es una mayor colaboración entre sociedad civil y academia.
El divorcio relativo entre estos dos sectores disminuye el potencial de la aplicación de conocimientos del lado académico y, por otro lado, también desprotege a los actores civiles en relación a su actividad cotidiana.
Es necesario fortalecer esos nexos y generar un ciclo virtuoso en donde los vínculos entre los sectores de la sociedad civil y las instancias académicas permitan nutrir de cuadros a las instituciones civiles y les permita dotarse de los conocimientos técnicos necesarios.
De manera que esta alianza académico-civil va a ayudar también a la relación para que el concepto mismo de la relación que tienen los gobiernos con las instituciones académicas y con la sociedad civil, cambie. Esta es una primera área de intervención decisiva y muy poco explorada.
Es necesario una intervención mucho más amplia de la academia y de las organizaciones civiles para formar a la ciudadanía. Hay que ofrecer capacitación técnica e incluso seguimiento de experiencias a las organizaciones.
Esto último también se practica en escala, lo hacen diversas organizaciones civiles, realizan cursos y talleres, pero la escala a la que esto sucede es muy pequeña en relación con el tamaño del país. Esto tendría que ser mucho más generalizado, mucho más amplio y más sistemático también.
En este campo hay algunas iniciativas voluntaristas, así las calificaron, interesantes, pero que tampoco tienen seguimiento. A los que se les da un curso no son los mismos a los que se les da el siguiente curso. Se pierde la gente en el camino, no se da seguimiento, es decir, no se acumula el conocimiento.
Tenemos que hacer cosas mucho más sistemáticas en la formación también hacia la sociedad civil.
Finalmente, se requiere un modelo que se adecue a los distintos segmentos de la ciudadanía y a los distintos campos de las políticas públicas. Un modelo nacional usando las tecnologías de la información para multiplicar el potencial. Y, al mismo tiempo, tenemos que establecer, primero, las capacidades, porque tenemos realmente muy pocas capacidades instaladas en la misma academia y en las organizaciones civiles para hacer esto de una manera generalizada.
Por eso el primer punto de esta estrategia tiene que ser que empiecen a colaborar las organizaciones civiles y la academia en la formación sistemática de sus propios cuadros.
Muchos esfuerzos de formación dirigidos a los actores de la sociedad civil se pierden porque no hay seguridad y derechos laborales en la mayor parte de las organizaciones. Tienen una rotación de cuadros altísima y, por consiguiente, tampoco se consolida el saber.
Tendríamos, por tanto, que pensar en una solución al problema de las propias organizaciones de la sociedad civil de tal forma que pudiese establecerse un mecanismo de permanencia de su personal y profesionalización, entendida no como tener grados académicos, sino saber muy bien lo que esa organización tiene que hacer. Ser capaz de hacerlo en largos plazos.
En cuanto a las alianzas y capacitación de los funcionarios es importante atender que los actores institucionales desconocen quiénes son las organizaciones, qué hacen y para qué sirven.
Hay que hacer una labor de sensibilización para que la participación ciudadana se vea como un elemento constitutivo de las políticas públicas.
Otros retos es, eliminar este continuo invento de la rueda porque no hay manera de acumular saberes y experiencias, sobre todo porque no hay recursos que incentiven la articulación y la suma de esfuerzos. Y no hace falta buscar organizaciones para que hagan control social, sino fortalecer los esfuerzos que se están haciendo aportando lo que necesitan, por ejemplo, asesoría para litigio estratégico.
Por todas esas razones la nueva propuesta parte del siguiente concepto. Entendemos por contraloría social la participación de los ciudadanos orientada al control de las políticas públicas.
No hay una sola forma de pensar a la contraloría como antes, durante y después del desarrollo de una política o programa público. El principio fundamental es que la participación de la ciudadanía se orienta al control de la acción gubernamental como un derecho básico que permite mantener la orientación de las políticas y ejercer la soberanía en todo momento.
Se requiere un cambio de perspectiva y de metodología, esta es ya la nueva propuesta.
La idea original se basaba en organizaciones civiles, estaba centrada ahí, se definían indicadores de evaluación para hacerlas elegibles, o sea, había que estarlas buscando para ver cuál era la más adecuada. Y se daba por hecho que era contraloría social entendida en términos muy institucionalizados.
La nueva propuesta parte del concepto que les acabo de leer y se centra en procesos no en organizaciones, lo que se elegiría serían procesos de control social de los actos gubernamentales en los que estarían involucrados diversos actores sociales.
Hay un cambio de enfoque de todo lo que les acabo de exponer, el cambio de enfoque que les propongo que discutamos que me digan qué opinan es este.
Sentarse en procesos en los actos gubernamentales e involucrar a diversos actores sociales. ¿Eso qué implica? Implica fortalecer los procesos mediante cuatro recursos: acompañamiento, es decir, estar con las organizaciones, conociendo su proceso, buscando alternativas, haciendo este trabajo de ver cómo se fortalece y cómo se apuntala, quién tiene los saberes que estos procesos requieren; dar asistencia técnica, por ejemplo, les decía litigio estratégico. Eso es muy importante.
Incluso no hay dentro de las universidades, y esto es algo que comentaba el doctor Bautista, en el área de Derecho, por ejemplo, las universidades no tienen la especialidad de Derecho Urbano y el Derecho Urbano es una asistencia técnica que es indispensable para un proceso que es el que nos va a contar hoy.
Se requiere capacitación, por ejemplo, lo que está haciendo Guardianes de los Volcanes con los presidentes municipales. Ellos ya tienen un modelo de capacitación para funcionarios públicos, pero también capacitación para medios de comunicación, para periodistas, para organizaciones civiles, o sea, para distintos actores.
Articulación. Cómo hacer para que las organizaciones no queden desamparadas, sobre todo en el ámbito local que era algo que comentábamos en el taller pasado, mientras más cercano está el nivel de gobierno, más difícil es que la organización no sea objeto de presiones, a veces de persecución.
¿Cómo se haría esto? Habría que identificar los procesos, ese es el primer paso, identificar los procesos dirigidos al control social de la acción gubernamental y una vez identificados habría que analizar sus características para determinar si ese proceso es viable y puede ser fortalecido.
¿Cómo podríamos analizarlo? Habría que ver cómo se originó ese proceso de control social, qué actores son los involucrados, qué características tienen esos actores, qué tipo de acción gubernamental está sujeta a controversia, cómo ha evolucionado la controversia y si tiene o no perspectiva de solución; qué tipo de recursos se requieren para el control de la acción gubernamental, por ejemplo si se requiere asistencia técnica, si lo que hay que fortalecer es el manejo con los medios, en fin.
Qué alianzas posibles podrían disponer de esos recursos; cómo documentamos la experiencia y evaluamos el impacto de esa experiencia que eso es algo que tampoco se está haciendo.
Con base en el análisis del proceso se determinará si es elegible o no, entonces lo que se haría sería elegir el proceso. Si el proceso es elegible se tendría que identificar en ese proceso una contraparte que tenga el mejor perfil considerando los siguientes aspectos y, fíjense, paradójicamente volvemos a elegir de todos los actores involucrados, quizá la organización o la instancia que tenga el perfil adecuado.
¿Qué aspectos son los que hay que tener en cuenta? Las capacidades organizacionales que son las que se relacionan con la sostenibilidad de la organización, sus destrezas técnicas relacionadas con sus saberes y experiencia acumulada en algún tema o causa, sus destrezas políticas y su arraigo social.
Estos serían algunos elementos que en resumen están dirigidas ¿a quién? a actores políticos diversos, ya no son organizaciones, son distintos actores, entre los más importantes, son cuatro: academia, organizaciones civiles, funcionarios públicos y medios.
¿Cómo? y ya dije con acompañamiento, capacitación, alianzas y asistencia técnica. Y con esto es el resumen del giro que dio la propuesta original y yo les pediría si ustedes fueran tan amables de dar su opinión respecto a este cúmulo de información. Gracias.
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