De la autonomía política y de la autonomía administrativa






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fecha de publicación13.09.2015
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De la autonomía política y de la autonomía administrativa.

Juan Antonio Pabón Arrieta.
1.- Concepto, fundamentación y función.
Es autónomo el que es libre de manejar su destino, sin la interferencia del otro o de otros, y con la capacidad de actuar conforme a la propia legislación que es creada por uno, en la medida en que uno participa en el proceso de creación de la legislación que le regulará su conducta y establecerá las consecuencias de actuar conforme o disconforme a ese ordenamiento jurídico que es fruto de su propias creación, por tener atribuida la competencia para hacerlo.
Se es libre, cuando sin la interferencia del otro o de otros, uno participa en el proceso de la creación de la legislación que le permite a uno vivir en un ambiente de paz y de tolerancia en la sociedad; y en ejercicio de esa libertad, uno voluntariamente se somete a la legislación que uno mismo participa en su creación y obedece a ese derecho creado, y actúa y decide sobre los asuntos que nos son propios.
Autonomía es libertad para crear legislación que le permita a uno estar sometido a normas jurídicas, sin la interferencia de otro o de otros. La libertad implica autonomía para no ser interferido por otro o por otros – la conocida como la libertad de los modernos – y capacidad para actuar y manejar nuestros propios destinos – la conocida como la libertad de los antiguos (Grecia) y el espacio público como lugar de deliberación – explicado bien por Hannah Arendt en distintos trabajos de filosofía política.
El sujeto histórico de la libertad negativa es el individuo, es a él a quien debe serle garantizado por el Estado Constitucional el derecho de obrar conforme a lo que considera correcto, y si trasgrede el orden legal establecido ameritará una sanción que debe estar dispuesto a cumplir, al fin y al cabo el participó directamente en el proceso de creación de la ley y se entiende que voluntariamente se debe someter a ese orden jurídico creado con su intervención; de aquí es que deviene el ejemplo de Sócrates que voluntariamente se tomó la cicuta y se negó a huir como bellamente está relatado y explicado por Platón en el Dialogo Critón o del deber. Esto explica razonablemente el porqué debe ser obedecido el derecho.
En cambio, el sujeto histórico de la libertad positiva es la colectividad, el pueblo, la nación, la sociedad regional, la sociedad departamental, la sociedad federal, en fin, la sociedad particular y concreta en un momento dado de su historia social situado en un determinado territorio, es el ser ahí, de que habla Heidegger en Ser y tiempo. La libertad positiva es libertad política, es libertad para darse su propia legislación, es autonomía política, es competencia constitucional para dictar las propias leyes que rige y regula nuestra conducta.

Las dos formas en que se nos aparece la libertad no admiten escisiones, no se pueden dividir como lo pretendió hacer Benjamin Constant en su Discurso “De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos” que fue dictado en el Ateneo de París el 19 de Febrero de 1819.
Norberto Bobbio, en su obra “Igualdad y libertad”, haciendo referencia a la importancia de la libertad política en las democracias contemporáneas en el mundo occidental y como desde sus orígenes la una no puede existir sin la otra, expresa: “Por “libertad positiva” se entiende en el lenguaje político la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la voluntad de otros.” Pág. 100. Más adelante, agregó: “(…). En la historia de la formación del Estado constitucional moderno la demanda de libertad política procede a la par con las demandas de las libertades civiles” Pág 116.

En el discurso de Bobbio, queda claro, que sin libertad política de una determinada comunidad política, las libertades individuales de los integrantes de esa comunidad política, no están aseguradas. El derecho al trabajo, a la tranquilidad, a disfrutar de su entorno, a la vida sana y a la existencia, a la igualdad, son puestos en peligro y vulnerados cuando no existe capacidad y libertad política de una comunidad. El destino turístico de Santa Marta ha sido puesto en peligro al ser convertida por el poder central en muelle carbonífero sin tomar en cuenta a la ciudad afectada y a sus habitantes, y empresarios con el respaldo del poder central y a espaldas de la ciudadanía de Cartagena y de Santa Marta están destruyendo los aeropuertos locales para montar uno regional, sin la participación de la Región Caribe.

La autonomía que se predica del un discurso de Autonomía Regional, razonablemente se infiere o debe inferirse, no puede ser otra que la de la libertad política, es decir, de la libertad del sujeto histórico, en este caso particular de la Región Caribe para tener competencias constitucionales legislativas para poder crear la propia legislación que regulará a los habitantes de la Región Caribe.
Sobre lo que es la libertad política, bien lo expresa A. J. Carlyle en su obra, “La libertad política” en la que en su pág. 35 dice:

“(…). Así pues, los principios de libertad política se habían desarrollado en sus comienzos bajo los términos de la supremacía del derecho – no como algo impuesto a la comunidad desde fuera, sino como representación primero del carácter y hábitos de vida de la comunidad – y después como voluntad deliberada de la misma.”
Competencia constitucional legislativa para crear el propio derecho que regirá a las Regiones, como una atribución exclusiva y excluyente frente a todos los poderes, en especial, frente al poder central, competencia derivada de la Carta Política, con cláusulas pétreas, inmodificables por el Constituyente, es lo que es la Autonomía. Es decir, competencia legislativa para crear el derecho particular y concreto que regirá los destinos de una comunidad autónoma es lo que en la filosofía jurídica y en la filosofía política se entiende por Autonomía, y esto es lo que debe entenderse como Autonomía Regional, la competencia legislativa de la Comunidad de la Región, en este caso de la Región Caribe, para dictar su propio derecho.
En otras palabras, es la libertad política la que permite que uno pueda administrar el propio destino, y que pueda florecer la autonomía administrativa.
2.- No toda entidad pública, en tanto personalidad jurídica, tiene autonomía administrativa.
Un problema del uso de los silogismos y de la lógica formal para comprender situaciones o cosas, es el de que los silogismo y la lógica formal, trabajan con categorías puras del pensamiento, y eso puede permitir que las premisas que se utilicen sean verdaderas o falsas y sus resultados – conclusiones puedan ser correctos, en la medida en que el encadenamiento procedimental sea correcto.
Sin embargo, cuando uno descubre que la premisa de un silogismo es falaz, el resultado - conclusión es correcto si el procedimiento utilizado es correcto, pero falaz. Toda entidad pública, en tanto, personalidad jurídica, tiene autonomía administrativa, es un silogismo correcto, pero parte de una premisa falaz y la conclusión es falaz.
La falacia del silogismo de que toda entidad pública, en tanto personalidad jurídica, tiene autonomía administrativa, está en que no toda entidad pública puede ser examinada desde la perspectiva de las reglas del derecho privado, que gobiernan relaciones entre particulares, y nos las relaciones entre hombres libres – ciudadanos y el Estado.
Utilizar, como las utilizado el derecho público colombiano, instrumentos del derecho privado para explicar relaciones del derecho público, como se explica la legislación vigente sobre la existencia de personalidad jurídica de las entidades públicas descentralizadas, sin libertad política, porque los entes públicos pueden contraer obligaciones y adquirir derechos civiles, ha sido y es una falacia, es comparar los individuos con los ciudadanos, es confundir las esferas de las relaciones particulares con la esfera de lo público, de lo político.
La falacia de que la personalidad jurídica civil como fundamento de los entes públicos, se ha construido como un instrumento de dominación de los partidarios del centralismo, y esta falacia ha sido transmitida y lo sigue siendo, de generación en generación en las facultades de Derecho, a lo largo y a lo ancho del país, como si fuera un fundamento razonable. Lo más grave es que nosotros, las víctimas del régimen centralista la repetimos, y la transformamos en verdades incontrovertibles, fijas y dignas de guardarse en la memoria colectiva.
La realidad política enseña que las regiones no tienen autonomía administrativa. Desde 1886 hasta la fecha, desde que se liquidaron los estados federales perdimos la libertad y autonomía política, y con ella perdimos la autonomía administrativa. Nuñez sigue engañándonos, centralización política no es descentralización administrativa. Centralización política es centralización administrativa.
Las pruebas de la ausencia de autonomía administrativa abundan: los recursos están asignados por leyes que aprueba el parlamento central y a voluntad de los ejecutivos del poder central; las vías se construyen a espaldas de las regiones y sin su participación; los tributos se crean por el poder central; los recursos naturales renovables y no renovables son manejados por el poder central, no importan que estén en la Guajira o en el Amazonas; en fin, el poder central maneja la suerte de todo el país a partir de la asignación de recursos.
Entonces, ¿de qué autonomía administrativa hablamos? No la tenemos, reconozcamos que sin libertad política no es posible la autonomía administrativa. Si reconocemos la realidad en su real dimensión, es posible que podamos avanzar en el camino.
Seamos honrados con nosotros mismos, reconozcamos que no hay autonomía administrativa porque no hay autonomía y libertad política, y no podemos decir nuestro propio derecho en razón a que la Carta Política no nos los permite, solo lo permitirá si la modificamos y creamos esta competencia constitucional para decir nuestro propio derecho.
3.- En el extremo, la autonomía política no conduce a la República del Caribe.
Un cuco con el que los centralistas de antaño engañaban a la sociedad y desprestigiaban a los autonomistas en siglos pasados, y pretenden engañar a la sociedad hoy, era y es, el de que autonomía política conduce a la desintegración de la República y a la creación de otro país.
Ese cuco alcanzaba el objetivo de frenar la causa autonomista por la libertad política de la Región Caribe, en gran medida por la insularidad de la República de Colombia, y la ausencia de información acerca de lo que ocurre en el mundo. Pero hoy, tal cuco no asusta a nadie, lo curioso es que muchos de los que lo repiten son autonomistas o dicen serlo.
Un autonomista no puede repetir el cuco, por dos motivos básicos, el primero, porque ataca su propia causa, se transforma inmediatamente en aliado de los enemigos de la causa autonomista, así sea en forma inconsciente que lo realice; y segundo, porque la experiencia cotidiana lo que prueba en el mundo es que las sociedades que han adoptado el modelo autonomista son más prósperas, equilibradas, pacíficas, igualitarias, solidaristas, democráticas, incluyentes, que las naciones que tienen el modelo centralista; y que muchas naciones centralistas están sumidas en el atraso, la violencia, la insolidaridad, el desequilibrio regional, la miseria y desempleo, la corrupción, el totalitarismo, como lo está Colombia, en la actualidad y como lo ha estado desde 1886 cuando se adoptó el modelo centralista del poder público, para ejemplo, una sola persona, Uribe, como Presidente, tamaña responsabilidad centralizadas en manos de un solo servidor público, sin consultar ni recibir aprobación de nadie, sin rendirle cuentas a nadie, ordenó bombardear un país hermano violando el derecho internacional y de paso creando conflictos internacionales con países hermanos, e inclusive sin consultar con nadie ni siquiera con el Parlamento, como lo ordena la Carta Política, estando este reunido suscribió un acuerdo militar con USA a espaldas de todo el país.
La autonomía regional lo que conduce es a afianzar la unidad nacional en la medida en que el poder público se acerca a toda la comunidad, se fortalecen los vínculos con el reconocimiento y el respeto a lo diverso, se incluye lo diverso y se elimina la discriminación regional, se distribuyen las riquezas sociales con reglas de juego equitativas establecidas en el orden constitucional y no sujetas al ventajismo del que detenta transitoriamente el poder, las regiones pueden participar en sus relaciones internacionales lo que hace universal al colombiano y lo transforma en competitivo, libera las fuerzas productivas y permite el florecimiento de burguesías regional que aporten al desarrollo, al crecimiento económico, permite el desarrollo de la libertad de empresa, se participa por todos en el proceso de construir la paz superando la violencia irracional, combate desde abajo la campeante corrupción pública y privada; en fin, un régimen de Autonomía Regional es el que crea las condiciones de posibilidad para una República justa y bien ordenada.
4.- La separación de poderes clave para la garantía de las libertades y los derechos en el Estado Constitucional Contemporáneo se fortalece con la Autonomía Regional.
El Estado moderno, el Estado de Derecho de la modernidad, hoy, el Estado Constitucional nació y se ha perfeccionado con una finalidad, con un telos, el de promover y garantizar las libertades y los derechos de todas las personas dentro del territorio de un país – puede estar integrado por varias naciones o comunidades, es indiferente, en un ambiente de pluralismo y diversidad, lo importante es que estas personas están bajo la protección del Estado y el ambiente debe ser de tolerancia.
Una conquista por demás admirable, es que el modelo de Estado moderno, Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho hoy, es desde su nacimiento un Estado que ha promovido la separación de poderes, públicos y privados en aras la protección y garantía de los derechos y de las libertades.
Por ello, en el Estado Constitucional de Derecho, todo poder es limitado, en el territorio, el tiempo y en las esferas, y devienen estas reglas jurídicas de la idea central que todo poder debe evitar la concentración de poderes. No en vano, la sociedad moderna nació en la lucha en contra de la concentración de poderes de las monarquías absolutas de la Edad media.
Los clásicos de la filosofía política consideraron que el poder residía en la Nación, en toda la nación y debería ser representativo el ejercicio de ese poder, y la labor de la creación del derecho como máxima expresión de la sociedad moderna y de la democracia moderna debería ser igualmente desconcentrada. En este sentido, John Locke, en su libro “Ensayo sobre el gobierno civil” expresó:

“Capítulo XII. Los poderes legislativo, ejecutivo y federativo de la República. 143. Al poder legislativo incumbe dirigir el empleo de la fuerza de la república para la preservación de ella y de sus miembros. Y pudiendo las leyes que habrá de ser de continuó ejecutadas y cuya fuerza deberá incesantemente proseguir, ser despachadas en breve tiempo, no será menester que el poder legislativo sea ininterrumpido, pues holgarán a las veces los asuntos; y también porque podría ser sobrada tentación para la humana fragilidad, capaz de usurpar el poder; que a las mismas personas a quienes asiste la facultad de legislar, a ella unieran la de su ejecución(…) ”
En textos más radicales, por ejemplo, “La Declaración de los derechos del hombre y de ciudadano” de 1789, la idea de separación de poderes es más clara, y más clara es la idea – fuerza de que el telos de toda asociación política es el respeto y garantía de los derechos humanos, y que una sociedad que no tiene separación de poderes y garantía a los derechos y a las libertades carece de Constitución.
En fin, no es difícil colegir, que la Autonomía Política es una libertad política de la comunidad política de un determinado territorio perteneciente a un determinado Estado Constitucional de Derecho, y, que además, esa libertad política fortalece la separación de poderes y constituye una técnica para garantía de los derechos y de las libertades de todos.

5.- Desde la posición original real y sin velo de ignorancia, se descubre que la Constitución Política de 1991 es más centralista que la de 1886.
Rawls, reduce la democracia y la justicia a un procedimiento formal, a reglas de juego. Por eso parte en su estudio de la sociedad occidental y de cómo debe estar bien ordenada la sociedad desde una perspectiva ideal y con un velo de ignorancia de los participantes en el dialogo.
Ese procedimiento ralwsiano, tomado del constructivismo kantiano, es ineficaz para nuestro caso, no ayuda a resolver el problema de la Autonomía Regional porqué olvida los contenidos que debe tener una sociedad bien ordenada y una teoría de la justicia, pero de todas formas presenta perfiles interesantes que permiten fundamentar como sus reglas le sirven a la Autonomía Regional.
Por lo pronto, este es un borrador de un ensayo, adelanto que la Carta Política de 1991, en materia de Autonomía Regional es más regresiva que la Carta Política de 1886, y del porqué de la necesidad de transformar la Carta Política, y como la LOOT hoy no es una salida, es un buen ejercicio para avanzar en la reforma constitucional, pero hasta ahí. El ser ahí de los griegos, el olvido del ser que reclamaba Heidegger, está aquí.


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