Experto en Derecho Internacional Humanitario






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Ricardo Meneses Pilonieta

Experto en Derecho Internacional Humanitario

RIF. V069159946
Caracas, 19 de junio de 2009
Respuestas y Comentarios:

dih.venezuela@hotmail.com

L A P A Z Y L A S E G U R I D A D

D E L A H U M A N I D A D

E S T A R E A D E T O D O S



A vote early June 17 by the U.S. House Armed Services Committee means that the Pentagon will pay for work to begin in 12 more F-22 jets, even though Defense Secretary Robert Gates wants the program to end. (SENIOR AIRMAN ZACHARY WOLF / U.S. AIR FORCE)

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
La paz y la seguridad del mundo, es responsabilidad de todos, principalmente de los Estados y Gobiernos que forman la comunidad internacional, de naciones y países del Mundo, una familia que vive y convive en el único planeta común que tenemos para vivir hasta ahora, aunque parezca que hay quienes con su actitud y comportamiento vivieran en un planeta diferente.
La carrera armamentista y los discursos encendidos de algunos, de ideologías mesiánicas y de aquellos llenos de fanatismo, que construyen muros y divisiones entre unos y otros, unas veces por miedo y otras por aparente religiosidad, que en ambos casos es negativa, una porque es disociadora y no permite el consenso, la otra porque manipula y utiliza a Dios para justificar graves crímenes contra la humanidad.

De lo ideológico
El componente psicológico, emotivo o emocional en la política gubernamental de un Estado debe estar en concordancia con la responsabilidad que significa guiar los destinos de un colectivo en función a la prosperidad, seguridad y bienestar de todos como sociedad y de cada quien como individuo, en cuyo caso cada pueblo, país o nación es miembro o parte de un mundo común que se afecta e influye en la humanidad de todos, las acciones de cada uno, son elementos de juicio y perjuicio en contra O BENEFICIO de la paz y la seguridad internacional como parte de esa comunidad a la que todos pertenecen.
En esa medida el hombre ha constituido el propio ordenamiento que regula las relaciones y el comportamiento que cada uno como miembro de una comunidad de naciones debe seguir y observar para beneficio de todos.
En lo interno de cada estado o país y en general en la vida y relación de cada individuo independientemente de su genero, esta regido por normas, que determinan su conducta y relación con él mismo y con el medio que lo circunda o circunscribe como miembro o parte de una comunidad, sociedad u organización, aun cuando esa organización comprenda la propia familia en la que se desenvuelve.
Los parámetros establecidos en todos los sistemas de organización humana difieren sólo de acuerdo a la actividad específica a la que se refieren pero en su esencia todos se basan en el respeto y los valores morales reconocidos y aceptados por todos como dignidad humana.
Esa dignidad humana en el criterio de valoración universal se refiere a una conducta ética, la cual, en consecuencia es respetuosa de esos valores establecidos.
En lo internacional o relación entre estados o gobiernos del mundo, esa regulación está prevista o establecida en los tratados, convenios y convenciones celebrados entre todos los miembros de dicha comunidad a la cual se han comprometido a respetar mediante ese acto que por demás es obligante e incurre en responsabilidad todo aquel que incurra en desconocimiento de los mismo por acción u omisión, en cuyo caso el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Existe un Protocolo a la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en caso de luchas civiles…

 

Dicho Protocolo fue abierto a la firma en la Unión Panamericana  el 1º de mayo de 1957 Unión Panamericana  Washington, D.C., 1957. En cuyo caso:
Las Altas Partes Contratantes, deseosas de aclarar, complementar y fortalecer los principios y normas que se estipulan en la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estado en Caso de Luchas Civiles, suscrita en La Habana el 20 de febrero de 1928, Han resuelto, para llevar a efecto esos propósitos, concertar el siguiente Protocolo:

 

Artículo 1

 Cada Estado Contratante, en las zonas bajo su jurisdicción:

 a. Vigilará el tráfico de armas y material de guerra que presuma destinado a iniciar, promover o ayudar una lucha civil en otro Estado americano;

 b. Suspenderá la exportación o importación de cualquier cargamento de armas y material de guerra, durante el período de su investigación de las circunstancias que se relacionan con dicha exportación o importación, cuando tenga razones para creer que esas armas y material de guerra pueden ser destinados a iniciar, promover o ayudar una lucha civil en otro Estado americano; y

 c. Prohibirá la exportación o importación de cualquier cargamento de armas y material de guerra destinado a iniciar, promover o ayudar una lucha civil en otro Estado americano.

 Artículo 2

 Las disposiciones del artículo 1 dejarán de ser aplicables a un Estado Contratante solamente cuando éste haya reconocido la beligerancia de los rebeldes, caso en el cual se aplicarán las reglas de neutralidad.

 Artículo 3

 Los términos "tráfico de armas y material de guerra", que figuran tanto en el párrafo tercero del artículo 1 de la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles como en el presente Protocolo, comprenden también los vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves de cualquier tipo, ya sean civiles o militares.

 Artículo 4

 Las disposiciones de la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles referentes a "buques" o "embarcaciones" son igualmente aplicables a las aeronaves de cualquier tipo, ya sean civiles o militares.

 Artículo 5

 Cada Estado Contratante, en las zonas bajo su jurisdicción y dentro de las facultades que le otorga su Constitución, empleará todos los medios adecuados para evitar que cualquier persona, nacional o extranjera, participe deliberadamente en la preparación, organización o ejecución de una empresa militar que tenga como fin iniciar, promover o ayudar una lucha civil en otro Estado Contratante, cuyo gobierno esté o no reconocido.

 Para los fines del presente artículo la participación en la preparación, organización o ejecución de una empresa militar comprende entre otros actos:

 a. la contribución, el suministro, o la provisión de armas y material de guerra;

 b. el equipo, el adiestramiento, la reunión o el transporte de miembros de una expedición militar; o

 c. el suministro o el recibo de dinero, a cualquier título, destinado a la empresa militar.

 Artículo 6

 El presente Protocolo no afecta los compromisos adquiridos anteriormente por los Estados Contratantes en virtud de acuerdos internacionales.

 Artículo 7

 El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados americanos en la Unión Panamericana, y será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

 Artículo 8

 Solamente podrán ratificar el presente Protocolo los Estados que hayan ratificado o ratifiquen la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles.  El presente Protocolo entrará en vigencia entre los Estados que lo ratifiquen en el orden en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

 Artículo 9

 El instrumento original del presente Protocolo, cuyos textos en español, francés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamericana, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos para los fines de su ratificación.  Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Unión Panamericana y ésta notificará dicho depósito a los Estados Signatarios.  Copia certificada de este Protocolo será transmitida por la Unión Panamericana a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para su registro.

 Artículo 10

 Este Protocolo regirá indefinidamente para los Estados Contratantes.  Podrá ser denunciado por cualquiera de ellos mediante aviso anticipado de un año.  Tal denuncia será dirigida a la Unión Panamericana, que la comunicará a los demás Estados Signatarios.

 Artículo 11

 Cada Estado Contratante se abstendrá de denunciar la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles mientras subsista para ese Estado la vigencia del presente Protocolo.
Termina el Protocolo diciendo: EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, suscriben el presente Protocolo, en las fechas que aparecen al frente de sus firmas.

ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ACCION CORRECTIVA
Señales de alerta
En el caso venezolano, el Presidente y demás funcionarios públicos de su gabinete han incurrido de manera pública y notoria en la comisión múltiple del hecho punible en la sorpresa de la flagrancia cuando emiten discursos o declaraciones que incitan a la conducta antisocial, violenta o exacerban los ánimos de la población e instigan a delinquir.
Considerando que cada quien en el ámbito de su influencia y responsabilidad, por cuanto son autores mediatos y directos, el que produce un resultado típicamente antijurídico, doloso o culposamente, valiéndose de otro u otros sujetos.
Considerando por tanto y en cuanto la sedicente participación o cooperación secundaria en el delito de otro, en cuyo caso todos los cooperadores, tendrían que ser consecuencialmente sancionados con las mismas penas.
Considerando que quien tiene un derecho no está facultado para violentar, conculcar o desconocer los derechos de otros.
Considerando que la imprudencia ocurre cuando el sujeto actúa sin cautela, con ligereza, en sentido contrario a las normas de la prudencia o iuris prudentia compuesto por Ética. Honradez. Bondad. Modestia. Solidaridad. Amistad. Amor. Prudencia. Responsabilidad. Deber. Fortaleza. Lealtad. Libertad. Caridad. Justicia. Igualdad. Templanza. Integridad personal y Fidelidad…

…en tanto, que habría debido abstenerse de la acción, o realizarla en forma cuidadosa y atenta.
Asegurando que la negligencia o Culpa es el término jurídico que, según Francesco Carrara, al igual que la negligencia, supone la “voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho”. En tanto que junto a la inobservancia son inacciones, la impericia puede manifestarse tato in omitiendo como in agenda. Todo obrar humano debe cumplirse con atención y cuidado.
En consecuencia la imprudencia está en obrar sin cautela, en contradicción con la prudencia es la culpa por acción culpa in agendo.
Considerando que del obrar humano las “empresas criminales” son asociaciones de coautores, grupos, bandas o cuadrillas formadas con finalidades específicas y de carácter antijurídico que realizan actos de Estado, que por su naturaleza no pueden ser realizados por el gobierno por si mismo y que a pesar de subvertir el orden interno, cuentan con la aprobación, apoyo y aquiescencia de las políticas gubernamentales, específicamente del amparo de la justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, bajo la propia dirección y subvención del Ejecutivo.
Considerando que estas asociaciones fraudulentas al tener la aquiescencia y aprobación de conformidad con la política del Estado, se colocan al margen de la ley internacional según está tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad. En cuanto que estos grupos pertenecen al partido único de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela “PSUV”, en cuyo caso, actúan bajo aparente legalidad en la comisión del hecho punible y en complicidad con los autores mediatos y directos, quienes en su conjunto, parecerían tener “Patente de Corso” para actuar impunemente.
Considerando que en la impunidad y complicidad, cada quien y cada uno de los coautores tiene la suya “Propia” aún cuando la tipología de estas asociaciones es común la coautoría impropia, por cuanto un mismo hacho típico es realizado comunitariamente y con división de trabajo por varias personas que lo asuman como propio, aunque la intervención de cada una de las personas involucradas, sea tomada en forma separada, no se adecue por si misma al tipo en el que cada quien, en cuanto al hecho punible, contribuya de manera particular en alguna de las fases que en su conjunto tiendan a concretar el delito.
Considerando que en un principio esta forma de organización similar al de las empresas criminales, se inició en Venezuela con la creación de los denominados “Círculos Bolivarianos” similares a los ya conocidos Comités de Defensa de la Revolución “CDR” cubanos, en cuyo caso, participaron de manera activa, pública y notoria en hechos como: grupos de choque, de invasión, propaganda, entre otros actos y circunstancias, que después de estar involucrados e identificados en múltiples hechos de carácter doloso y culposo, violento y criminalístico, fueron cambiados de denominación, pasando a formar parte de diferentes misiones y comandos como la misión “Florentino” y el “Comando Maisanta” de clara formación militarista, para luego formar parte con la misma prerrogativa, y con la variedad de la subvención por parte de las políticas gubernamentales, en la organización de milicias y como reserva militar directamente a cargo del Ejecutivo y bajo el amparo de la aparente legalidad, además de la protección y apoyo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en cuyo grado de sofisticación, estos grupos están cualificados para realizar actividades que por su naturaleza punible o cómo lo define algunos teorizantes, a los “elementos del delito” , estos son: “acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, condición objetiva de punibilidad y penalidad”.
Recordando que para los efectos en cuanto a la política y los linimientos a seguir por parte de las indicadas con anterioridad milicias y reserva, estás han seguido al pie de la letra, las indicaciones que por parte de factores de instigación o correo moral, mal llamado por algunos “autor intelectual”, quien és, el partícipe que determina a una persona o grupo de personas a cometer un hecho.
Considerando los fundamentos que caracterizan la comisión de un delito ante el acto ejecutado y en el caso especifico promovido por dicho correo moral, el cual incita e instiga a infringir el orden interno y la seguridad, paz e integridad del colectivo, que en su conjunto comprende o compone al Estado.

Considerando que el proceso que de manera sistemática, organizada y ordenada tiene la voluntad y disposición de violentar y desconocer en todo su ámbito y contexto, y en consecuencia, en evidente auto golpe de Estado, al querer imponer un modelo diferente al establecido según el Preámbulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que ordena que:

“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana;

con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;…”.

Que el su artículo 2, de sus Principios Fundamentales, determina que:

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

En consecuencia es nulo de toda nulidad que se trate de imponer un modelo diferente al establecido, en cuyo caso se quiere imponer la figura de un “Socialismo –Comunista” autoritario, militarista y centralizado, en contrasentido con el orden democrático definido en el Preámbulos, Principios Fundamentales y en todo el contexto del orden constitucional derogado por métodos diferentes a los establecidos para tal finalidad.

Considerando que el artículo 25, determina que:

“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”

En tal sentido, el artículo 333, dispone que:

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.”

“En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

Considerando que en su artículo 350, determina que:

“El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”
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