Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección cuarta






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CONSEJO DE ESTADO


SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ



Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 54001233100020110011901

Actor: CUEROS Y ACCESORIOS S.A. contra la DIAN

Número Interno: 20365

Auto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la providencia de 13 de junio de 2013 por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, decretó la perención del proceso por falta de pago de la caución que fijó en el auto admisorio de la demanda.



  1. ANTECEDENTES


La sociedad Cueros y Accesorios S.A instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que se anulara la Liquidación Oficial de Revisión N° 072412009000092 del 20 de noviembre de 2009 que modificó la declaración del Impuesto sobre las Ventas presentada por la demandante por el primer bimestre del 2006 y la Resolución N° 900165 del 4 de noviembre de 2010 que la confirmó (fol. 2).
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se dejara en firme la declaración del Impuesto sobre las Ventas correspondiente al primer bimestre del año gravable 2006, presentada el 9 de marzo del mismo año.
El 15 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió auto admisorio de la demanda en el que, entre otras cosas resolvió (fol. 111):
(…)
7.-) Conforme el numeral 4° del art. 207 del C.C.A. y Decreto 2867 de 1989, fíjese la suma de NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($93.000.oo), como gastos ordinarios del proceso, que deberán ser consignados por la parte actora, en la cuenta de ahorros de depósitos para gastos del proceso No. 45101200201-9, que al efecto tiene el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el Banco Agrario de Colombia S.A., para lo cual se señala un término de quince (15) días, contados a partir de la notificación por estado del presente auto.
8.-) De conformidad con el artículo 140 del CCA, la parte actora deberá otorgar caución equivalente al 10% del pago del impuesto, determinado oficialmente en los actos demandados y la sanción impuesta a través de los actos acusados, con el fin de garantizar el mismo, en caso de que el fallo fuera adverso a las pretensiones de la demanda, para lo cual se concede un plazo de veinte (20) días”.

El 20 de junio de 2011 el apoderado de la parte demandante acreditó el pago de los gastos del proceso (fols. 112 y 113).
La parte demandante interpuso recurso de reposición contra el numeral 8° del auto admisorio para que se redujera la caución del 10 al 1%. Advirtió que esa carga era onerosa, si se tiene en cuenta que el 10% que fijó el juez, corresponde a $312.739.000 y que, además, debía prestar caución en otros procesos iniciados contra los actos administrativos que modificaron las declaraciones de IVA bimestres II, III, IV y VI de 2006 y de renta de la misma anualidad, que en total sumarían $923.243.920.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto de 30 de junio de 2011, no repuso la decisión1 al advertir que la empresa tiene la capacidad económica para otorgar la caución, lo cual podía hacer constituyendo un CDT, un depósito judicial, una garantía bancaria o prendaria, hipotecaria u otro medio aceptable a satisfacción del juzgador.
La actora interpuso recurso ordinario de súplica2 contra la anterior providencia para insistir en la reducción de la caución. En providencia de 28 de julio de 2011 se rechazó el recurso por improcedente, porque contra el auto que decide el recurso de reposición no procede ningún recurso3.
Mediante memorial de 30 de agosto de 20114, el apoderado de la actora pidió que el plazo para constituir la póliza se extendiera por 15 días más, pues debido a su alto costo no había podido obtenerla. Sin embargo, el Tribunal, en auto de 5 de octubre de 20115, consideró que “ante el vencimiento del plazo solicitado por el demandante Cueros y Accesorios para la constitución de la caución, innecesario resulta decidir sobre la petición visible a folio 140”. Este proveído se notificó por estado el 10 de octubre de 20126.

El 5 de marzo de 2012, el tribunal notificó el auto admisorio de la demanda, de manera personal, al agente del ministerio público y a la entidad demandada, el 24 de octubre del mismo año.
El 26 de octubre de 2012, la DIAN envió los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos demandados.
En el folio 147 obra el informe secretarial de 11 de junio de 2013 en el que se indica que el término para otorgar la caución está vencido.
El 13 de junio de 2013, el Tribunal decretó la perención del proceso. Esta decisión se notificó por estado el 3 de julio de 20137.
El 8 de julio de 2013, el apoderado de la actora interpuso recurso de apelación y se concedió ante el superior en el efecto suspensivo.



  1. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA


El Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la perención del proceso porque este permaneció inactivo por más de seis meses, término contado a partir del 24 de octubre de 2012, fecha en la que se notificó el auto admisorio de la demanda8.
El Tribunal adujo que la caución tiene por finalidad, evitar que los demandantes acudan de forma injustificada a la administración de justicia y el abuso del derecho de acción para evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De tal forma que el pago de la caución demuestra la seriedad en la causa del demandante y garantiza el pago de la sanción impuesta por medio de los actos administrativos acusados en el caso de que las pretensiones sean despachadas desfavorablemente (fol. 151).


  1. EL RECURSO DE APELACIÓN


Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación que se resume así (fols. 153 a 158):
Después de hacer un breve recuento de la actuación procesal adelantada en este proceso, reiteró los argumentos expuestos en los recursos interpuestos contra el auto que ordenó prestar caución e insistió en que la carga económica impuesta es una medida de imposible cumplimiento y que la decisión del a quo impide el acceso a la administración de justicia.
Para apoyar los argumentos del recurso, transcribe apartes de providencias de la Sección Cuarta9 en las que, a su juicio, se establece que el 2% de la diferencia del saldo declarado y el determinado oficialmente es un porcentaje razonable para no afectar la garantía de acceso a la administración de justicia.
Teniendo en cuenta lo anterior, pidió que se revoque el auto apelado y que, en su lugar, se ordene continuar el proceso, modificando el monto de la caución en un porcentaje justo y accesible a la empresa.


  1. OPOSICIÓN


La DIAN se opuso a la prosperidad de la solicitud formulada por la sociedad recurrente y al respecto señaló que la inactividad del proceso por más de seis meses en la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, es atribuible a la parte demandante, pues no cumplió con la carga procesal de prestar la caución fijada por el Tribunal.
Resaltó que en este caso se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 148 del C.C.A. para decretar la perención del proceso, razón por la que no es posible revocar la decisión apelada.



  1. CONSIDERACIONES


En virtud de lo establecido en el artículo 181 del Decreto 01 de 1984, el auto que decreta la perención del proceso es apelable, por lo tanto, esta Sala es competente para pronunciarse sobre el asunto de la referencia.
Así, corresponde a la Sala determinar si era procedente declarar la perención del proceso por la inactividad del mismo, por más de seis meses sin que la parte demandante otorgara la caución fijada en el auto admisorio de la demanda10.
Con respecto a la perención del proceso el Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente:
ARTICULO 148. PERENCIÓN DEL PROCESO. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso”.
La perención es una forma anormal de terminación del proceso, que surge como consecuencia de la inactividad del mismo en un lapso determinado por el legislador, en este caso el Código Contencioso Administrativo estableció un término de seis meses, término en el que la parte demandante deja de cumplir las cargas procesales11 que le corresponden.
Esta institución del derecho procesal, tiene por finalidad garantizar los principios de celeridad y economía procesal, así como evitar la prolongación indebida de los procesos, toda vez que esta figura evita que el sistema judicial se congestione o dedique recursos a procesos que fueron abandonados por el desinterés o la negligencia de las partes.
Así, lo expresó la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del inciso 1º (parcial) del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo en la sentencia C-123 de 2003: “Dentro de este contexto, no obstante, la perención permite alcanzar dos objetivos de importancia: i. evita que el demandante incumpla las cargas procesales asignadas para dar impulso al proceso, por cuanto fue su voluntad la que le dio inicio, siendo responsable de la activación dada al aparato judicial y al sistema de justicia para que le atiendan y resuelvan sobre sus pretensiones, y ii. Permite descongestionar los despachos judiciales, argumento que ha tenido pleno respaldo en la Corte constitucional, quien frente a la finalidad de la perención en materia civil, en criterio perfectamente aplicable en el ámbito de la perención contencioso administrativa, manifestó que consiste en
Por otra parte, es del caso precisar que una de las cargas procesales que debe cumplir el demandante es el pago de la caución, es exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Decreto 01 de 1984, a cuya letra dice:
Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del Tesoro Público (…) bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto.
Pues bien, como aquí se trata de controvertir una decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio de la que se modificó la declaración del Impuesto sobre las Ventas correspondiente al primer bimestre del año 2006, resulta claro que es procedente la constitución de la caución.
La caución en materia tributaria garantiza el pago de la obligación tributaria, en caso de que el fallo sea adverso a las pretensiones formuladas en la demanda y, además evita que se abuse del derecho de acción con el fin de evadir el pago de tales obligaciones, es decir avala la seriedad de la demanda. De tal forma, que si la parte demandante no realiza el pago de la caución, no es posible seguir adelante con el trámite del proceso.
La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la caución en asuntos contenciosos de naturaleza tributaria, así12:
La imposición de una caución para garantizar el pago de una deuda tributaria, es una medida idónea y acorde con los fines constitucionales. Conferir al magistrado encargado de la demanda contenciosa, la facultad de determinar el monto de la caución que habrá de pagar el contribuyente-deudor, significa que cada persona, de acuerdo con su situación individual, tendrá la oportunidad de ser evaluada por el juez. Va de la mano del principio de igualdad, y garantiza - en mayor medida que la norma atacada - que se tendrá en cuenta la capacidad económica del demandante en el momento de exigir de él un depósito temporal de dinero que respalde, al menos en parte, el pago de la deuda existente, y demuestre la seriedad de su pretensión. Visto así, no se vulneran los derechos constitucionales del demandante; pero es imperativo que la caución, garantía o condición, sea fijada, no de antemano sino luego de admitida la demanda y repartido el proceso, para que el magistrado la ordene de acuerdo con cada caso. De lo contrario, - es decir, como dice la norma demandada - si se exige como un requisito para iniciar un proceso, se está obstaculizando el acceso de una persona a la administración de justicia. La Corte considera que no es admisible, y que va en contravía del artículo 229 de la Carta Política, exigir una condición para llevar a la justicia, la controversia de un ciudadano con el Estado: no es posible a la luz de los principios contenidos en la nueva Constitución, desechar de plano la admisión de una demanda, por no cumplir con un requisito de esta naturaleza”.

Con fundamento en el análisis precedente la Sala advierte que la caución fijada por el magistrado ponente en el trámite de las acciones contenciosas en las que se discuten asuntos tributarios, no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia como lo afirma el recurrente y, por el contrario, constituye una herramienta procesal idónea para garantizar el pago de las obligaciones que se discuten en ese tipo de causas.
Ahora bien, aduce la parte demandante, que no tiene la capacidad económica para pagar la caución fijada en este proceso, dado que no es el único que adelanta en la jurisdicción contencioso administrativa y que sumadas todas las cauciones que se han establecido en los distintos procesos resulta una suma que la sociedad demandante no puede pagar dada su actual situación económica.
Los anteriores argumentos, fueron presentados por la parte demandante en el recurso de reposición formulado contra el auto admisorio del proceso, sin embargo el Tribunal no accedió a esa solicitud.
A partir del análisis precedente, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión del Tribunal de decretar la perención del proceso.
Esto último tiene sustento probatorio en el expediente, de cuyo análisis resulta clara la ocurrencia de los supuestos de hecho contemplados en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo (Dto. 01 de 1984), es decir, están demostrados los requisitos para declarar la perención, toda vez que en este caso transcurrieron más de seis meses después de la notificación del último auto proferido en el proceso13 sin que se le diera impulso procesal por causa atribuible a la parte demandante.
De conformidad con el análisis precedente, se confirmará la providencia apelada, que decretó la perención del proceso.
En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
RESUELVE
CONFÍRMASE la providencia impugnada.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.


MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

Presidenta

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS
CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Ausente con excusa


1 Fls. 127-128

2 Fls. 129-134

3 Fls. 137-139

4 Fl. 140

5 Fl. 142

6 Fl. 142 vto

7 Fl. 152

8 Fl. 145

9 Sentencias de 3 de mayo y 5 de julio de 2007, sin radicado, M.P. Dra. Ligia López Díaz.

10 En esta providencia se reitera el análisis hecho por la Sala en casos similares en los Expedientes N° 19824 y 20231.

11 Las cargas procesales demandan una conducta concreta de los sujetos procesales, su cumplimiento es facultativo por parte de estas, pero, su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas establecidas en la ley.

12 Sentencia de la Corte Constitucional C-318 de 1998.

13 El último auto proferido dentro del proceso fue notificado por estado el 10 de octubre de 2012 (fl. 142 vto).

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