Tribunal contencioso administrativo del huila






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REPUBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Primera de Decisión

M.P. Ramiro Aponte Pino

Neiva, veinte de marzo de dos mil doce.

ACCION: TUTELA

ACCIONANTE: ALICIA CARDOZO DE CAMPOS

ACCIONADO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

PROVIDENCIA: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICACION: 41 001 33 31 005 2012 00018-01

ACTA: 25
Decide la Sala la impugnación instaurada por la parte actora contra el fallo proferido por el Juzgado Quinto del Circuito Administrativo de Neiva el 10 de febrero de 2012.

I.- ANTECEDENTES.

1.- La petición de amparo.
ALICIA CARDOZO DE CAMPOS instauró la acción constitucional de tutela contra el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA-AGENCIA MUNICIPIO DE COLOMBIA, en procura de obtener el amparo del derecho fundamental de “petición”; que en su sentir, ha sido vulnerado, al no entregarle a ella y a GENOVEVA CARDOZO VILLA el CDT 0183738 –cuya vigencia expiró el 9 de septiembre de 2007-, por la suma de $25.000.000.


Como sustento fáctico y legal, aducen que su padre y su hermana constituyeron el referido título valor el 9 de septiembre de 2006. Por su estado mental, aquel fue declarado en interdicción y falleció el 17 de enero de 2012.
Como el título no se renovó, en su condición de curadoras solicitaron la entrega del mismo el 2 de septiembre y el 23 de diciembre de 2011; pero la entidad bancaria no ha emitido ninguna respuesta, vulnerando de esta manera el derecho de petición, y atentando contra sus “…derechos económicos, morales, familiares…”.

2.- La pretensión.
En concreto, solicita:
“Se sirva expedir la orden de que se nos entregue la suma que está amparada en el título valor C.D.T. por la suma de $25.000.000.oo, más los intereses de mora que ordena la superintendencia bancaria, para esta clase de depósitos que no fueron además prorrogados por las partes desde muchos meses atrás antes de fallecer nuestro progenitor padre, para que cumpla la entidad bancaria de la agencia del municipio de Colombia Huila, Banco Agrario, ordenar la cancelación y entrega del depósito a término C-D-T- Nro. 0183738 de fecha de expedición año 2006-09-09, con fecha de vencimiento para el año 2007-09-09, ya vencido el término que no fue prorrogado por las partes, la cual la entidad bancaria agencia de Colombia Huila, banco agrario de Colombia, debe cumplir la entrega de la suma antes citada y ser cumplida en un termino de lapso tiempo de máximo 48 horas, para tutelar el derecho fundamental que está amenazado y vulnerado, contra las suscritas hijas del causante antes citado”.

3.- La oposición.
El representante legal de la entidad bancaria se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando, en esencia lo siguiente:


a.-La tutela es improcedente, en razón a que la accionante tiene otro medio de defensa judicial (sin precisar cual).
b.-Las peticiones formuladas fueron oportunamente atendidas, emitiendo una respuesta de fondo:
-El 2 de septiembre de 2011, solicitó la división del título en dos partes de igual valor, y que se nombrara como beneficiarios al señor Jorge Luis Campos y a Genoveva Cardozo Villa. Sin embargo no se pudo acceder, porque en ese momento no ostentaban la calidad de curadores.
-A la petición del 23 de diciembre de la pasada anualidad, le informaron que la orden de desembolso no se podía emitir por las inconsistencias que se detectaron en los soportes documentales, en especial, la fecha de la declaratoria de interdicción de su padre. Aclarándole, que el título se renovaba automáticamente, pero que los intereses se cancelarán en las fechas pactadas, esto es, en marzo y septiembre de 2012.
Merced a lo anterior, estima que el hecho se encuentra superado.

4.- El fallo impugnado.
El a quo denegó el amparo, considerando que el banco respondió las peticiones formuladas, y en razón a que el CDT se prorrogó automáticamente por un año, es evidente que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

5.- La impugnación.
Inconforme con esa determinación, la accionante impugnó el fallo, argumentando que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas documentales, y no advirtió, que en su calidad de curadoras de su extinto padre (con su hermana Alicia), el 3 y el 23 de septiembre de 2011, le comunicaron al Banco que no estaban interesadas en renovar el CDT.
En tal virtud, estiman que la decisión fue antijurídica, amén de que coadyuvó a seguir atentando contra sus intereses económicos, morales, materiales y familiares.
En concreto, solicita que “…se revoque dicha sentencia y se anule todo lo actuado en su sentencia, por estar con vicios jurídicos y las
pruebas aportadas por la suscrita no las tuvo en cuenta su despacho, omisión total negativa en no estudiar a fondo dicha demanda y no haber tenido en cuenta nuestras peticiones...”.

II.- CONSIDERACIONES.

1– El asunto sub examine.
Se contrae a establecer si la actuación desplegada por el Banco Agrario de Colombia-Agencia del municipio de Colombia, vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo depreca la accionante.
2.- El caso concreto.
Dentro del plenario se encuentra acreditado lo siguiente:
a.- Marco Tulio Cardozo García y Genoveva Cardozo Villa suscribieron el 6 de septiembre de 2009 el certificado de depósito a término 0183738 por valor de $25.000.000, en el Banco Agrario – Seccional Colombia (f. 30).
b.-El 25 de noviembre de 2011, el Juzgado Primero de Familia de Neiva declaró en interdicción al primero y designó en calidad de curadoras a sus hijas Alicia Cardozo García y Genoveva Cardozo Villa, quienes tomaron posesión del cargo el 13 de diciembre siguiente (f. 21 a 25).
c.-El señor Marco Tulio Cardozo García falleció el 16 de enero de 2012 (f. 15).
d.-A través de comunicaciones calendadas el 2 y el 23 de septiembre de 2011 (remitidas por una empresa de mensajería) las curadoras le informaron al Banco Agrario que no estaban interesadas en renovar el CDT, por lo tanto, solicitaron la “devolución del valor…con sus respectivos intereses” (f. 38, 40, cuad. ppal.).
e.-El 4 de diciembre de 2011 la Directora de la entidad bancaria respondió en los siguientes términos las dos peticiones:
“La orden de desembolso del CTD No 0183738 por valor de $25.000.000 a nombre de los señores MARCO TULIO CARDOZO GARCIA Y GENOVEVA CARDOZO VILLA, a la fecha no se puede tramitar por que los documentos donde declaran interdicto al señor Marco Tulio, fueron presentados en la oficina Colombia, el día 17 de diciembre de 2011 y la fecha del Juzgado donde lo declaran interdicto fue el 25 de noviembre de 2011, fecha en la cual el título ya había prorrogado automáticamente por un plazo igual al inicialmente establecido conservando las mismas condiciones iniciales, excepto la tasa de interés que será la vigente al momento de la prórroga.
El día 2 de septiembre se radicó un oficio en la oficina, donde solicitan que el CDT fuera divido en dos títulos de igual valor por partes iguales y donde usted nombra como beneficiario al señor Jorge Luis Campos con c.c.7.7211.115.
Esta gestión no se podía realizar, por cuanto no había un documento del Juzgado donde lo declaran interdicto y no había un documento donde el Juzgado notificara la posesión del cargo como curadoras del interdicto.
El día 14 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero de Familia emite el documento donde las notifica y posesiona del cardo como curadoras definitivas del interdicto Marco Tulio Cardozo García, fecha posterior del vencimiento del título.
Con respecto a los intereses, estos se les puede cancelar en las fechas pactadas: marzo y septiembre de 2012, los cuales les serán cancelados a las personas que el Juzgado designó como curadoras” (f.69 y ss. cuad. ppal.).

3.- La acción de tutela
Por voluntad del Constituyente de 1.991, la acción Constitucional de tutela fue concebida como un instrumento que garantiza el libre ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean objeto de vulneración o amenaza por parte de las conductas activas o pasivas de la autoridad pública o de los particulares - en especiales circunstancias -.
Este instrumento de defensa, sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1, lo cual confiere a esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, evitando a toda costa el paralelismo procesal.

4.- Análisis de fondo.
De acuerdo con el precepto contenido en el artículo 23 de la Carta Política, “…Todas las personas tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta”.
Al abordar el análisis del núcleo esencial de este derecho, la Honorable Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha considerado que puede concretarse en dos aspectos:
“[i)] en una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y ii) en una respuesta de fondo a la petición planteada, sin importar que la misma sea favorable o desfavorable a los intereses del peticionario…”2.
Con base en la fragua probatoria, a la que ya se hiciera referencia; es menester colegir, que contrario a lo que afirma la parte accionante, el 4 de diciembre de 2011 (antes de que interpusiera el recurso extraordinario amparo), la entidad accionada sí respondió las dos peticiones; sólo que no accedió a
la cancelación y al pago del valor del CDT, aclarando qué el pago de los intereses se realizaría en los términos contractuales.
De otro lado, es del caso resaltar, que la negativa fue debidamente razonada, y no se fundamentó en un simple capricho. Porque cuando la actora acreditó la interdicción judicial de su padre en el banco, ya había operado la prorroga automática del título.
En ese orden de ideas, no se infiere que se haya soslayado el derecho de petición
De otro lado, se advierte que la tutela no fue interpuesta como mecanismo transitorio en procura de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, aunado al hecho de que dentro del plenario brilla por su ausencia la prueba del mismo.
Por lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO.- Confirmar el fallo proferido el 10 de febrero de 2012 por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva.

SEGUNDO.- Dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el proceso a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO.- Remitir copia de este fallo al Juzgado de origen.


Notifíquese.

RAMIRO APONTE PINO JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado Magistrado
JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Magistrado



1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6º, numeral 1º: “La acción de tutela no procederá:…cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

2


 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia. T-170, febrero 24 de 2000. M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.


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