2. directiva comunitaria del comercio electrónico: aspectos jurisdiccionales






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7. CASOS. ESTADOS UNIDOS

Hall vs. La Ronde (Cal. App. 2d Dist., Aug. 7, 1997)sentó uno de los primeros precedentes al estimar jurisdicción personal sobre la parte demandada en base al foro de residencia de la parte demandante (receptor de un correo electrónico); California. En Hall, la parte demandante de California había entrado en un contrato con una empresa de Nueva York por el que ésta se encargaba de distribuir al público las licencias de software del demandante y remitir al mismo los pagos. Las partes negociaron el contrato desde sus respectivos Estados, enteramente por e-mail y teléfono.

Reconociendo que no había suficientes pruebas como para establecer jurisdicción general, la parte demandante abogó, sin embargo, por la existencia de jurisdicción específica. La parte demandada se basó en Interdyne Co. v. SYS Computer Corp., (31 Cal. App. 3d 508, 1973), que sostuvo que un residente de California que entra en un acuerdo con compradores no-residentes a través de medios extra-estatales solamente, no puede compeler a la parte no-residente a acudir a California con objeto del litigio. El Juez en Hall se descolgó de la decisión Interdyne concluyendo que la jurisdicción no debería determinarse en función de la forma, personal o no, de comunicación elegida, especialmente a la luz de la inminente expansión de las relaciones comerciales en la era electrónica. Así, la sentencia concluyó: "Ha cambiado mucho el papel que las comunicaciones electrónicas juegan en las transacciones comerciales desde que Interdyne fuera decidida hace más de 20 años. La velocidad y facilidad de las comunicaciones ha aumentado el número de transacciones consumadas sin que ninguna de las dos partes tenga que abandonar su oficina. No hay razón por la que el requisito de "contactos mínimos" no pueda satisfacerse electrónicamente".

Aunque Hall no mencionó directamente la similitud habida entre el caso decidido y el acceso y transacción mediante Sitios Web, las consecuencias para el Comercio Electrónico fueron también claras. De acuerdo a ello, podemos analizar si una Página Web someterá a la compañía operadora de la misma a jurisdicción general o específica.

En Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. Mo. 1996), la parte demandada, de California, operaba un Sitio Web que, se alegó, infringió los derechos de marca registrada (Trademark) del demandante de Missouri. Dado que el Sitio Web no sólo anunciaba un servicio de correo electrónico, sino que también animaba a los usuarios a añadir sus nombres a la lista de direcciones, el Tribunal concluyó que el Sitio podía considerarse "activo" y constituía suficiente "aprovechamiento voluntario" como para entender jurisdicción específica sobre el mismo. Más aún, el Tribunal hizo notar que un Sitio Web tiene más posibilidades de caer en tal supuesto que el correo directo o la publicidad de un número de llamada gratuita.

De modo similar, un tribunal Federal en Connecticut, consideró, en Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161, 164-65 (D.Conn. 1996) que un demandado de Massachusetts presente en Internet usando un dominio que, supuestamente,infringía la Marca Registrada del demandante domiciliado en Connecticut. El tribunal ejerció jurisdicción, alegando que la publicidad mediante un sitio Web constituía mayor aprovechamiento voluntario que la que se valía de otros medios, por estar disponible contínuamente para los usuarios de Internet.

Un Sitio Web que se considera "pasivo", por otro lado, no dió lugar a jurisdicción en Bensusan Restaurant Corporation v. King, 937 F. Supp. 295, 299 (S.D.N.Y. 1996). Un demandado de Missouri mantenía un Sitio Web promocionando un club de Jazz que, se alegó, infringía la marca registrada de otro club de Jazz en Nueva York. El tribunal federal de Nueva York carecía de Jurisdicción, dado que el Sitio Web en sí mismo "aprovechamiento voluntario". Aunque el Sitio Web incluía un número de teléfono para encargar tiquets, el tribunal juzgó que aquel no había sido diseñado para atraer a residentes de Nueva York, ni procesaba ordenes de tiquets y, en consecuencia, no podía considerarse interactivo.

Sin embargo, incluso cuando un Sitio Web puede considerarse "pasivo", una empresa puede ser objeto de jurisdicción por el hecho de emprender actividades adicionales en el foro. En Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), un demandado de California mantenía un Sitio Web usando un dominio que, se alegó, infringía la marca registrada de un demandante de Pennsylvania. El tribunal federal de Pennsylvania ejerció jurisdicción al considerar que el demandado no se había limitado a a anunciarse en Internet, sino que también se había dedicado a vender suscripciones a 3000 residentes del Estado y alcanzado contratos con Proveedores de Servicios Internet en el estado para cargar el correo electrónico que supuso la base del litigio.

En Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996). La parte demandada, de Illinois, mantenía un sitio web usando un dominio que, se alegó, infringía la marca registrada del demandante de California. Concluyendo que el demandado había registrado el dominio con la sola intención de que obtener dinero de la parte demandante, el tribunal consideró que la acción, desencadenante de responsabilidad civil, se dirigía a California, y, por tanto, le atribuía jurisdicción. De este modo, la naturaleza y extensión de las interacciones que un Sitio Web pueda incentivar con residentes de otro Estado, y, posiblemente, el grado de implicación de la compañía en la promoción de actividades relacionadas en el Estado, determinarán si la compañía se ha aprovechado voluntariamente de los beneficios del foro. Partiendo de que el ejercicio de jurisdicción sea de cualquier modo razonable, tal aprovechamiento voluntario sujetaría a la compañía a jurisdicción por cualesquiera demandas emanadas de tales contactos.

En Compuserve Inc. V. Patterson, CompuServe, empresa establecida en Ohio, demandó a uno de sus proveedores de "shareware" (software de carga gratuita) en Texas. El litigio fue presentado ante el Tribunal del Distrito Federal de Ohio. La parte demandada alegó la inexistencia de jurisdicción sobre la misma por parte de dicho tribunal. El tribunal de apelación estimo probada la existencia de "contactos" (únicamente electrónicos) con Ohio. Esta decision se sustentó en la prueba de que la parte demandada se había aprovechado voluntariamente de la posibilidad de establecer relaciones comerciales en Ohio mediante una suscripción al servicio de CompuServe y la aceptación de un acuerdo de registro para el "shareware" que incluía una cláusula de provisión de ley aplicable estableciendo la ley del estado de Ohio. Se concluyó que, si bien cada uno de estos elementos, por separado, no era suficiente como para establecer aprovechamiento voluntario, sí lo eran en su conjunto.

ANEXO


[1] CONVENIO DE BRUSELAS DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1968

UE: JURISDICCIÓN COMPENTENTE

El Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil nació en el marco de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, como iniciativa para determinar la competencia de las jurisdicciones de los países miembros y desarrollar el artículo 220 del tratado constitutivo de la CEE (compromiso de garantizar la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales).

Son materias excluídas de dicho Convenio a efectos de la disciplina mercantil: La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos, así como el arbitraje.

JURISDICCIÓN GENERAL: El artículo 2 de este tratado establece, de modo general, que las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del estado en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.

A continuación se establecen una serie de competencias:

ESPECIALES (art. 5) Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante ante el tribunal del lugar en que:

- deba cumplirse una obligación contractual,

- estuviere sita una sucursal, agencia o establecimiento

- estuviere domiciliado un trust.

- CONSUMIDORES: En materia de contratos celebrados con consumidores, con exclusión de los contratos de transporte, el artículo 14 otorga al consumidor la posibilidad de interponer litigio ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el demandado o los del Estado en que estuviere domiciliado el propio consumidor. La aplicación de este principio al Comercio Electrónico, que nos permite ofrecer servicios y mercancías a consumidores físicamente muy distantes, es una importante traba desde el punto de vista del empresario. Los riesgos de ser perseguido en una jurisdicción con la que no existe conexión alguna deben ser prevenidos convenientemente.

En esta línea, la nueva Directiva del Comercio Electrónico ayudará a aportar certidumbre y seguridad jurídica a este área, tanto para empresarios como para consumidores.

EXCLUSIVAS: En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas que tuvieran su domicilio en un Estado contratante o de decisiones de sus órganos, los tribunales de dicho estado serán exclusivamente competentes. (art. 16).

[2] LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

ESPAÑA: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende la Jurisdicción española a todas las personas, materias y territorio español, derogando el artículo 51 de la entonces en vigor Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 21 de esta misma ley atribuye a los Juzgados y Tribunales españoles el conocimiento de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y españoles y entre extranjeros con arreglo a la propia Ley Orgánica y los convenios internacionales en que España sea parte. Se exceptúan, así mismo, los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de Derecho Internacional Público (v.g.:privilegios diplomáticos).

El artículo 22 de la propia LOPJ otorga jurisdicción EXCLUSIVA a los Juzgados y Tribunales españoles:

-en materia de derechos reales y arrendamiento de inmuebles sitos en España

-en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos -en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español

-en materia de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere soliciatado o efecctuado en España el depósito o registro

-en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

Igualmente, se les otorga jurisdicción GENERAL cuando:

-las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles

-el demandado tenga su domicilio en España

Y jurisdicción ESPECIAL, de modo alternativo a los criterios precedentes cuando:

-en materia de obligaciones contractuales, éstas hayan nacido o deban cumplirse en España.

-en las acciones relativas a bienes muebles, si estos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda.

En materia de contratos con CONSUMIDORES, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a finaciar su adquisición. En caso de cualquier otro de prestación de servicio relativo a bienes muebles cuando la celebración del contrato hubiere sido prcedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato. En materia de seguros cuando el asegurado y asegurador tengan un domicilio en España y en los litigios relativos al a explotación de una sucursal, agencias o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.

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