2. directiva comunitaria del comercio electrónico: aspectos jurisdiccionales






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JURISDICCIÓN COMPETENTE

Estrechamente ligadas al problema de la ley aplicable están las consideraciones en torno a la jurisdicción competente para conocer de un litigio.

En el marco de la Unión Europea, el Convenio de Bruselas de 1968 (ver Anexo [1]) relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (así como su extensión a terceros países mediante el Convenio de Lugano) establece de modo general, en su artículo 2, que las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

El mismo Convenio, establece, en su redacción actual, una serie de competencias especiales: En materia de contratos celebrados con consumidores, con exclusión de los contratos de transporte, el artículo 14 otorga al consumidor la doble opción de interponer litigio ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el demandado o los del Estado en que estuviere domiciliado el propio consumidor.

Las condiciones que impone el artículo 13 son similares a las impuestas en el Convenio de Roma respecto de la ley aplicable: Oferta o publicidad especialmente dirigida y que el consumidor hubiera realizado en dicho Estado los actos necesarios para la celebración del contrato.

La aplicación de este principio al Comercio Electrónico, que nos permite ofrecer servicios y mercancías a consumidores físicamente muy distantes, es una importante traba desde el punto de vista del empresario. Los riesgos de ser perseguido en una jurisdicción con la que no existe conexión alguna deben ser prevenidos convenientemente.

Estos criterios se repiten, sin embargo, en las legislaciones nacionales de un gran número de países. En España, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ver Anexo [2]) extiende la jurisdicción española a todas las personas, materias y territorio español, derogando el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 21 de esta misma ley atribuye a los juzgados y tribunales españoles el conocimiento de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y españoles y entre extranjeros con arreglo a la propia Ley Orgánica y los convenios internacionales en que España sea parte.

Del mismo modo que el Convenio de Bruselas, la LOPJ establece que los juzgados y tribunales españoles tendrán competencia especial en materia de contratos con consumidores cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a finaciar su adquisición o, en cualquier otro caso, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato. Esto será de aplicación en España a todas las relaciones contractuales con personas residentes en países fuera del ámbito de aplicación de los Convenios de Bruselas y Lugano.

En este mismo sentido se ha construído jurisprudencialmente (y es doctrina del Tribunal Supremo) en Estados Unidos el concepto de “purposeful availment" ("aprovechamiento buscado") con el objeto de evitar que ciertos estatutos "de largo alcance" (long-arm statutes) no violen la cláusula de "Proceso Debido" (Due Process clause) de la Quinta Enmienda a la Constitución de dicho país al establecer jurisdicción personal específica mediante la existencia de "contactos mínimos" con el estado del foro.

Es, por tanto, igualmente recomendable, el redactar una cláusula de sumisión a una jurisdicción pertinente y, paralelamente, no proyectar publicidad u ofertas que tengan como objeto al consumidor en jurisdicciones indeseadas procesalmente. La "proyección" ("purposeful availment") de publicidad u ofertas puede inferirse de la lengua empleada, la accesibilidad de los números de teléfono provistos o la viabilidad de las transacciones implicadas.

 

  1. JURISDICCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

5.1. Introducción
5.2. Tipos de jurisdicción personal
5.3. Jurisdicción personal en internet


5.1 INTRODUCCIÓN

ESTADOS UNIDOS se compone de 50 estados soberanos, cada uno de ellos ejercitando control jurisdiccional sobre su territorio. Para que los tribunales de un estado pueda juzgar a una parte demandada de otro estado debe probarse, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, la existencia de "contactos mínimos". Los contactos mínimos, en el ámbito mercantil, se juzgan a través del criterio de "aprovechamiento buscado" (purposeful availment). De este modo, sólo cuando una parte ha buscado intencionadamente el beneficio económico en otro estado podrá este último juzgarle.

En otros tiempos, la capacidad de un tribunal para estimar la existencia de jurisdicción personal sobre la parte demandada proveniente de otro estado, se basaba principalmente en contactos "físicos" con el estado del foro. Con el advenimiento de la sociedad de la información, nuevos criterios han comenzado a aplicarse, de forma que una empresa sin presencia física o contacto con un estado determinado pueda juzgarse en el mismo a tenor de sus actividades publicitarias, informativas o transaccionales en ese estado.

5.2. TIPOS DE JURISDICCIÓN PERSONAL

Hay dos tipos de jurisdicción personal en EEUU:

- Jurisdicción General: Pone a una persona bajo el control jurisdiccional del tribunal aplicable para cualesquiera acciones judiciales sea pertinente juzgar. Son criterios habituales: residencia, domicilio en un estado u otros contactos muy estrechos con el mismo, tales como presencia física en el mismo en el momento del proceso o un contacto "contínuo, sustancial y sistemático" con el mismo.

- Jurisdicción Específica: Se refiere a la capacidad que un determinado tribunal tiene de conocer una acción judicial concreta en función de la existencia de "contactos mínimos" con el estado del foro. La reciente creación de estatutos "de brazo largo" (long-arm statutes) ha conferido a los tribunales estatales jurisdicción específica, bien para circunstancias y categorías concretas de acciones, bien de modo generalizado hasta el límite que la propia constitución estatal y la Constitución Federal determinen (caso de California).(El Tribunal Supremo ha establecido una serie de estándares con el objeto de evitar que estos estatutos no violen la cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Costitución de los EEUU).

5.3 JURISDICCIÓN PERSONAL EN INTERNET

Hall vs. La Ronde (Cal. App. 2d Dist., Aug. 7, 1997)sentó uno de los primeros precedentes al estimar jurisdicción personal sobre la parte demandada en base al foro de residencia de la parte demandante (receptor de un correo electrónico); California. En Hall, la parte demandante de California había entrado en un contrato con una empresa de Nueva York por el que ésta se encargaba de distribuir al público las licencias de software del demandante y remitir al mismo los pagos. Las partes negociaron el contrato desde sus respectivos Estados, enteramente por e-mail y teléfono.

Reconociendo que no había suficientes pruebas como para establecer jurisdicción general, la parte demandante abogó, sin embargo, por la existencia de jurisdicción específica. La parte demandada se basó en Interdyne Co. v. SYS Computer Corp., (31 Cal. App. 3d 508, 1973), que sostuvo que un residente de California que entra en un acuerdo con compradores no-residentes a través de medios extra-estatales solamente, no puede compeler a la parte no-residente a acudir a California con objeto del litigio. El Juez en Hall se descolgó de la decisión Interdyne concluyendo que la jurisdicción no debería determinarse en función de la forma, personal o no, de comunicación elegida, especialmente a la luz de la inminente expansión de las relaciones comerciales en la era electrónica. Así, la sentencia concluyó: "Ha cambiado mucho el papel que las comunicaciones electrónicas juegan en las transacciones comerciales desde que Interdyne fuera decidida hace más de 20 años. La velocidad y facilidad de las comunicaciones ha aumentado el número de transacciones consumadas sin que ninguna de las dos partes tenga que abandonar su oficina. No hay razón por la que el requisito de "contactos mínimos" no pueda satisfacerse electrónicamente".

Aunque Hall no mencionó directamente la similitud habida entre el caso decidido y el acceso y transacción mediante Sitios Web, las consecuencias para el Comercio Electrónico fueron también claras. De acuerdo a ello, podemos analizar si una Página Web someterá a la compañía operadora de la misma a jurisdicción general o específica.

General: Teóricamente, un Sitio Web podría crear suficientes contactos "contínuos y sistemáticos" con un Estado como para permitir a éste considerar su jurisdicción general sobre aquel, especialmente cuando el Sitio genera sustanciosas ventas. Sin embargo, la mera disposición de anuncios en periódicos de distribución nacional no ha servido aún para sujetar a un no-residente a jurisdicción general. Tampoco ha sido el caso de las llamadas efectuadas a otro Estado.

Específica: Un Sitio Web tiene más posibilidades de dar lugar a jurisdicción específica, donde las afirmaciones publicadas en el mismo sean la base para una demanda. Por ejemplo, el Sitio Web puede dar lugar a reclamaciones por incumplimiento de contrato, publicidad falsa, o infringimiento de Derechos de Autor o de Marca Registrada.

En tal caso, la disyuntiva jurisdiccional se centra en averiguar si la parte demandada, a través de su Sitio Web, ha hecho voluntariamente disponibles para éste los beneficios de otro Estado.

También aquí, sin embargo, los Tribunales parecen atender mucho más a la naturaleza subyacente del Sitio Web. En Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. Mo. 1996), la parte demandada, de California, operaba un Sitio Web que, se alegó, infringió los derechos de marca registrada (Trademark) del demandante de Missouri. Dado que el Sitio Web no sólo anunciaba un servicio de correo electrónico, sino que también animaba a los usuarios a añadir sus nombres a la lista de direcciones, el Tribunal concluyó que el Sitio podía considerarse "activo" y constituía suficiente "aprovechamiento voluntario" como para entender jurisdicción específica sobre el mismo. Más aún, el Tribunal hizo notar que un Sitio Web tiene más posibilidades de caer en tal supuesto que el correo directo o la publicidad de un número de llamada gratuita.

De modo similar, un tribunal Federal en Connecticut, consideró, en Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc., 937 F. Supp. 161, 164-65 (D.Conn. 1996) que un demandado de Massachusetts presente en Internet usando un dominio que, supuestamente,infringía la Marca Registrada del demandante domiciliado en Connecticut. El tribunal ejerció jurisdicción, alegando que la publicidad mediante un sitio Web constituía mayor aprovechamiento voluntario que la que se valía de otros medios, por estar disponible contínuamente para los usuarios de Internet.

Un Sitio Web que se considera "pasivo", por otro lado, no dió lugar a jurisdicción en Bensusan Restaurant Corporation v. King, 937 F. Supp. 295, 299 (S.D.N.Y. 1996). Un demandado de Missouri mantenía un Sitio Web promocionando un club de Jazz que, se alegó, infringía la marca registrada de otro club de Jazz en Nueva York. El tribunal federal de Nueva York carecía de Jurisdicción, dado que el Sitio Web en sí mismo "aprovechamiento voluntario". Aunque el Sitio Web incluía un número de teléfono para encargar tiquets, el tribunal juzgó que aquel no había sido diseñado para atraer a residentes de Nueva York, ni procesaba ordenes de tiquets y, en consecuencia, no podía considerarse interactivo.

Sin embargo, incluso cuando un Sitio Web puede considerarse "pasivo", una empresa puede ser objeto de jurisdicción por el hecho de emprender actividades adicionales en el foro. En Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), un demandado de California mantenía un Sitio Web usando un dominio que, se alegó, infringía la marca registrada de un demandante de Pennsylvania. El tribunal federal de Pennsylvania ejerció jurisdicción al considerar que el demandado no se había limitado a a anunciarse en Internet, sino que también se había dedicado a vender suscripciones a 3000 residentes del Estado y alcanzado contratos con Proveedores de Servicios Internet en el estado para cargar el correo electrónico que supuso la base del litigio.

En Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996). La parte demandada, de Illinois, mantenía un sitio web usando un dominio que, se alegó, infringía la marca registrada del demandante de California. Concluyendo que el demandado había registrado el dominio con la sola intención de que obtener dinero de la parte demandante, el tribunal consideró que la acción, desencadenante de responsabilidad civil, se dirigía a California, y, por tanto, le atribuía jurisdicción. De este modo, la naturaleza y extensión de las interacciones que un Sitio Web pueda incentivar con residentes de otro Estado, y, posiblemente, el grado de implicación de la compañía en la promoción de actividades relacionadas en el Estado, determinarán si la compañía se ha aprovechado voluntariamente de los beneficios del foro. Partiendo de que el ejercicio de jurisdicción sea de cualquier modo razonable, tal aprovechamiento voluntario sujetaría a la compañía a jurisdicción por cualesquiera demandas emanadas de tales contactos.

En Compuserve Inc. V. Patterson, CompuServe, empresa establecida en Ohio, demandó a uno de sus proveedores de "shareware" (software de carga gratuita) en Texas. El litigio fue presentado ante el Tribunal del Distrito Federal de Ohio. La parte demandada alegó la inexistencia de jurisdicción sobre la misma por parte de dicho tribunal. El tribunal de apelación estimo probada la existencia de "contactos" (únicamente electrónicos) con Ohio. Esta decision se sustentó en la prueba de que la parte demandada se había aprovechado voluntariamente de la posibilidad de establecer relaciones comerciales en Ohio mediante una suscripción al servicio de CompuServe y la aceptación de un acuerdo de registro para el "shareware" que incluía una cláusula de provisión de ley aplicable estableciendo la ley del estado de Ohio. Se concluyó que, si bien cada uno de estos elementos, por separado, no era suficiente como para establecer aprovechamiento voluntario, sí lo eran en su conjunto.

6. EL CIBERESPACIO COMO JURISDICCIÓN

La existencia de un Ciberespacio legal, como jurisdicción independiente, se ha defendido con insistencia desde varios foros internacionales. Sin embargo, cada país tiende a interpretar la existencia de jurisdicción propia sobre cualesquiera sitios web publicados, correos electrónicos recibidos o transacciones realizadas con impacto directo o indirecto sobre sus nacionales.

Una ley uniforme del Ciberespacio requeriría un acuerdo entre todos los países afectados (y el desarrollo de Internet ha implicado a la mayor parte del planeta). La gran diversidad de culturas subyaciendo bajo los múltiples ordenamientos jurídicos coexistentes hacen impensable una armonización de gran alcance. Las discrepancias habidas entre la Unión Europea y los Estados Unidos (recientemente al calor de la Directiva para la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos personales) deberían ser suficiente ilustrativas como para determinar impracticable un acuerdo universal de tales características.

Ideológicamente, la construcción de una única Jurisdicción en el Ciberespacio podría basarse en las siguientes consideraciones:

- Desde un punto de vista Kelseniano, el concepto mismo de Derecho se basa en la existencia de un poder coercitivo. Sólo mediante la constitución de una institución de carácter universal con poder de coacción sobre cualesquiera entidades o personas físicas realizando transacciones en Internet podría llegar a crearse una sóla Jurisdicción de alcance digital mundial.

- Los Principios Generales del Derecho Natural no nos permiten, desde mi punto de vista, llegar a establecer las bases para la formación de una Jurisdicción única en ciberespacio. La estrecha unión existente entre éstos y la cultura, tradición social y religión de un determinado pueblo nos impide considerarlos como base para la determinación de derechos y deberes en ámbitos pluriculturales. Las tradiciones jurídicas de cada pueblo están sustentadas sobre muy diferentes principios y costumbres y, en consecuencia, han dado lugar a muy diferentes realidades legislativas y judiciales.

En 1997 la creación, auspiciada entre otros organismos por la Asociación Americana de Arbitraje, de un Magistrado Virtual mostró una interesante iniciativa hacia la jurisdicción única. Otras iniciativas para la resolución de conflictos por vía alternativa han seguido (icourthouse). Basadas, al igual que el arbitraje, sobre el principio de libertad contractual como alternativa a la soberanía estatal que respalda a las jurisdicciones nacionales, encuentran su mayor traba en el reconocimiento y ejecución de sus resoluciones. Además, todo acuerdo implicando a un consumidor será siempre dejado sin efecto por las legislaciones nacionales de aplicación. Sólo mediante tratados internacionales (al igual que ocurriera con los foros arbitrales más extendidos) podría llegar a asegurarse su eficacia en términos reales.
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